Sociedad

domingo 25 oct 2020 | Actualizado a 21:05

La Justicia otorga 10 días al Gobierno para generar un plan de retorno a clases

La Sala Constitucional Primera de La Paz anuló la resolución del Ministerio de Educación de clausurar el año escolar a partir del 31 de julio.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al salir de la audiencia de acción popular. Foto: Roberto Guzmán

/ 19 de agosto de 2020 / 17:05

La Sala Constitucional Primera de La Paz emitió este miércoles un fallo a favor de la acción popular presentada en rechazo a la clausura del año escolar y dio un plazo de 10 días al Órgano Ejecutivo para que genere mecanismos que garanticen la continuación de la educación en el país.

«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos», expresó la diputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien presentó la acción popular.

El año escolar fue clausurado a partir del 31 de julio y, aunque el Ministerio de Educación sugirió a los maestros que tengan las posibilidades a continuar con clases complementarias el resto del año, autoridades e instituciones como la Defensoría del Pueblo observaron que esto podría significar que el acceso a la educación ya no ocurra en condiciones de igualdad.

«A partir de hoy hay un plazo de 10 días para convocar, en el marco de la Ley Avelino Siñani, a los actores del proceso educativo, magisterios urbano y rural, padres de familia de públicas y privadas y estudiantes para poder generar una política pública integral a fin de que se garantice el acceso a la educación (…). Ojalá se pueda considerar a quienes están en educación alternativa y especial, aquellos niños y adolescentes huérfanos que están en centros de acogida y a aquellos que son parte de pueblos indígenas», explicó la defensora del pueblo, Nadia Cruz.

Uno de los argumentos para el cierre del año escolar es que no existían las condiciones óptimas para el desarrollo de clases virtuales y que el retorno a las presenciales sería un peligro para la salud, pero Cruz aclaró que este fallo no significa exponer a los estudiantes ni obligarlos a volver a las aulas.

«Acá el Tribunal ha dicho que no se va a arriesgar ni el derecho a la vida ni a la integridad. El magisterio rural, que logró hacer una exposición, explicó que la educación no solo se puede hacer con el retorno a las clases presenciales, es decir, que aquí nadie ha planteado atentar contra la vida (…), lo que el Tribunal ha señalado es que tomando en cuenta la realidad se implemente una política pública integral», dijo Cruz.

La Defensora puso como ejemplos iniciativas municipales como la de Achocalla, donde se pudo usar la radio para articular a las unidades educativas y llegar así a los hogares de los estudiantes. Aunque el Ministerio de Educación informó en repetidas ocasiones antes de la clausura que se haría un convenio con los medios estatales para planificar clases a distancias, éste no se concretó.

«La Sala ha generado hoy jurisprudencia muy importante para nuestro país, al resguardar a través de una acción popular el derecho a la educación, que como han mencionado estaba siendo lesionado por el Órgano Ejecutivo. Como Defensoría del Pueblo, convoco al Ministro de Educación, a su Viceministro a cumplir el fallo; no podemos esperar, como dijeron sus subordinados, a que pase la pandemia o que haya una vacuna para garantizar la educación en el país», indicó la Defensora.

Otra observación hecha durante la audiencia fue que la decisión de clausurar el año escolar no fue respaldada por una ley o un decreto.

Las clases presenciales en el país fueron suspendidas en marzo y luego de dos meses, en junio, fue presentado el Decreto Supremo 4260 para regular las clases en las modalidades a distancia y virtual, así como presencial y semipresencial que no se podían concretar por la pandemia.

Maestros y padres de familia observaron el Decreto Supremo y lo rechazaron porque, según indicaron, no cumplía con todas las necesidades de la educación en medio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, después de tres jornadas de diálogo fallidas, el Ministerio de Educación ratificó la norma y semanas después ordenó la clausura de la gestión escolar.

Instituciones como Unicef y la Organización de Naciones Unidas (ONU) observaron su decisión e incluso invocaron al Gobierno a reconsiderarla.

(19/08/2020)

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La lucha contra la pandemia en La Paz será reforzada con 28 ventiladores hechos en Bolivia

Los dispositivos médicos de asistencia respiratoria Mambu, desarrollados por la Universidad Católica Boliviana, con apoyo de la empresa Quantum, fueron donados por la Cooperación Suiza al Sedes.

La entrega de los equipos al Sedes de La Paz. Foto: Roberto Guzmán.

/ 30 de septiembre de 2020 / 19:24

Son 28 ventiladores Mambu (Mechatronic Ambulatory Medical Breathing Unit), fabricados en el país por expertos bolivianos, los que serán distribuidos en los hospitales y redes de salud de La Paz, para ayudar al tratamiento de los pacientes con COVID-19 y otras patologías, gracias a una donación de la Cooperación Suiza realizada este miércoles.

“Es una gran satisfacción para el Servicio Departamental de Salud (Sedes), para la Gobernación y para el sistema de salud en conjunto. Es una producción nacional, hecho por ingenieros nacionales y que definitivamente va a servir para salvar vidas”, expresó el director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez.

Los dispositivos médicos de asistencia respiratoria fueron desarrollados desde marzo por expertos de la Universidad Católica Boliviana (UCB), con apoyo de la empresa Quantum; luego de demostrar su efectividad para brindar el soporte ventilador a pacientes e incluso servir para los traslados; el 14 de septiembre, el Ministerio de Salud, mediante Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), le entregó el certificado de aprobación.

En La Paz se prevé que serán de gran ayuda, sobre todo en el área rural, pues con este soporte automatizado se puede mantener con vida a un paciente con problemas respiratorios mientras viaja hasta un hospital.

“Unos cuantos equipos fueron al Hospital de Clínicas, y el resto va a los municipios, a todos los niveles, altiplano, valles y también en Los Yungas; entonces creemos que vamos a tener una buena cantidad de municipios y de centros de salud que tengan este equipo”.

(30/09/2020)

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El COED determina rastrillajes masivos en los municipios de La Paz y El Alto

La habilitación del Hospital del Sur aún sufre demoras, mientras decenas de personas duermen en puertas de centros médicos en espera de acceder a una cita médica o prueba de COVID-19.

El alcalde Luis Revilla, al terminar la reunión del COED La Paz de este miércoles. Foto: Roberto Guzmán

/ 23 de julio de 2020 / 00:12

En una reunión de emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó la ejecución rastrillajes masivos en las ciudades de La Paz y El Alto para la identificación de contagios de COVID-19, ante la preocupante propagación de casos en ambos municipios.

«Se ha determinado que en el curso de los siguientes 10 días se va a planificar un rastrillaje masivo, en el caso de las ciudades de La Paz y El Alto, y también esto va a significar entregar a la población medicamentos en aquellas familias en que se identifique que tengan algunos síntomas o algún riesgo», explicó el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Se prevé la entrega de unos 100.000 paquetes de fármacos en los rastrillajes. «Se va a planificar en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía en el curso de este fin de semana para establecer exactamente la cantidad de zonas, donde se empezará y terminará», indicó.

Una de las prioridades de la reunión fue considerar la habilitación del Hospital del Sur, de la ciudad de El Alto, para reforzar la atención de la pandemia, pues los centros centinelas están al máximo de su capacidad. Sin embargo, este trabajo aún sufre demoras.

«Desgraciadamente, hay una burocracia que se ha mantenido durante mucho tiempo, lo tenemos que decir (…). Nosotros teníamos la última información que era por las unidades de terapia intensiva, pero no es así, éstas ya están así, que es solo un problema de burocracia, de papeles y administrativos, que están perjudicando a la emergencia que tenemos en el área de salud», indicó la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.

Hospital de Sur

Revilla informó que el plazo máximo para que este nosocomio empiece a funcionar sería el 2 de agosto; este jueves está prevista una inspección. Por otro lado, entre 10 a 15 días se espera que la clínica cubana El Colaborador empiece a recibir al personal de salud que resultó infectado con el COVID-19.

El ministro de Defensa e interino de Salud, Fernando López, estuvo presente en la reunión e informó que este jueves se instalará una Sala de Situación entre las autoridades de ambos municipios y las departamentales, para generar estrategias para la atención de la pandemia en La Paz, que este miércoles lideró nuevamente el registro de nuevos casos de COVID-19 en el país.

En tanto, en ambos municipios la situación es cada día más preocupante. En un recorrido por la sede de Gobierno, La Razón constató que a las 23.00 de este miércoles ya había filas en el Policlínico 9 de Abril, de la Caja Nacional de Salud (CNS), donde las personas se preparaban con frazadas y carpas para pasar la noche con la esperanza de acceder a una cita médica o prueba de coronavirus para el jueves, pues los pacientes se organizan por grupos para solicitar las limitadas fichas.

«Necesito la segunda prueba, que me digan si soy positivo o no para ir a trabajar y obtener mi certificación», contó una de las personas en la fila.

(22/07/2020)

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La primera jornada de diálogo entre maestros y Cárdenas concluye sin acuerdos

Los representantes del Magisterio Rural pidieron garantías y se mantienen firmes en sus demandas de abrogación del Decreto Supremo 4260 y la renuncia del Ministro de Educación.

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los maestros, en el colegio Don Bosco, La Paz. Foto: Ministerio de Educación

/ 13 de julio de 2020 / 21:58

La primera jornada de diálogo entre el Ministerio de Educación y los magisterios urbano y rural concluyó sin acuerdo y con posiciones encontradas sobre las vías de resolución del conflicto.

Por un lado, los representantes del magisterio rural expresaron su necesidad de garantes y la abrogación del Decreto Supremo 4260 para firmar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno, mientras que por otro, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, destacó “los avances” y se mostró optimista de llegar a prontos consensos.

“Hemos exigido que esté presente otro Ministro, porque el magisterio rural exige la renuncia del ministro Cárdenas, por todos los argumentos ya expuestos y la abrogación del Decreto Supremo 4260”, explicó un representante de los maestros rurales, Félix Ramos.

Dicho sector pidió también la presencia de la Defensoría del Pueblo, la prensa, representantes de Derechos Humanos y todos los grupos involucrados, incluidos los padres de familia, para firmar un acuerdo. Por lo pronto, pidió un cuarto intermedio para analizar lo conversado y retomar el diálogo este martes.

Cárdenas, por su parte, no se negó a invitar a otro ministro para interceder en el proceso y destacó la definición de una agenda”. “Ésta toca exclusivamente temas educativos, como la educación virtual, su implementación, el Decreto Supremo 4260, acceso a internet y existencia de computadoras y celulares”, dijo.

En tanto, la marcha que emprendieron los maestros rurales el viernes desde el municipio de Lahuachaca, continúa su avance y este lunes llegó hasta Senkata, en la ciudad de El Alto. El sector mantiene su estado de alerta y, ante la falta de un consenso, no descarta continuar y endurecer las medidas de presión en todo el país.

A las 17.00 de este martes se prevé que el diálogo se reanude en La Paz.

(13/07/2020)

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