A dos días de conocerse públicamente la denuncia de una presunta adjudicación irregular de reactivos PCR para COVID-19, el Ministerio de Justicia estableció que el trámite fue legal y no hay un sobreprecio.
Documentos a los que accedió La Razón revelan que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), del Ministerio de Salud, adjudicó la compra de reactivos para pruebas de COVID-19 a une empresa china que las ofertó por $us 25 millones más con relación a un laboratorio uruguayo.
En respuesta a la denuncia, AISEM explicó que “no se adjudicó la compra a esa empresa, aunque sus precios eran bajos, por una razón muy importante: el producto que ofreció esta empresa NO tiene las garantías de calidad necesarias”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó que recibió informes de AISEM y Transparencia que señalan, en su criterio, que no hubo ni irregularidades ni sobreprecio. “Ya he recibido el informe de Transparencia y de la AISEM, y no existe ninguna irregularidad o ilegalidad jurídica, ni tampoco un sobreprecio en esto (porque) habían propuestas mucho más altas”, dijo este domingo.
“Vamos a presentar este informe en las próximas horas a la Presidencia para establecer de manera clara que no hubo irregularidades en el proceso de contratación”, adelantó.
De acuerdo con los documentos a los que accedió La Razón, el proceso de adjudicación se abrió el 30 de julio y 15 empresas presentaron su cotización para los ítems requeridos. El primer ítem se refiere a 7.000 reactivos “kit SARS-COV-2”, con un precio referencial unitario de Bs 10.000, o sea, en total Bs 70 millones.
Tras la apertura de propuestas, el laboratorio uruguayo ATGen SRL planteó un precio total de Bs 22,8 millones, mientras que la firma china Lasa Holdings, Bs 47,3 millones, es decir, Bs 25 millones más. En la lista figura otro planteamiento bajo, de Entelequi, con Bs 32,7 millones. Al final, 13 de las 15 compañías dieron sus precios para adjudicarse el ítem.
El sábado, AISEM suspendió temporalmente la compra de los insumos, según anunció la misma ministra de Salud, Eidy Roca.
El sábado, la Defensoría del Pueblo pidió a la Contraloría General del Estado intervenir en el caso.
(16/08/2020=