El Ministerio de Economía aclaró mediante un comunicado que el Decreto Supremo 4277 promulgado el viernes por el gabinete no dispone el uso del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de una declaración camaral, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó el contenido del Decreto Supremo 4277 aprobado por la presidenta Jeanine Áñez que dispone  la transferencia de los recursos del crédito del FMI al Ministerio de Economía, como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación.

“Rechazar categóricamente la aprobación del Decreto Supremo 4277, que es una muestra de vulneración de la Constitución Política del Estado por parte del Gobierno transitorio, que pretende gobernar a través de decretos supremos, comprometiendo la soberanía nacional e hipotecando el futuro de las futuras generaciones”, señala el artículo 1 de la declaración.

Economía aclara que el DS 4277 no dispone el uso del crédito del FMI, sino es parte del trámite en el Legislativo

La declaración, aprobada por dos tercios de votos, dice que la aprobación de ese Decreto vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que todo empréstito internacional requiere la aprobación del Órgano Legislativo, por lo que exige la inmediata abrogación de esa norma.

Parte del artículo 2 del decreto establece, “cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI, por DEG240.1

00.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIEN MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el TGN, destinados para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del Coronavirus (COVID-19)”.

El Ministerio de Economía aclaró mediante un comunicado que el Decreto Supremo 4277 promulgado el viernes por el gabinete no dispone el uso del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por el contrario, tiene el fin de que el Ejecutivo dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados para acceder al préstamo de $us 327 millones.

En la nota se aclara que esos recursos otorgados por el organismo internacional “con carácter de urgencia se mantienen inmovilizados en la cuenta del Tesoro General de la Nación” hasta que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley.

Además, Economía explicó que “la emisión de dicho decreto era innecesaria, al no existir un contrato de préstamo con el financiador por el carácter humanitario que conlleva la otorgación de estos recursos a los países miembros del FMI”.

(01/07/2020)

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió este miércoles con activar un proceso penal contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por incumplimiento de deberes si no apoya la instalación de un centro de aislamiento para atender a pacientes con COVID-19. No solo eso, sino también le desafió a dejar su cargo.

Leyes respondió que Murillo se encuentra nervioso y que debería descansar. “Creo que sería bueno que se tome unos días de descanso y se relaje, le va a hacer mal a la salud. Anda amenazando con cárcel a todo el mundo”, reportó Erbol.

Murillo estuvo en Cochabamba y cuestionó la falta de apoyo de la Alcaldía a las acciones para frenar la propagación del coronavirus.

«Yo, Arturo Murillo, pondré una denuncia por incumplimiento de deberes y en este caso es por atentado contra la salud y es gravísimo señor Leyes, usted es abogado. Le recomiendo que cumpla con su deber y si no quiere dé un paso al costado, váyase, en su casa va a estar tranquilo, alguno de los concejales (municipales) asumirá su lugar y cumplirá con lo que debe”, advirtió durante una rueda de prensa en predios del campo ferial Alalay, donde funcionará el centro de aislamiento.

Datos oficiales dan cuenta que Cochabamba registra un acumulado de 3.640 personas infectadas con el nuevo coronavirus y una estadística de decesos de 202 hasta la fecha, desde el 10 de marzo, cuando Bolivia registró los primeros dos casos positivos.

En la entrega de 220 camas cedidas por el Municipio de Santa Cruz al centro de aislamiento en la capital cochabambina, Murillo sostuvo que existe preocupación por la carencia de condiciones para enterrar y cremar a los fallecidos por COVID-19, bajo las medidas de bioseguridad que rigen en esos casos.

“Cochabamba no merece que se le dé la espalda, aquí están concejales del Movimiento Al Socialismo, de Demócratas, Único (…), que le pidan a la Alcaldía, no podemos jugar con la salud», insistió.
Leyes aseguró que gestiona con la Gobernación un convenio con los empresarios para el centro de aislamiento.

(01/07/2020)

El exsenador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) Raúl Lema falleció este miércoles. Representó a Tarija en el otrora Congreso de la República. El representante del MNR Luis Eduardo Siles confirmó el deceso de quien dijo era “amigo y compañero”.

“Ha fallecido hoy el amigo y compañero Raúl Lema Patiño, político de cepa que privilegió la concertación y la construcción de consensos. Fue un político honrado e hidalgo, un hombre de bien como pocos, congresista brillante, fiel asimismo en el llamo como en el cima de la Gloria¡”, escribió Siles en su cuenta en Twitter.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, también expresó su pesar y condolencias por la muerte del político tarijaño.

“Exsenador nacional, ministro y embajador. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia y elevamos una oración por su eterno descanso”, dice el mensaje de pésame que publicó en su cuenta en Twitter.

Lema Patiño concluyó en 2002 su paso por el Congreso, tras 17 años de labor política como legislador. Ingeniero metalúrgico y petrolero de profesión se dedicó a la campaña política en Tarija. Fue Embajador de Bolivia en España y Secretario Ejecutivo del MNR.

(01/07/2020)

“Estamos llevando como en feria”. Así se refirió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuando habló de los cuestionamientos lanzados desde diferentes frentes a las políticas que encara el actual gobierno para combatir la propagación del coronavirus.

“Estamos llevando como en feria, pero no importa; el día de mañana va a valer la pena porque gracias a haber, nosotros, llevado palo de la población por no entendernos en muchos casos, de los malos políticos por querer hacer política en un momento que hay que salvar vidas y no hacer política, lo importante es que cuando termine esto todos estemos satisfechos porque hemos logrado salvar vidas, eso es lo único que queremos, el resto no importa, vale la pena todos los golpes, los insultos una vida salvada maravilla”, sostuvo.

Murillo habló de este aspecto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en medio de un acto de entrega de insumos médicos y 241 contratos para personal de Salud. Hasta este lunes la cifra de contagiados subió a 32.125 y de decesos a 1.071, a más de 100 días de una cuarentena que empezó a flexibilizarse en diferentes municipios.

En las últimas semanas, Murillo encaró impasses con frentes y políticos de oposición por asuntos como la pandemia del COVID-19, las elecciones nacionales de septiembre y actos de corrupción como el de los respiradores, que terminó endosando al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La peor herencia de @evoespueblo (Evo Morales) es la salud, Bolivia lo sabe. No solo hizo canchas en vez de hospitales, sino que no hubo política para formar especialistas, intensivistas que hoy tanto necesitamos. En su lugar hizo negocios con Cuba y atacó a nuestros ángeles de blanco”, escribió este martes Murillo en su cuenta de Twitter, en referencia a los problemas sanitarios para encarar la pandemia.

En otro tuit, aludió al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa: “Esto NO es El Salvador ni EEUU es Bolivia Sr @carlosdmesag lo hicimos posible con el liderazgo de Presidente @JeanineAnez también tenemos 24 laboratorios cuando solo había 1, una pequeña muestra del trabajo. Súmese Don Carlos ayude trabajemos unidos ganemos unidos. #SinMiedo”.

(30/06/2020)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición presentada por 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado Plurinacional de Bolivia por la violación de sus derechos territoriales en el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuando en septiembre de 2011 se intervino una marcha que exigía no tocar sus territorios.

Según la ONG EarthRights Internacional, el 22 de junio la CIDH comunicó de la aprobación del informe de admisibilidad No. 113/20 de admisión de la petición de las comunidades indígenas que denunciaron violación de sus derechos en lo que se llamó la intervención de la marcha indígena del TIPNIS, durante el gobierno de Evo Morales.

“En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la ‘VIII marcha Indígena’, en la localidad de Chaparina en el 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia”, informó esa institución.

La ONG EarthRights Internacional recordó que el 8 de mayo de 2012 un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), puso en conocimiento de la CIDH la denuncia de violaciones sucedidas un año antes, en septiembre.

“El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación”, apuntó la ONG.

Con la aprobación de este informe se abre el periodo de debate y sustentación del caso en el que los peticionarios “seguirán trabajando porque se reconozca la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados, así como para hacer cumplir el derecho de los pueblos indígenas a producir, reproducir y desarrollar su vida en comunidad, de acuerdo con su cosmovisión y su proyecto de vida”.

En la tarde del 25 de septiembre de 2011, cerca de 800 indígenas del TIPNIS fueron sorprendidos por efectivos policiales en Chaparina, entre las localidades de San Borja y Yucumo, en Beni, y obligados, tras uso de gases lacrimógenos y la fuerza, a subir a camionetas y buses para ser trasladados de vuelta hacia sus comunidades, rompiendo así la marcha indígena que pretendía llegar a La Paz para protestar por el proyecto de construcción de una carretera por el medio del Parque Nacional.

“Los gases caían como lluvia, cada uno ni siquiera a las señoras los han tenido pena, ni a los niños, yo me he ido hasta el alambrado ahí me paré, ahí vi a los compañeros, a los hombres era más que los correteaban, un bollo como ganado iban corriendo y los compañeros se corrían más allá, gritaban, yo me paré, quería mirar qué es lo que habían hecho, he mirado un rato, un caballero venía y me dijo –¡Doñita híncate, lléveselo a su niño, lo van a matar!- me dijo el caballero, de ahí nomás lo saqué a mi niño como pude me he corrido”, dice un testimonio sobre lo ocurrido en Chaparina, recolectado por la Defensoría del Pueblo, en cuyo informe de noviembre de 2011 denunció violación a derechos humanos.

(30/06/2020)