El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, denunció que al gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro, le prohibieron las visitas.

“El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, lo amenazó y le dijo que le iban a quitar ciertos beneficios, es día de visitas, y se ha cumplido la amenaza”, afirmó el funcionario.

A través de la cuenta Camacho, la Gobernación de Santa Cruz difundió las declaraciones de Suárez, en las puertas del penal ubicado en Viacha, en el departamento de Santa Cruz.´

«Cámara espía»

La semana pasada, uno de los abogados defensores del gobernador, Martín Camacho, presentó a los medios de información una cámara de video supuestamente instalada en la celda del líder regional.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó el extremo y afirmó, con base a un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que en la celda no había ni cámara ni cableado.

Sin embargo, consideró que una investigación establecerá si la denuncia de Camacho es veraz o no.

Mientras, la esposa de Camacho, Fátima Jordán, presentó el miércoles una denuncia por acoso sexual, a raíz del caso, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

«Amenazas»

Suárez consideró que la prohibición de visitas al gobernador es parte de las “amenazas”. “Le han violentado sus derechos, el gobernador no está pudieron recibir visitas”, insistió.

“No me han dejado ingresar hoy (al penal), siendo que es día de visitas”, lamentó.

Suárez consideró que “ésta es una nueva forma de amedrentar para que el gobernador se calle”. “Se equivocan, el gobernador no lo va a hacer, no se va a callar; lo conocemos perfectamente”.

“Mientras más le aprieten, él más va a hablar”, dijo el funcionario, quien consideró que, con esa actitud del Gobierno, el país sufre un “tinte dictatorial”.

El caso

La Razón intentó sin éxito comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para conocer su versión. Dicha oficina aún no expresó posición alguna sobre la denuncia.

Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, dos días después de su aprehensión en Santa Cruz.

Acusado en el caso Golpe de Estado I, referido a los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019, el gobernador es acusado por el delito de terrorismo en grado de autor.

Deberá guardar cuatro meses de prisión preventiva, esto mientras duren las investigaciones del caso.

Van a disculpar que se me corte la voz”, decía la senadora Jeanine Áñez la tarde del 11 de noviembre de 2019, cuando en las gradas de la Asamblea Legislativa se quebraba en llanto al anunciar la lectura de las renuncias (del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García).

“No podemos estar maltratándonos; yo les pido, por el amor de Dios, que cese la violencia”, clamaba en su aparición pública como inminente sucesora de Morales, que había renunciado día antes en Chimoré.

Para entonces, la crisis poselectoral había dejado tres fallecidos en enfrentamientos entre ciudadanos civiles: uno en el puente Huayculi de Sacaba, Cochabamba (Limbert Guzmán), y dos en Montero (Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra).

Esa noche, a las 19.40, en un video publicado en varios medios televisivos, Áñez decía que la Policía Boliviana había sido rebasada por el conflicto y que ameritaba que las Fuerzas Armadas coordinen tareas de contención de las movilizaciones. “Si hay una persona que cae después de esta solicitud que he recibido (…), es de su entera responsabilidad”, conminaba al comandante de la institución, William Kaliman.

Más tarde, en un operativo conjunto de ambas fuerzas en Sacaba, Cochabamba, Miguel Ledezma moría con un impacto de bala. “La hora del óbito fue alrededor de las 21.00”, dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violación de derechos humanos y la violencia en 2019.

Al día siguiente, en Betanzos (Potosí), en otra represión militar, en coincidencia con la proclamación de Áñez en la Asamblea Legislativa, Miguel Jarata moría también con un impacto de bala.

Cada una de esas muertes debe ser investigada con los insumos ofrecidos por el GIEI, “del bando que sea”, como diría Áñez la tarde de ese lunes. Y, en el caso de las muertes de esa noche y de la siguiente, las fuerzas de seguridad tienen que responder por ellas, y la autoridad civil que los mandaba.

Instalada en el gobierno, Áñez tuvo que repeler las protestas en su contra y en reivindicación del depuesto Morales. Junto con su gabinete, apeló al Decreto Supremo 4078 para la intervención de las movilizaciones. La norma disponía que las Fuerzas Armadas “participe en los operativos de restablecimiento del orden”. Lo que es grave, definía que el personal militar “estará exento de responsabilidad penal”.

Con carta blanca para matar, los militares, en operativos conjuntos con la Policía Boliviana, comenzaron a reprimir las protestas al día siguiente de la promulgación del decreto. Una decena de campesinos fue asesinada a bala en el puente Huayllani, en Sacaba. El GIEI incluso estableció que en el caso de algunas muertes hubo ejecuciones judiciales, por más que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, haya intentado desviar la atención diciendo que los movilizados se mataron entre sí.

Cuatro días después, el 15 de noviembre, la matanza se repitió en Senkata, El Alto. Otra decena de asesinados a bala. Y el libreto del entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI calificaron a la matanza de masacres.

El asesinato es un delito que no prescribe, más de parte del Estado. Una eventual acción penal debe definir la sanción. Y un implicado en los hechos de esta naturaleza no puede considerarse perseguido político.

Áñez y su gabinete, además de los militares y policías, están implicados en las masacres; deben responder por ellas.

En atención a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, el Ministerio Público investigó los hechos y encontró responsabilidades. Así, el Tribunal Supremo de Justicia planteó una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, la principal implicada.

El trámite no prosperó —a pesar de la solicitud de Áñez a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición legislativa— debido a las objeciones políticas. Así, el juicio estaba en vilo.

Un juez dispuso el traslado del caso específico Senkata a la vía ordinaria. La cuestionada decisión genera debate político y hasta riesgo de nulidad del fallo.

Más allá de eso, la reparación judicial es necesaria; hay responsables visibles. Hay responsables de las masacres; uno a uno debe purgar por ellas en la cárcel, y no se trata de perseguidos políticos, sino de culpables de disponer la vida de inocentes.

Rubén Atahuichi es periodista.  

Un reo de Chonchocoro, Andre Luis Xavier Da Rocha, logró fugar luego de una balacera en el Hospital de Clínicas de La Paz. La Policía ha montado un operativo para su recaptura.

El recluso, de nacionalidad brasileña, aparentemente fue ayudado por otros dos ciudadanos que lo esperaban en uno de los patios del nosocomio, cerca del Área de Traumatología.

Según el reporte que conoció La Razón, el sargento Domingo Chávez resultó herido en la cabeza y su camarada Nelson Choque Álvarez, en la parte abdominal; ambos por arma de fuego.

El incidente ocurrió este martes, aproximadamente a las 09.00, cuando el recluso, implicado en delitos de narcotráfico, se encontraba bajo “orden de salida judicial”.

Aparentemente, el recluso huyó en una motocicleta, ayudado por uno de sus cómplices, según imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital de Clínicas.

Inmediatamente, la Policía Boliviana montó un operativo para lograr la recaptura de Andre Luis Xavier Da Rocha.

Los dos policías gravemente heridos son atendidos de emergencia en el mismo Hospital de Clínicas.

La salud de la expresidenta Jeanine Áñez tuvo una “mejora sustancial” y ayuda mucho a su estado su interacción con sus compañeras del penal de Miraflores, donde guarda detención preventiva y una sentencia.

La información fue develada en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien se limitó a señalar datos generales sobre la reclusa.

“Ella se encuentra estable, ha habido una mejora sustancial de cuando ingresó a ahora, por el trabajo de nuestra área médica”, destacó Limpias, que recordó que la mujer continúa con mismo trato diferenciado de antes.

Diferencia

Describió que todos los días come comida traída por su familia desde fuera del penal, recibe periódicamente visitas de sus abogados y familiares y su saluda es monitoreada las 24 horas por sus médicos.

“Hay un espacio de confianza” con ella, dijo Limpias.

La ayudó también “la interacción que hay con las demás privadas de libertad, es una forma también de integrarse a la población”.

Aprehendida el 13 de marzo de 2021 en las afueras de Trinidad, Áñez guarda detención en el penal paceño desde el 15 de marzo de ese año, acusada principalmente por los casos Golpe de Estado I y II.

Sentencia

El 10 de junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019.

Ese caso se llama Golpe de Estado II, referido a la sucesión de Áñez sobre el dimisionario presidente Evo Morales, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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En el caso Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, busca la sanción penal por los hechos ocurridos antes de la caída de Morales. Áñez ha sido imputada en este caso.

Foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, el principal implicado es el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz y el ahora gobernados de Santa Cruz. Por este caso, Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Es acusado por el delito de terrorismo en grado de autor, mientras que Áñez fue imputada por delitos de conspiración y terrorismo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aludió este domingo a la crisis de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y llamó a asumir los errores y defender los aciertos.

“El rol del militante de este proceso es asumir con mucha responsabilidad los errores y defender con mucha vehemencia los aciertos”, dijo en un hilo de cuatro tuits.

Ajeno al diferendo entre el gobierno de Luis Arce, el expresidente Evo Morales y la dirección nacional del MAS, Rodríguez no se involucró en la crisis interna del oficialismo y se mantuvo distante de los cruces altisonantes.

Asistencia

En sujeción a los protocolos, en los actos del aniversario del Estado Plurinacional, el 22 de enero, se lo vio junto al presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el titular de la Cámara de Senadores, Jerges Mercado.

Aunque Morales había cuestionado la indiferencia del Gobierno con él para los actos, como impulsor de la fecha festiva, participó de la celebración en Buenos Aires, Argentina, lejos de la agenda oficial.

Rodríguez, muy cercano a Morales, había estado ausente de la celebración del Día de la Revolución Democrática y Cultural, a mediados de diciembre del año pasado, en Sacaba. Morales había presidido los actos.

Ausencia

“Lamentablemente no pudimos llegar a la gran concentración por la responsabilidad que teníamos de estar presentes en el XIV Congreso de la Federación Mamoré Bulo Bulo”, se justificó Rodríguez el 19 de diciembre.

El senador llegó el sábado a San Lucas, en Nor Cinti, Chuquisaca, donde participó de “Taller de formación y Fortalecimiento de Liderazgo de la Juventud de la Región Cinteña”.

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Su llegada a ese municipio causó algarabía. “Estamos muy sorprendidos y agradecidos por el cariño y aprecio con el que las hermanas y hermanos” me recibieron, dijo.

Debemos “tener presente y mucha conciencia cómo nuestros padres y abuelos han abierto el sendero de la revolución que ahora los jóvenes podemos transitar en plena estabilidad”, reflexionó.

Rodríguez, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico, presidente por segundo periodo consecutivo la presidencia de la Cámara de Senadores.