Iglesia pide respeto a la vida de la niña embarazada y de su bebé, el Gobierno cuestiona
“Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, afirmó el Ministro de Gobierno.
La Iglesia Católica, mediante un nuevo comunicado, insistió este martes que se debe respetar la vida de la niña de 11 años, embarazada producto de una violación, y también de su bebé. Mientras, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuestionó que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de ese proceso de gestación.
“Desde la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña, que ha sido víctima de violación, y del bebé, que está en gestación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”, dijo el secretario general adjunto Diego Plá al leer el documento de la Iglesia.
Del Castillo, a través de sus redes sociales, respondió que cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, se están vulnerando todos sus derechos.
Por tanto, “lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales; esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña (y) desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”, remarcó.
Sin embargo, la Iglesia consideró que la sentencia constitucional 206/2014 de ninguna manera puede entenderse como una forma de legalización del aborto.
“El aborto sigue siendo un delito en Bolivia y no existe una interrupción legal del embarazo. Cuidar y proteger la vida es una obligación de todos, (por lo que) afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal”, ratificó Plá.
Inicialmente se había definido la interrupción del embarazo de la niña, violada por el padre de su padrastro en Yapacaní, pero luego la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un primer comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen” e incluso ofreció “acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María”.
Después la niña y su madre desistieron de la determinación inicial, lo que provocó algunos cuestionamientos en contra de la Iglesia por involucrarse en este caso.
Ahora, “siendo que la niña y su mamá decidieron continuar con el embarazo (…), se deben buscar posibles soluciones, como la adopción, dado que previsiblemente la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé”, añadió el representante de la Iglesia Católica.
Además, subrayó que “no se puede obligar a nadie a realizar abortos ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual”, porque, según insistió, el aborto en Bolivia sigue siendo un delito “y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito”.