Sociedad

domingo 20 sep 2020 | Actualizado a 22:27

ATGen: Nuestros reactivos son de calidad y alistamos una protesta formal en Bolivia

El director del laboratorio uruguayo critica a la AISEM por haber adjudicado la compra de reactivos por un precio superior en Bs 25 millones al ofertado por su empresa. Objeta el “tecnicismo” por el cual fue descartado de la licitación.

/ 15 de agosto de 2020 / 05:14

El director de ATGen de Uruguay, Fabricio Sarlos.

La polémica se ha encendido por la adjudicación para la compra, por parte de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), del Ministerio de Salud, de 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2” para pruebas de COVID-19. La ganadora fue la empresa china Lasa Holdings, pero ofreció un precio superior en Bs 25 millones al del laboratorio uruguayo ATGen. En una entrevista radial y mediante un comunicado, el director de la entidad estatal, Hernán Pereira, deslindó cualquier irregularidad en el proceso y remarcó que la falta de garantías sobre el producto y el cumplimiento de formalidades fueron lo que definió la decisión. En exclusiva, el director de ATGen, Fabricio Sarlos habló con La Razón Digital para objetar las observaciones del Gobierno boliviano y anunció que está en camino una protesta formal.

— ¿Cómo se animó ATGen a participar del proceso de adjudicación de reactivos en Bolivia?

—  Hay una Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia que me contactó hace bastante tiempo y me preguntó si nos interesaba entrar al mercado boliviano. En un principio, pensamos en poder atender primero el mercado uruguayo, pero con lo que pasó, sí había posibilidad de atender a otros mercados. Por suerte, y con acciones y estrategias, la pandemia en Uruguay no fue tan grave como en otros países, hubo muy pocos infectados, se controló rápidamente. Aunque si bien hay algunos focos de brotes, son controlados rápidamente. El testeo de pacientes fue muy importante. Eso nos dio la posibilidad de entregar kits en otros mercados y me avisaron de esta licitación en Bolivia, que me pareció interesante. Me bajé los pliegos y lo demás ya se sabe.

— Lo que el Gobierno de Bolivia observa es la calidad, que no hay garantías…

— El laboratorio ATGen tiene 19 años y fabrica kits de tecnología molecular. Es un spin off de la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Ciencias. Pocos laboratorios en el mundo tienen tanta experiencia. Los reactivos que estamos usando en Uruguay, Paraguay y Argentina fueron desarrollados con la universidad y con el Instituto Pasteur de Montevideo.

Cuando se escucharon las primeras noticias de que el COVID-19 podía volverse en pandemia, empezamos a preocuparnos y a prepararnos. Eso fue en enero y dejamos todo listo por si hacía falta reaccionar. El 13 de marzo fue el primer caso positivo en Uruguay y de inmediato sonaron las alarmas. Junto con las medidas asumidas empezó la necesidad de los testeos, pero las empresas extranjeras tenían prioridades. Las europeas dejaron de lado las exportaciones, igual las norteamericanas, y cuando había reactivos no había equipos o al revés, eso pasó en toda América. La diferencia fue que Uruguay pudo reaccionar rápidamente porque ATGen estaba lista, y empezamos a terminar de desarrollar la parte de validación y registro de su kit. Ofreció primero el servicio y luego el kit, lo ofertó al Estado. Fue un desarrollo conjunto.

Cuando empezamos con el desarrollo en enero, tuvimos un protocolo adoptado de Estados Unidos, el que recomendaba en su momento la OMS. Nos pareció confiable y, al mismo tiempo, el Instituto Pasteur había comenzado con un protocolo distinto. Y vimos qué podíamos hacer porque había cosas interesantes de ambos proyectos. Y decidimos no hacerlo por separado, sino hacer un kit con lo mejor de cada uno. Se sumó la universidad y todo desembocó en un solo reactivo. Fue validado por la División de Laboratorios de Salud Pública de Uruguay, que tiene como finalidad el análisis de todos los reactivos, es la encargada de aprobarlos con análisis que adoptan controles internacionales. Así, esos reactivos recién pueden pasar a registro, en la parte más administrativa. Todo ese proceso se siguió con todos los reactivos de ATGen y ello nos permitió empezar a comercializarlo en Uruguay.

En Uruguay se llevan hechos unos 150.000 estudios desde el empiezo de la pandemia, hay que tomar en cuenta que es un país de 3 millones de habitantes. Este kit lo ha utilizado no solo ATGen, sino el Instituto Pasteur, que dio servicios a la parte de las entidades públicas. El Gobierno uruguayo confía tanto en nuestro reactivo que lo ha propuesto a los privados. Más de la mitad de las pruebas en Uruguay, incluso puedo calcular que dos tercios, desde marzo a la fecha, se han hecho con reactivos de ATGen. Si su calidad no fuera buena, Uruguay no tendría los números actuales, con solo 200 casos activos en todo el país.

— ¿A qué otros países distribuyen sus reactivos?

— Este desarrollo tiene un costo asociado. En nuestro caso somos una empresa privada tecnológica con mucho énfasis en recursos humanos capacitados, relativamente chica. Nuestros proyectos requieren financiamiento. En este caso fue de un fondo de convergencia, con dineros del Mercosur, aportados por países y destinados a proyectos. Eso nos da la contrapartida porque aparte de permitir finalizar el desarrollo de los reactivos con éxito, establece la provisión de un número importante para quienes los financiaron, en este caso a Argentina y Paraguay. O sea, nuestro compromiso es con este fondo y países de Mercosur. Y luego de que vimos que en Uruguay, a pesar de rebrotes, estamos mucho más tranquilos, vimos que podemos empezar a volcar nuestra producción y energía hacia otros lados. Estamos en proceso de registro en Colombia y México; nuestro interés también estaba volcado a Bolivia, pero lamentablemente quedamos eliminados.

— La comisión que calificó el proceso de adjudicación señaló que ATGen no cumplió con la entrega de las especificaciones técnicas…

— Mi experiencia con licitaciones en Bolivia es ésta y nada más. Cuando decidimos participar, lo que hice fue revisar en la página de las compras estatales, me bajé el pliego y lo analicé. Soy director de la empresa, pero muchas veces me encargo de las licitaciones, de las que me interesan, como ésta. Leí muchas veces el pliego, de principio a fin, y no es uno que pareciera complicado, es bastante lineal. Hay una parte que se llama “instrucciones” y allí en ningún lugar se menciona esto de las especificaciones técnicas como documento. Hay una serie de espacios para llenar, como autorización del fabricante… varios documentos que claramente figuran y dejan en blanco la parte para llenar.

Luego hay una parte de especificaciones técnicas, tal cual, una tabla con los ítems, sobre que los 7.000 kits de productos deben tener características como buena sensibilidad… en esencia, lo que el comprador requiere de este reactivo. Para mí, no hay espacios en blanco, solo se da la información de lo que el comprador quiere. Seguimos adelante, completé y entregué la documentación. De hecho hay documentación que no se solicitaba y la mandé igual, por ejemplo, el inserto del producto donde está toda la información técnica, no es un brochure, con las especificaciones técnicas, y lo agregué. Pensé: “estos señores cómo hacen para saber si cumplo con las especificaciones”, y lo sumé. Aparte, incluí un documento oficial de que somos empresa constituida, y hice mi oferta. Mi sorpresa fue muy grande cuando me encontré con la descalificación. Fui de vuelta al pliego para ver si me olvidé de algo. Pero de nuevo, en ningún lado dice que se debe entregar ese documento sobre especificaciones técnicas, pero ratifico que igual agregué un inserto con los datos del producto.

Incluso me planteé que tal vez hay una norma general sobre el tema y me fui a estudiar el decreto que regula compras estatales en Bolivia, pero tampoco encontré algo que dijera que el oferente tiene que entregar especificaciones técnicas, eso sí, señala que el comprador debe incluirlas, eso es lógico. Mucho menos hallé que esto sería causal de descalificación en una licitación. Aclaro, no me puedo meter en normas internas, tal vez haya otra norma, pero puedo asegurar que en el pliego esto (sobre un documento que determine las especificaciones técnicas) no está explicado.

Me comentaban que el director de la AISEM indicó que ATGen debería haber borrado y sobreescrito esa parte de las especificaciones con nuestra información. Es imposible imaginar que alguien, si no le explican en algún lado del pliego en cuestión, se diera cuenta de ello, es imposible que uno lo pueda adivinar. A mí me sorprendió mucho.

— ¿Tienen pensado hacer un reclamo o una representación sobre lo ocurrido?

— Por lo pronto, no tenemos planes de tomar acciones legales. Lo que estamos pensando es que vamos a hacer una protesta formal en los lugares donde nos parece que hay un interés sobre lo ocurrido. Creo que ante el Ministerio de Salud, el organismo que va financiar esto, que es el Banco Mundial. Vamos a hablar a calzón quitado: me parece injustificado el hecho de anular a una oferta por un tecnicismo que ni siquiera figura claramente en ninguna parte del pliego, por omisión, porque si me dijeran que está especificado, reglas son reglas. Revisé otros pliegos en Bolivia, de otras compras estatales, por ejemplo una de impresoras. Es interesante porque en cuanto al tema de las especificaciones técnicas, hay columnas para poner Sí o No sobre el cumplimiento de las especificaciones.

Pero a lo que voy, que un tecnicismo deje afuera una oferta que es $us 1,5 millones más barata que la siguiente (Entelequi ofreció Bs 32,7 millones) y Bs 3,5 millones más barata que la que se adjudicó la licitación, es algo interesante, no pasa en todos lados. Pero además, el señor Pereira, que habló en una radio, dijo al menos que la calidad técnica de los reactivos de mi empresa generaban alguna duda. Pero la empresa quedó descalificada por un tema técnico y dicen que en verdad hay un tema de fondo, pero no fue descalificada por esto, sino por un tema técnico.

— Y se señala que tampoco se cumplió con la certificación de calidad de Estados Unidos (FDA) o de la Comunidad Europea (CE)…

— Lo escuché en otros lados, no es específico de Pereira, de la AISEM o de Bolivia. Se dice que la empresa que se adjudicó la licitación tiene la garantía de un organismo internacional. Yo no sé si el señor Pereira sabe cómo funcionan estas cosas, me da la impresión que no. La FDA y la CE se basan en listados de requerimientos que debería presentar una empresa o producto para un diagnóstico. Creo que Pereira lo dice en un momento, la FDA tiene la 510(K), que es el registro de un diagnóstico in vitro para su uso en Estados Unidos, o sea, cualquier producto que uno quiera vender de registro de diagnóstico tiene que tenerlo y es muy exigente. Pero ahora, por la crisis sanitaria, lo que hace la FDA es otorgar permisos transitorios, que no son registros sino una especie de declaración del fabricante, remarco, solo declarativo.  

Nosotros, en un momento, nos planteamos la idea de sacar este permiso transitorio de la FDA, porque sabemos que muchos países de la región, lamentablemente, lo piden, pero ojo, por desconocimiento total, porque pretender o pensar que hay una garantía de la calidad por presentar una certificación declarativa de la FDA, que casi cualquiera con un poco de conocimiento lo pudiera llenar y lo presenta, qué valor real tiene; la FDA ve el check list y da permiso.

Lo que hace Uruguay sobre reactivo de diagnóstico, sobre todo los que tienen relevancia (como un test de COVID, hepatitis, etcétera), y hace lo mismo que la FDA, exige que uno entregue la documentación correspondiente: el check list declarativo y si el reactivo es de otro país, una declaración del propio país de que este reactivo es permitido para su venta. Y así sea que el producto sea hecho en Estados Unidos, Alemania, si el gobierno no avala ello, Uruguay no lo acepta. Pero además, aunque tenga ese certificado de libre venta, igual ese reactivo va a pasar por el control de la Dirección de Laboratorios de Salud Pública, que analiza el reactivo; o sea, esto no es declarativo; a partir de ese momento se hace un testeo real, con un panel y se verifica que el reactivo funciona. Eso vale, no el certificado transitorio de la FDA o del CE.

Capaz que los reactivos que van a comprar en Bolivia sean maravillosos, no tengo idea, ¿pero saben qué? Están confiando en un certificado que es declarativo. Es el error de conceptos gigantescos que tiene el señor Pereira, que me da pena porque realmente para mí las personas que están con ese poder de decisión, deberían manejar criterios más serios.

— ¿Y se puede afirmar que los reactivos no puedan encajar con los laboratorios en el país o con los que se pueda adquirir, tal como señaló el director de la AISEM?

— Es absurdo. En las especificaciones técnicas que exige el comprador, es decir la AISEM, se establece que los reactivos sean compatibles con alguno de los tres equipos que ellos mencionan. No son equipos extraños, se usan en todo el mundo, aunque faltan dos para decir que son los cinco que se emplean en todo el planeta. En ATGen tenemos cuatro de esas cinco. Y los tres que mencionan como necesarias las usamos habitualmente. Eso que dice Pereira que tal vez los reactivos no puedan funcionar en sus equipos, es tan absurdo que rayan en desconocimiento de la tecnología molecular o en un absurdo completo, no sé.

— ¿Habla de una protesta formal, con qué intención, revertir la decisión?

— Sinceramente no tengo experiencia sobre cómo funcionan las compras estatales en Bolivia. Escuché al señor Pereira de que es un proceso cerrado. No tengo ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar, pero sí me interesa lo que está ocurriendo, que se sepan las cosas. Me parece bueno para cualquiera que se sepa que se van a pagar $us 3,5 millones más por algo que puede ser peor, mejor o igual, no sabemos. Que para llegar a esa decisión se alega un tecnicismo y luego se lo retira, y se intenta poner un manto de dudas sobre la calidad del producto, cuando es fácilmente comprobable y se puede recurrir a una prueba.

Aquí hago un paréntesis si hablamos de tecnicismos. Cuando en las especificaciones se habla de que se debe presentar una certificación internacional, “como” de la FDA. Nosotros presentamos como certificación internacional, que sí la tenemos, la ISO13485, que es una norma específica de calidad para dispositivos médicos, equipos, reactivos y diagnóstico. Y la CE, para emitir su certificación se basa en esta ISO. Es la que presentó la otra empresa (Lasa Holdings) y no está en el pliego. Es la prueba definitiva de que el tema de la calidad es muy relativo.

Presentamos un certificado ISO que es base de la CE y no la aceptaron, pero sí aceptaron a una empresa que puso el certificado CE que básicamente es idéntico. Entonces para mí está mal que se basen en eso, aunque si igual se basan en ello para la adjudicación, hemos cumplido, o al menos en las mismas condiciones que cumplió el adjudicado.

— Pero qué buscarán con la protesta formal

— La queja formal, creo no es bueno callarse. Si hay algo mal hecho, se debe levantar la voz y explicarlo, para que le sirva al siguiente, para que el señor Pereira aprenda algo y, la vez, que a la siguiente lo haga mejor, y eso le sirva mucho a la gente de Bolivia, porque capaz va a pagar un sobreprecio desmedido por una cosa que podían conseguir más barata. Y además, hablando de calidad, sabe qué va a pasar cuando algo salga mal con los reactivos de China, va a ser muy complicado porque no se va a tener a alguien para preguntar. ¿Y sabe lo que pasa con un reactivo de Uruguay?  Que se tiene a todo el equipo, todos a disposición de ustedes, y eso no va a pasar. De los errores se aprende y espero que se pueda aprender por allá.

— ¿Puede simplificar en una oración lo que significa esto?

— Muy complicado. Para nosotros, esto es una oportunidad perdida de dar una mano al pueblo boliviano.

(15/08/2020)

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José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

El director de Human Rights Watch para América Latina, Jsoè Miguel Vivanco. Foto: La Voz de América

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

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Morales: ‘Ganamos las elecciones y al día siguiente retorno por Yacuiba a Bolivia’

El expresidente participó en un acto en Caraparí (Tarija); con tono triunfalista señaló que la última encuesta de ‘Tu voto cuenta’ indica que el candidato del MAS ganará en primera vuelta.

/ 18 de septiembre de 2020 / 14:37

Evo Morales, en la capital argentina, Buenos Aires.

En un acto de campaña en Caraparí, Tarija, el expresidente Evo Morales, refugiado político en Argentina, anunció que si el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, gana las elecciones el 18 de octubre, al día siguiente volverá a Bolivia.

Con tono triunfalista, Morales se refirió a la última encuesta de “Tu voto cuenta”, realizada a 16.000 personas en el país, que ratificó como posible ganador a Arce, incluso eludiendo la segunda vuelta con una preferencia de 40,3%, sin tomar en cuenta votos nulos, blancos y “No saben/No responden”.

“Estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar ahora, ganamos las elecciones y al día siguiente estoy entrando por Yacuiba (Tarija) a Bolivia, retornando”, señaló el exmandatario mediante un contacto vía telefónica.

“Nuevamente vamos a ganar en primera vuelta. Una encuesta de la derecha boliviana dice, aquí la tengo, Lucho con 40,3% y (Carlos) Mesa con 26,2%. Y lo más interesante, ganamos en Tarija. El año pasado, en las elecciones del 20 de octubre perdimos por poco en Tarija”.

Morales se encuentra refugiado en Argentina tras su renuncia del 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para su dimisión, y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude electoral.

“Aprovechar esta oportunidad, unidos y organizados, organizados y movilizados, todo por nuestros recurso naturales, hay que defender las nacionalizaciones y profundizar la industrialización. Hay que acelerar la campaña, informar a los compañeros que están dudando todavía, (sobre) los datos económicos del neoliberalismo y de los 14 años que gobernamos”, añadió Morales.

(18/09/2020)

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Preocupado, el Ministerio de Salud alerta que la población baja la guardia en las medidas contra el COVID-19

Señala que la flexibilización en los municipios por la etapa del posconfinamiento ha puesto en alerta al Comité Científico que asesora al Gobierno.

/ 16 de septiembre de 2020 / 20:29

El posconfinamiento trajó consigo mayor movimiento social y económico en la ciudad de La Paz.

Por Miguel Gómez

El Ministerio de Salud emitió este miércoles un comunicado en el cual expresa su preocupación y alerta que la población está dejando de lado las medidas de prevención contra el COVID-19, por la flexibilización en la etapa del posconfinamiento que fue aprobado por el Gobierno desde el 1 de septiembre.

“En el caso de nuestro país, el Comité Científico de asesoramiento al Ministerio de Salud, manifiesta su preocupación y alerta a la opinión pública que debido a la flexibilización de las medidas de contención, la población está relajando la adopción de medidas preventivas, tales como el uso apropiado de las máscaras de protección facial (barbijos), el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y mantenerse en sus domicilios, si no son necesarias las salidas”, señala un comunicado de la entidad gubernamentales.

(Noticia en desarrollo)

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Excanciller González vuelve a encabezar la misión electoral de la OEA en Bolivia

En octubre de 2019 fue quien expresó, a nombre la OEA, su preocupación por el cambio de tendencia en los resultados, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta, alimentando la tesis del fraude.

/ 16 de septiembre de 2020 / 19:58

El excanciller Manuel González, jefe de misión de la OEA en Bolivia. Foto: APG

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este miércoles que enviará una Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, nuevamente a la cabeza de Manuel González, excanciller de Costa Rica, quien sembró dudas en los comicios del año pasado y alimentó la tesis del fraude electoral de los opositores del entonces presidente Evo Morales.  

Mediante una nota de prensa, el organismo electoral dirigido por el uruguayo Luis Almagro, señala que “la Misión estará integrada por más de 30 expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, medios y redes sociales, voto en el extranjero, y participación política de pueblos indígenas, además de observadores en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y, para dar seguimiento al voto en el exterior, en Argentina, España y Estados Unidos”.

Además, indica que por la emergencia sanitaria del COVID-19, la comitiva “implementará un esquema que le permitirá recopilar la información en el terreno y combinará componentes presenciales y virtuales para facilitar la interacción entre los principales actores de la elección y analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso”. El grupo base, junto a González, llegará a Bolivia en los días previos a las justas electorales y, durante su estancia, se reunirá con autoridades gubernamentales, electorales, representantes de partidos y de la sociedad civil.

Un día después de los comicios del 20 de octubre de 2019, González dio una conferencia en la que, a nombre de la OEA, manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”, que daban como ganador a Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con una diferencia que le permitía eludir la segunda vuelta con relación a su principal contendor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

El informe alimentó el discurso del fraude, y luego vinieron las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Morales renuncie, lo cual sucedió el 10 de noviembre, luego que la OEA emitiera una auditoría preliminar que volvió a hablar de un fraude en la votación, estudio que fue rebatido por entidades internacionales.

Según la nota de prensa de este miércoles, “González tiene una larga trayectoria como político, diplomático y académico. Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 2014 a 2018 y ministro de Comercio Exterior de 2004 a 2006, además de embajador ante Naciones Unidas de 2002 a 2004”.

(16/09/2020)

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Áñez ratifica que declarará este miércoles emergencia nacional por los incendios

No descarta pedir ayuda internacional. Abrogará el DS 3973 que permite ampliar la frontera agrícola con quemas y chaqueos.

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:23

La presidenta candidata Jeanine Áñez, en un acto público. Foto: ABI

Con una visita a la Chiquitanía cruceña, la presidenta transitoria Jeanine Áñez ratificó que este miércoles declarará emergencia nacional por los incendios forestales y no descartó ayuda internacional, además que abrogará el Decreto Supremo 3973 del anterior gobierno, que permite la ampliación de la frontera agrícola mediante las quemas y los chaqueos.

“Hoy estaré en la Chiquitanía. Estamos trabajando con todo para frenar el fuego y recurriremos a ayuda internacional, si es necesario. También hoy declaramos emergencia nacional y anulamos el decreto de Evo que permitía las quemas. Sabemos enfrentar crisis y vamos frenar el fuego (sic)”, escribió la Mandataria en su cuenta de Twitter.

Los incendios forestales afectan principalmente a Santa Cruz. El martes, el Ministerio de Defensa instaló un centro para luchar contra este problema en Charagua, el municipio más afectado. Hasta el fin de semana se reportaron 32.086 focos de calor, de los cuales 14.498 se encontraban precisamente en el departamento cruceño. Otra región afectada es Beni.

Uno de los casos que más preocupa es el avance de las llamas en el parque nacional Noel Kempff Mercado, donde ya se consumieron centenares de hectáreas, aunque según el Gobierno todavía no ingresaron a áreas boscosas. Además, no se descartó el empleo de hidroaviones para contener los incendios forestales, con ayuda internacional.  

(16/09/2020)

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