El delegado defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, advirtió este martes una posible responsabilidad legal de “muchas instancias” por su intromisión en el caso de una niña de 11 años violada y embarazada, que inicialmente debió someterse a una interrupción legal de su estado de gestación y luego desistió.
“Se debían dar ya las protecciones necesarias, pero no se ha hecho y en esta etapa se generan responsabilidades a muchas instancias, que pueden ser legales”, dijo Lara en una entrevista con La Razón Radio.
Indicó que “el aspecto legal” es la “instancia competente” para actuar frente a este tipo de hechos porque “no puede ser que la opinión de la Iglesia (o) la opinión de un grupo religioso” influya en decisiones.
Por lo que ahora “las autoridades tendrán que ver (…) y lógicamente (se harán) sugerencias para que las instancias competentes actúen en el marco del derecho y lo que establece la normativa”, añadió.
En ese sentido, también consideró que se deben realizar “investigaciones y ver en qué medida hay responsables” y asimismo, según su criterio, se debe demostrar si se ha actuado en normativa para suspender la interrupción del embarazo.
Inicialmente se había definido la interrupción del embarazo de la niña, violada por el padre de su padrastro en Yapacaní, Santa Cruz, y después la Arquidiócesis de esa región, mediante un comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación ni da tranquilidad a las conciencias”.
La Iglesia, en su documento, remarcó que la “única solución es salvar, cuidar y apoyar” a las dos vidas y en tal sentido, incluso ofreció “acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María”.
Mientras, los médicos ya habían iniciado el proceso de interrupción del embarazo, “pero por factores externos, factores que no están establecidos en la norma, la niña tuvo la visita de terceras personas, quienes suponemos que indujeron para que cambie de opinión con ofertas y promesas (…) y luego también se habló un poco de la posibilidad de adopción, y estas dos situaciones vulneran derechos y la normativa”, apuntó Lara.