Sociedad

sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 21:36

Hay un retroceso en las propuestas sobre derechos sexuales y reproductivos

El programa ‘Piedra, papel y tinta’ abordó la situación de los derechos de la mujer y la comunidad LGBTI.

Sauma, Benavente y Novillo, en el programa de La Razón y Extra. Foto: José Lavayén

/ 7 de octubre de 2020 / 03:06

Con relación a las elecciones de 2019, hay un retroceso en cuanto a las propuestas programáticas “progresistas” en el tema de derechos sexuales y reproductivos que los candidatos proponen ahora con miras a los comicios generales del domingo 18 de octubre.

Esa fue una de las principales conclusiones del programa del martes de Piedra, papel y tinta, que se difunde por las plataformas virtuales de La Razón y Extra, y que es conducido por la directora de ambos medios, Claudia Benavente, de lunes a viernes a las 10.00.

Uno de los bloques contó con la participación de la periodista Lucía Sauma y la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, y mediante Zoom con la comunicadora y feminista Patricia Flores, quienes le dieron una mirada a la situación de los derechos de la mujer y su importancia en las propuestas de los candidatos.

Novillo indicó que, tras un análisis a las propuestas de los postulantes a la presidencia, se nota que hay algunos partidos que han dado un paso atrás en sus planteamientos para los derechos sexuales y reproductivos, dejando de lado los aires progresistas en sus planes del año pasado.

Tomando en cuenta los niveles alto, medio, bajo e incipiente en cuanto a las propuestas que incluyen a las mujeres, Novillo señaló que solamente el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) califican en un nivel medio sobre esta temática.

Añadió que el tema de la violencia al interior de la familia no se aborda de ninguna manera, y que la violencia contra las mujeres es el más tratado. “Probablemente la agenda de los candidatos se ido adecuando al contexto de la pandemia y por ello se han centrado mucho en temas de protección social, y salen la salud y la educación como importantes”.

Flores remarcó que se debe seguir en la ruta de que el Estado esté realmente comprometido a asignar recursos para una lucha tenaz contra los feminicidios, contra la violencia contra los colectivos LGBTI, para que se apliquen los avances legales y de políticas que se impulsaron para ello.

“Hay contragolpes fortísimos de los poderes hegemónicos que se niegan a ceder espacios de privilegio, no van a parar y lo están haciendo desde la fibra más sensible de la sociedad boliviana, que es la religión, son poderes que se niegan a claudicar en su control de la vida y de los cuerpos”.

A la par de Flores, Sauma dijo que no es gratuito el retorno de la Biblia al Palacio de Gobierno, que marca una retoma del poder de corrientes hegemónicas conservadoras, “donde las mujeres, la comunidad LGBTI, los indígenas, tienen que volver a sus lugares”, lo cual es un fenómeno que se está dando en todo el mundo.

(07/10/2020)

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El Gobierno defiende reprogramación de créditos, pide a Asoban sumarse de manera sincera a esfuerzos

La medida los enfrenta. Los bancos catalogan la decisión como “inconstitucional”, el Ministerio de Economía ratifica su legalidad y les pide actitud consecuente por el bien de la población.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: APG

/ 5 de diciembre de 2020 / 20:59

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) se enfrascaron en un conflicto por el refinamiento y/o reprogramación de créditos dispuesto por el Decreto Supremo 4409. Las entidades financieras rechazaron la medida y la calificaron de “inconstitucional”, el Gobierno defendió su decisión y sostuvo que es legal.

“La Asoban expresa su desacuerdo con el Decreto Supremo 4409, que modifica la reglamentación respecto a los intereses devengados sobre el capital diferido. Esta medida vulnera lo establecido por la normativa legal sobre las relaciones y obligaciones contractuales entre privados, la seguridad jurídica y contraviene la Constitución Política del Estado, al obligar su aplicación retroactiva”, establece el comunicado difundido este sábado.

Horas después, en una nota de prensa, el ministerio dijo que rechazaba “categóricamente la sugerencia de la Asoban en el sentido de que se vulneren las normas establecidas”. Asimismo, “esta cartera de Estado reafirma su compromiso con el pueblo para salir adelante e insta a todos los actores del sector privado a sumarse a estos esfuerzos de manera sincera y con una actitud consecuente con el país”.

El Gobierno suspendió el cobro de intereses adicionales por el diferimiento de créditos y dispuso su devolución en caso de que el prestatario haya reanudado su plan de pagos, en contrapartida al decreto que había aprobado la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. También estableció el refinanciamiento y la reprogramación de los créditos para los prestatarios que así lo soliciten.

“Nuestro decreto supremo establece los montos que se estaban computando como intereses adicionales, (los cuales) se suspenden, no se van a cobrar. Y ello porque no es correcto, (porque) hubo una mala aplicación del diferimiento. La ley fue estricta con la idea de que las cuotas, tanto capital como interés, queden congeladas y no surta ningún interés extraordinario”, explicó el jueves el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

(05/12/2020)

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Mamani desahucia el proyecto de PGE 2021 del gobierno de Áñez y afirma que se hacen ajustes

El presidente de la Cámara de Diputados informa que se devolvió el proyecto al Órgano Ejecutivo porque “no condice con la realidad”, y que su tratamiento es urgente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS). Foto: ABI

/ 5 de diciembre de 2020 / 08:24

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), desahució la aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 que presentó el gobierno transitorio de Jeanine Áñez porque “no condice con la realidad”, y señaló que se lo devolvió al Órgano Ejecutivo para que realice los ajustes requeridos.

“El proyecto más urgente en mesa es la ley de presupuesto general que fue presentado por el anterior gobierno a la Cámara Baja. Hay muchas observaciones porque no condice con la realidad de nuestro país. Se lo devolvió al Órgano Ejecutivo y esta semana nos lo presentarán y se trabajará en la comisión respectiva, y convocaremos a sesión para su aprobación”, indicó.

Mamani culpó a las “malas acciones” del mandato de Áñez por la actual crisis económica, a lo que se sumó la paralización de las actividades económicas que provocó la pandemia del coronavirus, con las respectivas cuarentenas. “Vamos a hacer todos los ajustes necesarios porque ese proyecto de ley tiene que estar a la altura de lo que requiere el pueblo”.

A finales de octubre, el anterior ministro de Economía, Branko Marinkovic, dijo que el proyecto de presupuesto consolidado para el siguiente año es de Bs 216.5501 millones, mientras que el agregado llega a Bs 283.032 millones, destacando que se destina el 10,1% de esos recursos, o sea Bs 21.835 millones, para el sector salud.

(05/12/2020)

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Áñez espera audiencia con el GIEI para presentar ‘pruebas que el Gobierno quiere ocultar’

La expresidenta publicó una carta enviada el 27 de noviembre al secretario ejecutivo del grupo de expertos, Jaime Vidal, que investiga la violencia en el país entre septiembre y diciembre de 2019.

La expresidenta interina Jeanine Áñez.

/ 5 de diciembre de 2020 / 07:58

La expresidente interina Jeanine Áñez reveló una carta dirigida al secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal, fechada el 27 de noviembre en Santa Cruz, en la cual pide una audiencia para explicar su versión de la crisis de 2019 y “presentar todas las pruebas que el actual gobierno quiere ocultar”.

“Estoy a la espera de que CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la GIEI me reciban para escuchar mi aporte a la investigación sobre la violencia y los DDHH que están realizando en nuestro país. Esa investigación debe ser imparcial y espero ser escuchada” (sic), escribió en Twitter la exmandataria que se confinó en el Beni desde el sábado 7 de noviembre.

Los cinco expertos del GIEI llegaron a Bolivia el lunes 23 de noviembre para investigar los hechos de violencia y la violación de derechos humanos entre septiembre y diciembre del año pasado. Se anunció que se entrevistarán con todas las personas que quieran dar su testimonio sobre los acontecimientos de entonces, y hablarán con (ex)autoridades y organizaciones.

“Es imprescindible que el Grupo Internacional de Expertos Independientes, me reciba en audiencia para exponer y presentar todas las pruebas que el actual gobierno quiere ocultar y que no sea de conocimiento de los Expertos. En apego a mis derechos humanos consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, a que todos somos iguales ante la ley, a la no discriminación y a ser oída con las debidas garantías, es que realizó la presente solicitud” (sic), dice una parte de la misiva que Áñez publicó en las redes sociales.

La CIDH conformó el GIEI, grupo que tiene autonomía plena. La Comisión presentó en noviembre del año pasado, cuando Áñez ya era presidenta, un informe en el cual identificó graves violaciones a los derechos humanos y dos “masacres”, en Sacaba y Senkata, donde fallecieron dos decenas de personas por operativos conjuntos de militares y policías.

El gobierno de Áñez objetó el documento y acordó, en diciembre de 2019, la llegada del GIEI al país. No obstante, según el secretario ejecutivo de la CIDH de entonces, Paulo Abrao, en entrevista con La Razón, Áñez puso trabas a la instalación del grupo, lo que recién pudo efectivizarse en el gobierno de Luis Arce. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció también esto.

(05/12/2020)

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Alianzas en el limbo y a contrarreloj, este sábado se cierran las inscripciones

En La Paz, la alianza Unidos anunció su conformación para la postulación del médico Luis Larrea a la Alcaldía. Partidos y agrupaciones ciudadanas siguen en arduas negociaciones.

La votación en las elecciones del 18 de octubre. Foto: APG

/ 5 de diciembre de 2020 / 07:25

Este sábado se cierran las inscripciones de alianzas políticas ante los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) con miras a los comicios subnacionales de marzo de 2021. Sin embargo, hasta el viernes no había claridad en el tema y partidos y agrupaciones ciudadanas nacionales y regionales continuaban en negociaciones de último momento.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para este sábado 5 de diciembre el plazo, además de que esta semana también comenzó el empadronamiento masivo de nuevos votantes y ciudadanos que cambiaron de domicilio, lo que se extenderá hasta el 17 de diciembre, con la atención en los centros de registro durante los siete días de la semana.

Las gestiones para entablar alianzas, sobre todo de las organizaciones políticas opositoras al MAS, no rindieron frutos importantes hasta el viernes, especialmente en el eje central del país. En La Paz, el único asomo por ahora es del frente Unidos, que postulará a la Alcaldía al médico Luis Larrea, con el MNR, ADN, PDC y el expresidente Jorge Quiroga como la base de apoyo.

Tras la contundente victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales de octubre, que llevó a la presidencia a Luis Arce, el alcalde de La Paz, Luis Revilla (Sol.bo), planteó entonces la unidad de los opositores a esta tienda política, sobre todo en las ciudades capitales, para entablar los comicios del domingo 7 de marzo de 2021.

De acuerdo con el cronograma del TSE, el 7 de diciembre comienzan las actividades de difusión de propaganda electoral en actos de campaña, mientras la inscripción de candidatos a las gobernaciones y las alcaldías se realizará entre el 18 y 19 de diciembre, y ese día comenzará igualmente la difusión de estudios de opinión e intención de voto en materia electoral.  

(05/12/2020)

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Morales pide a la Policía devolución de objetos robados de su domicilio en Achumani

En carta al comandante Aguilera, denuncia que uniformados le sustrajeron obsequios de jefes de Estado y piezas de “valor histórico y sentimental”.

El expresidente Evo Morales, cuando retornó al país en noviembre. Foto: AFP

/ 5 de diciembre de 2020 / 00:59

Mediante una carta enviada al comandante general interino de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, el expresidente Evo Morales solicitó que le ayude con la devolución de los objetos que le fueron sustraídos por uniformados de su vivienda en la zona de Achumani, en La Paz, el 10 de diciembre del año pasado.

“La casa de mi hermana Esther fue quemada y mi casa de Cochabamba fue saqueada. En ambos casos, grupos paramilitares entrenados con mucha anticipación y financiados se ensañaron y atacaron esos domicilios. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2019, producto de la persecución política, personal de la Fiscalía y de la Policía allanaron el domicilio que tenía en anticrético en el barrio de Achumani de la ciudad de La Paz. Es decir, no fueron paramilitares encapuchados que actúan bajo el amparo del anonimato, sino autoridades claramente identificables”.

En la misiva fechada ayer, añade que el lugar “fue precintado y se designó a personal de la Policía para, supuestamente, custodiarlo. En lugar de hacer eso, esas personas hicieron exactamente lo mismo que los grupos irregulares: destruyeron la propiedad, saquearon y robaron todo lo que estaba a su alcance”, señala Morales.

Aparte de los daños materiales, continúa el exmandatario, se sustrajeron objetos como obsequios de jefes de Estado y piezas de “valor histórico y sentimental”, entre otras. “Debido a que es extremadamente fácil determinar quiénes sustrajeron esos objetos y al ser miembros de la Policía Boliviana solicito a Ud. garantizar la devolución de todas esas cosas. Eso servirá para diferenciar a los buenos policías —que son la mayoría— de quienes utilizan el uniforme verde olivo para beneficio personal”.

Morales publicó en su cuenta de Twitter las copias de la carta de dos páginas, en la que añade que “el pueblo boliviano es testigo de que antes y durante el golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019, se desató una ola de violencia y persecución política que tuvo como objetivo el amedrentamiento y el escarmiento de autoridades de gobierno y de la Asamblea Legislativa pertenecientes al MAS-IPSP”.

El líder cocalero renunció a la presidencia el 10 de noviembre del año pasado, agobiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para que presente su dimisión y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en los comicios del 20 de octubre, en los que Morales ganó sin necesidad de ir a una segunda vuelta con el candidato Carlos Mesa (CC).

(05/12/2020)

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