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Abogados de defensa pública presentan recurso para liberar a ancianos detenidos por caso bebé Rossy

La pareja aprehendida por la denuncia de secuestro. Foto: Pedro Luna.

Abogados de defensa pública, dependiente del Ministerio de Justicia, asumieron defensa de la pareja de 65 y 54 años acusada del rapto de la bebé Rossy Ajata y apelaron la detención preventiva dictada en su contra. Declararon que encontraron a la bebé “todo peladita y solo con una mallita” en un río.

Las dos personas entregaron a la menor y descartaron que la hayan raptado. Se las acusó por el delito de trata de personas. Según la información, los abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) presentaron una Acción de Libertad para obtener la liberación de la pareja.

El 15 de abril se denunció la desaparición de la bebé Rossy en la comunidad Canuta de la provincia Pacajes, en medio de un partido de fútbol al que la familia asistió. Los progenitores denunciaron un rapto, por testimonios que aseguraban que una mujer robusta se llevó a la menor abordando un minibús.

Tres días después se informó de la aparición de la bebé en radio San Gabriel. La menor fue entregada a sus padres, mientras la pareja que dijo haberla hallado sola en el río de Canuta, “todo peladita y solo con una mallita”, fue aprehendida. Un juez determinó su detención preventiva.

Desde el Ministerio de Justicia se informó que llama la atención que la decisión de imputación de la Fiscalía se “sustente en supuestos como el de la presunta facilidad (de los detenidos) de permanecer ocultos, inclusive abandonar el país, toda vez que existen convenios internacionales con los cuales solo a presentación de cédula de identidad se puede salir del país (sic)”.

“Los abogados conocieron otras irregularidades que se registraron en la investigación y la toma de declaraciones con ausencia de autoridades e improvisación del servicio de traducción del aymara al castellano para una de las dos personas imputadas”, informó el Ministerio.

El Ministerio de Justicia recordó que la Constitución garantiza el derecho a una vejez digna.