Sociedad

martes 26 ene 2021 | Actualizado a 04:30

La Paz: De 25 a 44 años los más afectados, 52% de la población trabajadora golpeada por el virus

Tres municipios de La Paz concentran el 97% de los casos de coronavirus, mientras que el 72% del personal de salud registró contagios

Un grupo de personas en pleno centro de la ciudad de La Paz

/ 12 de enero de 2021 / 17:23

La Gobernación de La Paz presentó este martes una radiografía estadística del departamento que tiene como eje el COVID-19. La población más afectada está en el rango de 25 a 44 años, mientras que el sector salud reportó al 72% de su personal como caso positivo, y el 52% de la población económicamente activa fue la más golpeada por los efectos del virus.

Según los datos oficiales, hay más mujeres contagiadas con el virus entre 25 y 34 años y más hombres contagiados entre los 34 y 44 años. En los extremos de menos contagios por edad están de 0 a 4 años y de 65 años y más.

El 72% (4.570) del personal de salud fue contagiado, el 26% (1.647) de la Policía y el 2% (140) de los militares, sectores que están en la primera línea del combate contra el coronavirus que fue detectado en Bolivia en marzo de 2019 y que en este momento está en un rebrote.

Los municipios de La Paz, El Alto y Viacha concentran el 97% del total de confirmados, pero el municipio de La Paz tiene el mayor número de confirmados por cada 10.000 habitantes alcanzando a 362, seguido de El Alto con 120, siempre según los datos oficiales.

La tasa de recuperación llega a 81,7% y en términos económicos los sectores más golpeados por efecto del virus son industrias manufactureras, comercio, agricultura, selviculturas, caza y pesca, restaurantes y hotelería.

“Los sectores más afectados por la pandemia representan el 32,57% del PIB (2019) del departamento de La Paz, actividades que son la ocupación principal del 52,3% de la Población Económicamente Activa (Encuesta Continua de Empleo 2019) de La Paz”, refiere el informe.

Al segundo trimestre del 2020, según la ECE, la población urbana, en el departamento de La Paz, llegó a alcanzar una tasa de desocupación de 5,4%, igual a 47.800 personas desocupadas, la más alta desde el 2016.

Según la Encuesta de Hogares de 2019, solo el 49,32% de los hogares utiliza internet y el 34% computadoras, laptops, tablets y otros.

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Exdiputada del MAS denuncia a Camacho, a su padre y a exjefes militares y policiales por terrorismo

El excívico Luis Fernando Camacho respondió que no es cobarde y que acudirá a cualquier citación. La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales

Lidia Patty

/ 30 de noviembre de 2020 / 22:23

La exdiputada del MAS Lidia Patty presentó a la Fiscalía una denuncia por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en contra del excívico Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, y los excomandante de las FFAA y de la Policía por los hechos que derivaron en las renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, por un “golpe de Estado”.

“Estos señores tienen que ser juzgados, han incumplido nuestra Constitución”, aseguró la exlegislador sobre la denuncia que tiene como víctimas al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García, a los expresidentes del Senado Adriana Salvatierra y de Diputados Víctor Borda.

Ni bien se conoció la denuncia, Camacho aseguró que “no hizo nada ilegal” y que no es cobarde, por lo que esperará la citación para ir a declarar. “Lo que hubo fue un fraude por parte del masismo y sin duda un acto de cobardía frente a un pueblo que se paró, no le debemos nada a nadie y no hemos cometido ningún delito”, insistió.

En parte del memorial, se hace un repaso de lo ocurrido y se cita una declaración que habría hecho Camacho, líder de la protesta cívica, sobre “qué logro evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso por sus hangares”.

También se menciona que en contra de la normativa vigente, “el Alto Mando Militar al mando del General Willams Carlos Kaliman Romero, acompañado de sus coautores del alto mando militar DELIBERARON en fecha 10 de noviembre del 2019” (sic) y poco después hicieron conocer su “sugerencia” de renuncia a Morales.

En la denuncia están Kaliman, el general Carlos Orellana, entonces comandante de operaciones y luego comandante de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Se pone como testigos a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas Wilma Alanoca; y de Defensa Javier Zavaleta.

Morales dejó el cargo presionado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un prolongado paro y bloqueo cívico, y la “sugerencia” de los miliares de renuncia.

Patty pide en la denuncia la aprehensión y detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para los denunciados por riesgos de fuga y otros.

Los exjefes policiales y militaron también están incluidos en un informe legislativo que aconsejó un juicio de responsabilidades contra la expresidente Jeanine Áñez,

(30/11/2020)

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Comisión sugiere dos juicios de responsabilidades contra Áñez por las muertes en Sacaba y Senkata

También sugirió juicios penales contra ministros de Estado y ex y actuales comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas. El informe se dejó para la consideración de la próxima legislatura

Militares, en el operativo conjunto del 15 de noviembre de 2019 en Sacaba.

/ 26 de octubre de 2020 / 18:33

La investigación de la violencia y muertes en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, derivó en la sugerencia de una comisión legislativa de dos juicios de responsabilidades contra la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, por delitos como genocidio, y procesos penales contra ministros, ex y actuales comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El presidente de la comisión legislativa, el diputado Víctor Borda (MAS), explicó que se dejará a la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional impulsar los procesos correspondientes.

Durante las trágicas jornadas de noviembre de 2019 perdieron la vida 20 personas por impactos de bala en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto. En ambos hechos actuaron fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, amparadas en un decreto que eximía de responsabilidad penal por los hechos que deriven de las operaciones para restablecer el orden.

Justamente por ese decreto 4078 se sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Ante la presión nacional e internacional, esa norma fue anulada. Por este mismo caso se planteó un juicio penal contra los ministros que lo firmaron.

Asimismo, según Borda, se sugirió otro juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación  delictuosa y resoluciones contrarias a la Constitución “por las muertes y la masacre ocurrida en El Alto y  Sacaba”.

Paralelamente se propuso un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y “otros delitos por las masacres de Sacaba y  Senkata”, detalló.

También figuran en la lista el excomandante de la Policía Yuri Calderón y de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, torturas, vejámenes, asociación delictuosa. Además, están el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y el general Franco Suárez. comandante de la división militar en El Alto.

“De la misma manera se ha decidido un juicio contra el general Rodolfo Montero (actual comandante de la Policía)  y el general Sergio Orellana (actual comandante de las FFAA)”, explicó Borda.

Una vez aprobado el informe en el plenario, deberá ser remitido a la Fiscalía para la investigación respectiva. De corroborarse indicios de delitos, el procedimiento establece la solicitud de un juicio de responsabilidades contra Áñez y el inicio de procesos penales contra las (ex)autoridades.

La comisión legislativa inició una investigación que incluyó el recojo de testimonios y la toma de declaraciones como al fiscal General, Juan Lanchipa. Los ministros Murillo y López no acudieron a declarar. Lanchipa dijo que los militares se niegan a dar informes de su actuación en esas jornadas bajo el argumento de que es un secreto.

Borda indicó que informes e incluso declaraciones de comandantes confirman que se usó armamento oficial de la Policía y las Fuerzas Armadas en las «masacres» de Sacaba y Senkata, y que los impactos de bala por los que murieron 20 personas provinieron de estas armas.

(26/!0/2020)

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