Sociedad

viernes 23 jul 2021 | Actualizado a 10:45

Salud inicia investigación sobre posible vacunación irregular de la hija de Evo Morales

Evaliz, de tiene 26 años, trabaja en la Procuraduría y supuestamente fue vacunada contra el COVID-19 fuera del cronograma establecido.

Evaliz Morales en una pasada manifestación. Foto de archivo: La Razón.

/ 14 de junio de 2021 / 11:19

El Ministerio de Salud inició el proceso investigativo sobre la probable vacunación irregular contra el COVID-19 de Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, informó este lunes el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

“Se ha tomado conocimiento por las denuncias (que salieron en las últimas horas); el Ministerio de Salud está (…) haciendo las investigaciones correspondientes”, dijo la autoridad gubernamental en entrevista con La Razón Radio.

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Además, cuando fue consultado si existen otras denuncias similares, Terrazas afirmó que el “viceministerio del área ha recibido denuncias y ha hecho las investigaciones”.

Es así que en todas esas denuncias “se han tomado las acciones correspondientes y las mismas investigaciones se tomarán en este caso”, ratificó.

Por su parte, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, indicó que todavía no recibió ninguna denuncia sobre la vacunación de la hija del exmandatario.

Sin embargo, “sí podemos actuar de oficio y vamos a (solicitar) la información al centro donde presuntamente se habría procedido el hecho”, agregó Ríos también en contacto con La Razón Radio.

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El Procurador considera que las víctimas ‘lo último que quieren’ es la reparación económica

En pasadas horas se confirmó que a partir de la entrega del informe del GIEI, el Gobierno boliviano tendrá 10 días hábiles para revisar y recién se tendría un documento oficial a publicar el 5 de agosto.

/ 23 de julio de 2021 / 09:52

A horas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregue su informe sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que las víctimas lo último que quieren es la reparación económica porque lo primero que buscan es conocer la verdad de lo ocurrido.

“El informe (…) va a recomendar también qué tipo de reparación integral se podría dar a las víctimas, si se ha hecho alguna de ellas; (pero) existen estándares internacionales, que no solamente son una reparación económica, es lo último que quieren las víctimas, ellos en primer lugar necesitan saber la verdad (sobre) qué ha ocurrido, quién ha sido el responsable, quién ha ordenado que se dispare, cómo se ha suscitado y los autores inmediatos, que en este caso son las autoridades (de entonces)”, dijo Chávez en una entrevista con Bolivia TV.

El jueves, la Cancillería confirmó que el GIEI —que es una entidad independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—  entregará su informe al Estado “este 23 de julio para ser publicado en las posteriores semanas conforme al procedimiento establecido”.

Luego, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que a partir de la entrega del documento, el Gobierno de Bolivia tendrá 10 días hábiles para revisarlo. Sin embargo, “esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como Gobierno”, aclaró.

Agregó que en esos 10 días el Gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y la Comisión podría aceptar o negar las “precisiones” que se realicen y una vez que conteste “recién tendríamos un documento oficial a publicar” y eso, según su cálculo, “pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” el documento será vinculante y en otras tendrá carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas (y) es algo que nosotros hemos aceptado”, señaló.

En el misma línea, el Procurador indicó que “se verá seguramente la reparación moral, la reparación económica (y hasta se tienen que hacer)  tratamientos psicológicos porque hay hogares que han quedado sin padre, sin hermano, sin la cabeza de la familia”.

Entonces, “todo eso tendrá que ser parte de un bloque de reparación integral. Nosotros vamos a ser objetivos; (ahora) efectivamente no es una sentencia, ni una opinión consultiva, pero es un informe que va a tener importantes acápites y en algunos de los acápites se va a vincular al Estado sin duda, por ejemplo, (precisamente) en el tema de la reparación integral y otros en la búsqueda de la justicia”, ratificó.

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Morales: Defenderemos democrática y pacíficamente la política de distribución de tierras

El expresidente cree que hay intentos de la derecha que pretenden administrar las tierras fiscales para devolverlas “a las oligarquías, como en tiempos del feudalismo”.

Evo Morales. Foto: APG.

/ 23 de julio de 2021 / 09:10

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este viernes que se defenderá “democrática y pacíficamente” la política de distribución de tierras que corresponde al Gobierno. 

“La política de distribución de tierras fiscales es una atribución del Gobierno Nacional lograda en la Constitución como patrimonio del pueblo y la defenderemos democrática y pacíficamente como defenderemos al hermano @LuchoXBolivia (presidente Luis Arce) y a nuestra revolución democrática y cultural”, expresó Morales a través de su cuenta en Twitter.

El nuevo conflicto por tierras surgió en el departamento de Santa Cruz en medio de denuncias de constantes avasallamientos y convocatorias impulsadas, desde la Gobernación de esa región, en defensa de los predios.

El exmandatario, en otros mensajes publicados en la misma red social durante la pasada jornada, dijo que en su Gobierno se titularon más de 5 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen para pueblos indígenas del oriente y 3 millones para los pequeños productores campesinos. Mientras, la mediana empresa recibió la titulación de 6 millones de hectáreas y los interculturales más de un millón.

“Ahora, se debate que la Chiquitanía (Santa Cruz) tiene 20 millones de hectáreas, pero tan solo se ha dotado 130.000 hectáreas de tierras fiscales”, agregó Morales, a tiempo de considerar que existen “intentos de la derecha que pretende administrar este recurso para devolverla a las oligarquías, como en tiempos del feudalismo”.

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La Defensoría investiga aprehensión de Bascopé para verificar el respeto de sus derechos

Tras los dichos del viceministro Cox, la Defensoría del Pueblo también exigió el respeto de la presunción de inocencia del procesado.

La Defensoría confirmó que Bascopé recibe atención médica. Foto de archivo: RRSS.

/ 22 de julio de 2021 / 15:40

La Defensoría del Pueblo informó este jueves que inició una investigación sobre las circunstancias en que se aprehendió a Mario Antonio “Tonchy” Bascopé Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), el 20 de julio “para verificar el respeto de sus derechos humanos”.

“Asimismo, (se) espera el informe médico forense para establecer si existió vulneración a su derecho a la integridad física y psicológica durante su aprehensión y posterior traslado a la ciudad de Sucre”, cita un comunicado de la institución.

Además, dio a conocer que personal defensorial evidenció que Bascopé se encuentra, actualmente, acompañado de sus familiares y recibiendo atención médica.

Se conoce que Bascopé cumplía una detención por el delito de sustancias controladas en el penal de Palmasola en Santa Cruz y el pasado martes logró su libertad, pero inmediatamente fue otra vez aprehendido a la salida de la cárcel por el daño ocasionado al frontis de la Fiscalía General del Estado en Sucre durante una protesta de la RJC el 6 de octubre de 2020.

Es así que la pasada jornada, el procesado fue trasladado de Santa Cruz a la ciudad de Sucre y sus allegados durante varias horas desconocían su paradero, por lo que denunciaron, a través de algunos medios de comunicación, que fue “secuestrado”.

Y cuando finalmente se supo que ya estaba en Sucre, también denunciaron que había sido golpeado y que no podía ni caminar.

Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, en una conferencia de prensa, aseguró que son “falsas las acusaciones realizadas por miembros de la delincuencia juvenil cochala” y que Bascopé fue “plenamente identificado” como partícipe de “situaciones de zozobra y de afectaciones a bienes del Estado con actos vandálicos y delictivos”.

También puede leer: El Gobierno niega ‘secuestro’ de un miembro de la RJC y confirma que está en Sucre.

No obstante, la Defensoría del Pueblo recordó que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la presunción de inocencia como un derecho humano y una garantía judicial hasta que, luego de un proceso garantista, se demuestre la culpabilidad.

“En ese marco, la Defensoría del Pueblo exige que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso, el cual debe llevarse adelante en el marco de la objetividad y la celeridad, para cuyo efecto exhorta al Ministerio Público cumplir su labor investigativa dentro los plazos legales”, cita otro párrafo del comunicado.

Del mismo modo, la Defensoría exige a las autoridades competentes investigar las circunstancias de la aprehensión de Bascopé en Santa Cruz, así como las denuncias de “malos tratos y posible tortura”.

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El GIEI entregará su informe el viernes ‘para ser publicado en posteriores semanas’

El Grupo dará a conocer resultados preliminares de su gestión a efectos de que el Estado boliviano verifique que el informe esté acorde al Acuerdo y el Protocolo de investigación.

Una de las "masacres" de 2019. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de julio de 2021 / 14:33

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, “será entregado al Estado este 23 de julio para ser publicado en las posteriores semanas conforme al procedimiento establecido”, informó este jueves la Cancillería.

Además, según la Cancillería, el GIEI —que es una entidad independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— dará a conocer solo “resultados preliminares de su gestión a efectos de que el Estado boliviano verifique que el informe esté acorde al Acuerdo y el Protocolo aplicado para la investigación”.

Luego, “concluida esta etapa, el informe final elaborado por el GIEI será publicado en las próximas semanas”, ratificó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante un comunicado de prensa.

En pasados días, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, recordó que a partir de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021 tendría que haber cumplido su trabajo el GIEI, pero por la pandemia y la gran cantidad de información de los hechos, la CIDH pidió que su trabajo sea ampliado hasta este mes.

No obstante, “lo importante de este informe es que, primero, será vinculante, eso quiere decir que todas las autoridades civiles y con uniforme tendrán la obligación de cumplir como también los órganos del Estado; (además) en este informe van a recomendar juicios penales, civiles y administrativos”, indicó.

La CIDH delegó a su secretaría ejecutiva la realización de una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019.

La visita se realizó en el marco de una invitación del Estado y tuvo por objeto recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de ese año en el país.

Después publicó sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en Bolivia y urgió la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en Bolivia a partir de octubre de 2019.

Entonces, el informe preliminar de la CIDH estableció que en la crisis, “caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”.

Calificó de “masacres” a las represiones militares y policiales en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y Senkata, cuatro días después, y otros. “En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue conformado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

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Arce convoca a la ‘unidad férrea’ y cree que se quiere ‘reeditar momentos nefastos’

“Quieren reeditar momentos nefastos, (pero) eso, por el bien de Bolivia y la pacificación de nuestro país, no lo vamos a permitir”, advirtió el Jefe del Estado.

Luis Arce en el ampliado de mujeres indígenas en Betanzos. Foto: Captura/Facebook.

/ 22 de julio de 2021 / 13:29

El presidente Luis Arce llamó este jueves a sus seguidores a una “unidad monolítica y férrea” frente a la derecha nacional e internacional, porque considera que en el país se quiere “reeditar momentos nefastos” como lo ocurrido en la crisis de 2019.

“La derecha no duerme, la derecha avanza todo el tiempo, ellos saben que no pueden perder tiempo, que no hay tiempo para discusiones entre ellos, (…) porque saben que el Gobierno avanza, que nuestras organizaciones sociales están firmes apoyando y respaldando a este su Gobierno”, dijo Arce durante su participación en un ampliado nacional de mujeres indígenas en Betanzos, Potosí.

Agregó que por eso cada día que pasa sale nueva información de cómo se había gestado “el golpe de Estado” en 2019 “no solo con intereses de la derecha boliviana, sino intereses de la derecha internacional”.

“Seguro (esa derecha internacional) ha puesto pues los ojos en nuestros recursos naturales como es de costumbre, seguro pues no quieren que avance nuestro proceso porque saben que si eso ocurre ellos no van a tener ninguna ventaja de nuestros recursos naturales”, señaló.

Por eso, según el Jefe del Estado, es importante el debate en este tipo de encuentros de sectores sociales donde “hay que avanzar, avanzar y sobre todo avanzar en unidad”.

Ahora, es cierto que “en estos ampliados siempre vamos a tener diferencias entre una y otra hermana, pero al final del día, cuando sacamos las conclusiones, (debe prevalecer la) unidad monolítica, unidad férrea (…) y eso es lo que necesitamos, unidad y unidad”, insistió.

Pues el mandatario considera que los de la derecha “quieren reeditar momentos nefastos para el país”. Sin embargo, “eso, por el bien de Bolivia y la pacificación de nuestro país, no lo vamos a permitir hermanas, no lo vamos a permitir”, advirtió.

Apoyo a organizaciones

El mandatario también garantizó que continuará apoyando desde el Gobierno a las organizaciones sociales.

“Ustedes, hermanas, tienen que estar absolutamente seguras de que nosotros les vamos a apoyar, vamos a fortalecer a nuestras organizaciones sociales, entre ellas, por su puesto a las hermanas ‘Bartolinas’, ya lo hicimos en su congreso nacional y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

El proceso de cambio “infinito”

Por otro lado, el mandatario sostuvo que el “proceso de cambio” en el país continúa y que incluso, según su criterio, seguirá hasta el “infinito”.

“El proceso no acaba hermanas, el proceso va marcha hasta el infinito y este proceso de cambio tiene la participación de las hermanas Bartolinas que se convirtieron sin duda en baluarte y pilar fundamental de nuestro proceso”, enfatizó.

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