“Político”, así catalogó de nuevo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, al fallo que ordenó la presentación de un plan para la reanudación de labores educativas, tras la decisión del cierre del año escolar por la pandemia del coronavirus, que recibió una ola de críticas. La autoridad indicó que se espera el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para zanjar el problema.
Dijo que para su cartera, sigue vigente la resolución asumida por la crisis sanitaria. “El año escolar empezó en febrero y terminó en julio, en términos administrativos y académicos. A partir de agosto, los centros educativos pueden hacer cursos de formación complementaria, como lo hacen el sector privado y algunos fiscales, bajo acuerdos con los padres de familia y solamente bajo la modalidad virtual y a distancia”, remarcó, en una conferencia de prensa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una sentencia, el 19 de agosto, que no exige al Gobierno el retorno a las clases presenciales, pero le obliga a elaborar, en un plazo de 10 días, una propuesta para la reanudación de las labores educativas. El tribunal se pronunció luego de dos acciones populares presentadas por la diputada Lidia Patty, del opositor MAS y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Tras la sentencia, el presidente de la Sala Constitucional, el juez Israel Campero, catalogó como arbitraria e improvisada la determinación de Cárdenas, con una resolución, cuando este tipo de restricciones se deben hacer mediante una norma. Asimismo, advirtió que si el ministro no cumple con el plazo para entregar el planteamiento solicitado, se generarían responsabilidades penales, más allá de la revisión solicitada al Tribunal Constitucional.
Este miércoles, Cárdenas afirmó que esa resolución no tiene un criterio jurídico, sino político. “Porque los abogados que hicieron eso son del MAS, todos. Por eso este fallo es político, estamos en un conflicto jurídico que en poco tiempo se va a dilucidar, para ver quién tiene la razón. Hemos recusado a ambos vocales (Campero y José Antonio Eguino). Ellos deberían separarse de este proceso y no dirigir esta sala por cuestiones interesadas y parcializadas”.
El ministro explicó que el proceso instaurado es por prevaricato. “No vamos a dejar tranquilos a estos operadores del MAS. Estamos preparados para cualquier escenario y ratificamos nuestra resolución”. Sostuvo que las clases virtuales y a distancia continúan, y que se impulsan las plataformas para ello y la capacitación de los maestros. “Cuando derrotemos al coronavirus volverán las clases presenciales”, complementó la autoridad gubernamental.
Sobre las acusaciones de su cercanía con el MAS, específicamente con el exministro Héctor Arce, ya anteriormente Campero confirmó que fue funcionario de la Cámara de Diputados y la Vicepresidencia, pero aclaró que ello no está entre las causales de excusa para ocupar su actual cargo. Y dejó en claro que ingresó al tribunal paceño tras haber obtenido la mayor nota del examen de competencia en La Paz.
(02/09/2020)