Los gobiernos subnacionales tienen vía libre para la compra de vacunas de forma directa
El Gobierno aprobó un decreto que permite también la confidencialidad en los contratos por un período de hasta tres años.
El presidente Luis Arce anunció este jueves la aprobación del Decreto Supremo 4521, que autoriza a los gobiernos subnacionales a hacer compras directas de vacunas contra el COVID-19 y con posibilidad de confidencialidad en los contratos.
“Aprobamos un Decreto Supremo que facilita a los gobiernos subnacionales la adquisición directa de vacunas antiCOVID-19 en el extranjero, con los principios de transparencia y de legalidad”, informó Arce, mediante su cuenta de Twitter.
Cinco requisitos, que deberán revisados y controlados por el Ministerio de Salud, fueron establecidos en la norma para autorizar las compras, estos son: «Certificado de Origen de la vacuna emitido por el laboratorio productor; garantía del proveedor de la cadena de frío para el traslado; informe que garantice el manejo de la cadena de frío al interior del país de acuerdo a las especificaciones técnicas del tipo de vacuna; plan de vacunación que se enmarque al Plan Nacional de Vacunación; y registro Sanitario de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) u homologación (…)”, según el Artículo 2.
Además, en el parágrafo IV de dicho artículo se señala que ya no será necesario pedir al proveedor directo el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para formalizar la contratación, requisito que fue observado por autoridades subnacionales como el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.
La norma también habilita la posibilidad de confidencialidad. “Los contratos suscritos por los Gobiernos Autónomos para la adquisición de vacunas para la Covid-19, podrán a requerimiento del proveedor tener carácter confidencial por un periodo de hasta tres años computables a partir de su suscripción”, establece el decreto.
Pasado este tiempo deberán presenta en forma física y con documentación sustentatoria a la Contraloría.
“Los gobiernos autónomos podrán realizar esas contrataciones de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2021. El Gobierno nacional hará las gestiones necesarias”, comunicó Arce.