Sociedad

jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 07:12

Cuarentena rígida: el Gobierno cede, La Paz y Cochabamba se rinden, y Santa Cruz persiste

A partir de este lunes, los departamentos y municipios determinarán restricciones en función a condiciones propias de riesgo ante la expansión del nuevo coronavirus. Así lo dispone el Decreto Supremo 4245 emitido el jueves.

La afluencia de personas en la Ceja de El Alto, donde también se comercializa el fármaco. Foto: Jorge Quispe

/ 30 de mayo de 2020 / 12:22

Motivados por distintos factores, especialmente por la prevalencia de casos de fallecidos y contagios de COVID-19 y la apertura de un nuevo decreto a decisiones regionales sobre la situación “según las condiciones de riesgo”, La Paz y Cochabamba decidieron flexibilizar las restricciones y Santa Cruz, mantenerlas.

A través de un nuevo decreto supremo, el 4245, el Gobierno optó por “continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020”. En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, explicó los parámetros de la norma.

A pesar de ceder las regiones las decisiones respecto de sus condiciones de riesgo, la nueva disposición nacional mantiene el cierre de fronteras terrestres, aéreas, pluviales y lacustres; la suspensión de vuelos internacionales; la suspensión temporal de clases presenciales en colegios, universidades y centros de alternativos; y la suspensión de actividades que impliquen aglomeración de personas, menos las religiosas, que pueden copar el 30% de los recintos.

Al contrario, flexibilizó la circulación vehicular y de personas, que será permitida entre las 05.00 y 18.00 de lunes a viernes y será prohibida de 18.00 a 05.00 en esos mismos días. Según el decreto, los sábados y domingos estará permitida la salida de personas, “con fines de esparcimiento”, de 06.00 a 14.00, pero a solo 500 metros alrededor de la casa.

Sin embargo, el Decreto Supremo 4245 otorga a las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías) autonomía para la gestión de la emergencia sanitaria respecto del transporte público local, intermunicipal, interprovincial e interdepartamental.

Además, sobre la jornada laboral, el horario de atención de las actividades del sector privado, el servicio de recojo y entrega de comida a domicilio, las actividades comerciales, la circulación de personas para fines de abastecimiento y atención del sistema financiero, la circulación de personas menores de 12 años y otras inherentes a sus competencias.

La Paz, vuelve el transporte

En el caso de La Paz, el gobierno local decidió flexibilizar las restricciones a partir de este lunes 1 de junio, en el marco de la cuarentena dinámica, especialmente con la vuelta parcial del servicio de transporte, la circulación de personas y las actividades económicas y comerciales.

Así, por ejemplo, taxis, trufis, minibuses y buses podrán circular solo de lunes a viernes, entre las 05.00 y 18.00, bajo la terminación de sus placas, cuatro de 10 por día. Con esa medida, según la Ley Municipal Autonómica de Regularización del Servicio de Transporte y Motorizados, solo el 40% del servicio público podrá operar.

Este domingo, el Ministerio de Obras Públicas definirá la vuelta del servicio de teleféricos previa inspección de las condiciones de bioseguridad.

Respecto de la circulación peatonal, solo estará permitida de lunes a viernes, entre las 06.00 y 18.00, esta vez sin control de cédulas de identidad como en toda la cuarentena previa.

Los mercados populares abrirán de lunes a viernes entre las 07.00 y 17.00, así como los negocios necesarios. No funcionarán los establecimientos de recreación y entretenimiento, de enseñanza, gimnasios, salas de internet, espacios deportivos, de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, saunas, piscinas y cualquier otro que genere aglomeración de personas.

Y los restaurantes y pensiones funcionarán solo para vender comida para llevar a casa.

Cochabamba también

En el caso de Cochabamba, luego de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se decidió que el departamento ingresará en cuarentena flexible a partir del 1 de junio. No obstante, según las determinaciones, los gobiernos locales aprobarán protocolos propios para sus municipios, de acuerdo a un decreto gubernativo promulgado por la gobernadora Esther Soria.

Así, se dispuso el retorno gradual de las actividades en estos rubros: transporte público, transporte privado, transporte de productos y otras modalidades de transporte de personas; mercados y comercio; y circulación de bicicletas y de personas.

Según acuerdo entre la Alcaldía de Cochabamba y los dirigentes del gremio, el servicio de transporte de pasajeros volverá a la ciudad y otras del área metropolitana a partir de ese lunes, previo decreto municipal que debía promulgarse este sábado.

Entrarán en servicio los vehículos de “ruta fija como los radiotaxis y taxis, con varias y regulaciones y restricciones que se han concertado”, dijo el viernes a los medios el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas.

Como en La Paz, los vehículos circularán de acuerdo a la terminación de sus placas: los pares, lunes, miércoles y viernes, y los impares, martes y jueves. La siguiente semana se invertirán las salidas, en la que los números impares tendrán tres días de circulación.

El servicio operará con una menor cantidad de pasajeros respecto de lo habitual.

Respecto de las actividades económicas, éstas recuperaron vigor de hecho estos últimos días. La regulación municipal, al menos en la capital, estuvo impedida por la situación del alcalde José María Leyes, que el viernes volvió a su casa luego de haber pasado dos noches en celdas judiciales y policías debido a acusaciones en su contra por la supuesta compra irregular de comida para policías y militares en el control de la emergencia sanitaria.

Santa Cruz, 14 días más

La capital y el departamento de Santa Cruz son los territorios más golpeados por los casos del nuevo coronavirus en el país. De los 8.731 casos de contagio en el país reportados hasta el viernes, Santa Cruz tiene 5.945, además la mayoría de fallecidos del total, 146 de 300.

Por sugerencia del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que se reunió el viernes, el departamento mantendrá la cuarentena rígida por 14 días más. En ese tiempo, la circulación y peatonal estará restringida, como la apertura de actividades económicas y comerciales.

“Hace algunos días dije que teníamos nuestras propias estrategias, pero de nada sirven si no tenemos los medios, ni las capacidades legales para implementarla”, dijo el viernes el gobernador Rubén Costas al anunciar la continuidad de las restricciones.

“No voy a poner en riesgo la vida de miles de personas en el momento más crítico de la epidemia”, insistió.

Otras regiones

El departamento de Oruro también comenzará a flexibilizar la cuarentena a partir de la semana que viene.

Este sábado, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) definirá las medidas para el inicio de la cuarentena dinámica en la capital.

Esta semana, varias comisiones locales trabajaron en propuestas para el retorno gradual de actividades a partir del 1 de junio.

En Tarija, el alcalde Rodrigo Paz anunció la continuidad de la cuarentena rígida en el municipio, a sugerencia del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El viernes, la autoridad cuestionó la decisión del Gobierno de comenzar a flexibilizar las medidas

Bolivia experimenta cuarentenas sucesivas desde el 16 de marzo, cuando Oruro, ante la aparición del primer caso de COVID-19 seis días antes. A partir del 22 de marzo, el Gobierno dispuso varias modalidades de cuarentena hasta este sábado.

Durante ese tiempo, con datos hasta este viernes, el país reportó 8.731 casos de contagios y 300 muertes derivadas de la pandemia. Santa Cruz, con 5.946 casos positivos y 146 fallecidos es el departamento más afectado; le siguen Beni (1.576 contagios y 86 muertos), Cochabamba (488 y 21), La Paz (444 y 27) y Oruro (166 y 13). (30/05/2020)

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Tres dirigentes mineros de Huanuni mueren en accidente vial de 12 fallecidos

La colisión frontal de dos vehículos ocurrió en las cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Uno de los vehículos accidentados. Foto: Código Policial.

/ 20 de octubre de 2021 / 10:59

La madrugada de este miércoles, tres dirigentes sindicales de la Empresa Minera Huanuni fallecieron en una colisión de dos vehículos que cobró la vida de 12 personas.

El hecho ocurrió en cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Según reportó radio Horizontes, de la red Erbol, los dirigentes fallecidos son Reynaldo Villca (de 42 años), secretario de Relaciones del sindicato; Miguel Cassia (35), secretario de Hacienda, y Jhonatan Reyes (35), secretario de Actas.

Estas personas volvían a su distrito luego de una reunión que habían sostenido con las autoridades del Gobierno en La Paz. El vehículo en el que viajaban colisionó de manera frontal con un minibús de servicio público.

La Alcaldía de Huanuni declaró duelo local con suspensión de actividades escolares entre este miércoles y el jueves, además de la disposición de crespones negros en las viviendas del municipio.

La lista de fallecidos:

Francisco Villa Choquecallata (42)

Jhonatan Reyes Flores (35)

Miguel Ángel Cassia Arispe (35)

Temistocles Calorias Lora (33)

Reyna Isabel Viscarra Patzi (25)

Adalid Jesús Calani Pérez (38)

Luis Peter Flores Arias (38)

NN varón (38)

NN mujer (25)

NN mujer (30)

NN menor (un año)

NN varón (38)

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En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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El TCP considera que en 2019 no hubo ‘vacío de poder’ y desahucia la proclamación de Áñez

El Tribunal Constitucional emitió el 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de ‘vacío de poder’.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio de Gobierno, minutos de su autoproclamación, el 12 de noviembre de 2019.

/ 15 de octubre de 2021 / 14:25

A través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que en la crisis poselectoral 2019, tras las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado, y de los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, no hubo vacío de poder.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ salvo a las presidencias de las cámaras legislativas.

En los expedientes, la legisladora de minorías arguyó que “la sucesión ‘ipso facto’ no le correspondía a su excolega Rivero porque ‘publicó en su cuenta de Twitter una carta de renuncia irrevocable dirigida a todo el país’”. El TCP, con base en el Reglamento de la Cámara de Diputados, consideró que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de la proclamación de Áñez, de UD.

Entonces, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias sucesivas del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, renunció antes de la dimisión de Morales.

En sendos actos legislativos, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se declaró, primero, presidenta de esa cámara y, luego, presidenta del Estado. No había quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, entonces de dos tercios, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, ésta se aplica efectivamente ‘ipso facto’ de la presidencia a la Vicepresidencia del Estado”, dice la sentencia del TCP a la que accedió La Razón.

Por tanto, la renuncia de la exdiputada Rivero “surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión. No existe la figura de ‘vacío de poder’ para justificar el incumplimiento a este requisito legal”, dice el resumen de la sentencia.

En su resolución, el TCP declaró infundado el recurso de nulidad presentado por Fernández contra Borda y Rivero.

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El expediente del intocable Camacho

/ 13 de octubre de 2021 / 01:38

La noticia sobre el acuerdo con un minero que en 2019 le ofreció a Luis Fernando Camacho “tumbar” a Evo Morales, incluso con el uso de “1.000 mineros llenos de dinamita”, pasó como si se tratara de una simple anécdota. Nadie se inmutó, ni los medios de información entendieron que la develación, planteada por el mismísimo ahora Gobernador de Santa Cruz, sea noticia.

Hace una semana, LA RAZÓN publicó un segundo extracto de un video que apareció el 28 de diciembre de 2019, cuando Camacho contó a sus correligionarios su “proeza” de haber derrocado a Morales luego de que su padre había “cerrado” con militares y policías.

“Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, cuenta el otrora líder cívico cruceño en el video.

Dice que el minero tenía miedo de que los militares lo detengan. “Le dije que ‘no, no se preocupe, hablé con los militares, con el general, me dijo que ni iban a salir’”, recuerda.

“Quedó tranquilo, me dice: ‘Te doy hasta el domingo; si el domingo no se va, el lunes le saco yo con dinamita”, dice Camacho en el video que no causó mayor repercusión.

¿No es grave la develación? ¿Por qué no interesó el caso a los medios de información que dicen llamarse independientes, plurales e imparciales?

No, lamentablemente. Otra vez un evidente cerco mediático naturaliza hechos graves que ocurrieron en 2019, como las masacres de Sacaba y Senkata.

Camacho se ha convertido en los últimos meses en un tipo —parafraseándolo— intocable, que puede contar sus aventuras sediciosas sin inmutarse y repetir la historia sin que nadie pueda hacer algo.

Acaba de amenazar al presidente Luis Arce con “un segundo round”. Y su lugarteniente, Rómulo Calvo, su sucesor en la presidencia del Comité pro Santa Cruz, dijo tener la “receta para tumbar a un dictador”.

Camacho se desgañita en ser el defensor de las libertades y de la democracia. Su discurso no calza en el espíritu democrático.

En la crisis poselectoral de 2019 hizo todo lo posible por desnaturalizar los valores democráticos y naturalizar actos que rayan en la sedición, de manera recurrente y sistemática.

Su expediente es largo desde que irrumpió en la agenda nacional el 21 de octubre, un día después de las elecciones de entonces.

En sendos cabildos multitudinarios, eso sí, invocó a las Fuerzas Armadas, propuso la atención de un pliego de la Policía Boliviana a través del “próximo gobierno”, planteó el “punto final” y la conminatoria de renuncia en 48 horas de Morales, y redactó una carta de dimisión para que la firme el presidente.

Es más, el 4 de noviembre propuso que la entonces decana del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, reemplace a Morales, y que renuncie la “sucesión constitucional”. La mañana del 10 de noviembre, sugirió “una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población”.

Y en la tarde, antes de la renuncia de Morales, irrumpió en el Palacio Quemado (dijo en el video que fue con ayuda del ahora fallecido director de la UTOP, Heybert Antelo), en cuyo hall plantó la carta de renuncia de marras, una Biblia y una tricolor. ¿Puede un civil que no sea funcionario ingresar así en el edificio gubernamental?

Ahora, blindado por su victoria en las subnacionales de marzo, Camacho desafía otra vez y nadie —la Fiscalía suspendió sin razón aparente su declaración— hace nada por hacerle entender que lo que hace no condice con la institucionalidad democrática del país. Se ha convertido peligrosamente para la democracia en un político intocable.

Rubén Atahuichi es periodista.

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