Sociedad

viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 03:51

La educación a distancia se redujo del 60% al 37% en menos de un mes

El ministro Adrián Quelca confirmó que sigue aumentando la cifra de las unidades educativas que decidieron retornar de manera gradual a clases presenciales y semipresenciales.

Clases en tiempos de pandemia. Foto de archivo: La Razón.

/ 1 de agosto de 2021 / 16:44

La cifra de las unidades educativas del país que todavía pasan clases a distancia, debido a la pandemia del COVID-19, se redujo de casi 60% a un poco más del 37% en las últimas tres semanas, según datos proporcionados este domingo por el ministro de Educación, Adrián Quelca.

La autoridad gubernamental explicó que cuando el presidente Luis Arce habló sobre el retorno a clases presenciales y semipresenciales –durante un acto público realizado en Laja el pasado 11 de julio– todavía “teníamos casi el 60% de unidades educativas pasando clases en la modalidad de educación a distancia”.

Pero, desde entonces, “cada semana hemos ido incrementando (en las clases presenciales y semipresenciales) porque las condiciones sanitarias así lo han permitido y el dato (actual) es el siguiente: tenemos con clases presenciales a 4.484 unidades educativas de todo el país, que representan el 28,10%; con las clases semipresenciales, 5.444 unidades educativas, que representan el 34,12%; y con clases a distancia, 5.997 unidades educativas, que representan el 37,58%”, detalló.

Por tanto, de acuerdo al ministro, lo anticipado por el Jefe del Estado “se está realizando porque la estrategia de la recuperación del derecho a la educación está acompañada también por las medidas sanitarias y la vacunación” contra el COVID-19.

“Entonces este es el panorama y obviamente lo hacemos con todas las medidas de bioseguridad que corresponden porque es nuestra obligación garantizar el retorno seguro a clases; además, obviamente, durante la semana que viene, (es decir) desde el 2 de agosto más unidades educativas se van a seguir sumando de manera gradual a las modalidades de las clases semipresenciales y presenciales”, enfatizó Quelca en una entrevista con Bolivia TV.

Estas expresiones del Gobierno surgen en medio del rechazo de algunas organizaciones de padres de familia, como de las unidades educativas de la zona Sur de La Paz, donde aseguraron que no permitirán que sus hijos vuelvan a las aulas en las actuales condiciones sanitarias debido a la continua pandemia del coronavirus.

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Richter califica de ‘contundente’ el pedido de EEUU y anuncia que la Cancillería le responderá

El vocero presidencial cree que las plataformas políticas todavía quieren preservar los “grupos irregulares” como un “último reservorio de esperanza para (…) desestabilizar el país”.

Jorge Richter en entrevista con La Razón. Foto: Oswaldo Aguirre.

/ 21 de octubre de 2021 / 14:23

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este jueves que es “contundente” el pedido realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para el desmantelamiento de “grupos irregulares” en el país.

“La Embajada americana lo que está señalando es un pedido contundente de decir: señores en Bolivia esto está existiendo y hay que (desarticular)”, afirmó Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

Ese pronunciamiento surgió después de que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas en Bolivia por parte de grupos, como la Resistencia Juvenil Cochala, que fueron identificados como “parapoliciales” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

Ahora, “a través de la Cancillería se va a tomar contacto (con Estados Unidos) para realizar la respuesta que corresponde, pero, de manera clara, el presidente (Arce), cuando se presentó el informe del GIEI, ya anunció que estos grupos van a ser desmantelados”, agregó Richter.

También puede leer: Arce demanda juicio de responsabilidades y anuncia eliminación de grupos ‘parapoliciales’.

El funcionario señaló que la desarticulación de estos grupos se realizará “aunque desde las plataformas políticas, (como) Creemos y Comunidad Ciudadana, se los trate todavía de preservar como un último reservorio de esperanza para ver si con ello pueden desestabilizar el país”.

Sin embargo, “no tienen futuro ni perspectiva”, concluyó el vocero.

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Tras la revisión de actas, el Procurador solicita al TSE otorgar información en 24 horas

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El acceso al edificio del TSE. Foto de archivo: La Razón.

/ 21 de octubre de 2021 / 12:57

Después de que la Procuraduría General del Estado realizó el análisis “acta por acta” de las elecciones generales de 2019 para descartar que hubo “fraude” en esos comicios anulados, ahora requiere al Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgar información relacionada a ese proceso en un plazo de 24 horas.

Según una misiva del procurador Wilfredo Chávez, a la que tuvo acceso La Razón y está dirigida a Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, se solicita a esa autoridad electoral instruir otorgar a la Procuraduría un “informe técnico jurídico” y también unas fotocopias legalizadas de determinadas actas.

Sobre el primer requerimiento, se precisa que “mediante la Dirección Nacional Jurídica del TSE (se pueda remitir un) informe técnico jurídico, que señale y determine cuál fue el análisis legal que se realizó en las elecciones generales de 2019 de las actas que no pueden ser verificadas en el sitio oficial del TSE para la revisión de las mismas”.

Sobre la segunda solicitud, se pide que “mediante la Secretaría de Cámara del TSE, se fraccione fotocopia legalizada de las actas anverso y reverso que no se encuentran en la página web”.

Y toda esa “información requerida deberá ser remitida a la Procuraduría General del Estado en un plazo de 24 horas, computables a partir de la recepción del presente requerimiento en el marco de lo establecido en el Núm. 5 del Art. 18 de la Ley 064 del 15 de diciembre de 2015”, concluye la misiva.

La carta fue recibida en ventanilla única del TSE a las 12.07 del miércoles, por lo que su plazo de la Procuraduría concluye este jueves.

El pasado 15 de octubre, la Procuraduría General del Estado terminó la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en ese proceso electoral no existió “fraude”. 

También puede leer: Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019.

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Arce dice que mostrará la ‘cobardía’ y ‘falta de dignidad’ de la Secretaría de la OEA

“Este tema (de las elecciones anuladas de 2019) está más abierto que nunca y es un tema que nunca se va a cerrar”, afirmó el embajador de Bolivia ante la OEA.

Héctor Arce en una entrevista con La Razón Radio.

/ 21 de octubre de 2021 / 11:33

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aseguró este jueves que en el evento organizado, con el apoyo de Argentina y México, para descartar el supuesto fraude electoral de 2019, mostrará al mundo la “cobardía” y la “absoluta falta de dignidad” de la Secretaría de ese organismo que rechazó su invitación. 

“Este tema no está cerrado, mañana van a haber dos sillas con sus nombres, del señor (Francisco) Guerrero y del señor (Gerardo de) Icaza; le vamos a mostrar al mundo la cobardía y (su) absoluta falta de dignidad; si bien ellos hablan de dignidad, lo digno es ir y defender, lo digno es ir y ser transparente, lo digno es ir y debatir sus ideas, (por lo que) vamos a mostrar su absoluta falta de dignidad en su negativa de asistir a este evento, que será extraordinariamente revelador con una serie de datos y elementos”, dijo Arce en La Razón Radio.

El viernes se realizará un evento, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, en el Salón de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos, para rebatir la auditoría realizada por la Secretaría General de la OEA a las elecciones de 2019, que estableció una supuesta “manipulación dolosa” de los votos llegando a agravar la crisis que se vivía en el país hasta provocar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de denuncias de “fraude”.

Al evento, además de embajadores y académicos, también estaban invitados Guerrero e Icaza, pero, mediante una carta, respondieron a Arce que “por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional” no participarán, porque, además, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA las elecciones anuladas de Bolivia son un “tema cerrado”.

También puede leer: Secretaría de la OEA ve justas de 2019 como ‘tema cerrado’ y descarta invitación de Arce.

Sin embargo, “este tema (…) está más abierto que nunca y es un tema que nunca se va a cerrar, nunca se va a cerrar porque estamos hablando de la vida de 38 personas; si el informe (o la auditoría) de la OEA no hubiera existido, si (en ese documento) no se hubiera tergiversado la verdad, hoy día 38 familias tendrían (a sus seres queridos que murieron tras el agravamiento de la crisis de 2019)”, agregó Arce.  

Además, consideró que la negativa de asistir a este evento, pone en evidencia del contexto internacional “la absoluta falta de argumentos” que tiene la Secretaría General de la OEA, de la cual forma parte la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.

Entonces, “obviamente, ante la falta de argumentos, ante no saber qué decir, no saber qué explicar, han presentado esta carta, (que es un) exabrupto (…) y un gravísimo error porque el caso no se va a cerrar porque ellos digan que se cierre o porque tengan miedo a (…) dar sus argumentos”, insistió el embajador boliviano, quien también denunció que en siete ocasiones ya solicitó información a la Secretaría de la OEA sobre su cuestionado trabajo sin ninguna respuesta favorable.

También puede leer: En Bolivia ven que secretaría de Almagro ‘huye del debate’ sobre datos que descartan un fraude electoral en 2019.

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Algunos Sedes son cuestionados, Terrazas dice ‘no quisiéramos pensar en boicot’

El viceministro Álvaro Terrazas se refirió específicamente a los servicios departamentales de Pando, Beni, Potosí y La Paz y habló de “ineficiencia” y “negligencia” en el trabajo de esas unidades regionales.

Vacunación en Bolivia. Foto de archivo: La Razón.

/ 21 de octubre de 2021 / 09:04

Algunos servicios departamentales de salud (Sedes) nuevamente fueron cuestionados por el Gobierno debido a las dificultades en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y esta vez, incluso, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, dijo “no quisiéramos pensar en boicot” al referirse a una posible “ineficiencia” y hasta “negligencia” en el trabajo de esas unidades regionales.

“La coordinación (con los Sedes) siempre ha tenido sus vaivenes, altibajos; en general, los programas ampliados de inmunización departamental y nacional tienen un buen contacto, (sin embargo) lastimosamente con algunos Sedes, algunas gobernaciones, nos cruzamos con aspectos burocráticos, que pareciera que fueran malintencionados, pero no quisiéramos pensar en boicot, yo creo que no hay ninguna gobernación, ningún Sedes, que pueda trabajar o esté boicoteando la salud de su propio pueblo”, dijo.

La autoridad gubernamental agregó que existen gobernaciones que, por los niveles de cobertura en la vacunación, “evidentemente no están haciendo lo suficiente”, por lo que “podemos hablar de ineficiencia e incluso de negligencia”.

En todo el país “hemos pasado ya el 61% con primeras dosis aplicadas y más del 51% de nuestro objetivo con segundas dosis, pero tenemos departamentos que están en la cola, (por ejemplo) Pando, Beni, Potosí y La Paz que son los cuatro que están lastimosamente rezagados en los niveles de cobertura que estamos buscando”, sostuvo en una entrevista con Bolivia TV.

Por lo tanto, el funcionario considera que todavía queda un “amplio trabajo” por realizar en lo que queda de 2021 porque hasta fin de año se busca llegar “a un nivel óptimo de cobertura del 90%”.

El miércoles, el ministro de Salud, Jeyson Auza, también cuestionó a los Sedes e incluso les advirtió con sanciones en el marco de la normativa vigente en el caso de que incumplan los instructivos de esta cartera de Estado u obstaculicen el avance de la vacunación de la población boliviana.

“Queremos decirles a todos los servicios departamentales de salud que vamos a ser estrictos en la emisión y en el seguimiento del cumplimiento de los instructivos que estamos emitiendo, somos el ente rector y aquellas instancias que no cumpla con las determinaciones del Ministerio de Salud serán sancionadas como la ley lo permite”, afirmó Auza.

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El Gobernador de La Paz califica de ‘maldita’ a la Ley 1386 y pide su anulación

Quispe insta al Gobierno a “conversar” sobre la normativa con los dirigentes de todos los sectores y no solamente con aquellos que lo apoyan.

El gobernador Santos Quispe. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 20 de octubre de 2021 / 16:22

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, calificó este miércoles de “maldita” a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, porque considera que solo beneficia al Gobierno.

“Esta ley solo ha beneficiado al que está gobernando, siempre el Gobierno va a colocar leyes a su favor, pero nunca a favor del pueblo, por eso (hay) protestas de los gremiales, transportistas (y otros sectores); esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno y no beneficia al pueblo”, afirmó Quispe.

Algunos dirigentes de los gremialistas, transportistas, mineros y movimientos cívicos amenazaron con asumir una serie de medidas de presión a partir de las próximas horas en contra de la cuestionada normativa.

Por lo que el Gobernador dijo que el Gobierno ya debió “consultar y conversar” sobre la normativa con los dirigentes de todos los sectores y no solamente con aquellos que lo apoyan o respaldan.    

“Pero nada, (no está ocurriendo eso), por eso hay rechazo (…) y nosotros, como Gobernación, también queremos la anulación de esa ley, porque perjudica a todos nuestros hermanos que trabajan día a día”, agregó Quispe.

Sin embargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, remarcó que “esta ley no afecta a esos sectores” y que, por el contrario, solo “están siendo utilizados por dirigentes que no representan sus intereses”.

“Los dirigentes (que convocan a las protestas) representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, aseguró Silva.

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