La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes de cesación de la detención preventiva mientras dure la cuarentena e instalar audiencias virtuales o presenciales, solo en caso de que no existe servicio de internet.
En una nota oficial, la defensora Nadia Cruz pidió a la presidenta del TSJ, María Cristina Diaz, que aclare que dicha disposición no es aplicable los casos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes por ser una población en situación de vulnerabilidad “que merece la protección del Estado”.
“Esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes», destaca en la misiva, según un boletín de prensa.
La resolución, en este punto específico, vulnera el derecho a la defensa de las víctimas, toda vez que el internet “no está al alcance de toda la población”.
En el caso de las audiencias normales se “vulnera el acceso a la justicia, más aún cuando el DS 4197 y DS 4200 restringen el desplazamiento de las personas por la emergencia sanitaria que vive al país, impidiendo de esta manera que la víctima asista a una audiencia, sea escuchada y pueda solicitar medidas de protección y garantías no solo para ella, sino también para sus dependientes y testigos».
Más temprano, la corresponsal de este diario en Cochabamba, dio cuenta de que 13 institucionales decidieron promover una denuncia internacional, debido a que la presidenta del TSJ se negó a hacer esta excepción.
“Hemos decidido pedir una medida cautelar y un pronunciamiento a la relatora de Género y Violencia a la Mujer y Niños de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)”, anticipó Mercedes Cortez, abogada de Voces Libres.
Gracias a esta disposición –agregó la entrevistada– el Juzgado Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer N°2, presidido por Israel Hinojosa, otorgó el lunes 13 de abril medidas sustitutivas –detención domiciliaria y una fianza de Bs 70.000– a José Luis V. O., un profesor imputado por abuso sexual de tres de sus alumnas.
La audiencia se llevó a cabo en ausencia de la abogada de las víctimas, que no pudo llegar debido a las restricciones que rigen por la cuarentena.