Un total de 48 periodistas difundieron este miércoles un pronunciamiento público cuestionando la detención carcelaria de Mauricio Jara, identificado por el Gobierno como un “guerrero digital” relacionado con el MAS, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Pidieron su juzgamiento en un Tribunal de Imprenta.
“Al margen de que coincidamos o no con las opiniones de Jara, debemos dejar claro que su detención es ilegal y refleja una preocupante tendencia contraria a la libertad de expresión demostrada por las actuales autoridades”, se menciona en el documento.
Según la denuncia, los periodistas observaron que los fiscales consideraron que Jara cometió los presuntos delitos de “desinformar a la gente y sembrar odio”.
“Ninguno de estos últimos señalamientos puede ser considerado como delito, sino declaraciones que protege la ley. No existe, en un Estado de Derecho, la posibilidad de acusar, por ejemplo, a una persona por ‘desinformar a la población’, ya que ello es algo ambiguo. Además, si empezamos a encarcelar a las personas por esa causa, muchos políticos terminarían tras las rejas”, sostienen los periodistas.
Se hizo conocer que la acusación contra Jara desconoce los artículos 21.6, 106, 107.II, y 242.4 de la Constitución Política del Estado; los artículos 13.1 y 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1 y 28 de la Ley de Imprenta.
“Todas estas normas garantizan la libertad de expresión de los ciudadanos. El artículo 179 de la misma Constitución reconoce jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, en este caso los tribunales de Imprenta, que pueden analizar casos de ciudadanos que emiten opinión, no solo de los periodistas”, recordaron en el pronunciamiento.
Hace una semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz aprehendió a Jara, identificado como “guerrero digital”, quien según las investigaciones se dedicaba a difundir mensajes de confrontación contra el actual Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez por redes sociales y se identificaba con la anterior administración del MAS.
“También es preocupante que la Fiscalía haya señalado que, para acusar a Jara, se realizó un ‘patrullaje cibernético’ que detectó que participaba de varios grupos de WhatsApp y qué mensajes emitía. Esa es una flagrante violación al derecho a la privacidad, que si se extendiera dejaría a todos los ciudadanos inermes ante la intromisión estatal. Ante estas circunstancias, demandamos a la Justicia que el ciudadano sea puesto en libertad y asuma su defensa ante un Tribunal de Imprenta”, sostiene el pronunciamiento.