La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo hoy miércoles que el alejamiento temporal forzado del periodista Junior Arias de la red televisiva Gigavisión es producto de una censura indirecta ejercida por el Gobierno mediante amenazas y acciones de amedrentamiento.
“La licencia forzada del periodista Junior Arias pone en evidencia la censura indirecta que ha ejercido el Ejecutivo a través de amenazas, incluso, a través de la restricción de la pauta publicitaria en ese medio televisivo, lo cual se constituye en la afectación a la libertad de prensa y de expresión y que además vulnera el derecho de la población al acceso a la información”, precisó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
El pronunciamiento de la Defensora ocurre horas después de que a medio día en el noticiero de Gigavisión su gerente, Jorge Arias, anunciara que para precautelar la seguridad del entorno familiar de Junior Arias, se le otorgó una “licencia por unos días”; pausa que, añadió, además servirá para determinar si existen en el país las condiciones para el trabajo periodístico, si el Estado boliviano puede dar las garantías suficientes para esta labor. Habló, incluso, de la existencia de un plan, desde el propio Estado, de incriminación contra Junior Arias.
La situación de Gigavisión, dijo Cruz, “muestra que el trabajo periodístico en el país no goza de las garantías constitucionales que el Estado debe precautelar y que se recurrió a medios indirectos para censurar la labor de Arias”.
La Defensora, detalla un reporte del Defensor del Pueblo, “ante las denuncias hechas por el gerente de Gigavisión, respecto a que miembros de la Policía Boliviana estarían dispuestos a urdir un plan para afectar a su familia, manifestó que no sería el primer caso en el que se denotarían actuaciones fuera del marco legal por parte de efectivos policiales, como la detención del juez Huacani y otras acciones desde la FELCC La Paz”.
“Al respecto, recordar a los miembros de la Policía Boliviana, su deber de denunciar y apartarse de órdenes ilegales, y que éstas deben ser investigadas y sancionadas por el sistema de justicia”, manifestó Cruz.
El Defensor del Pueblo también informó que “tomó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares que Junior Arias presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual hará seguimiento; asimismo, emitirá un informe sobre la situación y la censura asumida en contra del comunicador”.
Arias, a través de su programa Detrás de la Verdad, reveló varios casos irregulares en la actual administración, de los cuales dio cuenta al despedirse hoy a medio día: el uso indebido de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana por particulares en plena cuarentana; la contratación anómala de seguros en YPFB, lo que derivó en la renuncia de su presidente; la designación en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de un funcionario en listas de buscados de la DEA; el tema del sobreprecio de los respiradores comprados a una empresa española, lo que le valió el cargo al propio ministro de Salud, Marcelo Navajas.
Otras revelaciones son la denuncia de favorecimiento desde Impuestos Internos a empresarios para facilitarles o prescribirles deudas tributarias, “y, claro, la gota que parece haber colmado el vaso es el reportaje que pasamos este domingo acerca del uso, una vez más, del uso de un intermediario para llevar adelante la compra de agentes químicos por casi 40 millones de bolivianos, un hecho que ha provocado una serie de reacciones, han pasado cuatro días y hasta ahora no se ha conocido el pronunciamiento oficial, a través de la documentación respaldatoria, por parte de las autoridades del ministerio de Gobierno”.