Un día después de que la compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores decantara en un escándalo con la caída del ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros implicados, el Gobierno anunció un proceso contra la empresa española proveedora de los equipos.
En conferencia de prensa la mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó de la medida, como parte de las investigaciones sobre la adquisición de los ventiladores pulmonares con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Proceso
“Vamos a iniciar un proceso en contra de esta empresa solicitando, obviamente, una conciliación de cuentas respecto al precio referencial del equipamiento, de lo que se ha pagado y de lo que falta”, dijo la autoridad en referencia a IME Consulting Global Services SL.
La firma española junto con otras dos empresas intermediarias en Bolivia fueron las encargadas de proveer los 170 respiradores que la presidenta Jeanine Áñez había comenzado a distribuir en distintas capitales del país.
Según informó Coímbra, hasta la fecha, del monto total acordado en contrato con la empresa española, $us 4,7 millones, el Gobierno de Bolivia depositó $us 2,2 millones y frenó el desembolso del resto. “Tenemos que sentarnos con la empresa y tenemos que establecer una conciliación de cuentas”, dijo.
Sin embargo, el ministro aseguró que el Gobierno va a pedir una investigación a la compañía española. “Vamos a requerir a través del Ministerio Público su cooperación con el Ministerio Público español para que haga un cuestionario a la empresa que ha proveído estos equipamientos, para que se establezca cuál es la situación legal de esta empresa en España”, afirmó.
En los últimos días se develó que los 170 respiradores que llegaron al país en un vuelo chárter de Boliviana de Aviación (BoA) son básicos y cuyo precio real en la lista de la fábrica, GPAinnova, es de $us 6.540, a diferencia de los $us 28.080 definidos en el contrato.
Sobreprecio
A la luz de esas diferencias, la transacción develó un presunto sobreprecio de $us 3,6 millones.
El caso derivó en la separación del cargo y la aprehensión de Navajas y de los directores jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco.
Además de esos ahora exfuncionarios, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de otras personas, entre ellas dos asesores del BID.
Todos están a la espera de medidas cautelares para la definición de su situación jurídica, aunque el Ministerio de Justicia anunció que solicitará la Fiscalía de La Paz su detención preventiva y la anotación de sus bienes. (21/05/2020)