La presión contra el dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) Max Mendoza sube. La Fiscalía confirmó ayer la admisión de las denuncias en su contra y el inicio de una investigación; el representante está con alerta migratoria.

“Se han recepcionado seis denuncias en contra de Max Fernando Mendoza, estas seis denuncias han sido acumuladas en una sola, la cual ya está siendo investigada por la comisión de fiscales; son delitos por peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, entre otros”, puntualizó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, a los medios.

Informó que el siguiente paso será la convocatoria a declarar para Mendoza, que deberá defenderse de estas acusaciones. “También se han activado las alertas migratorias, las cuales han sido trasladadas a la Unidad de Migración. Las denuncias ya las hemos analizado, ya se han admitido y actualmente tenemos 20 días para generar una investigación”.

PROCESO.

Hasta el jueves eran cuatro las denuncias penales contra Mendoza, uno de los denunciantes es el diputado Héctor Arce (MAS), quien informó que, de acuerdo con los datos obtenidos, el sindicado permanece más de 30 años como universitario y habría reprobado al menos 200 materias, esto con el fin de mantenerse en el cargo por el cual presuntamente percibió sueldos incluso mayores a Bs 20.000.

Mendoza reapareció rodeado de dirigentes y negó que haya cometido ilícitos e incluso advirtió con medidas contra los que lo denunciaron. En tanto, estudiantes protestaron y pidieron su salida.

Las medidas se registraron en predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se exigió una investigación contra el dirigente.

Con el imponente paisaje del Salar de Uyuni como testigo, ayer 34 parejas se unieron en matrimonio, en una boda colectiva convocada y realizada por el Servicio de Registro Cívico (Serecí) Potosí.

Las parejas fueron trasladadas hasta la Isla Incahuasi, donde fue armado un altar y un escenario.

Al margen del acto de oficio correspondiente para unir a los enamorados como marido y mujer, también hubo música autóctona y bailes que acompañaron el emotivo y llamativo momento.

Además de la posibilidad de casarse en uno de los paisajes naturales más hermosos del mundo, las parejas accedieron a su unión de manera gratuita. Algunas viven en Potosí y otras se dieron a la tarea de llegar desde otros departamentos como La Paz y Santa Cruz para cumplir su sueño.

El registro para acceder a esta singular unión matrimonial estuvo abierto hasta el 12 de este mes, para lo cual los postulantes tuvieron que presentar una serie de documentos como los certificados de nacimiento originales, los de estado civil de cada uno, además de dos testigos.

El Serecí Potosí facilitó transporte y el acto se celebró con éxito. En los próximos meses se planea dos matrimonios colectivos más, uno en predios de la Casa de la Moneda y otro en Pocoata.

Tras la objeción del cuestionado dirigente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, desde la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) se advirtió que por el rechazo, presencia o no del ejecutivo no se suspenderá la realización del congreso nacional, previsto este año en Potosí.

“Nosotros hemos sostenido una reunión con todos los rectores y todos han garantizado la presencia de sus delegaciones, entonces el hecho de que no asista una FUL, la CUD o la CUB, a través de su representante Max Mendoza, no incide en nada para que no se realice el congreso, ya que las delegaciones son por universidades, donde hay docentes de base al igual que los estudiantes”, afirmó este viernes el presidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Carlos Salinas, en radio Compañera.

Rodeado de dirigentes, Mendoza reapareció el jueves en un video en que rechazó el congreso, advirtió con no asistir por falta de garantías y negó haber obtenido recursos de forma ilegal e incluso advirtió con tomar acciones contra quienes observaron supuestas irregularidades; el representante es acusado de estar más de 30 años y reprobar al menos 200 materias para mantenerse en el cargo por el cual se habría beneficiado con sueldos por encima de los Bs 20.000, viajes y altos viáticos.

La CUD espera que el sindicado no eluda su presencia en el encuentro, pues se espera que allí dé explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra. “Esperemos que Mendoza asista al congreso y dé la cara a la CEUB para explicar de cuál ha sido todo su accionar y por qué accedido a esos sueldos e incluso hizo representaciones a nombre de la universidad, firmó contratos, viajó al exterior, hizo uso de bienes del Estado como los dos vehículos, entre otros, sin cumplir los requisitos”, aseveró.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó este viernes que las denuncias presentadas contra el dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, acusado de beneficiarse con sueldos de más de Bs 20.000, además de múltiples viajes y mantenerse con este fin por más de 30 años como estudiante, llegan a seis.

“Se han recepcionado seis denuncias en contra de Max Fernando Mendoza, estas seis denuncias han sido acumuladas en una sola, la cual ya está siendo investigada por la comisión de fiscales, son delitos por peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, entre otros”, aseveró Alave.

Informó que el siguiente paso será la convocatoria a declarar para Mendoza, que deberá defenderse de estas acusaciones. “También se han activado las alertas migratorias, las cuales han sido trasladadas a la Unidad de Migración. Las denuncias ya las hemos analizado, ya se han admitido y actualmente tenemos 20 días para generar una investigación”.

Hasta el jueves eran cuatro las denuncias penales contra Mendoza, uno de los denunciantes es el diputado Héctor Arce (MAS), quien informó que, de acuerdo con los datos obtenidos, el sindicado permanece más de 30 años como universitario y habría reprobado al menos 200 materias, esto con el fin de mantenerse en el cargo por el cual presuntamente percibió sueldos incluso mayores a Bs 20.000.

Luego de denunciarse la muerte de al menos medio centenar de animales en el bioparque paceño Vesty Pakos, la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua determinó suspender de manera temporal la licencia del lugar, lo cual implica que la atención al público no estará disponible y el personal deberá encargarse solo del cuidado de las especies.

“Estamos levantando su licencia de forma temporal del bioparque, hoy (viernes) vamos a hacer conocer esta decisión, en cuanto dure la investigación tenga la licencia temporalmente suspendida”, explicó en La Razón Radio el director general de Biodiversidad, Omar Yumaa, quien indicó que los animales fallecidos llegan a 80.

La decisión se produce tras el reporte de activistas defensores de los derechos de los animales, basados incluso en informes que hicieron exfuncionarios del bioparque. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue a realizar una inspección tras la denuncia.

“Esta es una competencia municipal, pero lamentablemente el municipio no está dando la importancia necesaria a lo que se refiere el parque y la vida silvestre que en ella habita (…) Tengo entendido por declaraciones de algunos funcionarios que hubo una reducción de personal, tienen un POA (Plan Operativo Anual) muy bajo, esa es una desatención del municipio tremenda”, aseveró Yumaa, quien también anunció la apertura de una denuncia contra la Alcaldía de La Paz.

La Alcaldía defendió que no existe negligencia en el manejo y cuidado de los animales, aunque admitió la muerte de varios de ellos. El alcalde Iván Arias afirmó que no es posible cerrar el bioparque pues se dejaría en indefensión a los animales.

“Ustedes hablan de animales, pareciera que han muerto 500 especies, de las cuales 40 son lagartijas, entre esas cuatro aves y un jaguar. Están los respectivos informes de necropsia de los animales. Años anteriores han muerto más de 180 y nadie ha dicho nada”, aseveró Arias.

Yumaa aclaró que en la inspección se observó que no hay óptimas condiciones en el lugar y dijo que también se observa que en vez del personal cambiado en el bioparque se contrató a otro que no tiene experiencia en el tema.