Sociedad

viernes 17 sep 2021 | Actualizado a 22:18

Una docente universitaria en Tarija será investigada por agresión a sus estudiantes

La Defensoría del Pueblo adelantó que investigará las agresiones de la docente y la universidad pública también anunció esas indagaciones.

Acceso a la universidad tarijeña. Foto: UAJMS.

/ 30 de julio de 2021 / 09:24

Una docente de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de Tarija, será investigada por la presunta agresión verbal a sus estudiantes. En un video que se hizo viral en las redes sociales se escucha a la catedrática insultar a los estudiantes de forma agresiva.

“Curso de mierda, no; yo tengo que anotar a los imbéciles”. Así se refiere a los universitarios durante una clase virtual. 

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, adelantó que se investigará a la mujer por sus actitudes con una clase completa. “Estamos exigiendo que se realicen las acciones disciplinarias correspondientes y se determine  la sanción que determina la norma, es importante que se pueda garantizar la seguridad a los estudiantes para evitar algún tipo de represalia”.

Por su parte, Ricardo Collpari, vicerrector de la casa superior de estudios, afirmó que una comisión investigará los hechos, pero que es importante determinar si al momento de emitir los improperios la docente “estuvo o no en clases”, según una nota de la red ATB.

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El MAS apunta a una reunión ampliada con opositores para allanar juicios de privilegio

La iniciativa es del vicepresidente del Estado y presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, y la convocatoria sería para la siguiente semana. En agenda están las cuatro proposiciones acusaciones contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Foto: APG

/ 15 de septiembre de 2021 / 10:45

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló este miércoles que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, prevé convocar a una reunión ampliada a los frentes políticos para debatir y consensuar criterios sobre los 24 juicios de responsabilidades contra exaltas autoridades.

“Debe decidirse (las posturas ante los juicios de responsabilidades) en una reunión ampliada con bancadas de oposición para determinar los cuatro juicios contra Jeanine Áñez y los otros 20. Entiendo que la próxima semana se van a tratar ambos temas”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Siles subrayó que la idea parte de Choquehuanca y que bajo su dirección, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se reunió para tomar decisiones en torno a los juicios de privilegios, porque se trata de procesos que requieren un “criterio político” y se apuntará ahora a tomar ese criterio con los frentes de oposición en el Legislativo, o sea Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.  

Entre los 24 juicios en agenda, están los cuatro contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Uno por la ampliación ilegal de la concesión de la administración de Fundempresa; otro por el crédito obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aprobación legislativa; el tercero por el atentado en contra de la libertad de expresión a nombre de la lucha contra la pandemia de COVID-19; y el más reciente, sobre las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Aunque estas cuatro proposiciones acusatorias todavía deben pasar el filtro de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Siles aclaró que el MAS y la oposición aún no se han reunido para intercambiar opiniones sobre estos juicios, pero dijo que el oficialismo advirtió algunas declaraciones públicas de legisladores opositores que son coincidentes con el partido de gobierno.

“El MAS ha escuchado algunos comentarios y declaraciones relativos a la corrupción y el genocidio, (por lo) que no deberían ni mínimamente dudar de autorizar los juicios. No hay reuniones, pero hay coincidencias y hay obligación de convocar a una reunión ampliada de todos los frentes políticos”.

Pidió a la oposición razonar de cara al pueblo. “No hay forma, o razón política o social que niegue las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró, a tiempo de explicar que una vez que la Asamblea autorice los juicios, será el Tribunal Supremo de Justicia el que determine los grados de responsabilidad y las sanciones correspondientes.

Áñez se encuentra aprehendida desde el 12 de marzo, acusada por terrorismo, sedición y conspiración, en el caso Golpe de Estado, En junio de este año, el caso fue “desdoblado” por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, lo que ahora se conoce como el caso Golpe de Estado II.

El expresidente Carlos Mesa, jefe de CC, también está en la mira de un posible juicio de responsabilidades, por el caso Quiborax.

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Iván Lima: No hay un solo acto arbitrario contra el debido proceso de Áñez

Hay apelaciones, cesaciones, acciones de libertad, incidentes, excepciones, es un escenario que muestra el debido proceso, remarcó el ministro Lima.

El ministro Iván Lima.

/ 12 de septiembre de 2021 / 12:26

El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó la posición del Gobierno frente a la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Remarcó que se ha guardado el debido proceso y que el Estado es garante de su estado de salud, al igual que de los 1.800 privados de libertad del país.

—¿Cómo evalúa el Gobierno los seis meses de detención de la expresidenta Áñez?

—Es un caso iniciado por la exdiputada Lidia Patty por terrorismo, sedición y conspiración. Ella fue detenida respetando el debido proceso en la ciudad de Trinidad, en momentos en que estaba en aprestos de fugar del país, por la información que se tiene. No estamos especulando sobre hechos que no sean reales, habiendo una causa iniciada meses antes de que fuera detenida, había una denuncia mediática y pública y no hubo un apersonamiento de ella.

—¿Por qué se determina su detención preventiva?

—No hubo la posibilidad de sustentar ese caso que se le había iniciado, por tanto existía la situación procesal, que es importante para aplicar la detención preventiva: la obstaculización de la investigación y el riesgo de fuga. Aparecen estos dos elementos, en ese caso la Fiscalía emite una orden de aprehensión y se procede a la detención preventiva.

—Su defensa alega que la Justicia no ha llevado el debido proceso en este caso.

—Contra esa decisión de la Justicia se ha presentado todos los recursos. Hay apelaciones, cesaciones, acciones de libertad, incidentes, excepciones, es un escenario que muestra el debido proceso. No se va a encontrar un solo elemento jurídico por el cual digan, Áñez o sus abogados, que hemos sido arbitrarios; si ha habido una vulneración al debido proceso, hay que discutirlo.

—¿Su condición de salud puede ser motivo para cesar la detención preventiva?

—Hay que analizar su salud, que no tiene que ver con el debido proceso. Si la salud fuera una causa para que se suspenda la detención preventiva, nadie debería estar en una cárcel. Estar privado de libertad genera una serie de problemas a la salud física y mental, es un tema fundamental, pero no es un argumento para pedir la revocación de una medida cautelar; nadie puede decir “estoy enfermo, procede en mi caso la cesación a la detención preventiva”. Cuando demuestras que no vas a irte del país y que no vas a obstaculizar la investigación, corresponde el cese, hay que establecer las razones jurídicas, las pruebas que ameritan para que no siga la detención.

—¿La atención de su salud está garantizada en el penal?

—El tema de salud está referido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y no está a cargo del Órgano Ejecutivo. Dice que a partir de que una persona ingresa a un penal debe haber un informe sobre su estado de salud y el Estado es garante de la salud de todos los privados de libertad. La norma dicta que en cada recinto penitenciario funciona un servicio de atención médica las 24 horas, a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y funcionalmente a cargo de la administración penitenciaria. No dice que estará a cargo de la clínica solicitada por el privado de libertad.

—La defensa de Áñez dice que el Gobierno está cometiendo persecución contra Áñez.

—Hemos hecho un trabajo a nivel de transparencia muy preciso en cuanto a los cuatro juicios de responsabilidades que hemos presentado ante la Fiscalía y que luego el Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa. Ha habido decretos supremos (en el gobierno de Áñez) que han dado lugar a actos de violencia, actos graves de corrupción. No hay persecución política. Tenemos dos opciones: un pacto de silencio o el debido proceso, hemos seguido el debido proceso.

—¿Y la solicitud de información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Áñez?

—La CIDH no tiene un procedimiento de medida cautelar estándar ni tiene plazo para emitir esa información. A raíz de las solicitudes, la CIDH amplió el periodo para responder por siete días adicionales, y es posible que nos siga solicitando información. Una medida cautelar puede tener incluso la solicitud de visitarla o de otras solicitudes de información. No son ellos un juez más, no emiten mandamientos ni derogan leyes, lo que hacen es recomendar al Estado que pueda tomar medidas concretas.

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Áñez, 6 meses de detención, 10 reveses judiciales y un tira y afloja por su salud y juicios

Su defensa insiste en que se violó leyes procesales y que merece ‘casa por cárcel’

La madrugada del 13 de marzo en que Áñez llegó a La Paz, junto a Del Castillo y Aguilera. Foto: ABI.

/ 12 de septiembre de 2021 / 12:10

Hoy se cumplen seis meses de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, en medio de un tira y afloja por su estado de salud y sus solicitudes de “casa por cárcel”, con 10 reveses judiciales en el camino, y una guerra legislativa anunciada para poder enjuiciarla.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”. Así anunciaba la detención el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de las redes sociales, la madrugada del 13 de marzo .

Áñez lucía un atuendo deportivo cuando fue hallada un día antes en el interior de un sommier de una casa en Trinidad, Beni. Luego, ataviada en un abrigo negro y flanqueada por Del Castillo y por el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, llegó a La Paz y fue llevada a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

A partir de entonces está tras las rejas. Primero en la carceleta policial y, desde el lunes 15, en un centro penitenciario (el penal de Obrajes y luego el de Miraflores), ya que la Justicia le dio cuatro meses de detención preventiva, que más tarde se convirtieron en seis dentro del caso Golpe de Estado; más aún, debe estar otro medio año bajo reclusión por otro proceso abierto en la vía ordinaria.

FUGA. Junto a ella corrieron la misma suerte sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que están en el penal de San Pedro. Riesgo de fuga y de obstaculización a la investigación fue la razón para la determinación del juez en sus audiencias de medidas cautelares.

Uno de los abogados de la exmandataria transitoria, Luis Guillén, asegura que hubo un allanamiento a su casa que violó las normas procesales, al igual que en su aprehensión y su imputación.

“La primera acción que tomó la defensa fue un incidente de aprehensión ilegal, porque la señora Áñez debía ser citada antes de emitirse una orden de aprehensión en su contra, en el caso no pasó esto”.

Guillén acota que la orden de allanamiento a la vivienda fue con el “pretexto” de buscar la nota escrita que el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman leyó, acompañado de otros jefes militares, “sugiriendo” la dimisión del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Fuentes oficiales tienen otra versión. Indican que Áñez tenía un plan de fuga, por lo cual se encontraba oculta y tenía incluso boletos comprados para abordar una avioneta con destino a Brasil, ese 12 de marzo. Había sido alertada de la orden de aprehensión por Yerko Núñez, su exministro de la Presidencia, quien recibió el dato del entonces fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío. Él logró escapar y se encuentra actualmente prófugo.

El caso Golpe de Estado investiga el derrocamiento de Evo Morales, quien renunció asfixiado por protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 2019, Áñez se proclamó presidenta, después de reuniones extralegislativas que permitieron que tome el poder.

Guillén cuestiona también que se haya declarado competente a un juzgado ordinario “para asumir competencia en algo que tenía que estar siendo dilucidado bajo la ley del juicio de responsabilidades”. Y añade que las acusaciones de “terrorismo, sedición y conspiración” que pesan contra su defendida no pudieron ser demostradas.

DISCURSOS. Eso no es todo. Denuncia el “fraccionamiento” de procesos, lo que provocó que Áñez sea igualmente acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “Está siendo juzgada dos veces por el mismo hecho”. Esto es parte de los 10 reveses judiciales que sufrió en seis meses. (Ver infografía)

En las últimas semanas, el estado de salud de la exmandataria ha provocado un tira y afloja de discursos. La defensa de Áñez afirma que ella precisa salir de la cárcel para recibir los cuidados adecuados; mientras que el Gobierno, con informes de especialistas en la mano, replica que la expresidenta se encuentra estable.

Ahora, en el horizonte próximo está el debate legislativo para entablar o no un juicio de privilegio contra la expresidenta. El oficialismo apunta a aprobarlo, pero la oposición ha condicionado ello a una reforma previa de la Justicia. Mientras se abre otro episodio en esta novela, con el pedido de los abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares para la exsenadora. 

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Porvenir: una masacre que arrastra 13 años de impunidad

Junto a Leopoldo Fernández fueron procesados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir; Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano. Todos fueron condenados.

El entonces prefecto Leopoldo Fernández, cuando fue detenido. Foto: La Razón

/ 11 de septiembre de 2021 / 19:51

Un enfrentamiento en Porvenir, Pando, entre campesinos y funcionarios de la entonces Prefectura acabó con 13 muertos, un 11 de septiembre de 2008, hace 13 años. Las víctimas aún buscan que el proceso termine con el resarcimiento civil.

En contacto con La Razón, la abogada de las víctimas de la masacre, Mary Carrasco, lamentó  que procesos dentro del Órgano Judicial hayan regalado impunidad a los autores del crimen.  “Quieren que pase al olvido la masacre de Porvenir y es evidente que el tiempo puede ir en contra de esa clase de hechos, que las nuevas generaciones ni siquiera conocen o valoran”, protestó.

Un grupo de campesinos, junto a tres normalistas, se trasladaba ese día hacia Cobija, Pando, para tomar oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con el argumento de proteger derechos de titulación. Funcionarios de la Prefectura, liderados por el entonces prefecto Leopoldo Fernández, cavaron zanjas para evitar avanzar a su destino.

“Los propios funcionarios de la Prefectura realizaron dos zanjas para impedir su transporte, violando su derecho a la libre locomoción”, recordó Carrasco.

En ese trajín se protagonizaron los enfrentamientos en Porvenir, una población enclavada en la amazonía pandina, fronteriza con Brasil. El saldo fue 15 muertos entre campesinos, normalistas y funcionarios del gobierno departamental. Poco después de es hecho, las Fuerzas Armadas tomaron el control de Cobija.

La jurista recordó que tres jóvenes paceños fueron a estudiar a Cobija para ser maestros ya que no había más cupos en la sede de gobierno; no imaginaban que iban a encontrar la muerte a más de 640 kilómetros de casa.

 Las madres de estos tres estudiantes fueron las que sentaron la denuncia contra Fernández, otras autoridades y funcionarios públicos, cinco días después del fatídico hecho.  Había al menos 26 personas sindicadas, pero muchas de llas huyeron del país.

Algunos de los marchistas intentaron huir del escenario cruzando el río Tahuamanu, pero los acribillaron sin piedad. “Del puente, con una visión de absoluta ventaja, fueron acribillados”.

CULPABLES. En marzo de 2017, Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.

Junto a la exautoridad fueron procesados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir; Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano. Todos fueron condenados.

En 2019, Fernández obtuvo libertad irrestricta, pura y simple, después de haber cumplido poco más de cinco años, convalidando su tiempo de detención preventiva y domiciliaria.

 “Lo ocurrido es violatorio a los derechos humanos (DDHH), lo han dicho todas las instancias, el Alto Comisionado de los DDHH a la cabeza de Denis Racicot, además estuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Defensoría del Pueblo. Tiene informes que refieren un acto de masacre”.

La abogada comentó que una vocal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia intentó una serie de “maniobras judiciales” para que el hecho prescribiera.

Carrasco recordó que los argumentos que se utilizaron en aquel hecho se parecen a los que expresó el exministro de Gobierno Arturo Murillo cuando aseguró que las víctimas fatales de Sacaba y Senkata, en 2019, “se habían disparado entre ellos”. 

Lista de fallecidos

Bernardino Racua, Nora Montero de Racua, Dumay Villanueva, Agripino Vargas, Roberto Rodríguez, Hernán Justiniano, Pedro Oshiro (funcionario de la Prefectura), Alfredo Céspedes (Prefectura), Ramiro Tiñini Alvarado, Antonio Toni Rivera, Jhonny Cori Salsuri, Wilson Castillo Quispe y Alfonso Cruz Quispe.

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Basteiro: Declaración de nuevo testigo confirma colaboración entre Macri y Áñez

El Embajador de Argentina en Bolivia aseguró que hay nuevos elementos que permitirán una tercera ampliación en la denuncia contra el expresidente de Argentina y algunos de sus colaboradores más cercanos.

Por Mónica Arrien

/ 9 de septiembre de 2021 / 12:36

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo este jueves en entrevista con La Razón Radio que la aparición del nuevo testigo “privilegiado” en el proceso de envío de material antidisturbios de Argentina hacia Bolivia, solo confirma que el gobierno del expresidente argentina Mauricio Macri colaboró con el gobierno de Jeanine Áñez en la crisis poselectoral de 2019.

El informante reveló que hubo una disputa entre el agregado de la Gendarmería, Adolfo Caliba, y el agregado Naval, Miguel Ángel Alonso, para ver de qué manera se distribuía el cargamento (70.000 cartuchos y 700 granadas de gas de diferente tipo) entre la Policía Boliviana y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

“Se está filmando un documental sobre el hecho y hay la declaración de un empleado que cumpliendo sus funciones, no solo vio el descenso del cargamento, vio el desvío del material yendo una parte al hangar de los Diablos Negros de las Fuerzas Armadas y otra parte para la Policía. También cuenta la disputa por la distribución”, dijo Basteiro.

Se trata de una persona que trabaja en la Embajada de Argentina en Bolivia hace una década. La Razón tuvo acceso al material audiovisual donde el testigo comenta lo que vio el 13 de noviembre, tres días después del derrocamiento del expresidente Evo Morales.

“Todo esto lo han hecho en dos días, el 10 renuncia Evo y el 13 ya están llegando las cosas acá, medio que no concuerda ¿cómo puede ser que se hagan las cosas tan rápido? Yo supongo que las cosas ya estaban siendo organizadas previamente”, dice el hombre sin revelar su identidad, por razones de seguridad.

Mientras tanto, en Argentina, dijo Basteiro, las investigaciones por contrabando de armas se acelerarán, toda vez que se definió al juez que seguirá la causa, luego de haberse presentado observaciones a los inicialmente designados.

También dijo que el ministro de Justicia argentino, Martín Soria, adelantó que habrá una tercera ampliación en el caso para aportar estas nuevas pruebas. En una segunda ampliación se pudo comprobar que la mañana del 12 de noviembre hubo en la Casa Rosada una reunión con altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con el fin de coordinar acciones para el envío de los pertrechos, en colaboración al nuevo gobierno de Jeanine Áñez.

“Lo anterior y los nuevos elementos lo único que hacen es confirmar lo que dijimos desde el primer día o despejar dudas si es que habían: que el envío de armas por contrabando existió, que hubo colaboración entre Añez y Macri, que ese material llego días antes de la represión en Sacaba y Senkata, y que no se descarta su uso en estos hechos”. 

Junto a Macri, están acusados el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García. También son investigados el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, Caliba, Recalde y el exdirector de Logística Rubén Yavorski.

Mientras que en Bolivia también se abrió una investigación. Wilfredo Chura Condori, jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de la FAB confirmó que en almacenes estaban 40.000 unidades del material antimotín. La Policía también encontró en sus depósitos otra parte del lote.

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