Sociedad

sábado 31 oct 2020 | Actualizado a 08:29

En tres meses, se reporta la cifra más baja de contagios diarios de COVID-19: 419

El 8 de junio fue registrado el número más bajo de la pandemia en el país, 306. La tasa de recuperados hasta la fecha alcanza al 68,2% en todo el país.

El reporte del Ministerio de Salud de este sábado.

/ 19 de septiembre de 2020 / 22:47

El 8 de junio, el Ministerio de Salud reportó 306 casos de COVID-19. Desde esa fecha, los casos nunca fueron menores a esa cifra, ni a la de este sábado: 419. La caída de casos de contagios es notoria, pero Tarija no cede, sumó 194 pacientes este día.

En total, el país registra 130.470 casos de coronavirus, a diferencia de 89.032 recuperados, que implica una tasa de recuperación de 68,2%. Y con los 7.586 fallecidos, la tasa de letalidad es de 5,8%.

Después de los números altos de Tarija de hoy, están La Paz (94), Santa Cruz (53), Chuquisaca (34), Cochabamba (14), Potosí (13), Oruro (12) y Beni (5).

Santa Cruz reportó el mayor número de muertes, 19; seguido de La Paz (6), Cochabamba (5), Tarija (4) y Beni (2).

Los últimos cinco picos de más 1.000 casos diarios de COVID-19 fueron reportados el 9 de septiembre (1.037), el 28 de agosto (1.280), el 21 de agosto (1.370), el 19 de agosto (2.031) y el 18 de agosto (1.796). El pico más alto de la pandemia en el país se produjo el 18 de julio, con 2.036 casos.

Coincidente con esas cifras en meseta, el país ingresa a la tercera semana de posconfinamiento, con la reapertura de varias actividades económicas y la vuelta a la “nueva normalidad” con la ampliación de horarios de circulación peatonal y vehicular.

(19/09/2020)

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‘Guilloché’: el TSE sale al paso ante susceptibilidades por el certificado de sufragio

En las redes sociales decenas de usuarios comenzaron a cuestionar al diseño, que, en su criterio, representa, a Venezuela.

La explicación gráfica del TSe sobre el guilloché.

/ 30 de octubre de 2020 / 16:21

En las últimas horas, decenas de usuarios en las redes sociales hicieron correr el rumor en sentido de que los certificados de sufragio tenían un símbolo subliminal vinculado a Venezuela. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo que salir al paso para explicar el diseño.

A través de una imagen, el organismo explicó que eso que algunas personas susceptibles y desinformadas consideran que se trata de un mensaje oculto es, en realidad, un “guilloché”.

¿Qué es un guilloché? Es una técnica de decoración en relojería, “de patrones de diseño complejos y repetitivos” para lograr precisión en los aparatos.

Pero el TSE explicó que se trata de “un diseño de seguridad con figuras geométricas complejas y repetitivas”.

En el documento que el domingo 18 de octubre recibieron los votantes, ese diseño está ubicado de fondo al recuadro donde están inscritos los datos del ciudadano, en forma de estrella marina.

Otra medida de seguridad es código QR, que muestra el registro de empadronamiento biométrico.

Además, el certificado de sufragio tiene una “tinta invisible”, que “no es perceptible a simple vista” y es “solo visible con luz ultravioleta”.

Luego de las elecciones, sectores políticos radicales cuestionaron la legitimidad de las elecciones que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó con el 55,1% de los votos, al considerar que hubo «fraude».

El “guilloché” ya comienza a ser la palabra más pronunciada en las redes sociales.

(30/10/2020)

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Juicio por las masacres de Sacaba, Senkata y más: Áñez y otros nombres y delitos

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, también deberán ser investigados en juicio ordinario por los delitos de genocidio, asesinato y desaparición forzada de personas, entre otros.

Víctor Borda, titular de la comisión legislativa, presenta el informe sobre Sacaba y Senkata: Foto: Álvaro Valero-La Razón

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el informe conclusivo de investigaciones sobre los sucesos ocurridos a partir del 21 de octubre de 2019 en Ovejuyo, Montero, Senkata, Sacaba, y Betanzos, en los que la principal señalada es la presidenta Jeanine Áñez.

Luego de una pausa en la consideración del informe dispuesta por una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, en atención a un recurso de medidas cautelares interpuesto por Rodrigo Guzmán, entonces ministro de Energías, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el documento al comenzar la noche.

Especialmente en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata, cuatro días después, el gobierno naciente de Áñez dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.

Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.

Además, el informe —según reveló a La Razón el titular de la comisión, Víctor Borda— no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.

Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):

Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes,  incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y  desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.

Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.

Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.

Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.

Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.

Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.

Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.

Además, la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, “porque teniendo conocimiento de los procesos por hechos de Betanzos no dio celeridad”.

(30/10/2020)

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Al filo, la Asamblea pide juicio a Áñez por las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

La comisión mixta encontró que la veintena de fallecidos fue a causa de impactos de bala de armas de reglamento de la Policía y las FFAA. El Ministerio de Hidrocarburos certificó que en Senkata no hubo ni intentos ni atentado a la planta.

Militares disparan armas letales en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. Foto: APG-archivo

/ 29 de octubre de 2020 / 15:19

En el cierre de su legislatura, la Asamblea Legislativa pedirá al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio y asesinato en el caso de las “masacres” de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre del año pasado.

Una comisión mixta de senadores y diputados investigó la muerte de una veintena de personas en las movilizaciones de Sacaba, el 15 de noviembre del año pasado, y de Senkata, en El Alto, cuatro días después.

El titular de la comisión legislativa, el diputado Víctor Borda, contó a La Razón nuevos elementos de la investigación que será derivada, luego de la lectura final en la última sesión de la Asamblea Legislativa este jueves, al Ministerio Público para su posterior procesamiento.

El legislador ratificó que informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, evidenciaron que en la intervención policial en el puente Huayllani y en Senkata, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, al amparo del Decreto Supremo 4078 luego abrogado, usaron armas de reglamento, cuya consecuencia fue la muerte de la veintena de movilizados.

Borda explicó que en el caso del puente Huayllani los movilizados no usaron armas y que los 24 efectivos policías heridos no fueron alcanzados por impactos de bala.

“Hubo un uso indiscriminado de armamento letal, tanques, vehículos; el IDIF ha determinado las causas de la muerte de 26 personas (contando en otros conflictos) fueron por impacto de bala”, dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Borda informó que la comisión accedió al plan operativo policial-militar de Senkata “Sebastián Pagador”. El documento “determina qué tipo de armamento se ha utilizado; ellos han utilizado escopetas, fusiles FAL (Fusil Automático liviano) y Krin de calibre 5,56 y otras armas de 9 mm, y los muertos particularmente de Senkata son por proyectil de bala de 5,56 mm, de 9 mm y algunos de 22 mm, de uso reglamentario de la Policía, y de 7,62 mm (FAL)”, explicó.

El hallazgo contradice a las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien en reiteradas ocasiones dijo que los movilizados se dispararon entre sí. El martes, el funcionario volvió a repetir la versión y afirmó que los familiares de las víctimas deberán buscar en los sindicatos quiénes dispararon contra los fallecidos.

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, también aseguró que en noviembre las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo tiro.

Según el informe de la Asamblea Legislativa, Murillo y López son señalados por los delitos de genocidio, asesinato y otros. Otros implicados son los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, y de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, por delitos de asesinato, además de los comandantes departamentales de Policía de Cochabamba y de El Alto.

Borda también dijo a La Razón que la comisión mixta conoció informes del Ministerio de Hidrocarburos “en sentido de que el supuesto atentado a la planta de Senkata no ha existido, y el viceministro de Hidrocarburos nos informó que ese día no recibieron un informe de Inteligencia policial y militar de un supuesto atentado contra la planta”.

“Tenemos prueba documental, es un informe que presenta el viceministro al ministro de Hidrocarburos”, insistió Borda.

El informe de la comisión mixta será presentado este jueves en la última sesión de la Asamblea Legislativa, aunque en medio de ese trámite una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, suspendió temporalmente, mientras dure una audiencia cautelar solicitada por Rodrigo Guzmán.

Una jueza de Trinidad dispone la suspensión de los casos Sacaba y Senkata en la Asamblea: http://bitly.ws/ar2J

Respecto de esa decisión judicial, la Defensoría del Pueblo consideró que pretende dejar en la impunidad a los presuntos autores de las masacres de Sacaba y Senkata, como concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y Borda afirmó que Guzmán no está bajo ningún riesgo, considerando que la comisión no acusa ni procesa, solo que sugiere procesos por parte del Ministerio Público.

El informe de la comisión legislativa deberá ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

(29/10/2020)

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Una jueza de Trinidad dispone la suspensión de los casos Sacaba y Senkata en la Asamblea

La Asamblea Legislativa no tratará el informe sobre las “masacres” de Sacaba y Senkata durante dos horas, el tiempo de la audiencia judicial de este jueves.

Militares disparan desde el puente Huayllani (Sacaba) con fuiles FAL, el 15 de noviembre de 2019. Foto: APG-archivo

/ 29 de octubre de 2020 / 12:05

Un juzgado de Trinidad dispuso la “suspensión temporal” de la consideración de los casos de masacre en Sacaba y Senkata por parte de la Asamblea Legislativa.

La jueza Luz Acebey Arispe, del Juzgado de Sentencia en lo Pena 3 de Trinidad, admitió el miércoles la acción de libertada interpuesta por Guillermo Caballero Verazaín en representación “sin mandato expreso” de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro de Energías, en contra de los legisladores Sonia Chini Coronado, Lineth Guzmán, Víctor Borda, Carol Montaño, Juan Cala, Patricia Gutiérrez y Eida Middaagh.

Se dispone que la Asamblea legislativa “suspenda temporalmente la consideración del Informe Final INF. CEMIHON Nro. 001/2019-2020, hasta que se resuelva la presenta acción de defensa constitucional”, señala la decisión judicial.

Los documentos fueron publicados este jueves por el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

Al respecto, el diputado Víctor Borda, el presidente de la comisión mixta que investigó ambas masacres, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la notificación judicial fue comunicada a las 20.00 del miércoles.

El legislador afirmó que la intención de la medida cautelar es evitar la lectura del informe la tarde de este jueves. De todos modos, aseguró que mientras dure la audiencia, entre las 12.00 y 14.00, la Asamblea Legislativa no tratará los casos.

Luego de testimonios de víctimas, informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Policía Boliviana, los ministerios de Defensa y de Hidrocarburos, además de una respuesta “general” de la presidente Jeanine Áñez y otros documentos, la comisión mixta de la Asamblea legislativa sugiere al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra la mandataria, además de procesos a los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, y los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

Dicha comisión encontró que las 27 personas que murieron en la crisis tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, fueron a causa de impactos de balas de reglamento, a diferencia de las recurrentes declaraciones de Murillo y López, que dijeron que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil en las intervenciones conjuntas dispuestas en el abrogado Decreto Supremo 4078.

El informe será leído en el final de las sesiones de la Asamblea Legislativa este jueves.

(29/10/2020)

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Acreditados, Arce y Choquehuanca se disponen a asumir sus funciones

Salvador Romero consideró que el TSE retiene algunas lecciones, como “mejorar el equilibrio entre la seguridad del cómputo y la celeridad de la entrega de los primeros datos”.

Luis Arce y David Choquehuanca, luego de recibir sus credenciales. Foto: José Lavayén

/ 28 de octubre de 2020 / 16:32

La mañana de este miércoles, los electos presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca expresaron su compromiso de comenzar a trabajar a partir de su juramente, luego de que recibieran sus credenciales de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el acto, celebrado en el edificio del Banco Central de Bolivia, los nuevos mandatarios apenas tuvieron oportunidad de agradecer a sus militantes por el apoyo y saludar a los vocales del TSE, que propiciaron la ceremonia.

“Recibí la credencial que me acredita como Presidente electo del Estado Plurinacional de #Bolivia. Ratifico mi compromiso de trabajo y amor por la Patria. Gracias al pueblo boliviano por la confianza. #VamosASalirAdelante”, escribió en sus redes sociales Arce, que jurará al cargo, como Choquehuanca, el 8 de noviembre en una sesión especial de la Asamblea Legislativa.

Al salir del acto, las autoridades electas fueron felicitadas por sus militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos ciudadanos que pasaban cerca del edificio, acción que causó un breve tumulto en el centro de La Paz.

“Con mucha alegría junto al hermano @LuchoXBolivia recibimos nuestras credenciales que nos acreditan como Presidente y Vicepresidente electos de #Bolivia. Llegó el momento de trabajar por nuestra amada Patria, unidos #VamosASalirAdelante”, escribió por su parte Choquehuanca, que se apresta ya a tomar sus funciones para las sesiones preparatorias de la Asamblea Legislativa.

En el acto, el presidente del TSE, Salvador Romero, contó los pormenores del proceso electoral y proclamó a los mandatarios señalando que “tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos”.

Recordó el origen “traumático” de las elecciones del 18 de octubre, aunque destacó la imparcialidad y la capacidad del TSE en tremenda empresa. “Con la culminación del proceso, avanzamos en la delicada reconstrucción de la confianza en la autoridades y los procesos electorales. El camino aún es largo, arrastramos de pasados descréditos y susceptibilidades”, dijo.“Atrás quedaron los sombríos pronósticos de enfrentamientos y caos, que aún horas antes de la jornada de votación angustiaban a las familias, la inquietud por un fracaso que desatara tormentas”, afirmó el vocal.

Romero considero que el TSE retiene algunas lecciones, como “mejorar el equilibrio entre la seguridad del cómputo y la celeridad de la entrega de los primeros datos”. Se refirió así al conflicto que creó el día del cierre de la votación, cuando por efecto de la anulación del sistema de Difusión Resultados Preliminares (Direpre), no se supo de los resultados sino, siete horas después, por iniciativa de redes de televisión que mostraron conteos rápidos no oficiales.

Al final, el TSE oficializó la victoria del MAS con el 55,1% de los votos, seguido de Comunidad Ciudadana (CC), con el 38,8%, y Creemos, con el 14%.

Arce y Choquehuanca presidirán el país por un periodo de cinco años a partir del 8 de noviembre.

(28/10/2020)

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