Sociedad

jueves 28 oct 2021 | Actualizado a 16:27

Tras denuncias de presunto sobreprecio, Salud suspende la compra de reactivos COVID-19

El Gobierno optó presumiblemente por unos insumos Bs 25 millones más costosos que los ofertados por la firma uruguaya ATGen SRL. El Ministerio de Salud iniciará una investigación.

La ministra de Salud, Eidy Roca, en una conferencia de prensa pasada. Archivo La Razón

/ 15 de agosto de 2020 / 21:18

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) determinó paralizar el proceso de compra de reactivos para pruebas COVID-19, tras la denuncia de un supuesto sobreprecio en la adquisición de los insumos a la firma china Lasa Holding.

«AISEM comunica que ha tomado la decisión de suspender el proceso de contratación hasta realizar una nueva verificación y evaluación detallada de toda la documentación y las propuestas. Por responsabilidad y transparencia vamos a determinar si hubo una irregularidad o si la denuncia carece de fundamento, en cuyo caso nos reservamos el derecho de iniciar un proceso contra la empresa denunciante», explicó la ministra de Salud, Eidy Roca.

La autoridad aclaró que el proceso de adquisición aún no fue concluido, por lo que antes de la suscripción del contrato se insistirá en una revisión de toda la documentación y pormenores de la licitación para compra de reactivos, abierta el 30 de julio.

«He instruido a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud realizar la evaluación del proceso en el marco de las normas vigentes, a objeto de contrastar y verificar la información aportada por AISEM y de esta manera garantizar la transparencia de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud y sus diferentes instancias», dijo en rueda de prensa.

La empresa uruguaya ATGen SRL fue una de las 15 que se presentaron al proceso de licitación, que en su primer ítem especifica 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2”, con un precio referencial unitario de Bs 10.000, es decir, en total Bs 70 millones.

ATGen SRL planteó un precio total de Bs 22,8 millones, mientras que la firma china Lasa Holdings, Bs 47,3 millones, Bs 25 millones más. En la lista figura otro planteamiento bajo, de Entelequi, con Bs 32,7 millones. Al final, 13 de las 15 compañías dieron sus precios para adjudicarse el ítem, de acuerdo con los documentos a los que accedió La Razón Digital.

Roca reiteró que, según el informe de la AISEM, la empresa ATGen SRL no fue elegida debido a que carecía de la certificación de calidad internacional FDA, de Estados Unidos o CE de la Unión Europea. Sin embargo, en entrevista exclusiva con La Razón, el director de la firma uruguaya, Fabricio Sarlos, aclaró que sus productos cuentan con garantías de calidad y que los citados avales no serían necesarios.

«Por la crisis sanitaria, lo que hace la FDA es otorgar permisos transitorios, que no son registros sino una especie de declaración del fabricante, remarco, solo declarativo. Nosotros, en un momento, nos planteamos la idea de sacar este permiso transitorio de la FDA, porque sabemos que muchos países de la región, lamentablemente, lo piden, pero ojo, por desconocimiento total, porque pretender o pensar que hay una garantía de la calidad por presentar una certificación declarativa de la FDA, que casi cualquiera con un poco de conocimiento lo pudiera llenar y lo presenta, qué valor real tiene; la FDA ve el check list y da permiso», declaró Sarlos.

El ejecutivo informó que la empresa cuenta con 19 años de experiencia y que desarrolló los reactivos con la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Pasteur de Montevideo.

«Cuando en las especificaciones se habla de que se debe presentar una certificación internacional, ‘como’ de la FDA. Nosotros presentamos como certificación internacional, que sí la tenemos, la ISO13485, que es una norma específica de calidad para dispositivos médicos, equipos, reactivos y diagnóstico. Y la CE, para emitir su certificación se basa en esta ISO. Es la que presentó la otra empresa (Lasa Holdings) y no está en el pliego. Es la prueba definitiva de que el tema de la calidad es muy relativo.Presentamos un certificado ISO que es base de la CE y no la aceptaron, pero sí aceptaron a una empresa que puso el certificado CE que básicamente es idéntico», observó el director.

AISEM también argumentó que ATGen SRL no cumplió con todos los documentos requeridos, pero esta observación también fue negada por la firma, que informó que estudió el proceso para cumplir con los pormenores.

Ante esta controversia, la Defensoría del Pueblo se pronunció y solicitó que la Contraloría General del Estado realice una revisión del proceso. Ésta es la segunda vez en medio de la emergencia sanitaria en que AISEM se ve envuelta en denuncias de presunto sobreprecio, el primer caso fue el de supuesta corrupción en la compra 170 respiradores.

(15/08/2020)

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La ABT reporta desescalada de focos de calor, Santa Cruz es el más afectado

No se descarta que gente inescrupulosa esté detrás del incendio en el Tunari, Cochabamba. Se realizan investigaciones.

El incendio del fin de semana en el Tunari, Cochabamba. Foto: APG

/ 25 de octubre de 2021 / 12:26

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó una disminución progresiva de los focos de calor en el país este año, la mayor parte del territorio afectado por los incendios corresponde al departamento de Santa Cruz.

«En cuanto a los focos de calor podemos mencionar que del 2019, al 2020 y 2021 estos están disminuyendo de manera gradual. Estamos en una decreciente respecto a los focos de calor. Las áreas quemadas en Bolivia al 21 de octubre de 2021 son 3.085.658 hectáreas, el departamento más afectado es Santa Cruz», explicó en La Razón Radio el director general de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT, Saúl Morón.

De acuerdo con las cifras presentadas por Morón, de las 3 millones de hectáreas quemadas, 1,9 millones corresponden a Santa Cruz, el 62% de lo afectado; y 873.000 a Beni, el segundo departamento más afectado, con 28% del total.

El director explicó que en 2019 las hectáreas quemadas alcanzaron a 5.305.512; en 2020 a 5.021.820, mientras que en esta gestión, a la fecha, las 3 millones reportadas se constituyen en una «reducción considerable».

Este año, «El 31% pertenece a áreas quemadas en tierras boscosas que serían 963.000 hectáreas y áreas sin bosque son 2.122.611 hectáreas».

El último incendio fue reportado el fin de semana en el Parque Tunari, de Cochabamba, el que ya fue controlado y detrás del cual se sospecha que hay personas inescrupulosas. El director admitió que las investigaciones son difíciles.

«Hay personas que provocan los incendios, nosotros hemos realizado investigaciones como en San Matías (Santa Cruz), donde incluso los pobladores no dan datos, se conoce por debajo quiénes podrían ser, pero no se da información».

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La Defensoría observa revictimización y manejo poco responsable del caso de niña violada y embarazada

La víctima, de 11 años, fue agredida sexualmente por el padre de su padrastro, por lo cual lleva un embarazo de alto riesgo. Su familia decidió que continúe con la gestación. La Defensoría expresó su alarma por la intervención de la Iglesia.

/ 25 de octubre de 2021 / 09:19

La Defensoría del Pueblo criticó el manejo de medios de comunicación, de personal de la Defensoría de la Niñez y el de salud, ante el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada tras ser agredida sexualmente por el padre de su padrastro en Yapacaní, Santa Cruz, hecho en el cual, considera, hubo un manejo poco responsable y de revictimización.

En el manejo mediático del hecho, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que «en vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo a la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar», según una nota institucional.

La Defensoría considera que también hubo problemas en la atención y respuesta que dio el personal de la Niñez y Adolescencia, además del de salud del municipio para atender a la víctima, que finalmente continuará con la gestación, por decisión de su familia.

«Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo) , y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”.

La intervención de la Iglesia también fue motivo de «alarma» para la Defensoría. Poco antes de que se conociera que la niña seguirá con el embarazo, la Arquidiócesis de Santa Cruz compartió un extenso comunicado y se manifestó en contra del aborto y ofreció «acogida y atención». Para la Defensoría, este «apoyo temporal» puede incurrir en acciones fuera de la ley en relación a la guardia y la adopción ilegal.

«En cumplimiento de la Sentencia 206/2014, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos bajo el principio de Estado Laico, en el marco del artículo 66 de la Constitución y de las recomendaciones internacionales de protección de los derechos humanos”.

Las niñas y adolescentes deben tener la posibilidad de tomar la decisión, de manera oportuna e informada para proteger su salud e integridad física, recordó la Defensoría. La ILE puede incluso salvar la vida de una niña, pues la institución recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el riesgo de morir y de problemas de salud derivados del embarazo es mayor en niñas menores de 15 años.

La víctima lleva un embarazo de alto riesgo de 21 semanas, la interrupción de la gestación estaba contemplada, empero, un documento firmado por la madre frenó la intervención.

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Salud confirma que 6,8 millones de dosis contra el COVID-19 siguen sin usar

Existe preocupación por el ritmo bajo que existe en algunas regiones, el Ministerio de Salud anunció evaluaciones para plantear nuevas metas.

El traslado de vacunas en el PAI nacional. Foto: Álvaro Valero

/ 19 de octubre de 2021 / 10:46

Mientras el plan de vacunación contra el COVID-19 da nuevos pasos hacia una más amplia cobertura de la población, más de seis millones de dosis permanecen sin ser administradas en las cámaras de frío de los nueve departamentos y miles están con riesgo de caducidad.

«De acuerdo con los datos que vamos registrando en los centros de salud y puntos de vacunación, existen 6,8 millones de dosis disponibles para poder utilizar, quiere decir que las vacunas están en el país, no se las está utilizando y es necesario poder verificar algunas estrategias», indicó la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, este martes en La Razón Radio.

En la víspera, el ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió que alrededor de 700.000 dosis están por expirar hasta fin de mes, no obstante afirmó que se tomarán todas las medidas para evitar nuevas pérdidas, como la que sucedió en Pando.

Con ese fin, se planifica optimizar su uso en la administración de dosis de refuerzo a la población que así lo requiera y ya cumplió dos meses desde que completó su esquema regular.

«De acuerdo con los estudios del Reino Unido se ha demostrado que las personas con enfermedades de base, por ejemplo, son las que requerirían una tercera dosis, en ese sentido es que se ha determinado realizar este tipo de vacuna para poder complementarla con una primera y segunda dosis», dijo Hidalgo.

Salud prevé una evaluación detallada del avance de la vacunación en cada región, para evaluar el trabajo de los servicios departamentales de Salud (SUS) y plantear nuevas estrategias que les permitan acelerar el uso de las más de seis millones de dosis estancadas.

La cobertura en primera dosis en el país no supera el 63% y en segunda es de poco más del 50%.

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En el país se desecha 142.000 toneladas de plásticos al año

“Se estima que el 5% de los desechos plásticos termina en botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua, contaminando la naturaleza”, señala el informe “Producción, uso y disposición final de los plásticos de un solo uso en Bolivia”, de WWF.

/ 19 de octubre de 2021 / 10:25

Una bolsa, bombilla o botella pueden parecer inofensivas y parte de las compras cotidianas, pero en realidad forman parte de una gran cadena de residuos plásticos que se desechan en al menos 142.000 toneladas cada año en diferentes sitios del país.

“Considerado que el plástico aporta alrededor de 11% al total de desechos sólidos, se estarían llegando a casi las 142.699 toneladas de plástico desechado al año en Bolivia”, señala el informe Producción, uso y disposición final de los plásticos de un solo uso en Bolivia, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

De esta cantidad, no toda precisamente es desechada de manera adecuada ni queda en un relleno sanitario, según los datos de este estudio ejecutado este año por Servicios Ambientales SA. “Se estima que el 5% de los desechos plásticos termina en botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua, contaminando la naturaleza”.

El reciclaje o reutilización del plástico tampoco se constituye aún en una práctica recurrente entre la población; las encuestas realizadas para el estudio en los municipios de El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad encontraron que la mayoría de las personas, luego de usar el plástico, todavía lo desecha directamente.

“Este es el dato más impactante, el 34% lo reutiliza y solo el 19% lo está llevando a centros de acopio, hay un montón de la población que no está participando de eso, necesitamos en general conciencia, hay mucha gente que lo está haciendo y hay que movilizar a más”, explicó en contacto con La Razón Samuel Sangüeza, representante en Bolivia del WWF.

El problema del consumo de plástico parece lejos de acabar tanto en el país como en el mundo, la situación se ha visto incluso agravada con la pandemia del COVID-19, que en algunos casos incrementó el uso de objetos de este material.

“Los productos que aumentaron su uso a causa de esta emergencia principalmente están relacionados a polímeros o plásticos de un solo uso, que en Bolivia al igual que en el resto del mundo son: barbijos, envases y vasos de poliestireno para el transporte de alimentos, trajes plásticos de bioprotección, máscaras protectoras,  guantes plásticos desechables,  botellas plásticas con desinfectantes (y) residuos hospitalarios plásticos”, subraya el estudio.

Sin embargo, aunque erradicar el uso de este elemento parece imposible y requiere un abordaje integral por la cantidad de empleos que genera, instituciones como WWF apuestan por una ola de conciencia en la población para optimizar el uso y promover su desecho adecuado.

Sangüeza explicó que el abordaje de esta problemática debe ir de la mano con una promoción de las consecuencias de la utilización desmedida y sin responsabilidad del plástico en el medio ambiente, que se estima tarda en degradarse entre 150 y 400 años. Además, los diferentes niveles de gobierno pueden aportar con normas e incluso incentivos para la economía circular con el reciclaje.

“La población del mundo va a seguir creciendo y si realmente no cambiamos la forma en que consumimos y cómo utilizamos el plástico, pues vamos a asfixiar mucho más al planeta, hay todo un tema de microplásticos que están también en la cadena alimentaria”, detalló el especialista.

WWF propone una acción conjunta con la educación, los sectores públicos y privados, y la sociedad civil. “Como organización, hemos lanzado el reto de alcanzar una naturaleza positiva al 2030; esto incluye lograr reducir a la mitad la huella de producción y consumo”, sostuvo Sangüeza.

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En el país ya se aplicaron 45.963 dosis de refuerzo, desde este martes el beneficio se amplía

Santa Cruz y Cochabamba muestran los mejores avances en la inmunización de la tercera dosis, que desde este martes se aplica a todos los que cumplieron dos meses tras completar su esquema.

/ 19 de octubre de 2021 / 08:49

Una semana después de sus primeros suministros, la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 llegó a 45.693 personas en todo el país, mayores de 60 años y con enfermedades de base, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.

Cochabamba, el primer departamento en dar paso a esta medida, registra el mejor avance con 17.518 dosis administradas hasta este lunes; le siguen Santa Cruz con 11.788; La Paz, 6.213; Chuquisaca, 4.236; Tarija, 2.248; Potosí, 1.418; Oruro, 1.238; Beni, 795 y Pando 500.

El lunes de la pasada semana el Gobierno dio luz verde a la aplicación por primera vez en el país de la dosis de refuerzo, también denominada tercera dosis. Hasta este lunes el beneficio fue solo para los mayores de 60 años y enfermos crónicos; empero desde este martes todos los vacunados que ya cumplieron dos meses desde que completaron su esquema pueden acceder a esta.

El Ministerio de Salud espera inmunizar al menos 700.000 personas con el refuerzo, que se suministra en modalidad heteróloga, es decir, que no debe ser necesariamente del mismo tipo de vacuna con el cual se completó el esquema regular. La tercera dosis se aplicará hasta fin de este mes, informó la cartera estatal.

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