Sociedad

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 02:31

En tres meses, se reporta la cifra más baja de contagios diarios de COVID-19: 419

El 8 de junio fue registrado el número más bajo de la pandemia en el país, 306. La tasa de recuperados hasta la fecha alcanza al 68,2% en todo el país.

El reporte del Ministerio de Salud de este sábado.

/ 19 de septiembre de 2020 / 22:47

El 8 de junio, el Ministerio de Salud reportó 306 casos de COVID-19. Desde esa fecha, los casos nunca fueron menores a esa cifra, ni a la de este sábado: 419. La caída de casos de contagios es notoria, pero Tarija no cede, sumó 194 pacientes este día.

En total, el país registra 130.470 casos de coronavirus, a diferencia de 89.032 recuperados, que implica una tasa de recuperación de 68,2%. Y con los 7.586 fallecidos, la tasa de letalidad es de 5,8%.

Después de los números altos de Tarija de hoy, están La Paz (94), Santa Cruz (53), Chuquisaca (34), Cochabamba (14), Potosí (13), Oruro (12) y Beni (5).

Santa Cruz reportó el mayor número de muertes, 19; seguido de La Paz (6), Cochabamba (5), Tarija (4) y Beni (2).

Los últimos cinco picos de más 1.000 casos diarios de COVID-19 fueron reportados el 9 de septiembre (1.037), el 28 de agosto (1.280), el 21 de agosto (1.370), el 19 de agosto (2.031) y el 18 de agosto (1.796). El pico más alto de la pandemia en el país se produjo el 18 de julio, con 2.036 casos.

Coincidente con esas cifras en meseta, el país ingresa a la tercera semana de posconfinamiento, con la reapertura de varias actividades económicas y la vuelta a la “nueva normalidad” con la ampliación de horarios de circulación peatonal y vehicular.

(19/09/2020)

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La familia de la niña violada decide continuar con el embarazo de la menor

El director de la maternidad Percy Boland, Mario Herbas, dijo que el caso se trata de un “embarazo de alto riesgo”, como una eventual interrupción.

Producción La Razón (Wara Vargas).

/ 24 de octubre de 2021 / 17:09

La niña de 11 años que lleva un embarazo de 21 semanas a causa de una violación continuará con el proceso de gestación, a pesar de que inicialmente se había definido la interrupción en la maternidad Percy Boland de Santa Cruz.

La información fue confirmada a La Razón por el director del nosocomio, Mario Herbas, quien dijo que el desistimiento, firmado por la madre y la víctima, está inscrito en la historia clínica de la niña, quien se encuentra aún internada en el hospital, bajo cuidados especiales.

Su situación está en status quo a la espera de una confirmación de parte de las autoridades judiciales, este lunes, dijo el funcionario.

A raíz de la denuncia de una de las primas de la menor se supo que la niña, que vive en Yapacaní, provincia Ichilo de Santa Cruz, había sufrido abusos constantes de parte del papá, Gilberto S. (de 61 años), de su padrastro.

El caso causó preocupación en las autoridades judiciales, quienes se reunieron con los médicos del hospital Percy Boland, donde fue internada la niña.

El sábado, ante la eventual suspensión del embarazo, la Arquidiócesis de Santa Cruz concluyó en un extenso comunicado que “un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación ni da tranquilidad a las conciencias”.

Admitió que “la situación es muy compleja y dramática”. Consideró que “está en juego la vida sagrada de dos personas inocentes: la de la niña mamá y la de la criatura en su seno materno”.

“Ambas son vidas humanas independientes, y la persona humana dentro el vientre materno no es el culpable del abuso a su madre”, insistió.

Sin embargo, instó “a las autoridades correspondientes para que no quede impune tan grave y tan detestable delito”.

Según dijo Herbas, el nosocomio estaba preparado para la operación. No obstante, dijo que el caso de la niña “es un embarazo de alto riesgo”, como una eventual interrupción del proceso de gestación.

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La Iglesia llama ‘niña madre’ a una menor violada y dice que un crimen no soluciona otro crimen

La Arquidiócesis de Santa Cruz consideró que “está en juego la vida sagrada de dos personas inocentes: la de la niña mamá y la de la criatura en su seno materno”.

La maternidad Percy Boland de Santa Cruz.

/ 24 de octubre de 2021 / 08:59

Ha causado conmoción la violación de una niña de 11 años en Yapacaní, Santa Cruz. Su agresor es el papá de su padrastro, quien causó su embarazo —lleva cinco mes— luego de sucesivas violaciones desde mayo. Ante la necesidad de interrumpir su embarazo, la Arquidiócesis dijo que “Un crimen no se soluciona con otro crimen”.

Con el fin de la interrupción del embarazo, acordada el viernes por autoridades judiciales y médicos, la niña fue derivada a la maternidad Percy Boland de Santa Cruz, mientras el presunto violador, Gilberto S., de 61 años, guarda detención preventiva en la cárcel de Montero.

“La niña rechaza al bebé; es más, ni siquiera se atreve a decir bebé”, contó la directora de la Defensoría del Menor, Silvia Suazo, según citó el diario cruceño El Deber.

Ante la eventual suspensión del embarazo, la Arquidiócesis de Santa Cruz concluyó en un extenso comunicado, el sábado, que “un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación ni da tranquilidad a las conciencias”.

Admitió que “la situación es muy compleja y dramática”. Consideró que “está en juego la vida sagrada de dos personas inocentes: la de la niña mamá y la de la criatura en su seno materno”.

“Ambas son vidas humanas independientes, y la persona humana dentro el vientre materno no es el culpable del abuso a su madre”, insistió.

Sin embargo, instó “a las autoridades correspondientes para que no quede impune tan grave y tan detestable delito”.

La Arquidiócesis apeló a la Sentencia Constitucional  0206/2014 y parafraseó que “un abordo incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible”.

Se presume que la niña se encuentra en las 21 semanas de embarazo, en el margen para la interrupción del proceso.

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el martes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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La Justicia rechaza la acción con la que la Alcaldía de La Paz pretendía obligar la vacunación

Al contrario, la decisión judicial exhorta a los gobiernos nacional y subnacionales a ejecutar medidas, en función de sus competencias, para evitar más contagios.

La campaña de vacunación en La Paz. Foto: La Razón-archivo

/ 23 de octubre de 2021 / 16:00

No será obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en La Paz. La Justicia denegó la acción popular del alcalde Iván Arias debido a que no cumplió con presupuestos procesales; al contrario, exhortó a los gobiernos nacional y subnacionales a evitar la propagación de los contagios.

Según supo La Razón, se denegó la tutela por no haber sido planteada conforme la normativa constitucional vigente, no especificó si se reclama una acción u omisión del accionado, no se adjuntó prueba, salvo publicaciones de prensa.

El 4 de octubre, Arias presentó una acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales con el fin de obligar la vacunación en el municipio. “Si nos piden el carnet (de sufragio), ¿cómo no es posible que no nos pidan para salvar una vida, el carnet?”, arguyó esa vez.

En segundo término, la Sala Constitucional exhortó a los niveles de gobierno y subnacional a que, en el marco de sus competencias, establezcan acciones para evitar la propagación del COVID -19.

La acción popular planteaba como recurridos el Ministerio de Salud, las gobernaciones y las alcaldías. Si bien es necesaria, la vacunación contra el nuevo coronavirus en el país es voluntaria.

Hasta el viernes, 3,5 millones de personas recibieron la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19, 2,8 millones la segunda dosis y 133.491, la tercera dosis. La dosis única alcanzó a 918.328 personas.

El Ministerio de Salud admitió que la campaña de vacunación está rezagada, principalmente en los departamentos de Beni, Pando, Potosí y La Paz.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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