Juez le responde al Gobierno que fallo no obliga a la vuelta a clases presenciales
Israel Campero calificó de arbitraria e improvisada la determinación del Ministerio de Educación de clausurar el año escolar por la pandemia. Advirtió de responsabilidades penales si no se entrega en 10 días un plan gubernamental para el retorno a clases.
Después de la ola de críticas y amenazas del Gobierno contra el fallo que anuló la clausura del año escolar, el juez Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, aclaró que la sentencia no exige el retorno de las clases presenciales y advirtió que debe ser acatada bajo el riesgo de responsabilidades penales.
La incertidumbre rige en el sistema educativo nacional, ya que el Ejecutivo difundió la versión de que la decisión implica la vuelta de las clases presenciales y que ello no será posible mientras esté vigente la emergencia sanitaria por el coronavirus. Además, anunció una querella contra los jueces del tribunal paceño y un recurso ante el Tribunal Constitucional.
O sea, para el Gobierno transitorio la última palabra no está dicha. Eso no es todo. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, calificó el fallo como político y lo atribuyó a una maniobra del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras siguen las críticas al Ejecutivo por la determinación de la clausura y la falta de una política educativa durante la pandemia.
La sentencia del tribunal paceño le da 10 días a Cárdenas para que presente un plan para la reanudación de las labores escolares. La Sala Constitucional se pronunció luego de dos acciones populares presentadas por la diputada Lidia Patty, del MAS, y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en defensa del derecho a la educación consagrado en la Constitución.
En entrevista con Erbol, el juez Campero se ratificó en el fallo y remarcó que es “totalmente falso” que éste determine el retorno a las aulas en el país. “Jamás se dispuso ello, sería una irresponsabilidad que un tribunal de garantías atente contra la salud y la vida de nuestros niños; se dispuso que el nivel central del Estado provea una política que garantice el ejercicio de este derecho, pero no el ingreso a las aulas educacionales”.
Remarcó que la clausura asumida el 2 de agosto por el Ministerio de Educación fue arbitraria e improvisada, con una resolución, cuando este tipo de restricciones se deben hacer mediante una ley. Consideró poco serio el argumento de que la “situación había sobrepasado las posibilidades y que no había medios para garantizar el derecho educativo”, según Erbol.
Asimismo, advirtió que si Cárdenas no cumple con el plazo de 10 días para presentar un plan integral para el retorno a clases, se generarían responsabilidades penales, ya que la sentencia debe ser cumplida más allá de la revisión solicitada al Tribunal Constitucional.
Sobre las acusaciones de su cercanía con el MAS, específicamente con el exministro Héctor Arce, afirmó que fue funcionario de la Cámara de Diputados y la Vicepresidencia, pero ello no está entre las causales de excusa para ocupar su actual cargo. Y dejó en claro que ingresó al tribunal paceño tras haber obtenido la mayor nota del examen de competencia en La Paz.
(21/08/2020)
