Sociedad

martes 22 sep 2020 | Actualizado a 09:07

Cárdenas, al ratificar el cierre del año escolar: El TCP dilucidará quién tiene la razón

Se estrelló de nuevo contra jueces y los acusó de ser “operadores del MAS”. El tribunal ordenó al ministro que presente un plan para la reanudación de labores escolares.

/ 2 de septiembre de 2020 / 13:29

La conferencia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Foto: Roberto Guzmán

“Político”, así catalogó de nuevo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, al fallo que ordenó la presentación de un plan para la reanudación de labores educativas, tras la decisión del cierre del año escolar por la pandemia del coronavirus, que recibió una ola de críticas. La autoridad indicó que se espera el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para zanjar el problema.

Dijo que para su cartera, sigue vigente la resolución asumida por la crisis sanitaria. “El año escolar empezó en febrero y terminó en julio, en términos administrativos y académicos. A partir de agosto, los centros educativos pueden hacer cursos de formación complementaria, como lo hacen el sector privado y algunos fiscales, bajo acuerdos con los padres de familia y solamente bajo la modalidad virtual y a distancia”, remarcó, en una conferencia de prensa.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una sentencia, el 19 de agosto, que no exige al Gobierno el retorno a las clases presenciales, pero le obliga a elaborar, en un plazo de 10 días, una propuesta para la reanudación de las labores educativas. El tribunal se pronunció luego de dos acciones populares presentadas por la diputada Lidia Patty, del opositor MAS y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Tras la sentencia, el presidente de la Sala Constitucional, el juez Israel Campero, catalogó como arbitraria e improvisada la determinación de Cárdenas, con una resolución, cuando este tipo de restricciones se deben hacer mediante una norma. Asimismo, advirtió que si el ministro no cumple con el plazo para entregar el planteamiento solicitado, se generarían responsabilidades penales, más allá de la revisión solicitada al Tribunal Constitucional.

Este miércoles, Cárdenas afirmó que esa resolución no tiene un criterio jurídico, sino político. “Porque los abogados que hicieron eso son del MAS, todos. Por eso este fallo es político, estamos en un conflicto jurídico que en poco tiempo se va a dilucidar, para ver quién tiene la razón. Hemos recusado a ambos vocales (Campero y José Antonio Eguino). Ellos deberían separarse de este proceso y no dirigir esta sala por cuestiones interesadas y parcializadas”.

El ministro explicó que el proceso instaurado es por prevaricato. “No vamos a dejar tranquilos a estos operadores del MAS. Estamos preparados para cualquier escenario y ratificamos nuestra resolución”. Sostuvo que las clases virtuales y a distancia continúan, y que se impulsan las plataformas para ello y la capacitación de los maestros. “Cuando derrotemos al coronavirus volverán las clases presenciales”, complementó la autoridad gubernamental.

Sobre las acusaciones de su cercanía con el MAS, específicamente con el exministro Héctor Arce, ya anteriormente Campero confirmó que fue funcionario de la Cámara de Diputados y la Vicepresidencia, pero aclaró que ello no está entre las causales de excusa para ocupar su actual cargo. Y dejó en claro que ingresó al tribunal paceño tras haber obtenido la mayor nota del examen de competencia en La Paz.

(02/09/2020)

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Con procesos en la Justicia, Reyes Villa dice ahora que volverá antes del 18 de octubre

El exprefecto se fue hace tres semanas a Estados Unidos, apenas se reactivó un proceso por supuesta corrupción, en el cual se determinó su arraigo. Días después fue beneficiado por un “desarraigo judicial”.

/ 22 de septiembre de 2020 / 08:34

Manfred Reyes Villa, cuando retornó en enero al país.

Manfred Reyes Villa abandonó intempestivamente el país, nuevamente, el 1 de septiembre, en medio de la reactivación de un proceso por supuesta corrupción y el arraigo dictado por un juez en Cochabamba. Se benefició de un “desarraigo judicial” y se fue a Estados Unidos. A tres semanas de ello, señaló ahora que volverá antes de las elecciones del 18 de octubre.

“Los 15 o 20 procesos que tengo son políticos. Yo retorné en enero, luego salí de nuevo por la boda de mi hija”, señaló el exlíder del desaparecido Nueva Fuerza Republicana (NFR). Cuando se fue hace 10 años, lo hizo asfixiado por los juicios y sentencias por irregularidades en su gestión como prefecto cochabambino. Volvió en enero con la intención de quedarse, afirmó.

Sin embargo, la demanda de mala administración en la construcción de la represa Kecoma, con un proceso que ya se alista para el juicio oral, provocó, en agosto, que un tribunal de sentencia determine su arraigo y que se presente cada 15 días ante la autoridad fiscal y tener dos garantes. Por ello sorprendió que días después Reyes Villa obtenga un “desarraigo”.

Primero dijo que se ausentaba por motivos de salud, luego se lo vio en fotos en la boda de su hija. “Para mis detractores y perseguidores políticos a quienes les molesta que alguien tenga mérito por trabajar de verdad: mi salida del país es temporal, no se hagan ilusiones ni fantasías con mi ausencia, yo regresé a #Bolivia para quedarme, les guste o no (sic)”, escribió en Twitter.

Este martes, en una entrevista con la Red ATB, ratificó su posición de que todos los procesos en su contra son políticos. “Estaré muy pronto en Bolivia, estaré la subsiguiente semana, para llegar el 18 de octubre en el reinicio de la democracia”. Y ratificó su apoyo a la candidatura del exdirigente cívico cruceño Luis Fernando Camacho, de Creemos. “Es un proyecto nuevo”.

Reyes Villa volvió en enero, tras 10 años y en medio de sentencias y juicios abiertos en su contra. “El que nada hace, nada teme, por eso estoy aquí”, dijo a su retorno, decisión que tomó al igual que otros políticos autoexiliados que se declararon perseguidos en el gobierno de Evo Morales, como el exprefecto tarijeño Mario Cossío o el excívico cruceño Branko Marinkovic.

El excandidato presidencial tiene al menos 15 procesos en contra por casos que involucran a su gestión prefectural, de los cuales siete cuentan con sentencia condenatoria y están pendientes de ser ejecutados, según los datos que la Gobernación de Cochabamba, por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, entre otros.

Los delitos que pesan sobre el exprefecto por el caso de la represa Kecoma son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Está en la mira por la modificación de un contrato sin el aval de un consejo técnico, durante su gestión como máxima autoridad de Cochabamba, lo que derivó en una represa con bastantes deficiencias, con un supuesto daño económico al Estado.

Ante el viaje de Reyes Villa, el Gobierno salió de inmediato a aclarar que no hay nada ilegal. El director de Migración en Cochabamba, Samir Aliss, confirmó que el excandidato tenía la autorización judicial para tramitar un “desarraigo temporal”, por lo cual no tenía ningún impedimento para abandonar el país, según una nota de la agencia estatal ABI.

“Es importante mencionar que aquí no funcionan las llamadas de castigos o amenazas de quienes gobiernan, pues hay independencia de los poderes», indicó el funcionario, que ratificó lo dicho por el director general de Migración, Marcel Rivas, quien sostuvo anteriormente que Reyes Villa no tenía un arraigo en su contra a la hora de partir hacia Estados Unidos.

(22/09/2020)

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El Gobierno advierte que devolución de aportes a las AFP hará insostenible el pago futuro a jubilados

Señala que en 14 años se pagó una rentabilidad muy baja a las AFP y que el impacto de una medida de este tipo impactaría en las jubilaciones futuras.

/ 22 de septiembre de 2020 / 07:42

Una de las protestas para exigir la devolución de aportes a las AFP, en La Paz. Foto: APG

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, advirtió este martes que una devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) haría insostenible el pago futuro de las jubilaciones para las personas que recurran a este retiro, en medio de protestas que exigen esta medida y el debate que se realizará en la Asamblea Legislativa.

El problema de esto “es el impacto que tendría en jubilaciones futuras. En 14 años de gobierno del MAS se pagó un interés muy bajo a las AFP, porque le convenía al MAS (Movimiento al Socialismo). Bajó mucho lo que van a recibir (los beneficiarios)”, y tomar esta decisión, “en muchos casos haría insostenible en el futuro el pago a estas personas”, dijo a la Red Uno.

El Movimiento de Emergencia Nacional por la devolución de los aportes de las AFP realiza movilizaciones en ciudades. Hay al menos cuatro proyectos de ley que apoyan esta medida con diferentes porcentajes. Uno de ellos, de Edwin Rodríguez, senador disidente de Unidad Demócrata (UD), plantea que los desempleados accedan al 100% de sus aportes.

Precisamente el Gobierno respondió anteriormente a Rodríguez sobre su propuesta. El asambleísta informó en julio que el Ejecutivo expresó su objeción porque, primero, se debe hacer una consulta con la Central Obrera Boliviana (COB); segundo, la devolución puede afectar a las jubilaciones colectivas y, tercero, el dinero está invertido en el sistema financiero.

A comienzos de mes, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, instó al Gobierno y el Legislativo definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen la devolución de aportes a las AFP ante el desempleo generado por la crisis por el COVID-19, asegurando que esta situación no menoscabe el actual sistema de seguridad social a largo plazo.

“Si bien la institución defensorial está de acuerdo con la devolución de aportes a aquellas personas que lo requieran, considera que la citada devolución no puede ser realizada al 100%, y el porcentaje debe guardar una relación entre la devolución y la sostenibilidad del sistema de pensiones; sin embargo, estos parámetros y cualquier medida, deben ser producto de un diálogo sincero, bajo conceptos netamente técnicos que no contengan sesgos políticos”.

Añadió que esta medida no debe beneficiar a los ciudadanos que actualmente cuentan con una renta, como tampoco las prestaciones de salud que perciben bajo su jubilación. Indicó que se requiere de un debate obligatorio que deben asumir el Legislativo y el Ejecutivo frente a la necesidad económica que enfrentan familias como resultado de la inestabilidad laboral.

(22/09/2020)

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Murillo admite que sugirió a Áñez la destitución de Cabrera y lo vincula con el MAS

El exprocurador del Estado apuntó al ministro por su destitución, tras oponerse a la “privatización” de ENDE y denunciar que Murillo no entrega informes sobre la polémica compra de gases lacrimógenos.

/ 21 de septiembre de 2020 / 16:12

El exprocurador José María Cabrera y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Cuatro días después de la denuncia de José María Cabrera, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió este lunes que sugirió a la presidenta interina, Jeanine Áñez, la destitución del procurador del Estado, a quien acusó de tener reuniones secretas con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y oponerse a la firma de la devolución de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a la Empresa de Luz y Fuerza Electrica de Cochabamba (ELFEC).

“Podría decirse que puse mi gotita de arena porque el procurador general ha tenido reuniones secretas con los del MAS y lo peor que ha hecho y ha molestado es contradecir a la instrucción presidencial de devolver las acciones de ELFEC, robadas el 1 de mayo de 2010 (en el gobierno de Evo Morales). Jamás se pagó ni un peso por las acciones ni se devolvió nada habiendo un decreto supremo que ordenaba devolver y hacer una evaluación. No se nos devolvió nada a los cochabambinos que son los verdaderos socios. Se nos robó y se nos secuestró”, dijo Murillo en el programa Antes del Mediodía.

“En febrero de este año le expliqué el problema a la Presidenta y me dijo que es correcto que se haga la devolución y el 20 de febrero lo anunció. El 14 de septiembre dio el regalo (a Cochabamba) y dijo que ordenó que se haga el decreto y se las devuelva. El procurador cursó eso tratando de hacer quedar mal a la Presidenta y esto no se puede permitir. Este señor está trabajando con otros intereses y dije ‘este señor debería irse a su casa’, y ella me dijo ‘totalmente de acuerdo y va a ser removido’. Cómo no voy a sugerirle si trabaja para intereses de otros partidos y no de la gente que lo puso. Claramente está buscando hacer daño al Gobierno”, añadió.

Cabrera fue destituido mediante un decreto presidencial, luego que expresó su oposición a la firma de la devolución de acciones a ELFEC porque supondría una “privatización” que afectaría los intereses del Estado. Además, denunció que el ministro Murillo se opone a entregar informes sobre la supuesta compra irregular de equipos no letales y gases lacrimógenos.

Ante ello, señaló que Murillo está detrás de su destitución y lo sindicó de incumplir la Constitución y las leyes. Al respecto, el ministro de Gobierno negó cualquier vinculación con el contrato de adquisición de los gases lacrimógenos, tema que es investigado.

(21/09/2020)

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El Gobierno se resiste y presenta ante el TCP recurso contra bono de Bs 1.000

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP.

/ 21 de septiembre de 2020 / 14:49

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, este lunes. Foto: ABI

El pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 sigue en el limbo. El Gobierno presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley que puso en vigencia ese beneficio. A la par, ratificó que no hay recursos para su cancelación, y que para aplicar el financiamiento establecido en la normativa debe haber una “renegociación”.  

“Vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del bono porque está vulnerando la Constitución Política al usurpar funciones en relación a la independencia y separación de poderes (…), el Movimiento Al Socialismo (MAS) está utilizando (ese bono) meramente para actos partidarios, sin financiamiento y eso es lo terrible de este caso», informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP, que debería apuntar a una abrogación. Aparte, Alanoca acusó al MAS de crear este bono con afanes desestabilizadores y remarcó que solo el Gobierno puede negociar el destino de los préstamos de organismos internacionales.

El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, dio luz verde a la propuesta de su candidato presidencial, Luis Arce, para el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, condicionará la entrega del Bono Salud de Bs 500 a que los asambleístas aprueben el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El préstamo fue objetado por falta de “transparencia” sobre su destino e intereses, según la oposición, que dejó su tratamiento para el Legislativo que sea elegido en los comicios del 18 de octubre. Además, tras la promulgación de la norma, hecha por la presidenta de la Asamblea, Eva Copa (MAS), ante el silencio de Áñez, se determinó que el beneficio de Bs 1.000 sea solventado con créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alanoca aclaró que la norma es inaplicable porque, tal como expresaron el BID y el BM mediante cartas, no pueden financiar algo que no fue negociado anteriormente, ya que ese dinero tiene un destino definido.  

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que si se acepta el uso de esos préstamos en el pago del bono, se debería iniciar una “renegociación” con las entidades internacionales involucradas. Pero este “tema toma su tiempo y tampoco podría cumplirse dicha ley”, advirtió la autoridad.

(21/09/2020)

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Comisión legislativa anuncia juicio contra el ministro Murillo y el comandante Salvatierra

Ambas autoridades no asistieron al informe ante la comisión mixta, por las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019.

/ 21 de septiembre de 2020 / 12:46

La represión en la localidad cochabambina de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019.

La comisión especial mixta que investiga las masacres en Sacaba y Senkata revolvió este lunes iniciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a la Asamblea Legislativa para brindar información sobre la violencia poselectoral de noviembre del año pasado.

“Comisión Especial Mixta de la #ALP resuelve iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a brindar información sobre las masacres de Senkata y Sacaba”, informó la Cámara de Senadores en su cuenta de Twitter.

Ambas autoridades deben brindar informes sobre los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía de noviembre, cuando fallecieron más de una veintena de civiles, en los conflictos posteriores a los comicios del 20 de octubre.

(21/09/2020)

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