Sociedad

lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 22:48

En su informe, el GIEI denuncia la censura y las amenazas al caricaturista Al-Azar

El 13 de noviembre de 2019, un grupo de periodistas de La Razón pidió el retiro de una caricatura de Alejandro del portal digital del diario, que derivó en amenazas al dibujante y su posterior renuncia.

El 3 de diciembre, Alejandro Salazar comenzó a publicar en La Razón su espacio en blanco.

/ 18 de agosto de 2021 / 18:41

En el capítulo referido a los ataques a la libertad de expresión durante la crisis poselectoral de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lamentó la censura y las amenazas al caricaturista de La Razón Al-Azar.

“Ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido con el pseudónimo Al-Azar, del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas luego de recibir amenazas”, describió el documento difundido el martes en La Paz.

La caricatura que intentó ser censurada fue publicada el 12 de noviembre de 2019, el día de la proclamación de Jeanine Áñez.

Alejandro Salazar (Al-Azar) sufrió entonces el intento de censura de su caricatura que publicó el 12 de noviembre de 2019, el día de la proclamación de Jeanine Áñez luego de dos días de desgobierno tras la renuncia del presidente Evo Morales. El dibujo mostraba un “tanque” cuyo cañón de una columna romana apuntaba a una mujer y a sus niños; el cuadro se completaba con Pinocho al mando del aparato y unos militares atrás.

Entonces un periodista de La Razón pidió el retiro del dibujo de la página digital, aunque otros colegas consideraron que se trataba de una censura si es que se consumaba la petición. En un mensaje difundido en redes sociales, el 13 de noviembre, un grupo de editores y redactores del diario cuestionó el dibujo.

Semanas después, el 3 de diciembre, Al-Azar dejó de difundir sus caricaturas y La Razón explicó en un subeditorial que “lo que más pesa en el alejamiento de Alejandro es el dedo acusatorio de sus propios colegas periodistas y fotógrafos, que en un ‘pronunciamiento público’, reafirmado luego en una columna sindical, deslindan ‘responsabilidad’ por sus caricaturas”.

Al-Azar explicó más tarde que a raíz de la censura su familia y sus hijos fueron amenazadas por grupos radicales. A finales de 2020, Salazar volvió a las páginas de opinión de La Razón.

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En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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El TCP considera que en 2019 no hubo ‘vacío de poder’ y desahucia la proclamación de Áñez

El Tribunal Constitucional emitió el 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de ‘vacío de poder’.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio de Gobierno, minutos de su autoproclamación, el 12 de noviembre de 2019.

/ 15 de octubre de 2021 / 14:25

A través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que en la crisis poselectoral 2019, tras las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado, y de los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, no hubo vacío de poder.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ salvo a las presidencias de las cámaras legislativas.

En los expedientes, la legisladora de minorías arguyó que “la sucesión ‘ipso facto’ no le correspondía a su excolega Rivero porque ‘publicó en su cuenta de Twitter una carta de renuncia irrevocable dirigida a todo el país’”. El TCP, con base en el Reglamento de la Cámara de Diputados, consideró que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de la proclamación de Áñez, de UD.

Entonces, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias sucesivas del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, renunció antes de la dimisión de Morales.

En sendos actos legislativos, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se declaró, primero, presidenta de esa cámara y, luego, presidenta del Estado. No había quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, entonces de dos tercios, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, ésta se aplica efectivamente ‘ipso facto’ de la presidencia a la Vicepresidencia del Estado”, dice la sentencia del TCP a la que accedió La Razón.

Por tanto, la renuncia de la exdiputada Rivero “surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión. No existe la figura de ‘vacío de poder’ para justificar el incumplimiento a este requisito legal”, dice el resumen de la sentencia.

En su resolución, el TCP declaró infundado el recurso de nulidad presentado por Fernández contra Borda y Rivero.

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El expediente del intocable Camacho

/ 13 de octubre de 2021 / 01:38

La noticia sobre el acuerdo con un minero que en 2019 le ofreció a Luis Fernando Camacho “tumbar” a Evo Morales, incluso con el uso de “1.000 mineros llenos de dinamita”, pasó como si se tratara de una simple anécdota. Nadie se inmutó, ni los medios de información entendieron que la develación, planteada por el mismísimo ahora Gobernador de Santa Cruz, sea noticia.

Hace una semana, LA RAZÓN publicó un segundo extracto de un video que apareció el 28 de diciembre de 2019, cuando Camacho contó a sus correligionarios su “proeza” de haber derrocado a Morales luego de que su padre había “cerrado” con militares y policías.

“Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, cuenta el otrora líder cívico cruceño en el video.

Dice que el minero tenía miedo de que los militares lo detengan. “Le dije que ‘no, no se preocupe, hablé con los militares, con el general, me dijo que ni iban a salir’”, recuerda.

“Quedó tranquilo, me dice: ‘Te doy hasta el domingo; si el domingo no se va, el lunes le saco yo con dinamita”, dice Camacho en el video que no causó mayor repercusión.

¿No es grave la develación? ¿Por qué no interesó el caso a los medios de información que dicen llamarse independientes, plurales e imparciales?

No, lamentablemente. Otra vez un evidente cerco mediático naturaliza hechos graves que ocurrieron en 2019, como las masacres de Sacaba y Senkata.

Camacho se ha convertido en los últimos meses en un tipo —parafraseándolo— intocable, que puede contar sus aventuras sediciosas sin inmutarse y repetir la historia sin que nadie pueda hacer algo.

Acaba de amenazar al presidente Luis Arce con “un segundo round”. Y su lugarteniente, Rómulo Calvo, su sucesor en la presidencia del Comité pro Santa Cruz, dijo tener la “receta para tumbar a un dictador”.

Camacho se desgañita en ser el defensor de las libertades y de la democracia. Su discurso no calza en el espíritu democrático.

En la crisis poselectoral de 2019 hizo todo lo posible por desnaturalizar los valores democráticos y naturalizar actos que rayan en la sedición, de manera recurrente y sistemática.

Su expediente es largo desde que irrumpió en la agenda nacional el 21 de octubre, un día después de las elecciones de entonces.

En sendos cabildos multitudinarios, eso sí, invocó a las Fuerzas Armadas, propuso la atención de un pliego de la Policía Boliviana a través del “próximo gobierno”, planteó el “punto final” y la conminatoria de renuncia en 48 horas de Morales, y redactó una carta de dimisión para que la firme el presidente.

Es más, el 4 de noviembre propuso que la entonces decana del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, reemplace a Morales, y que renuncie la “sucesión constitucional”. La mañana del 10 de noviembre, sugirió “una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población”.

Y en la tarde, antes de la renuncia de Morales, irrumpió en el Palacio Quemado (dijo en el video que fue con ayuda del ahora fallecido director de la UTOP, Heybert Antelo), en cuyo hall plantó la carta de renuncia de marras, una Biblia y una tricolor. ¿Puede un civil que no sea funcionario ingresar así en el edificio gubernamental?

Ahora, blindado por su victoria en las subnacionales de marzo, Camacho desafía otra vez y nadie —la Fiscalía suspendió sin razón aparente su declaración— hace nada por hacerle entender que lo que hace no condice con la institucionalidad democrática del país. Se ha convertido peligrosamente para la democracia en un político intocable.

Rubén Atahuichi es periodista.

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El TCP frena la ley cruceña de nombramiento de fiscal, procurador o defensor regionales

La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizaciones de las referidas entidades públicas”, dice el TCP.

/ 8 de octubre de 2021 / 17:17

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó la ley de designación de autoridades regionales que sancionó la Asamblea Departamental de Santa Cruz y que causó preocupación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma, sancionada el 17 de septiembre, dispone la designación de representantes regionales de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de un auto supremo dictado el 1 de octubre, el TCP consideró “ha lugar la solicitud de medida cautelar formulada por Andrónico Rodríguez, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta que se resuelva el fondo de la problemática”.

El TCP analizó la demanda del senador, presentada el 24 de septiembre, y consideró que aquella cumple los requisitos de “1) el o los actos que pretende no se ejecuten, 2) el daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas y 3) la vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que se denuncian como vulnerados”.

Además, afirmó que en la solicitud “se advierte que expresó adecuadamente cuál es la resolución o acto que pretende que no se ejecute señalando que solicita que el Gobierno Departamental de Santa Cruz se abstenga de promulgar y publicar la Ley Departamental de la Organización del Órgano Legislativo, que tiene por objeto establecer la organización de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz respecto a su composición, estructura y funcionamiento (…)”.

La Asamblea Departamental de Santa Cruz, dominada por la alianza Creemos, del gobernador Luis Fernando Camacho, sancionó la ley departamental “sobre la elaboración de ternas para las designaciones” del fiscal departamental, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y director de la oficina Anticorrupción.

La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizaciones de las referidas entidades públicas, irrumpiendo la voluntad del legislador del nivel central del Estado”, dice el auto supremo del TCP.

Hace unos días, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, había aceptado la posibilidad de que el TCP diga lo contrario a la norma sancionada, y rechazó que el proyecto busque consumar el “separatismo” cruceño, como denunció el 24 de septiembre el ministro de Justicia, Iván Lima.

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La CIDH niega la solicitud de medidas cautelares de Jeanine Áñez y cierra el caso

"La Comisión ha exhortado a la parte solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Jeanine ¿Añez", dice la CIDH.

Jeanine Áñez, conducida por autoridades policiales. Foto: APG

/ 8 de octubre de 2021 / 14:54

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares de Jeanine Áñez y cerró el caso. «El expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado», dice el texto compartido a las partes.

La decisión del organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue comunicada a las partes, la exmandataria y el ministro de Justicia, Iván Lima.

El documento, al que accedió previamente La Razón, señala que “la Comisión ha exhortado a la parte solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Jeanine Áñez”, afirma parte del texto.

Áñez, a través de sus abogados, solicitó el 26 de agosto medidas cautelares ante la presunta vulneración de sus derechos por parte de las autoridades de Régimen Penitenciario del país.

Acusada de sedición, terrorismo y conspiración en el caso Golpe de Estado y resoluciones contrarias a al Constitución y las leyes, la exmandataria transitoria guarda detención preventiva desde el 15 de marzo de 2019, inicialmente, en el penal de Obrajes y actualmente en la cárcel de Miraflores de La Paz. Entre el 12 y 13 de ese mes había sido detenida en Trinidad, cuando se encontraba a punto de salir del país con rumbo a Brasil, según las autoridades policiales.

Luis Guillén, abogado de Áñez, informó del trámite ante la CIDH tras haberse agotado —dijo— las instancias judiciales en Bolivia para restituir los derechos vulnerados de la expresidenta recluida desde marzo.

“Esta solicitud se ha motivado debido a las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria de Estado. Y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado que hasta el día de hoy no ha podido recibir para restablecer su estado de salud”, sostuvo.

Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia del presidente Evo Morales. En sendos actos en la Asamblea Legislativa se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego mandataria, en una reunión sin quorum ni presencia de la mayoría legislativa de los dos tercios, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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