Sociedad

miércoles 25 nov 2020 | Actualizado a 07:22

Repatriación de bolivianos: entre la estigmatización y el vuelo humanitario

La situación de grupos de repatriados desde Chile no es la misma, unos sufren en la frontera por volver, otros denuncian malas condiciones en la cuarentena en Pisiga y otros volvieron en avión sin mayor dificultad

Un grupo de bolivianos en el campamento Tata Santiago en Pisiga, Oruro.

Por Rubén Atahuichi

/ 9 de abril de 2020 / 22:37

El 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez anunció el endurecimiento de las restricciones por la propagación del nuevo coronavirus en el país y la ampliación de la cuarentena hasta el 15 de abril. Una de las medidas dictadas fue el cierre total de fronteras.

En su habitual discurso de anuncios sobre la emergencia sanitaria que sufre el país desde el 10 de marzo, cuando aparecieron los dos primeros casos, la mandataria sentenció: “Nadie entra, nadie sale, salvo por razones de seguridad y salud”, dijo entonces.

Esa determinación fue puesta a prueba el 27 de marzo cuando un grupo de 70 residentes bolivianos en Chile pidieron al Gobierno se rescatados de Huara, localidad chilena a dos horas de la frontera con Pisiga, Bolivia.

“Mientas viajábamos de Santiago a Iquique nos enteramos con sorpresa de las últimas medidas del gobierno de Jeanine Áñez, en las que dispone el cierre de fronteras”, decía parte del documento conocido por La Razón.

Cuando el número creció y luego de que el grupo fuera interceptado por Carabineros de Chile, el problema se hizo mayor. La canciller Karen Longaric anunció el 29 de marzo que viajaría a Pisiga junto al ministro de Defensa, Fernando López, para “acompañar” el ingreso de los bolivianos a territorio nacional.

Al día siguiente, la misma ministra dijo la repatriación se había suspendido y que, al contrario, se ratificaba el cierre de fronteras.

Mientras, el grupo de bolivianos comenzó a impacientarse y denunció su situación, aunque el Gobierno dijo que prepara ambientes para una eventual repatriación.

El sábado 4 de abril la administración de Jeanine Áñez intentó aplacar la ola de críticas con la recepción de 480 bolivianos en lo que llamó campamento “Tata Santiago”, en Pisiga.

Además de las denuncias de malas condiciones en el refugio fronterizo, la crisis migratoria se acentuó el martes cuando otro grupo, de 300 bolivianos, se sumó a la demanda de ingreso al país desde Colchane, en Chile. Un amago de enfrentamiento con militares en plena frontera crispó la situación.

En medio de ese conflicto, se informó de un “vuelo solidario” de 36 bolivianos también desde Chile. Su situación no era misma que los 480 en cuarentena y de los 300 de Colchane.

Unos sí, otros no

Por más de una semana, el grupo de 480 reclamó su retorno al país. Cuando se les permitió el ingreso, inmediatamente fueron recluidos en carpas en Pisiga, en razón del protocolo de previsiones de la emergencia sanitaria en el país.

El grupo de 36 bolivianos que llegó el miércoles a Santa Cruz y Cochabamba respectivamente no tuvo mayores problemas ante las restricciones anunciadas por Áñez el 25 de marzo.

La Cancillería del Estado se encargó de aclarar su situación. “El retorno al país de 36 compatriotas se está facilitando por razones humanitarias. Ellos se encontraban en Chile por tratamiento médico en diferentes hospitales y contrataron una aeronave Ecojet para que los recoja; por lo tanto, pagarán el costo total de la aeronave”, explicó en un comunicado

Situación de salud

Hasta este jueves, los 480 bolivianos en cuarentena en Pisiga solo recibieron atención médica en la toma de temperatura, según contó este jueves a La Razón Mónica Quijua, integrante del grupo.

Consultada sobre si tomaron pruebas de COVD-19 al grupo, dijo que no. “Ninguna prueba de sangre ni de saliva”.

En su intercesión por el grupo ante el gobierno de Áñez, al que consideró tozudo e indolente, el general de Ejército de Chile Guillermo Paiva, jefe del “estado de catástrofe” en la región de Tarapacá, dijo que los bolivianos están sanos.

“Les digo nuevamente, esta gente es sana; autoricen que ingresen a su país”, insistió el 30 de marzo.

En el caso de los 36, la Cancillería informó que ellos hicieron el compromiso de guardar cuarentena, “a pesar de haber realizado los exámenes de COVID-19 en Chile, con el resultado negativo para todos ellos”.

Ellos guardan cuarentena en diferentes hospedajes de Santa Cruz y Cochabamba.

Infiltrados y enfermos

Ante las denuncias de malas condiciones en el campamento “Tata Santiago”, el jefe nacional de Migración, Marcel Rivas, consideró que en el grupo hay infiltrados del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este extremo fue rechazado por el grupo de repatriados en un comunicado. “Director de Migraciones, no busque infiltrados donde lo único que hay es gente que pide lo básico para pasar la cuarentena”.

En el caso de los bolivianos del “vuelo solidario”, la Cancillería dijo son enfermos, que estuvieron en tratamiento el Chile y que pagaron los costes de su viaje y su alojamiento en cuarentena.

Reacciones

La situación de los bolivianos en la frontera y en el campamento hasta generó repercusiones en Chile. El alcalde de Colchane, Javier García, dijo que puso en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el caso y consideró que la situación de quienes quieren volver al país se trata de una “tragedia humanitaria”.

La respuesta este jueves del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra fue: “Me imagino que el alcalde de ese municipio es del MAS, primero.  Segundo, ya hemos emitido ayer (miércoles) un decreto para regular el ingreso de los bolivianos”.

Su colega de Gobierno, Arturo Murillo, dijo el miércoles que el Gobierno identificó a “35 activistas mezclados” en el movimiento de Colchane y que incluso el MAS pagó Bs 300 por ellos.

En el otro extremo, el expresidente y exembajador de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé lamentó la crisis en la frontera. “El Estado debe acoger a nacionales que vuelven a su país, habilitar recintos de cuarentena (cuarteles) y apoyar retorno a sus comunidades de origen (buses y BOA) SIN DISCRIMINACION NI VIOLENCIA!”, escribió en Twitter.

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Las muertes de 2019 no son ‘narrativas’

/ 25 de noviembre de 2020 / 06:45

Lo hemos seguido de cerca, por el testimonio de las víctimas, la crudeza de las muertes y el reporte de los periodistas, aunque escaso (amerita un gran debate sobre esto): en Sacaba y Senkata hubo hechos fácticos, no narrativas.

Hay centenares de testimonios y documentos compilados en informes de instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos: Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su informe preliminar —rechazado por el gobierno de Jeanine Áñez— llamó a los hechos masacres.

Esos informes coinciden en que en Sacaba y Senkata, además de otros puntos de conflicto y de movilización en noviembre de 2019, hubo graves violaciones de derechos humanos y que la represión policial-militar terminó con decenas de fallecidos.

La Defensoría del Pueblo, en su informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos octubre-noviembre 2019, encontró que de las 37 muertes ocurridas en los conflictos poselectorales 27 fueron por impacto de bala, la mayoría de ellas en Sacaba, Senkata y La Paz.

La comisión mixta de la Asamblea Legislativa recibió un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que certificó que las muertes fueron a causa de impactos de bala de armamento de reglamento policial o militar. Las fotografías mostradas en su momento testifican el uso de, por ejemplo, ametralladoras y fusiles automáticos livianos (FAL).

Además, algunos de los heridos aún mantenían en sus cuerpos balas de reglamento.

Esos elementos no son una narrativa, son hechos que ocurrieron “de verdad”. Los testimonios de las familias así lo certifican.

Menospreciar esa tragedia humana es revictimizar a quienes sufrieron la muerte o lloran la ausencia de sus seres queridos. Es naturalizar la cruel acción del Estado sobre el derecho a la vida de las personas y criminalizar el derecho a la libre movilización.

Para quienes no quieren diferenciar hechos de las narrativas, valgan estos cuestionamientos: ¿Con qué fin fue promulgado el Decreto Supremo 4078 si militares y policías no iban a usar armas letales? ¿Cómo es posible que en el “enfrentamiento” solo hayan habido civiles muertos y militares o policías ni rasguñados? ¿Eran terroristas los movilizados?

La narrativa de los sucesos la instaló el gobierno de Jeanine Áñez. Narrativa es decir que los movilizados se mataron entre sí, como señaló insistentemente el exministro de Gobierno ahora prófugo Arturo Murillo.

Narrativa es decir que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo proyectil, como dijo también de forma persistente el exministro de Defensa Luis Fernando López. Fotografías muestran a militares disparando FAL y desde los camiones de asalto, ametralladoras.

Narrativa es decir que los movilizados eran sediciosos o terroristas.

Narrativa es decir que los vecinos movilizados tenían el plan de “volar” a dinamitazos la planta de Senkata y con esa acción “matar” a alteños en un gigantesco radio.  Y es una falsedad que el muro de la planta haya sido derribado a dinamitazos (hay videos de esa acción perpetrada a empujones).

Narrativa es que con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía se “pacificó” el país, como repetía Áñez.

Narrativa es ignorar todos esos informes creyendo que no tocan otras muertes. La diferencia de las muertes en Sacaba, Senkata y el sur de La Paz fueron por la intervención de fuerzas del Estado, no por civiles. Al final, esas muertes también fueron investigadas y los culpables merecen también la sanción.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Áñez le reclama a Arce que el suyo no fue un gobierno de facto

La exmandataria justifica su carácter constitucional con la Ley 1270, de prolongación de mandato, aprobada en la Asamblea Legislativa dominada entonces por el MAS.

Jeanine Áñez y Luis Arce

/ 24 de noviembre de 2020 / 21:00

La exmandataria transitoria Jeanine Áñez expresó su molestia por las alusiones del presidente Luis Arce en sentido de que el suyo fue un gobierno de facto.

“Señor Luis Arce, le sugiero coordinar con sus parlamentarios masistas, no fuimos un gobierno defacto (sic), fuimos un gobierno constitucional!!! Lo invito a revisar la ley No. 1270 para que no siga alimentando mentiras”, escribió en sus redes sociales.

Arce, que no quiso reunirse con Áñez al considerar innecesaria una eventual cita en la transición, suele referirse a su asesora como mandataria de facto.

La última vez que se refirió así fue el lunes, cuando declaró su criterio respecto del inicio de investigaciones de las masacres, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte de un grupo de expertos del organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). “La justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno de facto, hace un año”, escribió Arce.

Para justificar su carácter constitucional Áñez, otrora senadora de Unidad Demócrata (UD), adjuntó la Ley 1270, de prolongación de mandato de la mandataria, los miembros de la Asamblea Legislativa, gobernadores y alcaldes, que firmaron los expresidentes de las cámaras de Senadores Eva Copa y de Diputados Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales, derivada de movilizaciones cívicas y políticas, un informe preliminar de la OEA que estableció graves irregularidades en las elecciones de ese año, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de dimisión.

(24/11/2020)

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Mesa desacredita la votación del MAS y cree que una propuesta de Arce ‘no existió’

“Hoy el MAS es una cáscara vacía de todo contenido renovador y de todo lo que pueda vincularse a un proceso de cambio”, escribió el otrora candidato presidencial de CC.

Carlos Mesa, ante los medios, luego de las elecciones del 18 de octubre. Foto: APG-archivo

/ 24 de noviembre de 2020 / 16:52

En un repaso a los resultados de las elecciones del 18 de octubre que perdió, el expresidente Carlos Mesa, otrora candidato de Comunidad Ciudadana (CC), desacreditó la votación que sustentó la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) y consideró que ese apoyo no fue a la propuesta de Luis Arce que “no existió”.

Consideró que esa votación tuvo dos factores esenciales: la identidad étnica, que es por primera vez una certeza para la mayoría de los indígenas y buena parte de la población mestiza, y la bonanza sin precedentes de la que el MAS fue un “beneficiario pasivo”.

Mesa, que perdió la elección con el 28,8% de los votos frente al 55,1% de Arce, dijo que “ambos factores llevaron al votante masista a hacer abstracción de los largos años de autocracia dictatorial de Morales”.

Enumeró con muchos calificativos varias acciones que fustigó al MAS: persecución sistemática de sus opositores, manipulación descarada del Poder Judicial y el Ministerio Público, corrupción desbocada, despilfarro descarado, fracaso estrepitoso de los megaproyectos de industrialización, prebendalismo y la cooptación de los “movimientos sociales”, entre otros.

“Hoy el MAS es una cáscara vacía de todo contenido renovador y de todo lo que pueda vincularse a un proceso de cambio. La inmensa mayoría de sus votantes está completamente al margen de cualquier interés “revolucionario”, dijo el político en su análisis.

Quienes votaron por el MAS “no han votado por Arce debido a su propuesta de programa o de horizonte histórico, entre otras cosas porque tal propuesta no existió”, cuestionó.

Lea la opinión de Carlos Mesa: http://bitly.ws/aEra

Incluso cuestionó el espíritu democrático del MAS. “¿Espíritu democrático en el MAS? Poco o nada”, dijo.

En su evaluación del papel de la oposición del MAS, Mesa escribió: “Perdimos esta elección porque cometimos errores muy significativos de lectura, de gestión y de acción electoral, sin duda”.

Perdimos “por una fragmentación promovida irresponsablemente a partir de noviembre de 2019, sin duda”, insistió.

Sin embargo, aunque sin aludirla, culpó también de los males a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, “por una candidatura que le dio la espalda al único mandato que le daba sentido al proceso de transición”.

Incluso la señaló “por una guerra frontal contra la candidatura más importante contra el MAS probada ya en 2019”.

Pero admitió que no vale la pena hablar del asunto. “Dar vueltas sobre la misma noria es no solo inconducente, es absurdo”, escribió.

Consideró como lección que el MAS quiere seguir gobernando indefinidamente y que “ha probado que puede ganar con alternancia, rompiendo el culto a la personalidad y la concentración de todos los poderes en un iluminado supuestamente imprescindible”.

Resaltó el papel de su organización política y sugirió “aprovechar la fuerza acumulada para no repetir la frustrante ruta de fracasos sucesivos y aglutinarse en torno a la realidad política actual”.

“Se dirá que quien escribe lleva agua a su molino. Es legítimo. Tanto como la lectura objetiva de los hechos. Es desde la experiencia de estos dos años en los que hemos trabajado intensamente en un proyecto nítido de futuro como es Comunidad Ciudadana”, dijo.

Comunidad Ciudadana es la segunda fuerza de la Asamblea Legislativa. Mesa ya la había declarado como la oposición democrática. La tercer fuerza es Creemos, del exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho.

(24/11/2020)

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El presidente Arce advierte del riesgo latente de COVID-19 y recomienda previsiones

El lunes fueron reportados 56 nuevos casos de coronavirus en el país. Entre el 10 de marzo y la fecha sumaron 144.034 casos confirmados.

El presidente Luis Arce. Foto: ABI

/ 24 de noviembre de 2020 / 10:06

El presidente Luis Arce advirtió del riesgo “latente” del COVID-19 en el país y recomendó a la población tomar previsiones para evitar contagios.

“El riesgo de contagio de #COVID19 aún es latente. Está en nuestras manos la prevención del contagio”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

“No olvidemos usar barbijo, llevar alcohol en gel y mantener distanciamiento social cuando salimos de casa. Unidos superaremos la pandemia. #VamosASalirAdelante”, recomendó.

El lunes fueron reportados 56 nuevos casos de coronavirus en el país. Entre el 10 de marzo, cuando aparecieron los primeros pacientes en el país, y la fecha sumaron 144.034 casos confirmados, además de 8.916 fallecidos y 119.548 recuperados.

Santa Cruz líder las cifras de enfermos, con 44.684 casos, seguido de La Paz, 35.414, y Tarija, 16.584.

(24/11/2020)

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¿Es Peña el sustituto de Costas? ‘No hubiera dado el paso sin antes hablar con él’

Demócratas confirma una segunda precandidatura a la Gobernación de Santa Cruz: la exdiputada Rose Marie Sandoval.

El secretario de Gobierno de Santa Cruz, Vladimir Peña. Foto: La Razón-archivo

/ 19 de noviembre de 2020 / 00:11

Rubén Costas está de salida, no tiene retorno a la Gobernación de Santa Cruz y posiblemente recale en la Alcaldía si es candidato y gana las elecciones subnacionales de 2021. Detrás de él, un político joven se perfila como su sustituto: Vladimir Peña.

Secretario de Gobierno, mano derecha del Gobernador, Peña acaba de anunciar su precandidatura con vistas a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. Lo hizo días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara la fecha de los comicios locales y departamentales.

Hasta este miércoles era solo él precandidato, pero en las últimas horas se ha sumada a la carrera interna del Movimiento Social Demócratas (Demócratas) la exdiputada Rose Marie Sandoval.

Consultado Peña por La Razón sobre si puede ser él quien tenga apoyo partidario y de su líder, afirma que Costas es una “demócrata a carta cabal”, que será capaz de abrirse a otros precandidatos.

—¿Cuánto respaldo cree tener del partido y del Gobernador, que seguramente tiene incidencia en el partido como para nominar a su sucesor?

—Es presidente y líder de nuestro partido, pero es un líder demócrata a carta cabal. Obviamente, no hubiera dado este paso sin haber conversado previamente con él. Ha sido una decisión mentada y reflexionada. Como seguramente a otros compañeros que den el paso los animará.

Peña, abogado de profesión, tuvo la confianza de Costas en cargos importantes desde hace 15 años. Ocupó la Secretaría General y la de Justicia. Afirma que se animó a la precandidatura por tres razones:

Debido a la “polarización y radicalización” del país y Santa Cruz, primero siente la necesidad de poner más énfasis en lo que une que en lo que divide. “Quiero trabajar para reconstituir el tejido social de Santa Cruz”, dice.

Como segundo argumento, afirma “que los efectos de pandemia y las consecuencias van a ser devastadoras si no hay políticas públicas que alivien el sufrimiento de la gente y que puedan ayudar a reactivar la economía”

Y, tercero, “quiero estimular y potenciar la vocación productiva y agropecuaria que, como todos sabemos, es vigorosa. Quiero impulsar el salto a la tecnología, la innovación y la ciencia”, propone.

A pesar de anuncios de candidaturas contendoras, como la exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, no duda en señalar que Demócratas sabrá mantener su respaldo de siempre. “Es cierto que ellos (Creemos) ganaron las elecciones nacionales en Santa Cruz, que fueron elecciones totalmente distintas. Habrá que ver cómo el pueblo cruceño asuma una candidatura de Camacho, que como candidato prometió algo para Santa Cruz que al final fue un engaño”, dice.

En cuatro semanas, Demócratas decidirá por quién decantarse como candidato a la Gobernación o a la Alcaldía. Será por decisión de la asamblea partidaria. Con esa decisión vendrá el recambio, será la salida de Costas del gobierno departamental, que presidió por más de 15 años.

(19/11/2020)

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