Sociedad

sábado 23 oct 2021 | Actualizado a 11:36

Viceministro Benjamín Blanco: ‘Una obligatoriedad de vacunarse no es posible implementar’

Hasta el domingo, 6.392.362 dosis contra el COVID-19 fueron aplicadas en todo el país.

Proceso de vacunación en el país. Foto de archivo: La Razón.

Por Edwin Condori

/ 20 de septiembre de 2021 / 08:30

En medio de la ralentización en el proceso de vacunación contra el COVID-19, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, ratificó este lunes que no es posible obligar a las personas a que se inmunicen.

La autoridad remarcó que el país tiene compromisos internacionales, tanto con el mecanismo COVAX como con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en ese sentido una de las recomendaciones es que la vacuna sea voluntaria.

Nosotros “seguimos una línea a nivel internacional; obligar poner la vacuna tiene muchas otras implicaciones y, según recomendaciones de la propia OMS, no conviene adoptar, lo que sí hay que buscar, más que obligar, es incentivar”, sostuvo.

Entonces, en ese marco –de acuerdo de la autoridad– cualquier iniciativa de los gobiernos subnacionales para incentivar a que la gente se vacune, “obviamente será bienvenida y va a ser respaldada por el Gobierno nacional”.

“Pero una obligatoriedad de vacunarse no es posible implementar, precisamente, porque la vacunación es voluntaria según los propios protocolos, los propios lineamientos de los organismos multilaterales”, insistió Blanco en una entrevista con Red Uno.

Según información actualizada del Ministerio de Salud hasta el domingo, 6.392.362 dosis contra el COVID-19 fueron aplicadas en todo el país.

De ellas, 3.348.748 corresponden a la primera dosis, 2.205.925 a la segunda dosis y 837.689 a vacunas unidosis.

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EEUU dona a Bolivia más de un millón de vacunas Pfizer ‘sin ninguna condición’

El Gobierno agradeció y destacó el apoyo de Estados Unidos bajo los principios de “la no injerencia y la cooperación sin condicionamientos”.

Entrega de vacunas Pfizer donadas por EEUU. Foto: ABI.

/ 23 de octubre de 2021 / 11:34

La Encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, entregó este sábado al Gobierno boliviano la anunciada donación de más de un millón de vacunas Pfizer para inmunizar a adolescentes contra el COVID-19.

También puede leer: Las vacunas Pfizer contra el COVID-19 llegarán a Bolivia con al menos cuatro días de retraso.

“Hoy Estados Unidos entrega 1.000.350 dosis de la vacuna Pfizer a Bolivia, a través del mecanismo COVAX, y sumando esta entrega, con las que Estados Unidos ya hizo llegar a Bolivia anteriormente, hemos entregado ya más de 2.200.000 vacunas al pueblo boliviano”, dijo Phillips en un acto realizado en Inlasa de la ciudad de La Paz.

Indicó que, como madre, está “especialmente orgullosa” con esta entrega de vacunas porque, de acuerdo a la determinación del presidente Luis Arce, serán destinadas a los adolescentes de 16 y 17 años.

Además, “todas las vacunas que (arriban) desde EEUU llegan sin costo al pueblo boliviano y sin ninguna condición; nuestro objetivo es salvar vidas y terminar con la pandemia”, añadió.

Enfatizó que Estados Unidos “estuvo al lado del pueblo boliviano desde el brote de la pandemia” y anunció que el “apoyo continuará”.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, remarcó que Bolivia basa su relacionamiento internacional bajo los principios establecidos por Naciones Unidas “sobre la no injerencia y la cooperación sin condicionamientos”.

“Y es por eso que, a nombre del ministro de Relaciones Exteriores (Rogelio Mayta), yo quiero agradecer y destacar este apoyo de Estados Unidos con nuestro país con esta donación importante de vacunas que se está realizando”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad confirmó que estas vacunas serán utilizadas para los menores de 18 años “convirtiéndonos (con ello) en uno de los primeros países en lograr ese objetivo”.

También “hemos logrado ya la cantidad total de vacunas necesarias para nuestra población vacunable e incluso tenemos un 7% adicional de las vacunas que necesitábamos y por eso estamos vacunando (hasta) con la tercera dosis”, confirmó Blanco.

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Doria Medina prevé ‘un peligroso círculo vicioso’ con el último préstamo del BID

El BID aprobó un préstamo de $us 500 millones para financiar parte de la Renta Dignidad y el Bono Contra el Hambre.

Samuel Doria Medina. Foto de archivo: UAGRM Business School.

/ 23 de octubre de 2021 / 08:26

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que la deuda externa no debe usarse para expandir el gasto público porque —considera— podría presentarse “un peligroso círculo vicioso”.

“El BID prestó $us 500 millones a Bolivia. Siempre he sido partidario de ampliar la deuda externa para aumentar reservas de divisas, pero, ojo, no debe usarse para expandir gasto público, o habrá un peligroso círculo vicioso (pues el gasto generará más deuda)”, escribió Doria Medina en su cuenta en Twitter.

La reacción surge después de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara un préstamo de $us 500 millones para apoyar los esfuerzos del Gobierno de Bolivia en “asistir a las poblaciones más vulnerables con niveles mínimos de ingreso afectadas por la pandemia del COVID-19″.

Parte de los recursos estará destinado a financiar el pago del otrora Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 a todas aquellas personas que no contaban con un sueldo del sector público o privado ni pensión o renta de la seguridad social a largo plazo.

El restante irá a cubrir “una parte de las transferencias monetarias del programa Renta Dignidad del que participan personas mayores de 60 años que no reciben ingresos por jubilación», según el organismo internacional.

También puede leer: El BID aprueba crédito de $us 500 MM para asistir a ‘poblaciones más vulnerables’.

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Héctor Arce dice que su ‘cruzada’ en la OEA solo busca la verdad y no es contra nadie

“Algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables; las cosas en definitiva no están bien (…) y no pueden seguir así”, remarcó el Embajador.

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 17:00

Durante su intervención en el evento que organizó en Washington con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, el embajador del país ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que su “cruzada” solo busca la verdad y no es contra nadie.

“Nuestra cruzada no es por nada más ni nada menos que una cruzada por la verdad, no es en contra de nadie ni busca otro fin que el definitivo esclarecimiento de los hechos por el bien de Bolivia, pero también por el bien de todos los países miembros de la Organización que jamás deben estar expuestos a una situación como la que nosotros vivimos”, dijo.

La representación boliviana, con el apoyo de México y Argentina, propició un evento, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, en el Salón de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos, con la participación de distintos embajadores y académicos.

En el evento, Arce reiteró que otros estudios establecieron que “nunca hubo manipulación dolosa” de las elecciones en Bolivia, como estableció la Secretaría General de la OEA en su cuestionada auditoría, que incluso provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta ocasionar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

“Es más, jamás hubo prueba alguna ni siquiera el menor indicio de que en las elecciones haya habido manipulación alguna; también se descubrió (en esos estudios) que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden en lo más mínimo a los estándares internacionales que deben seguirse y que incluso las muestras, que se dice fueron utilizadas, no cumplen el mínimo estándar para una labor forense”, sostuvo.

Agregó que las investigaciones descubrieron que se cometieron “errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de la auditoría, y concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense”.

Por tanto, “con lo ocurrido en Bolivia el año 2019, (…) algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio; lamentamos que no hayan venido aquí de frente a defender sus postulados”, afirmó.

También puede leer: Secretaría de la OEA ve justas de 2019 como ‘tema cerrado’ y descarta invitación de Arce.

Además, dijo que ante una próxima Asamblea General de la OEA, por todo lo que está ocurriendo en la región y en el mundo entero, “debemos tomar conciencia de que las cosas en definitiva no están bien dentro de la Organización y que no pueden seguir así”.

“No podemos mirar para un lado como si nada existiera y no podemos negar la realidad que está frente a nosotros. En ese entendido, este evento, sencillo, simple, personal y virtual, (solo) busca informar, busca transparentar y busca en definitiva la verdad”, insistió.

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Evento en Washington que rebate la auditoría de la OEA causa protestas a favor y en contra

Un grupo aseguró que hubo “golpe de Estado” en 2019 y otro, que existió “fraude electoral”.

Las protestas en Washington. Fotos: RRSS.

/ 22 de octubre de 2021 / 13:42

Un evento en Washington, Estados Unidos, organizado por el embajador boliviano Héctor Arce con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, generó este viernes protestas a favor y en contra.

El encuentro, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, se realizó en el Salón de las Américas de la OEA en Washington con la participación de distintos embajadores y académicos, y afuera del edificio se concentraron varias personas.

Un grupo de personas llegó al lugar con banderas de la tricolor y de la wiphala, además de carteles en los que se exigía justicia por los muertos en las masacres de Sacaba y Senkata y también se aseguraba que hubo “golpe de Estado” en Bolivia durante la crisis de 2019.

Asimismo, este grupo protestó con carteles en contra de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que impulsó una cuestionada auditoría a las elecciones anuladas en Bolivia y que estableció que hubo una “manipulación dolosa” de los votos, lo cual provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta provocar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

Mientras otro grupo de manifestantes se concentró afuera del evento con banderas de la tricolor y de la flor del patujú.

Según videos difundidos en distintas plataformas digitales, este segundo grupo también entonó el Himno Nacional y en sus carteles escribió que “en Bolivia no hubo golpe de Estado”, sino “fraude”.

Además, condenó la supuesta persecución política a opositores y exigió la abrogación de un paquete de leyes impulsado por el gobierno de Luis Arce.

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El Gobierno ratifica que la Ley 1386 será reglamentada con sectores sociales

El Ministerio de Economía aseguró que se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías para la ejecución de la cuestiona norma.

Una de las protestas realizadas en Santa Cruz contra la Ley 1386. Foto: APG.

/ 22 de octubre de 2021 / 12:25

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó este viernes que la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo —que genera en el país algunas movilizaciones y anuncios de nuevas medidas de presión—, será reglamentada en coordinación con los sectores sociales.

“La Ley será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia; es decir, se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma”, cita un boletín informativo de ese despacho gubernamental.

Además, la reglamentación será puesta a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.

La Ley 1386, de siete artículos y vigente desde el pasado 16 de agosto, es cuestionada por algunos sectores sociales del país, como los cívicos, gremiales, transportistas y otros.

Sin embargo, “esta normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales (y) políticos de oposición; al contrario, esta ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, insiste Economía y Finanzas Públicas en su nota.

El Gobierno también inició una campaña de socialización con algunas organizaciones sociales que se encuentran susceptibles por la vigencia de la ley y, según el Ministerio de Economía, “muchos sectores comprendieron el objetivo de la medida” y ahora, luego de aclarar sus dudas, “incluso apoyan la norma porque saben que no les afectará como se pretende hacer creer a la población”.

“En este contexto, es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros”, concluye el reporte.

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