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El ministro Navajas es el quinto investigado por el escándalo de los respiradores

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, es investigado desde la mañana de este martes por el caso de sobreprecio de 170 respiradores de industria española adquiridos por su despacho para la atención de la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en el país.

Cerca de las 10.00 de este miércoles, la autoridad llegó a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en condición de implicado en el caso que comienza a causar remezón en el gobierno y que obligó a la presidenta Jeanine Áñez a anunciar una investigación “caiga quien caiga” hasta recuperar el último centavo del presunto sobreprecio en la adquisición de los equipos a la compañía española GPAInnova.

Coincidentemente con la comparecencia del Ministro de Salud, su colega de Justicia, Álvaro Coímbra, declaró este martes que hasta la autoridad iba a ser investigada. “No importa si es ministro, viceministro, si es director, van a ser procesados (…) los que sean identificados; y los que sean con pruebas respaldadas procesados, le aseguro que se van a ir presos”, afirmó a la red de televisión Bolivisión.

En los últimos días fue destapado el escándalo por el presupuesto sobreprecio, al saberse que el Gobierno pagó $us 28.088 por cada respirador básico, a diferencia de los $us 7.194 definidos en fábrica.

Navajas había dicho en una entrevista con La Razón el martes que la adquisición “era transparente”, aunque había admitido un día antes que los equipos, al ser cuestionados su calidad, iban a ser “actualizados” en su sistema de software sin costo alguno.

Al conocerse el supuesto sobreprecio, el Ministerio Público inició las pesquisas el lunes al aprehender al responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y al director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco.

La mañana de este miércoles, La Razón conoció de la aprehensión de dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad financiadora que aprobó la “no objeción” de la compra de los 170 respiradores y declaró “pertinente” el proceso de adquisición de los equipos. (20/05/2020)