Comerciantes perjudicados por el incendio en el Mall Gran Vía, del Nudo Vita de la ciudad de La Paz, instalaron una vigilia frente a la construcción y demandaron que el propietario “dé la cara”, ya que la Subalcaldía del Macrodistrito Centro señaló que la obra es ilegal.

Jhenny Cuéllar, secretaria general de la Asociación Bajo Puente Vita, Manco Kápac y Muñecas, indicó a La Razón que estarán en vigilia hasta que se retiren las cenizas y el material que cayó de la edificación, tras el fuego que afectó al piso 13 y la terraza.

“Damos un término para que limpien esta desgracia, 48 horas para que podamos volver a nuestras fuentes de trabajo”. Dijo que hay 45 comerciantes de su asociación afectadas, y que aún no se sabe el número de las vendedoras en la avenida Manco Kápac.

Pidió que se agilicen los trabajos para retornar a sus puestos donde ofrecen sobre todo frutas, verduras, ropas, utensilios de cocina y artefactos eléctricos. “Estamos pidiendo que el dueño dé la cara porque es una construcción ilegal y las más afectadas somos nosotras”.

Bomberos señaló que tras cuatro horas de trabajo se pudo controlar el incendio y añadió que por ahora continuarán cerradas las vías y anaqueles cercanos a la construcción, mientras se retira el material producido por el siniestro.

Las movilizaciones no cesan en el Día Internacional de la Mujer, con mujeres que exigen seguridad y justicia al Estado ante la ola creciente de la violencia machista. Las protestas y las demandas han vuelto al epicentro del debate, y a la agenda del Gobierno, sobre todo tras el hallazgo de una red de corrupción en el sistema judicial.

El lunes, una marcha organizada por el colectivo Mujeres Creando que partió a las 08.30 del Faro Murillo, en El Alto, congregó a centenares de personas y llegó hasta las puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde instaló carteles con las fotos de feminicidas y autoridades judiciales implicadas en hechos ilegales. 

La demanda fue enarbolada y gritada al unísono, pidiendo justicia “mujer por mujer”, “caso por caso”, con la aplicación de las más severas sanciones a los operadores de una justicia que se ha visto nuevamente golpeada por la corrupción. En otras partes del país se replicaron las movilizaciones bajo el liderazgo de las mujeres.

La indignación volvió a emerger después del descubrimiento del caso de Richard Choque, en febrero. El feminicida, sentenciado en 2015 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, fue liberado cuatro años después por el juez Rafael Alcón —hoy destituido y encarcelado—, bajo la figura de detención domiciliaria.

Sin embargo, en su libertad Choque cometió al menos otros dos feminicidios y se lo acusa también de decenas de violaciones; aparte se reveló que mató a su primo en 2011. El hallazgo provocó una espiral de protestas y salieron a la luz otros casos en los que sentenciados fueron beneficiados con medidas similares a las de Choque.

El Gobierno retomó el tema en su agenda. Por orden del presidente Luis Arce, se conformó una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, que este martes tiene previsto presentar un informe. Eso no es todo. Este Día Internacional de la Mujer, los órganos Ejecutivo y Legislativo anunciarán también un paquete de reformas a leyes del sistema penal para una mejor lucha contra la violencia.

De acuerdo con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, “se han identificado fallas en determinadas normativas que hacen al sistema penal. Por ello, se han trabajado propuestas modificatorias de leyes”. El trabajo de la comisión a cargo se basó en cuatro pilares: administración de justicia, interoperabilidad de sistemas, información y normativa.

Asimismo, decenas de organizaciones convocaron para este martes a la “Gran marcha por la vida y seguridad de la mujer”, que partirá de El Alto a La Paz a las 07.00. Es “para reclamar justicia para las víctimas de feminicidio y violencia hacia la mujer”, remarcó Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, según ABI.

Y en otros sectores impera también la falta de equidad de género y la discriminación a las mujeres. La secretaria general de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, Dolly Quilca, indicó que las afiliadas no gozan de un salario fijo, a diferencia de sus colegas varones. “Nos discriminan, por eso queremos trabajar con la Ley 348 para erradicar la despatriarcalización y descolonización”.

La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), mediante su dirigente saliente Juana Durán, señaló que en el ámbito laboral muchas afiliadas tuvieron que abandonar procesos por no contar con abogados para conseguir el pago de salarios y beneficios, una de las debilidades que tiene la justicia.

Las asambleístas departamentales de La Paz Andrea Echeverría y Samantha Coronado, de la alianza Somos Pueblo, lamentaron que hasta la fecha se hayan registrado 18 feminicidios y denunciaron la retardación de justicia y que en el aparato público no se cumple la equidad de género.

«Hay normativas que favorecen a la mujer, hay políticas sociales que favorecen a la mujer, pero nos falta todavía transformar la justicia, todavía hay ese flagelo de vivir con feminicidios en nuestro país», lamentó la dirigente Aguilar.