En la ciudad de Potosí al menos 39 ciudadanos venezolanos — Migración dice que son 80 — fueron sorprendidos por la cuarentena. Veinte fueron expulsados del hotel donde se alojaban porque no pudieron pagar la cuenta y la administración retuvo sus equipajes y documentos. La víspera nevó y el termómetro cayó a 4 grados centígrados.
Otras 19 personas están en mejor situación, ya que tiene alojamiento y comida. Sin embargo, les hacen falta artículos de higiene personal y alcohol para las manos para prevenir el contagio con el COVID-19.
Los extranjeros — a 2.890 kilómetros de su tierra y con el gélido invierno potosino en puertas — se ofrecen para realizar cualquier tipo de trabajo para retribuir techo, alimentación, ropa.
La situación más dramática es la de los expulsados del hotel La Casona, situado en la calle Chuquisaca.
“Somos 20 ciudadanos de nacionalidad venezolana que venimos a pedir ayuda. Nos encontramos en una situación desesperada por la pandemia. Tenemos una deuda muy fuerte con el lugar dónde nos encontrábamos hospedados, pero no porque nosotros lo queramos”, dijo uno de ellos a la radiodifusora Fides.
“El dueño del hospedaje mandó a cerrar la cocina. ¿Cómo comemos? Nos ha quitado las pertenencias, y no tenemos documentos porque están retenidos”.
Con niños
En este grupo hay menores de edad y mujeres, y su mayor temor al haberse quedado sin alojamiento es tener que pernoctar en las calles.
“No queremos quedarnos en la calle porque podemos contagiarnos. No estamos recibiendo ayuda de nadie, ni de nuestra Embajada, ni de ninguna fundación. Lo poco que tenemos ha salido del mismo pueblo potosino. Hay personas buenas que día a día nos ayudan”, apuntó.
“No estamos pidiendo regalado, Nosotros podemos hacer cualquier tipo de voluntariado. Nos ofrecemos a limpiar las calles, a lavar la plaza, a desinfectar, a fumigar, a pintar. Lo que sea señores, todos somos seres humanos”.
Por la mañana este grupo, en un confuso incidente, intentó acercarse al gobernador Omar Veliz, para exponerle su situación pero fue impedido por personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Su titular, Pablo Torrejón, justificó la intervención de sus subalternos.
Intervención
“Ellos denuncian que les han desalojado del hospedaje, que no tienen qué comer, pero no es la manera correcta de venir y gritar en la plaza. Van a ser defendidos, ahí está la Defensoría del Pueblo”, dijo.
Además, anticipó que pedirá a la Interpol y a Migración que revisen los antecedentes de estas personas y su situación migratoria.
“Para ellos es fácil gritar, no es su país y si no es su país, deben cumplir todas las normas”, agregó.
El otro grupo acudió a la radio Kollasuyo. Está alojado en el hotel Candelaria y gracias a Caritas tiene la alimentación garantizada.
El problema concreto de este grupo —integrado por 19 venezolanos, una colombiana, dos paraguayos y un chileno—, es la falta de artículos de higiene personal, sobre todo de jaboncillos para lavarse las manos y así prevenir el contagio. También precisan de ropa de abrigo, usada, pero en buen estado.
A cambio “ofrecemos ayudar en todo lo necesario (…) con el favor de Dios salimos de esto y podremos trabajar”, añadió uno de sus representantes. (18/04/2020)