Sociedad

sábado 23 oct 2021 | Actualizado a 17:35

Se mantiene la cuarentena flexible en La Paz ‘estos días y la próxima semana’

Las autoridades de la capital y del departamento analizarán en los siguientes días un eventual retorno a la cuarentena rígida a partir del 23 de junio.

Conferencia de prensa conjunta de los alcaldes, Luis Revilla y Soledad Chapetón. Foto: GAMLP

/ 12 de junio de 2020 / 11:33

Luego de una evaluación de la situación del avance de los casos de contagios del nuevo coronavirus en La Paz, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamento (COED) determinó mantener la emergencia flexible en el departamento y en las ciudades durante estos días y la siguiente semana.

La información fue ofrecida la mañana de este viernes por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, al término de la cita del Comité. “Se ha determinado en el COED que durante estos días y la próxima semana se va a mantener el estado de cuarentena flexible. Sin embargo, vamos a discutir, y vamos a analizar, las condiciones en las cuales a partir del día 23 volveríamos con algunas condiciones a la cuarentena rígida”, adelantó la autoridad local.

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La Justicia rechaza la acción con la que la Alcaldía de La Paz pretendía obligar la vacunación

Al contrario, la decisión judicial exhorta a los gobiernos nacional y subnacionales a ejecutar medidas, en función de sus competencias, para evitar más contagios.

La campaña de vacunación en La Paz. Foto: La Razón-archivo

/ 23 de octubre de 2021 / 16:00

No será obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en La Paz. La Justicia denegó la acción popular del alcalde Iván Arias debido a que no cumplió con presupuestos procesales; al contrario, exhortó a los gobiernos nacional y subnacionales a evitar la propagación de los contagios.

Según supo La Razón, se denegó la tutela por no haber sido planteada conforme la normativa constitucional vigente, no especificó si se reclama una acción u omisión del accionado, no se adjuntó prueba, salvo publicaciones de prensa.

El 4 de octubre, Arias presentó una acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales con el fin de obligar la vacunación en el municipio. “Si nos piden el carnet (de sufragio), ¿cómo no es posible que no nos pidan para salvar una vida, el carnet?”, arguyó esa vez.

En segundo término, la Sala Constitucional exhortó a los niveles de gobierno y subnacional a que, en el marco de sus competencias, establezcan acciones para evitar la propagación del COVID -19.

La acción popular planteaba como recurridos el Ministerio de Salud, las gobernaciones y las alcaldías. Si bien es necesaria, la vacunación contra el nuevo coronavirus en el país es voluntaria.

Hasta el viernes, 3,5 millones de personas recibieron la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19, 2,8 millones la segunda dosis y 133.491, la tercera dosis. La dosis única alcanzó a 918.328 personas.

El Ministerio de Salud admitió que la campaña de vacunación está rezagada, principalmente en los departamentos de Beni, Pando, Potosí y La Paz.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Tres dirigentes mineros de Huanuni mueren en accidente vial de 12 fallecidos

La colisión frontal de dos vehículos ocurrió en las cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Uno de los vehículos accidentados. Foto: Código Policial.

/ 20 de octubre de 2021 / 10:59

La madrugada de este miércoles, tres dirigentes sindicales de la Empresa Minera Huanuni fallecieron en una colisión de dos vehículos que cobró la vida de 12 personas.

El hecho ocurrió en cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Según reportó radio Horizontes, de la red Erbol, los dirigentes fallecidos son Reynaldo Villca (de 42 años), secretario de Relaciones del sindicato; Miguel Cassia (35), secretario de Hacienda, y Jhonatan Reyes (35), secretario de Actas.

Estas personas volvían a su distrito luego de una reunión que habían sostenido con las autoridades del Gobierno en La Paz. El vehículo en el que viajaban colisionó de manera frontal con un minibús de servicio público.

La Alcaldía de Huanuni declaró duelo local con suspensión de actividades escolares entre este miércoles y el jueves, además de la disposición de crespones negros en las viviendas del municipio.

La lista de fallecidos:

Francisco Villa Choquecallata (42)

Jhonatan Reyes Flores (35)

Miguel Ángel Cassia Arispe (35)

Temistocles Calorias Lora (33)

Reyna Isabel Viscarra Patzi (25)

Adalid Jesús Calani Pérez (38)

Luis Peter Flores Arias (38)

NN varón (38)

NN mujer (25)

NN mujer (30)

NN menor (un año)

NN varón (38)

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En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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El TCP considera que en 2019 no hubo ‘vacío de poder’ y desahucia la proclamación de Áñez

El Tribunal Constitucional emitió el 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de ‘vacío de poder’.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio de Gobierno, minutos de su autoproclamación, el 12 de noviembre de 2019.

/ 15 de octubre de 2021 / 14:25

A través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que en la crisis poselectoral 2019, tras las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado, y de los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, no hubo vacío de poder.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ salvo a las presidencias de las cámaras legislativas.

En los expedientes, la legisladora de minorías arguyó que “la sucesión ‘ipso facto’ no le correspondía a su excolega Rivero porque ‘publicó en su cuenta de Twitter una carta de renuncia irrevocable dirigida a todo el país’”. El TCP, con base en el Reglamento de la Cámara de Diputados, consideró que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de la proclamación de Áñez, de UD.

Entonces, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias sucesivas del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, renunció antes de la dimisión de Morales.

En sendos actos legislativos, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se declaró, primero, presidenta de esa cámara y, luego, presidenta del Estado. No había quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, entonces de dos tercios, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, ésta se aplica efectivamente ‘ipso facto’ de la presidencia a la Vicepresidencia del Estado”, dice la sentencia del TCP a la que accedió La Razón.

Por tanto, la renuncia de la exdiputada Rivero “surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión. No existe la figura de ‘vacío de poder’ para justificar el incumplimiento a este requisito legal”, dice el resumen de la sentencia.

En su resolución, el TCP declaró infundado el recurso de nulidad presentado por Fernández contra Borda y Rivero.

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