Una trabajadora del Hotel Kachi Loudge relató que la turba que quemó los domos del Hotel Kachi Loudge, instalados en el Salar Thunupa, quiso quemarlos vivos y que las mujeres fueron víctimas de “manoseos” durante el conflicto del sábado por problema de límites.

“No entendían nada, algunas de mis compañeras y yo nos encontrábamos en ese momento en el domo central y ahí nos lanzaron con botellas, rociaron con gasolina y prendieron fuego. Hemos pedido ayuda, pero no entendían nada, incluso un policía estaba ardiendo en fuego”, contó la mujer que pidió mantener su nombre en reserva.

Este domingo, autoridades originarias de la comunidad Jirira se trasladaron hasta el lugar para esperar al personal del Ministerio Público y se inicien las investigaciones. Las mujeres afectadas también presentarán una denuncia por violencia física.

La trabajadora, quien desempeñaba funciones como seguridad, dijo que esperaban la reactivación de la actividad turística en el sector luego de más de un año de haber paralizado la tención debido a la pandemia del COVID-19.

“Teníamos la esperanza de volver a generar ingresos con las visitas, no comprendemos cómo pudieron hacer el daño si este es un lugar conocido a nivel mundial. No sabemos si la empresa va a continuar con el proyecto, porque todo está arruinado, incluso se lo han llevado algunos enseres, han saqueado”, relató la guardia entre lágrimas.

El Gobierno llamó a la pacificación y anunció que convocará a la brevedad a los gobernadores de Potosí y Oruro para tratar de encontrar una solución.

“Ya tuvimos una reunión con ambas autoridades el pasado miércoles y lamentamos que otros actores hayan impulsado el enfrentamiento. Para nosotros el único camino es el diálogo y estamos gestionando una nueva reunión”, afirmó ayer el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, en un contacto con La Razón.

Al menos 10 canes fueron hallados muertos en las calles de la población de Llallagua, Potosí, producto de un envenenamiento. Funcionarios de la Unidad de Zoonosis de la Alcaldía y la Policía investigan el hecho.

El responsable de Zonosis, Huber Mamani, informó a La Razón que el primer caso se registró el miércoles cuando vecinos de la zona Siglo XX denunciaron que un can agonizaba en plena calle, mientras que el jueves sumaron las denuncias porque otros tres perros estaban botados cerca de la Plaza del Minero y el viernes se volvió a registrar seis canes muertos en otra zona.

“Varios vecinos llamaron a Zoonosis para denunciar que varios canes fueron envenenados. De acuerdo con exámenes que se hicieron se trata de un envenenamiento masivo, aún no sabemos qué tipo de veneno utilizaron”, relató el funcionario.

La activista de Animales SOS de Llallagua, Karen Solíz, informó que acudieron a atender a algunos canes para practicar la eutanasia ya que agonizaban en las calles.

“Era un cuadro muy trágico ver a los perritos muriendo. Hemos apoyado hasta donde hemos podido porque se nos acabó el fármaco para la eutanasia. Pedimos a las autoridades dar con los autores de este biocidio”, sostuvo.

La Policía investiga este hecho y se solicitará a los propietarios de domicilios particulares y de algunas instituciones privadas las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Luego de una jornada de tensión por un conflicto de límites entre pobladores de Potosí y Oruro, autoridades originarias del municipio de Salinas de Garci Mendoza convocaron para el domingo a un cabildo para asumir defensa de lo que demandan es parte del territorio orureño.

Pobladores del suroeste de Potosí quemaron el viernes tres domos administrados por el hotel Kachi Loudge, ubicado en el salar Thunupa, zona ahora en disputada por conflicto de límites.

Pobladores potosinos protagonizaron el viernes una protesta luego de anoticiarse que la Gobernación de Oruro realizaría una actividad para la reactivación del turismo en el sector y arguyeron que este lugar le pertenece a Potosí.  De forma violenta procedieron a quemar tres de los seis domos que se instalaron en el sector.

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, acudió hasta el lugar del conflicto y se comprometió a hacer respetar la jurisdicción que le pertenece a su región; mientras que el gobernador de Oruro, Jhonny Vedia, convocó a su par a una reunión con el fin de pacificar a los pobladores de ambos departamentos, sin embargo, no asistió a la convocatoria.

Este sábado, Vedia, junto a los funcionarios de la Gobernación y otras organizaciones cívicas de Oruro, realizan una reunión para recabar documentación que demuestre que el sector en conflicto pertenece a la jurisdicción de Oruro.

“Ahora están reunidos y se llamará a una conferencia de prensa para el lunes”, sostuvo la jefa de Comunicación de la Gobernación, Silvia Quiroz.

El alcalde de Huachacalla, Iván Rodríguez, denunció que el personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) quemó un vehículo que le pertenecía a una familia que había llegado de Paraguay.

Según la autoridad, la familia, oriunda de Huachacalla pero que radica en Paraguay, llegó el 22 de abril a la región e ingresaron con dos vehículos por la frontera con Villamontes donde presentaron la documentación que acredita la legalidad de ambos motorizados.

La noche del miércoles, padre e hijo se aprestaban a trasladarse a otra comunidad en los vehículos, y uno de ellos sufrió un desperfecto. “Ellos estaban viendo cómo cambiar una de las llantas que se había pinchado y en ese momento aparecieron los del CEO y los acusaron de que el vehículo era de contrabando”.

Los propietarios, luego de presentar la documentación legal de los vehículos, les habrían pedido a los del CEO ayudarles a solucionar el problema del automóvil a lo que habrían respondido que estaban ocupados, por lo que decidieron dejar el motorizado en la carretera.

“Al día siguiente volvieron para recoger el automóvil, sin embargo lo encontraron quemado”, relató Rodríguez.

Este viernes se reunieron con uno de los efectivos del CEO, quien habría mencionado que “tienen toda la potestad de quemar, que la ley les ampara y que el vehículo es sospechoso de ser de contrabando”.

El Alcalde denunció ese atropello y sostuvo que de no dar una solución y que se le restituya el vehículo a la familia procederán con el bloqueo de carreteras desde el lunes.

El médico cirujano Saúl Calderón Campero fue posesionado este viernes como nuevo secretario municipal de Salud de El Alto. La flamante autoridad expresó su compromiso para mejorar la atención de salud a la ciudadanía alteña.

Calderón Campero tiene especialidad en Salud Pública, fue catedrático en diferentes universidades privadas, además de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) donde también fue director de la Carrera de Medicina y decano del área Ciencias de la Salud. Escribió varios textos relacionados con la medicina y la cátedra universitaria sobre el área.

La nueva autoridad edil, que reemplaza a Henry Flores, agradeció la invitación realizada por la alcaldesa y dijo que “de aquí en adelante lo que sí puedo prometer es que vamos a tener un trabajo bastante exhausto para que le demos certezas a la ciudad de El Alto con relación a lo que significa salud”.

Calderón asume el cargo en días previos a la realización de una campaña masiva de inmunización contra el COVID-19 en la urbe alteña, misma que fue garantizada tanto por el flamante Secretario de Salud como la alcaldesa Eva Copa.

La designación se da luego de la renuncia del exsecretario Henry Flores, quien argumentó su dimisión porque no estaba de acuerdo con algunos manejos administrativos en la institución. Sobre el caso, la alcaldesa Eva Copa señaló que respeta la decisión del funcionario.

“He decidido presentar mi renuncia al cargo de secretario municipal de Salud; soy un profesional comprometido con la atención de los más pobres y los más humildes. Por ende, hay cierta inconformidad con los manejos administrativos al interior del gobierno municipal que me hacen tomar esta decisión”, explicó Flores.