A la culminación del quinto día de junio, el número de pacientes de COVID-19 en el departamento de Santa Cruz subió a 8.144 con 192 contagios nuevos, en una jornada en la que las autoridades sanitarias reportaron dos decesos y 68 personas que superaron la enfermedad.

«Hasta el momento, el departamento va registrando 8.144 casos”, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer el reporte epidemiológico de uno de los departamentos más golpeado por el coronavirus.

“También vamos recuperando 1.253 personas que han vencido la batalla contra el COVID-19 y un total de 194 han fallecidos”, indicó.

De los 192 contagios, 132 se dieron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande del país, donde el 10 de marzo se presentó uno de los dos primeros casos de coronavirus que se presentaron en Bolivia. El otro tuvo lugar en Oruro.

Según Ríos, otros 28 se dieron en el Municipio de Montero; 9 en Pailón; 6 en Porongo; 6 en San Pedro; 4 en El Torno; 2 en Vallegrande; 2 en Warnes; 1 en Colpa Bélgica; 1 en Cotoca y 1 en La Guardia. “De estos 192, 111 son mujeres y 81 varones. 22 son mayores de 60 años, personas de riesgo, y 12 corresponden a menores de 15 años. Las dos personas que fallecieron son un varón y una mujer de Santa Cruz de la Sierra”, explicó.

Ríos lamentó que todos los días “una familia cruceña pierda a un familiar” por el coronavirus y pidió nuevamente a la población acatar las medidas de bioseguridad para vencer al COVID-19, como seguir con el uso del barbijo, quedándose en casa y manteniendo la distancia social.

“Pedimos a los pobladores de las comunidades quedarse en casa, si salen de sus comunidades es mejor que no vuelvan a sus comunidades para no afectar a las familias”, exhortó.

Según Ríos, el 97% de los pacientes de COVID-19 logran recuperarse. Debe lucharse para evitar que el 3% fallezca y remarcó que el Hospital de Montero, abierto este viernes y en el cual fueron internados cuatro pacientes, ayudará a la lucha contra el coronavirus.

Bolivia alcanzó este jueves la cifra de 12.245 casos positivos de COVID-19, con la aparición de 607 nuevos contagios en las últimas 24 horas. A más de dos meses de la presencia del coronavirus en territorio nacional, se reportó esta noche 415 decesos y 1.658 personas han salido de la enfermedad.

El Ministerio de Salud, en su reporte diario epidemiológico sobre el COVID, informó que del total de nuevos contagios, 315 (51.8%) están en el departamento de Santa Cruz, que con esta cifra elevó el número de contagiados a 7.952.

Según los datos del Ministerio, en la región cruceña 192 personas perdieron la vida y 1.185 se recuperaron.

El segundo departamento con mayor número de pacientes COVID-19 es Beni, región que este jueves presentó 176 casos con lo que llegó a 2.278. En ese territorio, 109 personas fallecieron y solo 14 lograron vencer a la enfermedad.

Otros contagios se presentaron en Cochabamba con 47 casos; La Paz con 26; Potosí con 21; Oruro con 16; Tarija con 4; y Chuquisaca con 1. El departamento de Pando no presentó nuevos infectados y es la región con menor número de pacientes a nivel nacional con 23, dos decesos y 11 recuperados.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, 36 personas fallecieron en La Paz; 49 en Cochabamba; 2 en Chuquisaca; 18 en Oruro; 3 en Potosí y 4 en Tarija a causa del virus. En contrapartida, 254 personas salieron de la enfermedad en La Paz; 71 en Cochabamba; 14 en Chuquisaca; 74 en Oruro; 28 en Potosí y 7 en Tarija.

La presidenta Jeanine Áñez anunció la noche de este jueves que en esta fase de la cuarentena dinámica por el coronavirus se buscará la reactivación de la economía familiar y nacional sobre la base del fortalecimiento de los planes trabajo y salario que apuntan a la dotación de empleo y evitar el desempleo.

“La economía de los hogares recibirá el impulso del Plan Trabajo, un plan que durará dos años y que hemos preparado para generar 600 mil beneficiarios entre empleos directos e indirectos, y también para ayudar a la reactivación está en funcionamiento el Plan Salario con créditos blandos para que las empresas no despidan a sus trabajadores”, explicó en un mensaje a la Nación.

Desde Palacio de Gobierno, Áñez llamó a la población a iniciar la reactivación de la economía y recordó que empresas pequeñas, medianas y grandes han empezado a funcionar en medio de la flexibilización de la cuarentena desde el 1 de junio, por lo que demandó “tomar previsiones” para evitar los contagios y así impedir que se retorne a una cuarentena rígida.

Advirtió que el Plan Salario seguirá creciendo y remarcó que se trata de una estrategia para evitar el desempleo a causa del coronavirus, que en Bolivia originó la declaratoria de emergencia sanitaria nacional en marzo pasado y una cuarentena rígida por más de dos meses.

Recordó que su Gobierno dispuso la congelación de los pagos de créditos bancarios y de impuestos para dar un “respiro” y “ayudar” a todas las familias bolivianas. La Presidenta solicitó a las personas beneficiadas con los bonos Familia, Universal y otros cobrarlos.

Siete asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) se querellaron este jueves en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por supuestas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos y equipo antimotín a través de intermediario, denunciado por un periodista de la red Gigavisión.

Las diputadas Elvira Rojas, presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas; Sonia Brito, Ayda Villarroell, Juana Quispe y los asambleístas Edgar Montaño, Remberto Calani y Franklin Flores plantearon la demanda ante la Fiscalía en materia de corrupción por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

López ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que descartó alguna irregularidad en la compra de ese equipamiento. Defendió la legalidad de la decisión de comprar a la firma intermediaria tras mostrar una certificación que envió la fábrica Cóndor con sede en Brasil al Ministerio de Gobierno en el que da cuenta que Bravo Tactical Soluctions “está autorizada a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas”.

Según la denuncia hecha pública en el muro de Facebook de “Detrás de la Verdad”, Bolivia pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, después que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

De acuerdo a la querella, Bolivia pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. Comparando la compra con una del Gobierno de Venezuela, la adquisición de los proyectiles de larga distancia a la empresa Cóndor hubiera significado la inversión de Bs 108 por unidad, y de Bs 116 por unidad en el caso de los proyectiles de triple acción.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, demandó este jueves al Ministerio Público empezar un proceso de investigación y remarcó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ve la posibilidad de conformar una Comisión Mixta para investigar el caso.

“Este tipo de hechos nos lastima a los bolivianos, porque hablamos de recursos económicos que son sacados del Estado en desmedro de la economía nacional. Los intermediarios sabemos trabajan por intereses propios es más directo ir a la empresa donde se produce el producto y no intermediarios”, dijo.

López defendió la compra del equipamiento y cuestionó que se haga una comparación con una compra venezolana, además anunció una pericia por supuesta falsedad de documentos presentados por la red televisiva.

El periodista Junior Arias hizo esa y otras denuncias. Reveló que es objeto de amenazas y decidió retirarse temporalmente del medio, lo que desató una serie de muestras de apoyo.

Horas después de su cambio como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del departamento de La Paz, René Sahonero cuestionó la noche de este miércoles su destitución y lo atribuyó a sus denuncias de irregularidades. El gobernador Félix Patzi defendió su decisión y descalificó la labor de la hoy exautoridad, pero además pidió al Gobierno respetar las autonomías.

“A mí, primero ni siquiera me han notificado, ni siquiera han tenido la gentileza de decirme toma el memorándum y te puedes retirar; a mí no me dijeron nada, solamente entraron directamente a las oficinas y posesionaron (al nuevo director, Ever Osco)”, explicó la exautoridad en una entrevista en el programa Anoticiando de ATB.

Patzi advirtió que el cambio es “institucional” porque Sahonero vulneró normas de la Gobernación al coordinar su tarea directamente con el Ministerio de Salud. “No puede ser eso. El Director tiene que coordinar en términos de gestión con la Gobernación”, cuestionó en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A al defender su decisión.

Como lo había hecho antes, la exautoridad atribuyó su destitución a las denuncias en el manejo de ítems que hizo en una sesión de la Asamblea Departamental de La Paz. Sahonero llegó al cargo durante la intervención del Ministerio de Salud al Sedes por no cumplir con las disposiciones para luchar contra el COVID-19, pero después fue posesionado por el mismo Patzi.

“El Gobierno central debería ser respetuoso de las autonomías, por ser no respetuoso pasó lo que pasó en el Sedes, ha ignorado al Gobierno departamental y nunca debería ser así. En Cochabamba hizo lo propio y como autoridad electa mi tarea es hacer respetar la autonomía”, advirtió el gobernador.

Desde su percepción, Sahonero hizo un mal trabajo en el SEDES en cuanto a coordinación y gestión. “Si hubiera hecho un buen trabajo en este momento hubiera habido respiradores, mayores reactivos, información precisa sobre las pruebas, resultados, solo ha dado positivos y acumulados y eso no es un buen trabajo”.