Sociedad

miércoles 5 ago 2020 | Actualizado a 09:31

A cuatro meses de COVID-19 en el país, el promedio diario de contagios es de 961

Según el balance de cifras, entre el 10 de junio y este 10 de julio hubo 37,5 fallecimientos diarios y 369 recuperados. Se teme que los casos positivos lleguen a 130.000 en la última semana de agosto.

/ 10 de julio de 2020 / 10:32

Personal de salud atiende a un paciente de COVID-19 en Santa Cruz. Foto: Gobernación Santa Cruz

El 10 de marzo aparecían los primeros dos casos de contagio de COVID-19. Desde esa fecha, el crecimiento de casos ha sido incesante, hasta llegar a 44.113 confirmados y a un incremento promedio de 961 diarios entre el 10 de junio y este 10 de julio.

Hasta el 10 de junio había 15.281 casos confirmados, 512 fallecidos y 2.261 recuperados. Al menos en los casos positivos y de muertos las cifras se han triplicado en 30 días, hasta este 10 de julio: 44.113 y 1.638, respectivamente; los casos de recuperados llegaron a 13.354.

En el balance de La Razón, en los últimos 30 días hubo un promedio diario de 37,5 muertos y 369 recuperados. Y los números de pacientes seguirán aparentemente; en las últimas tres semanas no bajaron de 1.000 diarios.

Respecto de la prevalencia de los casos en el país, Santa Cruz sigue liderando las cifras; totalizó 23.411 pacientes el jueves. Le siguen La Paz, con 5.376; Cochabamba, 4.769, y Beni, 4.695. Más atrás, Oruro tiene 1.546; Tarija, 1.284; Chuquisaca, 1.162; Pando, 1.026, y Potosí, 884.

Antes de declararse en pausa por contagio del nuevo coronavirus, el domingo, la ministra de Salud, Eidy Roca, dijo que la cuarentena rígida, “aplicada oportunamente”, pudo evitar “más de un millón de contagios y la pérdida de miles de vidas” entre mayo y junio en el país.

Y, apelando a informes de la Unidad de Análisis de Política Económica (Udape), la autoridad dijo que para la última semana de agosto el país podría llegar a los 130.000 contagios. “Es decir, cuatro veces más que los que registran hoy”, previo.

En medio de esa situación, la presidenta Jeanine Áñez anunció la tarde del jueves que fue contagiada por el COVID-19. “Junto con mi equipo hemos estado trabajado por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo”, comunicó a través de un video difundido en sus redes sociales.

El caso de la mandataria transitoria sucede a los de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Jorge Fernando Oropeza, y Roca. El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, también estuvo infectado, aunque por su condición de asintomático no se dio cuenta sino después de un estudio de “inmunoglobulina” posterior.

La pandemia ha complicado además la gestión del Ministerio de Salud, la cabeza de las acciones de la emergencia sanitaria en el país. Por razones personales había renunciado el ministro Aníbal Cruz, quien fue sustituido luego por Marcelo Navajas. Éste fue reemplazado a su vez por Roca debido el escándalo de la compra irregular y con presunto sobreprecio de 170 respiradores.

Para variar, mientras Roca se recupera, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, asumió sus funciones. “No vamos a dar un paso atrás para seguir insistiendo en salvar vidas; pero no vamos alcanzar si cada individuo no pone de su parte. No hay otra opción, estamos todos en esto”, arengó el jueves en una rueda de prensa improvisada.

(10/07/2020)

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Un bloqueo en Japo K’asa impide el paso de un camión cisterna de oxígeno

La Defensoría del Pueblo no pudo convencer a los pobladores que bloquean la ruta de permitir el traslado de vehículos de emergencia sanitaria hacia Oruro y La Paz.

/ 4 de agosto de 2020 / 21:06

Una comisión de la Defensoría del Pueblo de Oruro en Confital. Foto: Roberto Sardinas

La Defensoría del Pueblo no pudo convencer a los pobladores de Japo K’asa, en la ruta Cochabamba-Oruro, de permitir el paso de camiones cisternas de oxígeno varados por los bloqueos en la zona.

Una comisión de la delegación regional de esa oficina se trasladó la mañana de este martes hasta la localidad de Confital con el propósito de mediar ante los bloqueadores por el trasbordo de los vehículos de emergencia. Al no conseguir el objetivo, retornó a Oruro.

Centenares de vehículos se encuentran bloqueados en la ruta que conecta a La Paz y Oruro con Cochabamba. La Defensoría del Pueblo de Oruro informó que incluso hubo amagos de enfrentamiento en el intento de persuadir a los pobladores.

Decenas de camiones varados en Japo K’asa, camino Oruro-Cochabamba. Foto: Roberto Sardinas

Un camión con 100 cilindros de oxígeno también no pudo cruzar Vinto, camino de Cochabamba a Oruro y La Paz, según informó la empresa proveedora Praxair.

La Caja Nacional de Salud regional Oruro denunció la carencia de oxígeno para la atención de pacientes críticos de COVID-19 en esa ciudad. Además, el Gobierno y la Alcaldía de La Paz reclamaron el paso de oxígeno a La Paz con el mismo propósito.

Desde el lunes, movimientos sociales agrupados en el Pacto de Unidad  y la Central Obrera Boliviana (COB) propician bloqueos en varios puntos y departamentos del país contra la postergación de las elecciones generales, cuya fecha, 18 de octubre, fue definida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

(04/08/2020)

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Murillo culpa de los bloqueos a Mesa, al TSE y al MAS por impulsar elecciones

Convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), movimientos sociales comenzaron con cortes de carreteras el lunes contra la postergación de las elecciones.

/ 4 de agosto de 2020 / 20:11

El ministro Arturo Murillo, en conferencia de prensa este martes. Foto: ABI

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, repartió culpas de los bloqueos al expresidente Carlos Mesa, al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y al Movimiento Al Socialismo (MAS) por impulsar las elecciones en medio de la emergencia sanitaria en el país.

El bloqueo de caminos comenzó el lunes semanas después de que el TSE dispusiera la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre, a pesar de que la Ley 1304 las dispuso para el domingo 6 de septiembre.

“Romero, sin explicación, puso la elección para el 6 de septiembre. Y Romero sin explicación, cambia elección al 18 de octubre. Eso crea incertidumbre y movilizaciones. Seriedad por favor”, escribió Murillo en su cuenta de Twitter.

Antes, en conferencia de prensa también había apuntado a Mesa y a Romero sobre su responsabilidad en las movilizaciones contra la postergación de elecciones y a quienes les pidió ”dar la cara” ante los movimientos sociales. “Ambos deben cumplir con la responsabilidad, basta de lavarse las manos”; dijo en rueda de prensa este martes.

Aunque el oficialismo —que postula a la presidenta Jeanine Áñez como candidata de la alianza Juntos— se resistió a asistir a los comicios en plena emergencia sanitaria, Murillo dijo “el gobierno acepta elecciones cuando diga el TSE, pero que el TSE debe serio”.

El ministro también apuntó al expresidente Evo Morales, a quien llamó “terrorista”, y al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, de haber ordenado “el bloqueo para que pueblo muera por falta de oxígeno”.

Si bien Mesa no respondió a las alusiones de Murillo, culpó al gobierno de Áñez de la situación crítica del país. “¡Ya basta de fraude y corrupción! Tenemos soluciones inmediatas: 1) personal de salud con protección de bioseguridad; 2) camas y unidades de terapia intensiva; 3) medicamentos gratuitos para combatir el coronavirus; 4) más pruebas de coronavirus”, dijo en Twitter.

El diputado del MAS Franklin Flores culpó al Gobierno de la situación de conflictos en el país, además al TSE.

Inicialmente, anuladas las elecciones de octubre de 2019 por presunto fraude, los nuevos comicios debían desarrollarse el 3 de mayo; sin embargo, fueron suspendidos debido a la propagación del COVID-19 en el país. En un segundo intento, el TSE sugirió a la Asamblea Legislativa votación para inicios de septiembre, pero los legisladores optaron por definirla hasta un tope del 2 de agosto a través de la Ley 1297 promulgada por la senadora Eva Copa, ante la negativa de Áñez.

Otra vez, el TSE sugirió el 6 de septiembre, cuya Ley 1304 fue promulgada por Áñez, pero modificó la fecha con una resolución de sala plena.

La postergación de la fecha de las elecciones para el 18 de octubre generó protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que definió bloqueo de que carreteras a partir del lunes. Este martes fueron contabilizados 75 puntos de cortes, que tienden a aumentar en las próximas horas.

(04/08/2020)

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Murillo denuncia bloqueos a camiones con oxígeno y la COB insiste en las protestas

La dirigencia laboral insiste en que el TSE revise la decisión de postergar las elecciones y mantenga la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, como dispone la Ley 1304.

/ 4 de agosto de 2020 / 13:07

Un grupo de personas hace un plantón frente el Tribunal Electoral contra la postergación de las elecciones. Foto: APG

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó la mañana de este martes que los bloqueos, especialmente en Cochabamba, impiden el paso de camiones cargados con tubos de oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19.

“Tenemos varios camiones cargados con oxígeno para llegar a Cochabamba, Oruro y pasar a Santa Cruz, incluso para venir a La Paz. No está faltando oxígeno en los hospitales.

Detalló que “hay una columna grande de camiones en la bajada de Parotani”, tomada por 100 pobladores, que “incluso están cobrando peaje”.

Ante esa situación, el ministro Murillo pidió a quienes bloquean “que dejen de ser engañados por malos dirigentes, porque donde hubo conflictos lo único que se ha incrementado es la muerte”.

Desde el lunes, organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) y el llamado Pacto de Unidad bloquean varios puntos del país en protesta por la postergación de las elecciones, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de octubre.

Conferencia de prensa del líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El corte de rutas se ahondó en Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y La Paz, en esta región hacia la frontera con Perú.

En otra conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, pidió disculpas por las consecuencias, aunque insistió en la necesidad de las protestas contra el TSE y el gobierno de Jeanine Áñez. “Discúlpennos si los estamos haciendo daño, pero hay una realidad que tiene que conocer el país; no somos locos para convocar a marchas, movilizaciones y cabildos”.

El dirigente cuestionó la falta de medicamentos, la falta de “protocolo de tratamiento” para el uso del dióxido de cloro, la ivermectina o la medicina tradicional. “Nuestra lucha es por la vida y la salud”, dijo.

Además, culpó al Gobierno de “atentar contra la educación” al clausurar el año escolar”. También es culpable y cómplice “el propio Tribunal electoral”, afirmó Huarachi.

Cuestionó que la clausura del año escolar deje sin trabajo a los profesores y que el Gobierno no haya considerado las propuestas del magisterio para salvar el año ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Quieren contentar a la población adelantando los pagos”, dijo Huarachi en relación al pago anticipado del aguinaldo de la Renta Dignidad.

La COB adelantó que las organizaciones sociales intensificarán los bloqueos, según sus datos, que actualmente abarcan 75 puntos en el país. La dirigencia insiste en que el TSE revise la decisión de postergar las elecciones y mantenga la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, como dispone la Ley 1304.

En medio de las movilizaciones, el TSE ratificó el lunes la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y reanudó el calendario electoral pendiente.

(04/08/2020)

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La resolución de Educación no establece modalidades de continuidad de clases

El comunicado del Gobierno del domingo aclara que la clausura del año escolar corresponde a unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.

/ 4 de agosto de 2020 / 12:15

Una clase vía Zoom, la plataforma más usada en la cuarentena.

El Gobierno generó una confusión el lunes sobre la continuidad o no de las labores educativas especialmente en las unidades particulares. La Resolución Ministerial 0050/2020 no especifica ninguna modalidad de clases el resto de 2020, solo dispone la clausura del año escolar.

El artículo 1 del documento firmado el 31 de julio por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, y el director jurídico de ese despacho, Alan Coronel, señala: “Disponer la clausura de la gestión educativa y escolar 2020 del subsistema de educación regular en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior”.

El comunicado difundido el domingo amplía la información y señala que la clausura del año escolar corresponde a unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Ese decir, a todo el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario.

El lunes, el ministro intentó aplacar la disconformidad y la preocupación de la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop) aclarando que las unidades educativas privadas “que tienen posibilidades de avanzar en educación” tienen que acordar con los padres de familia ese propósito y “no tienen por qué interrumpir su trabajo”.

Sin embargo, la resolución, de cuatro páginas de considerandos y solo tres artículos, no consigna esa modalidad de continuidad de las labores educativas. Por ejemplo, el artículo 2 establece cursos de nivelación para bachilleres de unidades fiscales, privadas y de convenio, y el 3, las responsabilidades de las autoridades del área en el cumplimiento de la resolución.

Y el comunicado señala para el resto del año la capacitación de docentes y para los estudiantes, sobre todo los bachilleres, “procesos formativos complementarios”.

La decisión de la clausura del año escolar fue comunicada el domingo por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en ausencia de Cárdenas, convaleciente de COVID-19.

Cárdenas dijo que “la salud ha sido el factor principal” que influyó en la decisión del Gobierno. Sin embargo, aclaró que se trata de “un cierre académico-administrativo” que “no significa que se pare la educación”.

Y aclaró que los maestros “van a seguir pagados por el Estado, pero van a invertir su tiempo en capacitación”.

La decisión de la clausura del año escolar generó preocupación en Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al gobierno de Jeanine Áñez a revisar la medida con el fin de garantizar la continuidad de las labores educativas.

La ONU también sugirió el desarrollo de programas de enseñanza a distancia más allá de las plataformas virtuales de internet.

Las clases presenciales en el país están suspendidas desde mediados de marzo, cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19.

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Al final, el fracaso de Cárdenas

/ 4 de agosto de 2020 / 09:22

El domingo, cuando el ministro Yerko Núñez anunció la clausura del año escolar, su colega de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, desde su convalecencia, se pasó el día aclarando a quienes lo “sacudían” en redes sociales que “el año escolar se cierra pero la educación continúa”, que “cerrar el año escolar no significa no estudiar”.

Había llegado el límite de su capacidad de gestionar la educación en el país con un gobierno cuestionado de origen. Semanas después de la irrupción del COVID-19 en el país se había aislado junto a otros colegas por sospecha de contagio. Estuvo buen tiempo lejos de las labores educativas mientras los profesores hacían lo (im)posible por sobrellevar la inasistencia a clases de los escolares, casi a ciegas.

Apareció luego con algún gerente de la telefónica estatal o ejecutivos y autoridades de la red estatal de medios para firmar acuerdos que —se esperaba— permitan educación por radio y televisión ante la imposibilidad de clases presenciales especialmente en el área rural.

Hasta que llegó el Día del Maestro, el 6 de junio. Ese día, en un acto muy formal, Cárdenas presentó el Decreto Supremo 4260, de educación virtual, como “regalo” para los educadores. Mientras, los niños y adolescentes del país ya estaban tres meses sin asistir a clases y sin saber qué hacer ante la carencia de políticas claras respecto de su formación educativa en un momento crítico. ¡Tres meses para conocer algo que guíe a los profesores sobre cómo encarar la educación! Tres meses sin que se haya hecho nada por ellos.

A ese tiempo perdido se sumó otro mes, cuando el 7 de julio se conoció algunas luces sobre cómo los maestros deberían ejecutar las cuatro modalidades de educación durante la cuarentena prolongada en el país.

Cuando a duras cuestas los profesores se aprestaban a ensayar una modalidad de enseñanza bajo la guía de ese reglamento, aparece Núñez, en vez de Cárdenas, apra decir que la presidenta Jeanine Áñez decidió clausurar el año escolar. La razón principal, como dijo la mandataria después, fue la salud de los escolares.

Hecho está. Esta decisión pudo ser más creíble al inicio de la emergencia sanitaria, cuando los maestros, los padres de familia y los estudiantes se preguntaban si al final se podía o no salvar el año esperando que los picos de contagio bajen y haya posibilidad de vover a las aulas. No, la clausura llegó luego de casi cinco meses perdidos sin hacer nada. ¡Y aquí no hay matices quepuedan justificar la decisión!

Fue nomás fracaso del ministro que el año pasado quiso ser presidente.

Hasta la forma del anuncio de la clausura fue improvisada: un ministro ajeno al área en el papel (si Cárdenas se pasó el día justificando en redes sociales, podía hacerlo él), sin una explicación sobre la situación de los colegios particulares y sin un decreto que diera más luces (ayer apareció el documento y no explica nada sobre cómo, por ejemplo, será la “formación complementaria” en unidades educativas privadas).

Ahora, luego de la decisión, las críticas abundaron y, como dijo Luis Fernando Camacho, fue “la graduación de los inútiles”. Si el Gobierno ya había dicho que este año “no habrá aplazados”, seguro que hay uno.

Hasta la ONU intervino en la crisis de la educación, que exhortó al Gobierno a revisar su medida en resguardo del derecho de los niños a la educación. Unicef ya había expresado también su preocupación.

Quizás sin proponérselo, la ONU hasta llamó la atención al gobierno de Áñez en sentido de que, “si bien los desafíos para ofrecer clases virtuales son significativos, es fundamental recordar que la educación vía internet no es la única alternativa de educación a distancia”. Incluso puso ejemplos de países como Chile, Perú o Ecuador que están “haciendo esfuerzos para que la educación continúe por métodos alternativos a los presenciales”. Y seguro que los hay.

¿Volver a clases no importa no presenciales? Ahora, Cárdenas y el Gobierno deberán encontrarse en el dilema.

Rubén Atahuichi es periodista

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