Sociedad

jueves 29 oct 2020 | Actualizado a 03:29

El balance de 21 policías muertos por COVID-19 genera descontento en la institución del orden

La Policía confirma muerte de 21 uniformados y supuestos efectivos de FELCC denuncian falta de atención médica a infectados con COVID-19

Policías movilizados para que se cumpla la cuarentena sanitaria en el país.

Por Claudia Villca

/ 16 de junio de 2020 / 23:49

El balance de 21 efectivos muertos por COVID-19 generó un descontento en la Policía Boliviana, según una denuncia pública atribuida a supuestos uniformados. La institución ha replicado que promueve una atención médica adecuada de sus miembros.

Presuntos miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hicieron una denuncia pública de supuesta falta de atención médica a uno de sus compañeros, infectado con el coronavirus, lo que derivó en su muerte.

La Policía comunicó que el fallecido, una de las 21 víctimas, se encontraba con licencia temporal y que se promueve la atención médica adecuada a todos los uniformados contagiados con situación crítica.

“Debemos lamentar el sensible fallecimiento del policía administrativo Oscar Saravia Catoira, quien murió este martes en Santa Cruz de la Sierra a raíz del COVID-19. El servidor policial se encontraba con licencia temporal por ser mayor de 53 años y se dispuso que no cumpla funciones en la FELCC Santa cruz durante la emergencia sanitaria”, indica el comunicado de la Policía.

Horas antes, en un manifiesto público a nombre de supuestos miembros de la FELCC, se denunció que Saravia peregrinó para ser atendido en centros de salud y que sus familiares acudieron a jefaturas policiales que no respondieron al pedido.

“Hoy murió nuestro camarada Oscar Saravia Catoira, ‘Chapaco’, cuando se le detectó que estaba con COVID-19, fue internado en la Caja Nacional de Salud, estuvo 3 días en una camilla en los pasillos sin recibir ningún tratamiento médico, por eso su esposa, fue a pedir apoyo al Comando Departamental (de Santa Cruz), nadie le dio atención, nadie le atendió. Luego pidió ayuda al coronel Rubén Barrientos, director de la FELCC, tampoco hizo nada, acudimos a la clínica policial Virgen de Copacabana, no nos aceptaron que lo llevemos a CHAPACO, porque dijeron que no tienen ni medicamentos ni respiradores para terapia intensiva”, se lee en parte de la nota.

La denuncia indica que “hay policías de primera y policías de segunda clase”, que los comandantes policiales son atendidos en la Clínica Foianini, a diferencia de los subalternos estamos “abandonados a nuestra suerte, tenemos que buscarnos donde morir”.

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Carlos Romero dejó la cárcel con la anotación preventiva de un inmueble

El exministro guardará detención domiciliaria porque pudo sustituir el pago de una fianza de 350 mil bolivianos por la anotación de un departamento de su propiedad.

Carlos Romero en una fotografía de archivo.

/ 30 de junio de 2020 / 20:04

Este martes 30, el exministro de Gobierno Carlos Romero salió del penal de San Pedro para cumplir detención en su domicilio, luego de que la justicia aceptó sustituir su fianza de Bs 350.000 con la anotación preventiva de un departamento de propiedad de la exautoridad.

Pese a que Romero logró la revocatoria de la detención preventiva en prisión por la detención domiciliaria el 18 de junio, no pudo hacer efectiva esta liberación de la cárcel debido a que, señaló su defensa, la fianza era ‘imposible’ de pagar porque la exautoridad, entre otras razones, no había cobrado su sueldo y sus beneficios sociales.

La abogada de Romero, Mónica Ramírez, informó a radio Erbol que Romero salió del penal en horas de la tarde, luego de que por la mañana se realizara la audiencia en que la que se presentó los documentos del inmueble del exministro y su avalúo, que incluso supera los Bs 350.000.

Desde enero, Romero fue enviado al centro penitenciario acusado por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), respecto a las compras irregulares de repuestos para el mantenimiento de helicópteros pertenecientes a dicha repartición.

El 11 de marzo de 2019, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval denunció que la Uelicn favoreció a un “clan familiar” con contrataciones a la empresa Horizontal Aviación SRL por más de $us 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de unidades aéreas Diablos Negros y Rojos.

Por este caso, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia contra cinco personas inicialmente; luego la nómina se fue ampliando. El caso golpeó a tres entidades: el Ministerio de Gobierno (que dirige la Uelicn), la Fuerza Aérea, debido a que los pilotos y personal técnico de las unidades Diablos Rojos y Negros que avalaron la firma con Horizontal, y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

(30/06/2020)

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52% de la inversión de la Gobernación en 2020 se destina al funcionamiento de hospitales e institutos

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, efectuó este martes su Rendición de Cuentas inicial 2020.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi.

Por Claudia Villca

/ 30 de junio de 2020 / 18:56

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, informó este martes que del total de gasto presupuestado para la gestión 2020, Bs 1.572 millones, 52% (Bs 814,26 millones) será destinado al “funcionamiento de hospitales e institutos”; el restante 14% (Bs 226 millones) “para inversión pública”.

La información fue dada en la audiencia de Rendición Pública de Cuentas inicial 2020 efectuada la mañana de hoy. En el acto, Patzi anunció que ejecutará 117 proyectos y se invertirán Bs 226 millones en apoyo a la producción, infraestructura productiva y desarrollo social para los 87 municipios de las 20 provincias paceñas.

Según los datos, de un total de 117 proyectos, 26 corresponden a la Región Metropolitana, 26 al Altiplano Sur, 17 al Altiplano Norte, 14 a Valles del Norte, 13 a la Región de la Amazonía, 7 a los Yungas, 7 a Valles del Sur y 7 proyectos son multiregionales.

Infraestructura y productividad

En el ámbito de infraestructura productiva, con un presupuesto de Bs 171,5 millones se ejecutarán 41 proyectos de caminos con Bs 102,4 millones (60%); 13 obras de electrificación, con Bs 11,2 millones (7%); seis trabajos de medio ambiente, con Bs 2,08 millones (1%); ocho puentes, con Bs 10,1 millones (6%); 19 proyectos de riego, con Bs 38,6 millones (23%), ocho obras en prevención de riesgos, con Bs 6,039 millones; y uno de transporte, con Bs 1,035 millones (1%).

En el sector de apoyo a la producción, se tienen nueve proyectos con Bs 6,8 millones y dos para turismo y culturas, con un presupuesto de Bs 1 millón.

En Desarrollo Social se tiene previsto invertir Bs 18,9 millones: Bs 875.684 (5%) en deportes; Bs 445.000 (2%) en educación técnica; Bs 14,2 millones (75%) en salud; y, Bs 3,4 millones (18%) en seguridad ciudadana.

Patzi aclaró que preservará la inversión pública para impulsar obras en el departamento pese a los problemas ocasionados por el Covid.
“Una cosa es presupuesto, y otra la liquidez, en lo que tenemos problemas, pero eso no afectará a la inversión pública para reactivar la economía del departamento”, resaltó la autoridad.

Añadió que la crisis COVID-19 afectó a todas las alcaldías y gobernaciones y especialmente a las de La Paz bajando “drásticamente” los ingresos por regalías mineras, recursos propios y transferencia por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); por esta situación, dijo, se espera la pronta “devolución del 12% del IDH comprometido por el gobierno”.

(30/06/2020)

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Diputada del MAS anuncia recurso de inconstitucionalidad contra decreto de crédito del FMI

La legisladora adelantó que en la Asamblea no se viabilizará la norma y que incluso se acudirá a medidas de hecho para derogarla.

Una sesión de la Cámara de Diputados. Foto: ABI

/ 29 de junio de 2020 / 23:26

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, rechazó este lunes el contenido del Decreto Supremo 4277 que dispone los recursos provenientes de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad para que la norma sea anulada.

“Rechazo este decreto y vamos a demandarlo de inconstitucional, si es necesario nos declararemos en huelga de hambre para que sea derogado”, señaló la legisladora.

El viernes, el Ejecutivo emitió el decreto 4277 para la utilización del crédito de $us 327 millones proveniente del FMI para “cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del COVID-19”.

Al día siguiente, mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que la norma fue emitida para cumplir con los requisitos exigidos por la Comisión de Planificación de la Cámara Baja, donde se encuentra en tratamiento la ley para la aprobación del crédito externo.

Patty afirmó que cualquier préstamo de un organismo internacional debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa como establece la Constitución Política del Estado, por lo que el crédito del FMI es ilegal y no tiene respaldo constitucional.

Señaló que la presidenta Jeanine Añez es transitoria y no puede endeudar a los bolivianos como hacían en el pasado los gobiernos neoliberales que recibían préstamos y donaciones para beneficio particular.

“Antes llegaban las donaciones y solo los Gobiernos del pasado se beneficiaban, nunca llegaba a las provincias, a los rincones del país, a los indígenas, nuestros padres y abuelos no tenían ningún apoyo”, destacó.

(29/06/2020)

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Diputado del MAS presenta proyecto para que migrantes bolivianos voten en septiembre

La disposición permitiría la apertura especial del padrón electoral.

Sesión de la Cámara de Diputados

/ 29 de junio de 2020 / 21:27

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Remberto Calani, presentó un proyecto de ley para que las personas que retornaron al país, por efecto de la pandemia del Coronavirus, tengan la oportunidad de participar en las elecciones generales del 6 de septiembre de este año.

El proyecto de ley tiene como propósito que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abra el padrón para que los inmigrantes bolivianos puedan inscribirse y emitir su voto el 6 de septiembre, “con lo que se precautelaría sus derechos políticos”.

“El TSE no está abriendo el padrón para las personas que retornaron, tendría que hacerlo, por eso estamos planteando este proyecto de ley, porque todos tenemos derecho a votar”, señaló el legislador.

Calani explicó que su propuesta fue presentada a la presidencia de la Cámara de Diputados el pasado viernes, con el objetivo de que sea analizada por el pleno y así viabilizar la votación de los ciudadanos bolivianos que en los últimos meses retornaron a territorio nacional desde de países como Argentina y España.

Indicó que en caso de que la norma sea aprobada, el proyecto de ley posibilitaría la inscripción de unas 40.000 personas, “cantidad que incluso podría determinar la elección de un diputado uninominal”.

Detalló que quienes retornaron al país estaban inscritos en sus lugares de residencia para emitir su voto, y ya no lo podrán hacer porque se encuentran en territorio nacional y no están inscritos.

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Senado paraliza aprobación de ascensos en FFAA; acudirá al Tribunal Constitucional

Los legisladores ven que un artículo del reglamento castrense de ascensos va contra la Constitución

La Cámara Alta en sesión

Por Claudia Villca

/ 26 de junio de 2020 / 23:50

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este viernes el informe sobre la demanda de inconstitucionalidad del procedimiento de los ascensos del Alto Mando Militar y presentará una acción en este sentido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En tanto no se resuelva la demanda, la aprobación de la nómina en la Cámara Alta está paralizada.

El informe emergió de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana del Senado y promueve una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado.

“Promover la Acción de Inconstitucionalidad Concreta de oficio contra el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas del Estado CJ-RGA-239 aprobado mediante Resolución Suprema N° 24774 del 7 de enero de 2019 por contrariar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 250 y 410 del texto constitucional”, dice el parágrafo primero de la resolución aprobada por el Senado.

También se determinó remitir todos los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las siguientes 24 horas – preservando la reserva y confidencialidad de la documentación – y, “entre tanto no se tenga un pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el pleno camaral del Senado se inhiba de pronunciar la resolución final de ascensos a altos mandos de las FFAA”.

El senador Ciro Zabala explicó que “en la revisión del reglamento de ascensos que tienen las Fuerzas Armadas, encontramos que el artículo 77 es inconstitucional, la citada disposición normativa tiene un rango inferior a la ley, por lo tanto, incumple con lo previsto en el artículo 250 de nuestra Constitución Política del Estado donde dice expresamente que los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a ley respectiva, no dice que serán otorgados de acuerdo al reglamento”.

Agregó que el tema de la aprobación de los ascensos de las FFAA ya no depende del Senado y el TCP deberá realizar los procedimientos que le competen, “hasta que esta incongruencia inconstitucional no sea arreglada, no podrá hacerse el ascenso de las autoridades castrenses”.

En una anterior rueda de prensa, la presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo que existen varias denuncias sobre cómo se realizó la evaluación de los ascensos en las FFAA, por lo que estas deben resolverse antes de proseguir el tratamiento del tema en el pleno de la Cámara Alta.

Consultada si estas denuncias pueden frenar el procedimiento de aprobación, indicó que primero deben resolverse en instancias castrenses o judiciales antes de que la nómina de ascensos sea abordada en el pleno del Senado.

El martes, la Fiscalía de La Paz informó que se admitió la denuncia, presentada el 12 de junio por el Ministerio de Defensa, contra la presidenta del Senado Eva Copa y el presidente de Diputados Sergio Choque por la demora en el tratamiento y aprobación de la nómina de ascensos en FFAA. Copa y Choque son acusados por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

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