Sociedad

jueves 21 ene 2021 | Actualizado a 07:28

Inspectores laborales verificarán medidas de bioseguridad y teletrabajo en empresas

El Decreto Supremo 4404 establece protocolos y medidas de bioseguridad para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID-19.

Por Miguel Lazcano

/ 13 de enero de 2021 / 13:16

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, anunció este miércoles que el Gobierno trabaja en un decreto supremo para que los inspectores laborales puedan verificar el cumplimiento del teletrabajo así como todas las medidas de bioseguridad en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas.

«Hoy el gabinete del presidente Lucho está trabajando un nuevo decreto en el que faculta al Ministerio de Trabajo a realizar las respectivas inspecciones de cumplimiento del teletrabajo o de cualquier medida que se esté asumiendo para frenar el contagio en las oficinas», indicó la Ministra en contacto con radio Panamericana. 

«Hemos solicitado que en el decreto se faculte a nuestros inspectores de trabajo realizar, como cualquier inspección laboral, el cumplimiento obligatorio tanto de medidas de bioseguridad como estas otras medidas efectivas de teletrabajo», agregó la autoridad, según ABI.

Navia recordó que desde  el 1 de diciembre está vigente el Decreto número 4404 así como una Resolución Ministerial que se refieren a la implementación de medidas preventivas para las actividades laborales y la implementación de acciones de bioseguridad frente al COVID-19.

El decreto mencionado establece protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual incremento de casos. 

Entre otros aspectos, esa norma dispone el uso obligatorio de barbijo, lavado permanente de manos, uso del alcohol al setenta por ciento (70%) y/o alcohol en gel y el distanciamiento físico, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y el Índice de Alerta Temprana.

La Ministra de Trabajo pidió a los empleadores implementar esas medidas de bioseguridad y explicó que los trabajadores que tengan alguna denuncia de incumplimiento de estas disposiciones pueden efectuar las quejas correspondientes. (13/01/2021)

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Devolución de aportes de AFP inyectará hasta $us 1.200 millones a la economía

Este monto representa el 5,9% del dinero que gestionan las AFP y que en su mayor parte están invertidos en el mercado de valores.

Regional AFP Previsión (La Paz). Foto: Archivo.

/ 20 de enero de 2021 / 22:44

La devolución de aportes para la jubilación, que son gestionados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, inyectará hasta $us 1.200 millones a la economía, según el economista, magister en gestión pública y exviceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Jaime Durán Chuquimia.

“En un cálculo aproximado, en función a los datos que presentó el entonces candidato (y actual presidente) Luis Arce el año pasado, de los 20.000 millones de dólares que más o menos se tienen en las AFP, esto en el escenario extremo, significaría 1.200 millones de dólares que se podrían inyectar a la economía”, detalló el experto en una entrevista en la red privada de televisión Unitel.

La administración del presidente Luis Arce Catacora envió el pasado viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley 078/2021 para la devolución parcial o total de aportes para la jubilación.

La norma plantea 100% de retiro para los asegurados mayores de 50 años que tengan en su cuenta previsional hasta Bs 10.000 y 15% para los que tengan hasta Bs 100.000.

La norma busca beneficiar “a la mayor parte de la población”, según adelantó el Jefe de Estado.

Datos al 31 de agosto de 2020 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) dan cuenta de que las inversiones y el valor de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que son administrados por Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, llegan a los $us 20.271,8 millones.

De este monto, el 1,3% ($us 271,1 millones) son recursos de alta liquidez (fácilmente convertible en dinero en efectivo cuando sea necesario) y el restante 98,7% ($us 20.000,7 millones) están invertidos en bonos, DPF (depósitos a plazo fijo), letras del Tesoro, valores titularizados de deuda, entre otros. Del rendimiento obtenido por estos instrumentos bursátiles dependerá en gran medida la pensión de vejez que recibirá un trabajador cuando se jubile.

Los instrumentos bursátiles en los que están invertidos los aportes de los trabajadores tienen un determinado grado de liquidez. En el caso de las inversiones realizadas por las dos AFP, la devolución del capital es, en general, a mediano y largo plazo. (20/01/2021)

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Gastronómicos de La Paz rechazan reducción de horarios de atención

La Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Paz exige evitar las medidas del COED de La Paz para restringir las actividades comerciales contra la pandemia del COVID-19.

/ 19 de enero de 2021 / 18:59

La Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Paz se declaró en “estado de emergencia” por las medidas restrictivas impulsadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz que apuntan a una reducción de los horarios de atención al público y del aforo en los centros comerciales, lo que genera graves consecuencias para el sector gastronómico.

El COED resolvió reducir los horarios de atención de centros comerciales, restringir la circulación de personas y del transporte público en la sede de Gobierno y exigió a las autoridades nacionales declaren una nueva Emergencia Sanitaria para enfrentar el rebrote de la pandemia del COVID-19.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, indicó que el COED determinó solicitar al Gobierno nacional la adopción de medidas de restricción masiva debido al “enorme riesgo” de pasar a la fase 5 por la pandemia de coronavirus. También dijo que se ha solicitado el apoyo de la Policía Boliviana para cumplir con este cometido.

Dichas medidas significarán un nuevo golpe a las finanzas del sector gastronómico, uno de los más afectados por la cuarentena declarada por más de 10 meses para evitar los contagios por la expansión del COVID-19.

El sector gastronómico es generador de importantes fuentes laborales e importantes recursos económicos para el país, hoy afectados por la restricción de actividades económicas. Las empresas gastronómicas fueron las que con mayor responsabilidad y compromiso cumplieron la normativa y las restricciones de bioseguridad establecidas por las autoridades municipales.

En ese marco, el sector se opone de manera rotunda a permitir que los emprendimientos vinculados con la gastronomía en la ciudad de La Paz, y en todo el país, deban verse afectados una vez más por causas de las que no son responsables.

Los emprendimientos gastronómicos alertan que las fuentes laborales y los ingresos económicos de las familias de los trabajadores están en riesgo por la prevalencia de medidas restrictivas.

Hay que recordar que las medidas de bioseguridad impuestas al sector gastronómico representaron una reducción drástica en las actividades de este tipo de emprendimientos. Por lo tanto, un incremento en estas medidas pondría en riesgo la estabilidad financiera y laboral de los trabajadores.

Diferentes actividades realizadas por el gobierno municipal y autoridades departamentales afectaron de manera negativa lo conseguido en términos de control de la propagación del virus, lo cual pone en duda el principio básico de que todos somos iguales ante la ley, señalaron los empresarios gastronómicos.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Gastronomía de La Paz, Ernesto Olivares, remarcó —según una nota de prensa enviada a este medio— que las medidas que impulsa el municipio paceño implican graves riesgos para la permanencia de puestos de trabajo en el sector gastronómico.

“Hemos sido lo más afectados por las medidas de restricción por la cuarentena. Sabemos de la importancia de la prevención contra la pandemia, pero consideramos que las medidas de reducción de horarios restringirán las actividades comerciales y provocarán mayores daños a la economía. Nosotros hemos adoptado acciones muy concretas para garantizar la bioseguridad en nuestros locales”, indicó el dirigente gastronómico.

Los gastronómicos están a la espera de que se abra una instancia de diálogo con las autoridades municipales de forma tal de consensuar medidas que cumplan con los requisitos de la bioseguridad, pero que –a su vez– no destruyan las fuentes de empleo.

Olivares cuestionó la displicencia con la que el municipio paceño trata a los transportistas, los vendedores de los mercados y los comerciantes de diversas ferias de la ciudad, a diferencia de lo que es el trato con los empresarios gastronómicos.

“Solo por poner un ejemplo, los minibuses tenían restricciones para llevar pasajeros el medio de los vehículos y ahora nadie controla el incumplimiento de la norma”, aseguró. (19/01/2021)

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Segunda vacuna rusa, EpiVacCorona, tiene una eficacia del 100%

El fármaco ruso, desarrollado por el Centro Vector, brinda inmunidad contra la Covid-19 al menos por seis meses.

El lunes empezó la inoculación masiva en Rusia con la esperanza de frenar al coronavirus sin imponer nuevos confinamientos.

/ 19 de enero de 2021 / 17:34

La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) difundió este martes a través de una nota de prensa que la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, EpiVacCorona, desarrollada por científicos de ese país, mostró una eficacia del 100%, según una nota difundida en el sitio web de la cadena de televisión Telesur.

A diferencia de la vacuna EpiVacCorona, la eficacia de la primera vacuna rusa, Sputnik V, es de solo el 91,4%, según el análisis final del punto de control de los datos publicados por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología (Centro Gamaleya) del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia y el Fondo de Inversión Directa de Rusia.

De acuerdo con el comunicado de Rospotrebnadzor, se comprobó esa eficiencia tras la realización de la primera y segunda fase de ensayos clínicos del fármaco, creado por el Centro de Virología y Biotecnología Vector.

La vacuna, registrada en octubre de 2020, consta de dos dosis, las cuales se conservan entre dos y ocho grados Celsius y deben administrarse en un intervalo de 14-21 días, divulgó el Centro Vector.

El preparado se desarrolló a partir de proteínas sintetizadas artificialmente, que sirven de vectores para transportar el coronavirus y desatar la respuesta inmunológica. Brinda inmunidad durante al menos seis meses, ampliaron directivos de la institución.

Según la responsable de Rospotrebnadzor, Anna Popova, otra ventaja de la vacuna es que es adecuada para los alérgicos. “En otras palabras, se puede dar a quienes sufren regularmente de reacciones alérgicas estacionales”, declaró la funcionaria.

En estos momentos se está realizando la tercera fase de su ensayo clínico, en la que participan unos 40.000 voluntarios, entre ellos ancianos mayores de 60 años con enfermedades crónicas, dijo a la prensa la viceprimera ministra Tatyana Golikova.

La producción masiva del medicamento inyectable está prevista para febrero próximo, añadió la funcionaria.

Otra vacuna rusa contra la Covid-19, la Sputnik V (registrada en agosto de 2020), ya se emplea en Rusia, Bielorrusia, Argentina, México, Bolivia, Argelia y Palestina. (19/01/2021)

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Cruz: Política de prevención aplicada por Añez contra el COVID-19 fue insuficiente e inoportuna

El informe defensorial critica las medidas aplicadas por el gobierno transitorio, que solo generó temor en la población. Una clara muestra es la ‘apertura innecesaria’ de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas, señala.

/ 15 de enero de 2021 / 12:04

En un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019, se evidenció que durante la primera ola de la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, la respuesta estatal durante la administración de la presidenta Jeanine Añez fue “insuficiente” e “inoportuna”.

“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al presentar el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”.

Para la autoridad, la política de prevención contra el COVID-19, aplicada por la anterior gestión de gobierno, generó temor en la población, pues convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Así, dijo, el resultado fue la apertura innecesaria de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

También alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que la Defensora destacó que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó la autoridad, según una nota de prensa.

Además, demandó que es necesario “dotar de ventiladores para las UTI a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la OMS e instancias científicas” y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora indicó que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola del COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.

Entre otras de las recomendaciones, el informe aconseja que el Ministerio de Educación debe incorporar dentro del currículo base la enseñanza de métodos y alternativas de prevención de enfermedades a partir de la gestión educativa 2021. Señala que los gobiernos autónomos municipales deben proveer a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención generadores de oxígeno para asegurar su abastecimiento, que deben programar de manera oportuna y sostenible la búsqueda de personas contagiadas y asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de material e insumos de bioseguridad.

La Defensora indicó que el Viceministerio de Comunicación debe desarrollar, en coordinación con el  Ministerio de Salud, una estrategia comunicacional masiva para la generación e implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención y tratamiento de la infección.

También señaló que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional regule, mediante ley, los límites máximos de aranceles para la prestación del servicio de salud en el subsector privado de salud. (15/01/2021)

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La Asfi recibirá reclamos por internet sobre diferimiento de créditos y período de gracia

El tipo de reclamo puede ser: refinanciamiento, reprogramación, período de gracia, cobro de seguros, cobros adicionales por tarjeta de crédito o desconocimiento de la normativa vigente.

Por Miguel Lazcano

/ 15 de enero de 2021 / 08:34

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) habilitó un enlace (link) en su página web para que los consumidores financieros presenten su reclamo en caso de que el banco, entidad financiera de vivienda, cooperativa o institución financiera de desarrollo no acepte la solicitud de reprogramación, refinanciamiento, diferimiento o período de gracia de su crédito.

El formulario digital incluye los datos del consumidor financiero, de la entidad financiera y operación crediticia, el nombre del oficial de crédito o persona que brindó la atención y el tema específico del reclamo, que puede ser: refinanciamiento, reprogramación, período de gracia, cobro de seguros, cobros adicionales por tarjeta de crédito o desconocimiento de la normativa vigente. En el reclamo se debe hacer una descripción del hecho.

Las autoridades del Ministerio de Economía y la dirigencia de la mayor parte de los transportistas sellaron el miércoles un acuerdo por el cual se otorga a los prestatarios del sistema financiero seis meses de gracia adicionales sin pago de capital ni intereses. Otro sector, como el de los choferes confederados, no aceptó la propuesta gubernamental.

El convenio, que amplía el diferimiento de créditos con este período de gracia, causó molestia y preocupación no solo en el sistema financiero nacional, sino en los gremios empresariales como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que advirtieron de un “desequilibrio económico” producto de estas acciones.

La CEPB advirtió, a través de un comunicado, que la determinación “produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero”.

Según la CNI, el periodo de gracia de seis meses afectará “negativamente la cultura de pago que durante décadas se cultivó en la economía boliviana”. “Las decisiones de política pública deben velar no sólo por el corto plazo y unos sectores, sino por el largo plazo y el conjunto de los sectores de la economía boliviana”, indicó esa institución.

En otro comunicado, esta vez del Gobierno, se descartó una crisis financiera por la medida adoptada por el Ejecutivo para desactivar un paro del transporte. “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmiente el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero, reitera a las Entidades de Intermediación Financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población boliviana y las convoca a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”, señala el documento. (15/01/2021)

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