El gobierno de Luis Arce, a través del Decreto Supremo 4640, determinó exigir el carnet de vacunación contra el COVID-19, en determinados espacios de concentración de personas, a partir del próximo 1 de enero de 2022.
Tras el estancamiento del proceso de vacunación, “se ha emitido un decreto supremo el día de ayer, en el cual se incrementan nuevas medidas (…) y se incluye que las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, deberán solicitar a las personas el carnet de vacunación con esquema completo”, anunció el ministro de Salud, Jeyson Auza.
O el carnet de vacunación de la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19, que están autorizadas para su uso en el país, para aquellas personas que, a la publicación del presente decreto, no se encuentren vacunadas, debiendo posteriormente, según el intervalo de tiempo, contar con el esquema completo de vacunación cuando corresponda, aclara la nueva normativa.
Pero todo “esto siempre se va a realizar respetando el derecho de aquellas personas que decidan no vacunarse y esas personas que ejerzan ese su derecho a no vacunarse deberán presentar la prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes de su ingreso a los establecimientos y otros señalados” en el decreto, agregó la autoridad gubernamental.
En ese sentido, de acuerdo a la nueva normativa, las empresas de transporte interdepartamental aéreo, terrestre, fluvial y férreo también deberán solicitar a las personas que se encuentren en edad vacunable, antes del abordaje, su carnet de vacunación o la prueba PCR negativa.
“Además, toda servidora o servidor público, personal de empresas públicas y personal de las empresas que cuenten con participación accionaria mayoritaria del Estado, deberá presentar al área encargada de recursos humanos su carnet de vacunación o deberá presentar cada semana una prueba PCR que demuestre la negatividad”, remarcó Auza.
“Entendemos que puedan existir las personas que no deseen vacunarse, pero el derecho individual de esas personas no puede estar por encima del derecho del resto de las personas que sí se vacunaron y desean vacunarse contra la enfermedad”, añadió.