El candidato de la alianza Unidos por Tarija Óscar Montes emitió su voto en el colegio La Salle de la ciudad de Tarija y convocó a la población a acudir a las urnas para elegir al nuevo gobernador; consideró que es un momento “decisivo”.

Montes denunció una vez más el ingreso ilegal de argentinos que cuentan –dijo-  con cédula de identidad boliviana, un día antes de las elecciones para votar. Se enfrenta en el balotaje con el candidato del MAS Álvaro Ruiz.

“Ayer, la Policía de Bermejo, una vez más, en vez de impedir que los argentinos entren lo que hicieron fue sacar a la gente del pueblo de Bermejo y les dijeron que se retiren de la orilla cuando la gente estaba haciendo un control social. Lamentablemente Tribunal Electoral no cumplió su papel”, expresó el candidato.

Dijo que militantes de la alianza Unidos por Tarija están dispersos en todas las mesas de sufragio del departamento para controlar el voto de la población.

“Tenemos un delegado en cada mesa, en todo el departamento. Esperamos que no haya mayores inconvenientes y que el Tribunal haga el conteo con la calma necesaria para que no tengamos que estar haciendo proveídos o cambiando los resultados de la voluntad del pueblo”, sostuvo Montes en conferencia de prensa.

Dos indígenas tsimane fueron aprehendidos por ser presuntamente responsables de quemar vivo a otro en un hecho que está en investigación. Representantes de diferentes instituciones viajaron por varias horas por tierra y río hasta la comunidad indígena para investigar lo sucedido el 19 de marzo.

La investigación se activó luego que se viralizara en redes sociales un video en el que se observa que un hombre es atado y conducido hasta un sector con pastizales donde le rocían con combustible y le prenden fuego.

De acuerdo con las declaraciones de uno de los miembros del Gran Consejo de tsimane, Carlos Saravia, los indígenas procedieron con el linchamiento porque sorprendieron al hombre cuando intentaba matar a otro. Antes habría asesinado a otras dos personas, uno de ellos, su hermano.

El delegado defensorial del Beni, Alberto Condori, formó parte de la comitiva e informó que el trabajo coordinado permitió promover un diálogo con los habitantes del lugar que cooperaron para recabar información y los testimonios que posibilitaron identificar a los presuntos responsables y el lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo del indígena quemado vivo para la necropsia.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que ambos indígenas, Freddy L. P. y Plácido L. P., deberán ser imputados y procesados tomando en cuenta el artículo 391 del Código de Procedimiento Especial que establece que “el fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate”.

Esta norma también refiere que antes “de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

Cruz explicó que el proceso penal que se les inicie a los dos aprehendidos debe enmarcarse en lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

“El artículo 10 del Convenio 169 señala que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; así también deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”, indicó la Defensora.

Los representantes de las diferentes instituciones tuvieron que viajar 7 horas por tierra y 30 horas por río para llegar hasta la comunidad Cantumare, en la que se cometió el delito. Además,  evidenciaron que no existe presencia policial ni juzgado ni Ministerio Público.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta San Borja, Beni.

Una comisión de 10 personas del Ministerio Público, la Policía y la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta la comunidad Tsimané Tacumere, en Beni, para investigar el linchamiento de una persona el 19 de marzo.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional expresó que coadyuvará en el esclarecimiento de este caso para saber las causas que llevaron a cometerlo.

“Se comunica a la opinión pública que el caso del linchamiento de una persona en la comunidad Tsimané Tacumere de San Borja del departamento de Beni debe esclarecerse hasta establecer las verdaderas causas del hecho y conseguir justicia para las víctimas y la comunidad”, establece el Ministerio.

A través de las redes sociales se mostraron imágenes del hecho, aunque no se conoce si la víctima permanece o no con vida.

Según Justicia el hecho contraviene el derecho a la vida establecido en la Constitución Política del Estado. El linchamiento no es parte de la justicia indígena originaria campesina que promueve y aplica el respeto a la vida como principio fundamental de su aplicación.

Cientos de personas participan de la campaña de limpieza del lago orureño Uru Uru, inundado por la contaminación de residuos sólidos, botellas de plástico y aguas ácidas que provienen de la mina San Jose.

Luego de la denuncia realizada por el Centro de Ecología de los Pueblos Andinos (CEPA) sobre este problema, autoridades locales y del Gobierno realizaron inspecciones en las que constataron la situación y determinaron emprender la campaña de limpieza.

«Tiene serios problemas y son estructurales, primero uno de los impactos que está ocasionando una degradación ambiental son las aguas ácidas de la mina San José, desde hace mucho tiempo se están evacuando aguas ácidas al lago sin ningún tratamiento», advirtió el representante de CEPA, Limberth Sánchez en La Razón Radio.

El gobernador de Oruro, Edson Oczachoque, dijo a La Razón que la contaminación no está dentro del lago, sino en el acceso, y mencionó que se harán todas las acciones para paliar la situación.

Señaló que las autoridades locales analizarán posibles acciones contra exautoridades por incumplimiento de deberes.

«El tema del manejo de la basura en Oruro no ha sido ni está siendo manejado responsablemente. En estos 10 años ha entrado a este lugar el sedimento de arrastre desde el lago Titicaca hasta el Uru Uru y es una preocupación de la Gobernación preservar nuestro lago».

Al trabajo de limpieza se sumaron el alcalde electo de Oruro, Adhemar Wilcarani, y el activista francés Alexis Dessard, quienes emprendieron la campaña hace días. El extranjero comenzó ayer con esta tarea.

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó este miércoles que el Estado boliviano continuará con el proceso de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

«Vamos a insistir con la extradición del señor (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Tenemos un proceso que está actualmente ante el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

La autoridad advirtió que la extradición “es una decisión soberana de Estados Unidos,” lugar donde Sánchez de Lozada reside actualmente.

El martes 6 se anunció la ratificación de una sentencia de un juzgado federal del Distrito de Miami, Estados Unidos, en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín como responsables de la masacre de octubre de 2003. Si bien el caso es civil, la sentencia obliga a las dos exautoridades a indemnizar con $us 10 millones a ocho familias de las víctimas.

El fallo fue calificado por el ministro Lima como “un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad”.

Lima también confirmó la existencia de otras solicitudes de juicios de responsabilidades contra estas exautoridades por delitos de corrupción.

«Dentro de nuestra Asamblea Legislativa hay otros casos en curso de autorización para llevar a juicio al señor Sánchez de Lozada”, dijo.

Aclaró que algunos de esos procesos “tienen que ver con hechos de corrupción y el gobierno de Estados Unidos usualmente no niega la extradición cuando se trata de esos delitos».

“Hay al menos tres acciones que están en trámite para ser consideradas y ser autorizadas por dos tercios de votos”, dijo.

En la crisis de octubre de 2003, cuando por la represión militar murieron 69 personas, Sánchez de Lozada renunció a sus funciones y fue sustituido por el entonces vicepresidente Carlos Mesa, que gobernó hasta que dimitió en 2005.