Sociedad

sábado 18 sep 2021 | Actualizado a 15:23

Aparece un hombre que dice ser el testigo ‘clave’ del escándalo de los respiradores

Fernando Humérez fue trasladado de Cochabamba, donde se presentó, a La Paz para constituirse en parte importante del proceso que terminó con la caída del ahora exministro de Salud Marcelo Navajas. Dijo que el Gobierno fue estafado por las empresas españolas.

Fernando Humérez, el testigo clave del caso de los respiradores

/ 21 de mayo de 2020 / 15:48

Las autoridades dicen que el hombre se presentó de manera voluntaria en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba. Se trata de Fernando Humérez, quien se declaró el testigo “clave” en el caso del escándalo de la compra de 170 respiradores con sobreprecio.

El hombre fue trasladado a La Paz en calidad de “testigo”, según la presentación a través de los medios de información propiciada la mañana de este jueves por el director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas, y el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

Nada más al comenzar la presentación, el jefe policial recalcó que Humérez se presentó de manera voluntaria que “no fue secuestrado”.

Estafa

En sus primeras declaraciones ante los periodistas, el ciudadano dijo que se presentó de manera voluntaria en Cochabamba, en coordinación con su abogado y “algunas autoridades importantes del Gobierno”. “Estoy convencido de que el aporte que brinde demostrará que el Gobierno boliviano fue estafado por estas empresas españolas. Los detalles estarán en mi declaración, voy a brindar elementos contundentes”, declaró Humérez en el acto.

En los últimos días fue develado el escándalo de la compra de 170 respiradores modelo básico Respira, que fabrica la compañía española GPAinnova, a través de una de las tres intermediarias investigadas, la también española IME Consulting Global Services SL.

Según el contrato entre el Ministerio de Salud de Bolivia y la importadora, el precio unitario de los aparatos fue fijado en $us 20.080, a diferencia del de $us 6.541 definido en la lista de ofertas de la fábrica.

Al suponerse que hubo sobreprecio en la adquisición, el caso comienza a causar remezón en el gobierno de Jeanine Áñez con la implicación del ahora exministro de Salud Marcelo Navajas, como uno de los principales investigados.

Según el fiscal Cossío, Humérez “ha manifestado que va a revelar datos muy importantes para llegar a los responsables”. “Veremos, en merito a la información, la situación jurídica” de este ciudadano, dijo la autoridad.

Humérez dijo que “los problemas entre bolivianos se resuelven en casa”. Hay que “limpiar la imagen de nuestro país, porque voy a mostrar elementos convincentes para demostrar que esta empresa española estafó a Bolivia”, insistió.

Se supo que el hombre fue dirigente del club Wilstermann de Cochabamba y que en las últimas horas intentó comunicarse insistentemente y sin éxito con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. (21/05/2020)

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Torres dice que es ‘mejor elección judicial’ que cuoteo político de jueces

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que los políticos no deben intervenir en la justicia

/ 18 de septiembre de 2021 / 09:21

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, dijo a La Razón Radio que la elección de autoridades judiciales por voto popular es mejor que el cuoteo partidario de magistrados típico en el pasado.

Consideró que, en el afán de plantear una reforma judicial en el país, muchos quieren arrastrar al Órgano Judicial a su lado.

—¿Es efectiva la elección de autoridades judiciales por voto popular? Han surgido cuestionamientos incluso de parte de quienes en su momento la han promovido.

—Yo sostengo que al momento es lo mejor que se tiene en comparación con las designaciones partidarias y políticas que regían antes de la elección de magistrados. Recordemos que los ministros de la Corte Suprema eran designados directamente por el Congreso de entonces, hoy la Asamblea Legislativa, y los titulares al día siguiente de la designación de los ministros decían: ‘Cuatro ministros responden al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), otros cuatro a Acción Democrática Nacionalista (ADN) y otros tres al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR)’ y periféricamente algún otro partido que lograba entrar en el cuoteo político de la Corte Suprema, y la prensa del momento nos señalaba con nombre y apellido quiénes pertenecían a qué partido.

No conozco que en ese momento haya habido un líder político que se haya desgarrado las vestiduras porque cuatro eran del MNR, otros cuatro de ADN y otros dos o tres de algún partido periférico. Por lo tanto, hoy los magistrados del TSJ, del Tribunal Constitucional, del Agroambiental o el Consejo de la Magistratura han superado ese defecto histórico de origen, de génesis, bajo el cual nacían los operadores de justicia en los altos tribunales.

Hoy, quien les habla y quienes nos acompañan en los máximos tribunales venimos de la decisión del soberano, que mediante el voto nos dio legitimidad e hizo posible que accedamos a los altos cargos de los tribunales de justicia del país. Si esto no está funcionando, obviamente puede ser perfectible en cuanto a meritocracia y filtros para mejorar el perfil de los profesionales.

Pero yo creo que la elección que realiza el soberano frente a la designación pura, política y marcada por consignas políticas, es la mejor que tenemos en este momento. En gran parte de los tribunales de administración de justicia, hablo de los máximos tribunales, en este momento tenemos como magistrados gente de carrera, exvocales, expresidentes de tribunales departamentales, exrepresentantes del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, si se cataloga el sistema meritocrático, tenemos gente meritocrática, calificada, con trayectoria y experiencia que administra justicia.

Por lo tanto, si nos preguntan cuál ha sido nuestro trabajo efectivo en el TSJ podemos decir ‘cero mora y cero retardación de justicia’, lo que no ocurría supuestamente con los notables que administraron justicia en décadas pasadas, donde un recurso de casación en materia social se definía en tres o cuatro años; hoy se define en tres meses y no tenemos mora ni retardación de justicia en el TSJ, por lo menos en sus salas especializadas.

Tanto cualitativa como cuantitativamente estamos mejor en relación a la Corte Suprema de Justicia que administraba también justicia. Críticas pueden haber, reconocemos; representamos al conjunto de la administración de justicia y en esa medida muchas veces tenemos que asumir responsabilidades que no nos tocan por ser la máxima expresión de la justicia como TSJ.

—Considerando las recomendaciones del GIEI, que ha planteado la reparación de daños a las víctimas de la violación de derechos humanos y violencia de 2019, ¿es posible antes una reforma judicial?

—Disculpe, en el planteamiento de la pregunta hay algún equívoco. Me está hablando de la reparación del daño. Inicialmente, la reparación de daños para las víctimas de noviembre y diciembre de 2019, de Senkata y Sacaba, y otros lugares donde lamentablemente hubo víctimas, daños irreversibles a las personas, incluso la muerte de algunos conciudadanos bolivianos.

La justicia boliviana reconoce que debe haber reparación de daños a las víctimas y eso, junto al proceso principal, de manera paralela también se puede iniciar. Por lo tanto, el Estado boliviano, mediante su Órgano Judicial y la administración de justicia, garantiza este tipo de reivindicaciones y procedimientos para que las víctimas puedan reclamar la reparación del daño y esto hago que se haga efectiva en favor de los hijos, las viudas o hermanas de quienes perdieron la vida.

Obviamente, la reforma judicial es a mediano y largo plazo; quien nos hable de lo contrario nos está mintiendo o está cayendo en un ámbito estrictamente demagógico. La construcción de una verdadera reforma judicial tiene que abarcar sus tiempos y tienen que ser agotados debidamente esos tiempos; lo peor que podemos hacer es contaminarlos con visiones estrictamente políticas y partidarias.

La reforma judicial tiene que ser construida naturalmente por quienes administramos justicia y no excluye a instituciones y actores políticos que con propuestas técnicas y jurídicas puedan incorporarse en esta construcción de la reforma judicial. Pero si nos arrastran estrictamente a   un escenario político partidario, en un país altamente polarizado, obviamente los buenos de la película querrán llevarnos con ellos y los malos, también, sin mencionar quiénes son malos o buenos. Pero nosotros no estamos en ese papel de jugar a ser malos o buenos; lo que queremos es contribuir y reconocer la necesidad de una reforma judicial, trabajar de manera coordinada con los actores que administran justicia, y las organizaciones sociales, civiles y académicas para construir una plataforma de verdadera reforma judicial, Y, finalmente, hacer que estos planteamientos sean recogidos por los actores políticos para que sean convertidos en normas y leyes, y reformas que debidamente deben ser tramitadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Cada uno debe jugar su rol preponderante para conseguir este objetivo; de lo contrario, si confundimos roles, si los del escenario político van a venir a pretender administrar justicia y quienes administramos vamos a volcarnos al escenario político, prácticamente vamos a desnaturalizar algo que considero es la oportunidad para poder construir. Tenemos oportunidad histórica, tenemos oportunidad para diseñar el Órgano Judicial, y trabajemos por ese propósito.

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Presidente del TSJ: La reforma judicial debe ser construida por quienes administran justicia

En una entrevista con ‘La Razón Radio’, el viernes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reivindicó el rol del Órgano Judicial en la discusión de la reforma judicial.

Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: TSJ.

/ 18 de septiembre de 2021 / 09:07

Fue directo y claro: corresponde a los que administran justicia construir la reforma judicial, ahora en plena efervescencia política. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, al contrario, consideró que dicha tarea debe evitar la contaminación y las demagogias políticas.

“Tiene que ser construida naturalmente por quienes administramos justicia y no excluye a instituciones y actores políticos que con propuestas técnicas y jurídicas puedan incorporarse”, dijo ayer al streaming La Razón Radio.

Además, afirmó que el proceso será a mediano y largo plazo. “Obviamente, la reforma judicial es a mediano y largo plazo; quien nos hable de lo contrario, nos está mintiendo”, insistió Torres, desde el 13 de julio nuevo titular del TSJ, cabeza del Órgano Judicial.

—¿Qué lectura tiene de las recomendaciones del GIEI?

—El TSJ, al igual que otras instituciones en el país, recibió personalmente el informe del Grupo de Expertos relacionado a la coyuntura especial que tuvo el país durante las jornadas de 2019 y parte de 2020, la crisis política. Esa crisis política arrojó, lamentablemente, hechos de violencia que ocasionaron vulneración de derechos humanos.

Este informe del GIEI en lo que hace énfasis es precisamente en la vulneración de derechos humanos en diferentes instancias del Estado. Hemos ratificado y comprometido el trabajo del TSJ para acoger estas recomendaciones y trabajar sobre las recomendaciones.

Sin embargo, la crisis judicial no empieza ni termina con el informe del GIEI. La crisis no data de hace unos años, sino, permanentemente, el país ha estado en debate sobre la justicia. Recordemos la reforma de 1994, que fue producto de la exigencia de los pueblos indígenas para que exista apertura y reconocimiento de sus derechos; es ahí que se empezó a hablar de una jurisdicción y una justicia indígenas, no como la que tenemos ahora en la Constitución.

Entonces se avizoraba que la forma de designación de ministros en aquella época tenía un periodo agotado, que debía ser debatido y cambiado. Luego vino la propia Asamblea Constituyente, que profundizó grandes cambios, que incorporó la jurisdicción indígena y agroambiental; reconoció los derechos de los pueblos indígenas.

El debate del sistema de administración de justicia siempre estuvo sobre la mesa y siempre fue parte de una discusión polémica. Lo que hizo el GIEI es recordarnos y ponernos en tapete temas que aún están pendientes de solución.

—¿Hay una propuesta específica de parte del Órgano Judicial de discusión de la reforma?

—El 13 de julio, cuando asumí la presidencia del TSJ, mencionaba que tiene que hablarse de independencia judicial con mucha sinceridad y transparencia; debemos hablar y construir una carrera judicial y profundizar la jurisdicción indígena y campesina; modernizar la justicia acudiendo a las herramientas tecnológicas, al punto que debemos alcanzar en el mediano y largo plazo el expediente electrónico, no solamente con este concepto y premisa de modernizar, sino que esta modernización y la inclusión de estas herramientas en el trabajo jurisdiccional nos permitan también transparencia y actuar con mayor prontitud y agilidad, de esta forma dar una respuesta eficaz  en los cuestionamientos en torno a la administración de justicia.

Obviamente, también hablamos de presupuesto económico para el Órgano Judicial, que es uno de los órganos del Estado que tiene un presupuesto escaso y magro, que no permite crear mayores ítems y mayor personal para la carga procesal, concentrada especialmente en el eje central. No podemos sentar mayor presencia en lugares donde se necesita tener presencia como órgano del Estado, hablo de municipios y provincias, para de esta forma los bolivianos tengan la posibilidad de resolver sus litigios de manera pacífica, armónica y dentro de la aplicación del derecho.

Es una necesidad, y deben reconocerla tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo; hay necesidad de un mayor presupuesto a favor del Órgano Judicial que permita ingresar a la aplicación de herramientas tecnológicas e informáticas, y el equipamiento.

—¿Cuánto es el presupuesto anual del Órgano Judicial?

—Hemos proyectado Bs 1.060 millones como presupuesto para la gestión 2022; en la gestión 2021, con el recorte abrupto que se hizo, llegamos a Bs 900 millones.

Hoy estamos solicitando al Órgano Ejecutivo un incremento leve, por las necesidades para el funcionamiento de los despachos judiciales en el país y no es para reponer los salarios que fueron disminuidos, sino para posibilitar que el Órgano Judicial funcione adecuadamente y responda al mundo litigante en el país.

—Hay voces en sentido de que la iniciativa de la reforma judicial debería ser iniciativa del Órgano Judicial, como lo planteó el expresidente de la República y expresidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez.

—El Órgano Judicial está compuesto por el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la propia jurisdicción indígena originaria campesina. Esencialmente, en estos ámbitos debe discutirse la reforma judicial; las propuestas deben nacer de estos ámbitos naturales del sistema de administración de justicia.

Pero esto no excluye a otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Defensa Pública o Régimen Penitenciario, que también deben incorporarse con propuestas sobre la reforma judicial,

Si hablamos de Régimen Penitenciario, uno de los más cuestionados de Latinoamérica por los hacinamientos, políticas de reconducción para quienes están purgando una pena, la infraestructura no es de las mejores. Si hablamos de la Policía, es una de las entidades poco confiables; sin embargo, es la encargada de llevar inicialmente la investigación en materia penal y, muchas veces, es el sustento de una imputación o una acusación. El Ministerio Público, lo propio, carece de la institucionalidad correspondiente.

O sea, todos los actores que tienen que ver con el andamiaje de la administración de justicia están llamados naturalmente a hablar y discutir la reforma judicial, y lo estamos haciendo como Órgano Judicial. Obviamente, no con los matices políticos, no con la demagogia que puede caracterizar a los actores políticos, sino a partir del punto de vista técnico, del diálogo mucho más sincero, no con el alto perfil que discuten mediáticamente los políticos.

Repito, si estamos sosteniendo análisis y discusión respecto a los puntos que en ocasión de la posesión del nuevo presidente del TSJ ya lo habíamos manifestado y expresado como preocupación, como propuesta del TSJ para discutirlo dentro del Órgano Judicial.

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Del Castillo: EEUU no tiene derecho a elaborar informes unilaterales sobre narcotráfico

“Saben lo que ha sucedido en la gestión 2019-2020: aquí hubo un golpe de Estado y una desorganización de todo el Estado”, dijo el Ministro de Gobierno.

El ministro Eduardo del Castillo. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 16 de septiembre de 2021 / 12:55

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, del que depende la lucha contra el narcotráfico en el país, rechazó el informe de Estados Unidos sobre la materia y cuestionó que ese país tenga derecho a realizar informes “unilaterales” sobre otros Estados.

“Esto no le da derecho a ningún país a elaborar un informe de manera unilateral, muy alejado de la realidad boliviana”, dijo la autoridad en referencia a la descalificación de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

A través de un memorándum dirigido al Secretario de Estado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que Bolivia no realizó “esfuerzos sustanciales” en la lucha contra el narcotráfico y sugirió al Gobierno “reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales”.

Del Castillo, en la misma posición de la Cancillería de Bolivia, que calificó de “sesgado” el documento de Estados Unidos y que éste es uno de los países más consumidores de droga, insistió en que aquel país no tiene moral para calificar la lucha local contra el narcotráfico.

El “sesgado documento” publicado por la Casa Blanca “no valora los resultados obtenidos mediante metodologías propias basadas en evidencia y en colaboración con la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y la UE (Unión Europea)”, dijo la Cancillería.

Del Castillo, al contrario, dijo que los bolivianos “saben lo que ha sucedido en la gestión 2019-2020: aquí hubo un golpe de Estado y una desorganización de todo el Estado”.

Recordó que hace 15 días la UNODC presentó un informe contrario al criterio de Estados Unidos. El informe del organismo demostró que “la tasa de reducción más baja en los últimos 10 años” debido a que solo se habían erradicado 2.177 hectáreas durante la gestión 2020. “En la gestión 2021 se erradicaron 6.040 hectáreas, lo que demuestra que estamos yendo a buen ritmo para alcanzar las metas”, dijo.

Cuestionó duramente al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al que calificó de “un gobierno ligado al narcotráfico”. Dijo que éste favoreció a “peces gordos del narcotráfico” y evitó su extradición, además de “ocultar” droga.

Del Castillo anunció que el Gobierno se propuso este año erradicar 9.000 hectáreas de coca excedentaria.

“Entre 2019 y 2020 la superficie cultivada con coca registró un incremento de 3.900 hectáreas, de 25.500 a 29.400 hectáreas, que representa un incremento del 15%”, informó en un acto público el 31 de agosto Thierry Rostan, representante en Bolivia de UNODC.

La Ley del Régimen de la Coca solo permite 22.000 hectáreas de cultivos de coca.

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El factor Áñez

/ 15 de septiembre de 2021 / 02:08

No habrá posibilidad de reconciliación nacional si es que no hay reparación de daños de la última crisis política y social del país. El quiebre constitucional de 2019 y sus consecuencias políticas tuvo hechos graves que ameritan atención prioritaria: las masacres de Sacaba y Senkata.

No por eso los otros sucesos tengan que ser omitidos, pero esa veintena de fallecidos — con la agravante de ejecuciones extrajudiciales, como estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— pesa a la hora de identificar responsables. Son resultado de hechos concretos, a diferencia de otras tesis que unos más que otros, ayudados por la hegemonía mediática, intentan posicionar.

No hay forma de evadir la responsabilidad sobre las masacres. El GIEI ha rebatido los relatos que se han construido con mucho entusiasmo y acompañamiento de la prensa “independiente” acerca de esos hechos, que en su momento justificaron la represión: no hubo enfrentamientos ni “fuego cruzado” en Sacaba y Senkata, hubo represión a bala; no eran terroristas los movilizados; no hubo intento de volar la planta de Senkata ni ésta estuvo en riesgo, ni el muro fue tumbado “a punta de dinamitazos”; las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no solo usaron “armas no letales” (el GIEI los considera igual mortales), sino armas de guerra en las masacres, y el Decreto Supremo 4078, cuyo objetivo era “reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”, fue usado como un “instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión del Estado tras su promulgación”, como dijo el secretario ejecutivo del GIEI, Jaime Vidal Melero.

¿Quiénes firmaron el decreto? Si se pretendía “pacificar” el país, ¿por qué hubo necesidad de un decreto? ¿Para qué eximir de responsabilidades penales a los militares y policías si se presumía que no iban a usar armas letales?

Hay responsables directos, y los estamos escuchando, desde aquel noviembre, decir que son inocentes, que los manifestantes se dispararon entre sí, que del Ejército no salió ni un solo cartucho, que los movilizados eran “terroristas” o que hay persecución política por el caso.

No hay forma de evadir los hechos, los vimos actuar y justificar las represiones que terminaron en masacres, cuyas víctimas ahora reclaman justicia. “Que las investigaciones sean iniciadas de oficio, y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, recomendó el GIEI.

Pero luego del informe, las fuerzas políticas se han enfrascado en una lucha intensa de posiciones: el oficialismo plantea la aprobación del juicio de responsabilidades contra la principal de las acusadas en el caso, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, y la oposición condiciona el trámite con su propuesta de reforma judicial; en otras palabras, cambio de operadores de justicia. Es más, la oposición busca equiparar responsabilidades con la eventual inclusión del expresidente Evo Morales.

¿Le toca a Evo Morales la responsabilidad en las masacres de noviembre? En este caso hay proposición acusatoria en trámite en la Asamblea Legislativa, y Morales no está incluido ni por sospecha.

Pero el oficialismo necesita dos tercios de votos para aprobar un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, y ahí se ha estancado; incluso se había planteado en apurar ese procedimiento, pero tuvo que suspenderlo sin explicación ni fecha.

Ante las evidencias encontradas por el GIEI no hay escapatoria en el caso; los responsables están identificados, aunque la Constitución y las leyes les garanticen la presunción de inocencia. Y Áñez es la principal presunta implicada en el caso.

¿Es posible librarla del caso? Solo políticamente, y actuar así tendrá graves consecuencias en la jurisprudencia.

Áñez firmó el decreto, con esta norma las fuerzas conjuntas causaron las masacres y hubo una veintena de fallecidos.

La oposición tiene razones por evitar un juicio de responsabilidades en su contra; muchos de sus miembros validaron su cuestionada sucesión. Y Carlos Mesa lo admitió: “¿Qué es lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer si aprobamos el juicio? Reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe de Estado”.

Áñez es un factor clave ahora. Su eventual juicio de responsabilidades puede desatar la vinculación de más personas no solo en los casos Sacaba y Senkata.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Muere Ricardo Aguilar Agramont, quien se resistió a revelar su fuente por orden judicial

Ricardo Aguilar Agramont fue periodista del suplemento Animal Político de La Razón y en 2014 fue procesado por el entonces procurador Héctor Arce por un reportaje.

El periodista Ricardo Aguilar en 2014, al ingreso al Tribunal de Justicia Departamental en La Paz. Foto: Archivo

/ 13 de septiembre de 2021 / 20:14

El periodista Ricardo Aguilar Agramont, a quien un juez, en 2014, ordenó revelar sus fuentes por un reportaje sobre la demanda marítima contra Chile, falleció este lunes. Colegas y amigos expresaron su dolor por la partida de quien fue periodista del suplemento Animal Político de La Razón.

Activo analista en distintos diarios del país y redes sociales, hace tres días escribió un último tuit en el que cuestionó un “grosero enroque”, en referencia al traspaso del Servicio para la Prevención de la Tortura de dependencia de la Defensoría del Pueblo.

La noticia fue confirmada por el expresidente Carlos Mesa, quien fue su amigo personal. “Expreso mi dolor y el de Comunidad Ciudadana por la irreparable pérdida de Ricardo Aguilar Agramont, periodista, amigo y hombre comprometido con el país. Un gran abrazo solidario a sus padres, mi amigo y compañero Gonzalo J. Aguilar Dávalos, Miriam Agramont y su hermana Paloma”, escribió en su cuenta en Twitter.

Joven periodista, Aguilar Agramont fue redactor del suplemento Animal Político de La Razón, en el que destacó por sus investigaciones, análisis políticos y reportajes. Uno de ellos causó incomodidad en el gobierno de Evo Morales, De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político.

Por este reportaje, el 22 de abril de 2014, la Procuraduría General del Estado, regida entonces por el ahora representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, presentó una demanda ante el Ministerio Público contra Aguilar Agramont y la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos.

El juez 11° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, ordenó el 29 de abril que en tres días Aguilar Agramont levante el secreto de fuente de dicho texto. La defensa de los acusados pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez porque, según la Ley de Imprenta, el caso debía tratarse ante un tribunal especial, recurso rechazado en dos oportunidades.

“Nuestro reportaje fue procesado de manera lícita, bajo nuestros códigos de imprenta y de ética, sin violar ninguna norma”, defendió La Razón en aquella oportunidad.

Finalmente, el 5 de agosto de 2014, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz remitió al Tribunal de Imprenta los antecedentes del proceso penal. El caso no fue resuelto aún debido a la inactividad del tribunal.

La noticia de la muerte del periodista causó conmoción en la redacción de La Razón, en la que sus colegas destacaron su aporte al diario. Desde la Dirección, las gerencias y jefaturas expresaron su pesar a la familia del profesional.

“Adiós, Ricardito. Fuiste un gran colega de trabajo en La Razón. Mis sentidos pésames a la familia doliente”, escribió en Facebook otro periodista de esta casa periodística, Édgar Toro.

“Con profundo dolor despedimos a Ricardito. Que vuele hacia la luz y descanse en paz”, dijo Tania Delgadillo.

“Lamento la pérdida de Ricardo Aguilar Agramont, uno de los mejores ensayistas que conocí. Durante mi paso por la política (2018-2020) solíamos encontrarnos y hablar horas sobre la obra periodística de Alcides Arguedas (…)”, posteó Ignacio V. en redes sociales.

Los restos de Ricardo Aguilar Agramont son velados en la funeraria Santa María, salón Remanso. La misa de cuerpo presente será a las 14.00 de este martes y su entierro, a las 15.00 en el Cementerio Jardín de La Paz.

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