Sociedad

viernes 18 sep 2020 | Actualizado a 22:47

DDHH de la ONU pide modificar el Decreto 4231 ‘para no criminalizar la libertad de expresión’

La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, enfatizó que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberán alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.

/ 13 de mayo de 2020 / 16:11

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet- Foto: OACNUDH

En un hilo a través en Twitter, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reclamó la modificación del Decreto Supremo 4231 “para no criminalizar la libertad de expresión”.

“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, dice uno de los tuits del organismo de la ONU.

La presidenta Jeanine Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231, cuya “disposición adicional única” de una materia ajena a la norma en cuestión, fue duramente cuestionada por gremios de periodistas, instituciones de derechos humanos del país e internacionales, y los mismos periodistas.

Lea además: El Gobierno persiste en las restricciones a la libertad de expresión

“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del decreto.

Análisis

En su primera reacción sobre el asunto, la OACNUDH en Bolivia recordó “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del #COVID-19, resulta excesiva”.

Además, destacó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, enfatizó que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberán alentar jun debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.

En su afán de defender la norma, el Ministerio de Comunicación justificó el martes las razones del Decreto 4231. Apeló al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

“El artículo 19 del PIDCP señala que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión’, pero que el ejercicio de tal derecho entraña ‘deberes y responsabilidades especiales’ y que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar ‘expresamente fijadas por la ley’ y ser necesarias para ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, afirmó en un comunicado.

Y el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró además que el Decreto Supremo 4231 no afecta al ejercicio del periodismo, respaldado en su criterio por la Ley de Imprenta. Sin embargo, aclaró que la norma está dirigida a “pequeños grupos y sectores que tratan de distorsionar la información, que tratan de crear incertidumbre, temor en la población, que tratan de que la población se pueda contagiar con este virus que hace tanto daño a la humanidad”.

CIDH

Sin embargo, al margen de esas consideraciones y en un contexto previo en las críticas al Decreto 4231, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, criticó la incompatibilidad de la norma con las convenciones internacionales. «No es compatible con sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes.

En el hilo de la OACNUDH, el organismo recuerda que el Relator dela ONU sobre la Libertad de Expresión consideró en su informe sobre la pandemia del COVID-19 que “los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la información (…), la penalización de la desinformación es desproporcionada”.

La oficina de Bachelet en Bolivia se puso a disposición del gobierno de Áñez para una eventual reconsideración del decreto en cuestión. (13/05/2020)

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La afrenta a Murillo por dos casos polémicos le cuesta el cargo al Procurador

Una comisión del Ministerio de la Presidencia irrumpió en la oficina de José María Cabrera para hacerle conocer que fue sustituido, a través de decreto presidencial, por Alberto Javier Morales Vargas.

/ 18 de septiembre de 2020 / 14:16

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

La afrenta por dos casos al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le costó el cargo al procurador general del Estado, José María Cabrera, a quien una comisión del Ministerio de la Presidencia le comunicó que fue destituido este viernes a través de un decreto presidencial.

Desde la cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría General del Estado publicó una serie de tuits para alertar de las irregularidades. “#URGENTE SIN JURAMENTO NI POSESIÓN DE LEY SE QUISO TOMAR LA PROCURADURÍA GENERAL DE ESTADO”, publicó.

En el texto de la red social, la entidad adjuntó un video en el que se muestra la intervención de la oficina por parte del personal del Gobierno. Un funcionario de este despacho comunica a Cabrera que le está trayendo una copia legalizada de un decreto presidencial de destitución.

“Me permito en entregarle, es un decreto presidencial debidamente legalizado cuyo artículo único señala que se designa al ciudadano Alberto Javier Morales Vargas, el doctor que nos acompaña, como procurador general del Estado y en su parágrafo segundo se abroga el Decreto Presidencial 4092, del 3 de diciembre de 2019”, dice.

Cabrera revisa el documento y lee el Decreto Presidencial 4345: “Designar a Alberto Morales Vargas como procurador general del Estado, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento de lo establecido por ley”.

“Mi estimado doctor Javier Ferrufino, respetuoso de la Constitución de las leyes, y en mi condición  de procurador general del Estado en ejercicio, respetamos este Decreto Presidencial 2345, pero, con carácter previo hacer la transmisión del mando en la Procuraduría, que se cumpla con lo que dice el mismo decreto a quien tomará el mando con las formalidades de rigor”, dice Cabrera.

El destituido funcionario recuerda al personal del Ministerio de la Presidencia que sus antecesores, Hugo Montero Lara, Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, y él han tomado posesión del cargo con las formalidades legales. Voy a entregar el cargo de forma inmediata, “pero demando de que dicha demanda transmisión del mando se realice cumpliendo la Constitución y las leyes”, reclamó.

Exigió que la presidenta Jeanine Áñez tome posesión a Morales Vargas. “Luego, con alfombra roja recibiremos al procurador designado por la Presidenta. Mientras tanto, no puede producirse la transmisión del mando”.

Ferrufino responde que entiende la preocupación de Cabrera y dice que se dirigirá al Palacio Quemado para comunicar la posición al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. “Seguramente, el Ministerio de la Presidencia se comunicará con usted; yo no tengo rango de ministro”, respondió.

Enseguida, Cabrera replica: “Hay situaciones que atentan al sistema democrático, a la transparencia, porque la remoción del Procurador General del Estado se da a petición del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la afectación en el cumplimiento de mis funciones del caso ENDE, que está propugnando una privatización de una empresa nacional estratégica, y del caso Gases Lacrimógenos, que son cuatros meses que no ha rendido la información requerida por la Procuraduría”.

“Esas son las causas que ameritaron la remoción que ahora veo que ha concretado la Presidenta a petición del ministro Murillo”, insistió Cabrera.

En las últimas horas, el Procurador denunció que Murillo impulsa la privatización de ENDE, la empresa estatal de energía eléctrica, a través de la devolución de acciones de Elfec en Cochabamba cuyo decreto aún no fue firmado debido a la objeción de algunos ministros.

Además, Cabrera cuestionó a Murillo que no haya respondido requerimientos de información por la presunta compra irregular de equipo antidisturbios, en diciembre del año pasado, que investiga la Asamblea Legislativa.

Desde la cuenta de Twitter de la Procuraduría,  Cabrera denunció que se opone a la devolución de las acciones nacionalizadas de Elfec, “porque afecta intereses del Estado”, que “el ministro Arturo Murillo advierte con su destitución”.

(18/09/2020)

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Desde Santa Cruz, Carlos Mesa presume que derrotará al MAS en las elecciones

De manera extraoficial se informó de la renuncia a la candidatura de Jeanine Áñez, de la alianza Juntos. El expresidente había sido el blanco de críticas y ataques de parte de la candidata.

/ 17 de septiembre de 2020 / 17:42

Carlos Mesa habla con periodistas en Santa Cruz, este jueves. Foto: Carlos Mesa

En medio del anuncio extraoficial de la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura, el postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, presumió desde Santa Cruz que en las elecciones de octubre derrotará al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Desde #SantaCruz le decimos al MAS que Comunidad Ciudadana lo va a derrotar en las urnas con la ayuda del voto popular. Unidos vamos a ponerle un alto al fraude y la corrupción. Es hora de un gobierno que ponga primero a la gente. #PrimeroLaGente”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Mesa, segundo en las encuestas publicadas en las últimas semanas, es el mejor perfilado después del candidato del MAS, Luis Arce, por encima de Áñez, de la alianza Juntos, y de Luis Fernando Camacho, de Creemos.

En los últimos meses, Mesa había sido blanco de críticas y ataques de parte de Áñez, quien lo había tildado de “tibio”, de ocultarse en su casa ante los conflictos y que era cómplice de las acciones del líder del MAS, Evo Morales.

Por su parte, el candidato de CC se convirtió en un duro crítico de Áñez, a quien cuestionó su pésima gestión de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, la corrupción en el Gobierno y el uso de bienes del Estado en la campaña e Juntos.

Sin embargo, Mesa fue uno de los líderes políticos que respaldó la llegada al poder de la otrora senadora, el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Morales a la presidencia del Estado.

Al anoticiarse de la candidatura de Áñez, Mesa protestó en sentido de que esa decisión convalidaba la tesis del golpe de Estado sostenida por el MAS en relación a la caída de Morales luego de movilizaciones políticas y denuncias de fraude electoral.

(17/09/2020)

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Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina abandonan la carrera electoral ‘por el bien mayor’

La decisión de la renuncia a la candidatura cayó como “un balde de agua fría” en la alianza y fue comunicada a todas las fuerzas de la alianza Juntos, según supo La Razón de fuentes internas.

/ 17 de septiembre de 2020 / 17:14

Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina, en el inicio de la campaña de Juntos, en marzo. Foto: La Razón-archivo

“Como un balde de agua fría” cayó en su alianza la decisión de la presidenta Jeanine Áñez de abandonar la carrera electoral, que fue comunicada este mediodía, según fuentes internas consultadas por La Razón.

En un mensaje al país junto a su acompañante de fórmula, Samuel Doria Medina, la candidata anunciará su decisión horas después de que se conocieran resultados de una encuesta nacional que la ubica en el cuarto lugar de la intención de voto.

Consultada la fuente de la alianza por La Razón acerca de la renuncia, aquélla dijo que sí. “Va a haber un mensaje a las 18.30 de ella y Samuel”, afirmó.

“Va a ser una situación tremendamente difícil desde nuestra perspectiva. Hay un bien mayor: evitar el retorno del MAS. Alguna vez hay que hacer sacrificios”, dijo el interlocutor a este diario.

Según supo La Razón, al mediodía de este jueves directivos de la alianza Juntos comunicaron la decisión de Áñez y Doria Medina a las distintas fuerzas de la formación política.

Componen la alianza Demócratas, Soberanía y Libertad (Sol.Bo), del alcalde Luis Revilla, y otras agrupaciones locales.

De manera sorpresiva, porque antes había dicho que no será candidata «para nada» y su mandato transitorio no la permitía, Áñez anunció su candidatura el 24 de enero.

(17/09/2020)

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Áñez presume que pedirá ayuda internacional para aplacar incendios en Santa Cruz

La mandataria anunció la canalización de los recursos necesarios para sustentar la emergencia nacional por el fenómeno que afecta a la Chiquitanía.

/ 17 de septiembre de 2020 / 11:57

El Supertanker en plena tarea contra el fuego en Roboré, Santa Cruz, en 2019. Foto: AFP-archivo

Una vez más, la presidenta Jeanine Áñez anunció la posibilidad de solicitar ayuda internacional para aplacar incendios en la Chiquitanía de Santa Cruz, un día después de haber declarado emergencia nacional por el fenómeno.

Además, la mandataria señaló que canalizará los recursos necesarios para apagar el fuego, que afecta a la región desde hace varias semanas y al departamento de Santa Cruz, desde julio, cuando se reportaron fuegos en la reserva de Otuquis.

“Estamos canalizando los recursos necesarios y si es necesario vamos a pedir ayuda internacional para apagar los incendios. ¡Vamos a salir adelante!”, escribió en sus redes sociales.

“Personal especializado de las FF.AA. se encuentra en el terreno de operaciones, cumpliendo la instrucción que les ha dado su capitana general hasta apagar el fuego en la Chiquitanía”, acotó Áñez en referencia a las tareas encomendadas al mismo ministro de Defensa, Luis Fernando López, que se encuentra en la zona del desastre desde hace varios días.

En un acto en el que fustigó al expresidente Evo Morales, en San Ignacio de Velasco, la mandataria-candidata abrogó el miércoles el Decreto Supremo 3973, del 9 de julio de 2019, que autorizaba quemas controladas en bosques de Santa Cruz y Beni. Había dicho tambièn que pedirà ayuda internacional para la atención de le emergencia.

Al respecto, el director de la Fundación Solón, organización no gubernamental ambientalista, Pablo Solón, consideró que la anulación del decreto es tardía y electoralista.

El año pasado, en incendios de similares características el gobierno de Morales tuvo que recurrir a ayuda internacional para aplacar el fuego, incluso contrató un avión especializado para las tareas, el Supertanker 747.

El fuego además afecta al pantanal cruceño y al parque Noel Kempff Mercado.

(17/09/2020)

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La Defensoría concluye que en Sacaba y Senkata hubo masacre y delitos de lesa humanidad

En su informe sobre sucesos de octubre a diciembre de 2019, la oficina defensorial advierte del riesgo de la vigencia del Estado Plurinacional y de que no hubo ni existe pacificación del país.

/ 17 de septiembre de 2020 / 10:15

Familiares velan a los muertso de Sacaba en tumbas improvisadas, el 16 de noviembre de 2019. Foto: La Razón-archivo

En un informe, la Defensoría del Pueblo concluye que en la represión policial-militar en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno cometió delitos de lesa humanidad. Además, advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.

Esas valoraciones están contenidas en el informe defensorial titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, que abarca sucesos posteriores a las elecciones generales frustradas de 2019, entre octubre y diciembre de ese año.

La presentación del documento coincide con los 10 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que sucedió “ipso facto” en el poder al dimisionario presidente Evo Morales el 12 de noviembre del año pasado, luego de dos días de desgobierno y graves conflictos entonces en el país.

El documento aborda de manera especial las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre del año pasado, respectivamente, propiciadas en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre y abrogado dos semanas después.

Sacaba y Senkata

El informe de 313 páginas al que accedió La Razón señala que esas acciones conjuntas que derivaron en una veintena de fallecidos y centenares de heridos “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Además se refiere a las dos muertes en el Norte Integrado de Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019, y a una el 12 de noviembre en Betanzos, Potosí, con las mismas consideraciones. “Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad”, dice.

Las Fuerzas Armadas usaron tanques en la represión de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. Foto: La Razçon-archivo

Sobre Sacaba y Senkata, el Gobierno de manera sistemática arguyó que se trató de “autoatentados” y, al contrario, exculpó de los hechos a los militares y policías que entonces operaron en el marco del Decreto 4078, cuyo propósito fue absolverlos de eventuales sanciones penales.

El documento también se refiere a las tres muertes en los conflictos de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, en La Paz, ocurridas luego de la renuncia de Morales y en medio de las protestas que reivindicaban la wiphala, ultrajada días antes por detractores del anterior gobierno, cívicos y policías.

Esas muertes “se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque”, dice el documento.

Sobre las actuaciones del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos en los distintos conflictos y operativos de las fuerzas represivas, el informe de la Defensoría del Pueblo considera que hubo información tergiversada.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, concluye.

Cuestiona además las declaraciones de las autoridades del Gobierno que, en su criterio, ponen en “riesgo la independencia de los operadores de justicia” y “tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto”.

Plurinacionalidad en riesgo

El informe defensorial advierte del riesgo del proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional, “fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo”. Argumenta que hubo “diferentes actos de agravio”, como la polarización política “basada en posturas radicales y conservadoras”, discriminación, racismo e “vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado”.

Además, cita los ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas, el agravio a la wiphala “como símbolo representativo de los pueblos y naciones indígena originario campesinas y de la plurinacionalidad”.

La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez se mostró en el balcón del Palacio de Gobierno con una biblia gigante y una pequeña: Foto: La Razón-archivo

También por la represión policial-militar a manifestantes “autoidentificados con una nación y uno pueblo indígena originario campesino”.

Pacificación

Atenuado el conflicto con los operativos sangrientos en Sacaba y Senkata, cuyas movilizaciones reivindicaban a Morales y cuestionaban al gobierno transitorio, la presidenta Áñez había insistido en que pacificó el país.

La Defensoría del Pueblo discrepa con ese criterio, de acuerdo con su informe. “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país”, dice.

“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”, argumenta.

Investigaciones y esclarecimiento

Como determinación final, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio Público investigar y esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, “al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.

Además, los ataques a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y la quema y saqueo de instalaciones policiales. También los casos de tortura a personas bajo custodia policial durante los conflictos.

También recomienda al Ministerio Público esclarecer “los actos de tortura cometidos por personas particulares” contra P.K.A.S., el 31 de octubre en Santa Cruz, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre.

Como los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Esther Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón. La particularidad de estas víctimas es que sus detractores quemaron sus viviendas o las atacaron.

Finalmente, pide investigar actos de racismo, quema de negocios particulares o instrumentos de trabajo, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad persona o afectación a la libre circulación.

La Defensoría del Pueblo plantea a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

Además, una ley de reparación integral ante la vulneración de los derechos humanos durante la crisis. Está previsto que el informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia sea presentado este jueves, a un mes de la celebración de las elecciones generales, el 18 de octubre.

(17/09/2020)

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