Sociedad

miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 02:25

Max Mendoza suma cuatro denuncias presentadas en su contra en la Fiscalía

Las denuncias fueron interpuestas por el diputado del MAS Héctor Arce y otros tres ciudadanos.

El dirigente Max Mendoza. Foto de archivo: APG.

/ 19 de mayo de 2022 / 15:22

El Ministerio Público de La Paz ya recibió cuatro denuncias en contra del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, informó este jueves Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

“Ayer un docente de la Universidad Mayor de San Andrés presentó una denuncia en contra del señor Max Mendoza, además tiene otras tres denuncias que están siendo analizadas para su admisión en la Fiscalía de La Paz”, dijo Lanchipa.

El dirigente universitario de 52 años de edad fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Según una nota informativa de la Fiscalía General, las denuncias fueron interpuestas por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, y los ciudadanos Daniel S.B., Edwin R.U. y Weimar F.Q.R.

Mendoza suma estas denuncias después de que se descubrió que estaba cobrando un salario de Bs 21.870, supuestamente de manera irregular, por ser parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Aunque en las últimas horas también se conoció que el presídium del propio CEUB ya  resolvió anular a Mendoza su polémico sueldo y otros beneficios a los que accedía.

También puede leer: Peña acusa a Mendoza de ser ‘fontanero’ del MAS; el Gobierno pide no politizar la tragedia en Potosí.

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Policía aprehende al principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama

Hasta el momento suman dos las personas capturadas por el crimen que acabó con la vida de tres jóvenes en el trópico cochabambino.

El vehículo donde estaban los cuerpos de los asesinados en Ivirgarzama. Foto: Radio Televisión Carrasco.

/ 5 de julio de 2022 / 14:42

El principal sospechoso del triple asesinato en Ivirgarzama fue aprehendido la noche del lunes y en su domicilio fueron encontradas sustancias controladas, informó este martes Rubén Lobatón, comandante departamental de la Policía en Cochabamba.

El jefe policial precisó que el aprehendido es un ciudadano de 28 años de edad y que su captura fue ejecutada aproximadamente a las 22.30.

De acuerdo con las investigaciones, este ciudadano “es el principal sospechoso del asesinato de las tres personas, por ese motivo ha sido trasladado a la ciudad (ciudad de Cochabamba y ahora está a la espera) de su audiencia de medidas cautelares”, agregó.

Además, detalló que en el domicilio de esa persona, que fue allanado, fueron encontrados “una cantidad de marihuana y también residuos de cocaína”.

Sin embargo, insistió que el móvil del triple crimen sería una deuda, tal como se había anticipado desde el comienzo de este proceso investigativo.

Esta nueva captura se suma al encarcelamiento del inicialmente considerado como un “testigo importante” y único “sobreviviente” del crimen.

También puede leer: De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

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Alarcón no responde ninguna pregunta de la Fiscalía e insiste que el caso Golpe I es ‘montado’

El diputado de CC consideró que el propósito de este proceso “es generar un escenario de amedrentamiento y de represalia a la sociedad civil disidente”.

El diputado Carlos Alarcón llegó a la Fiscalía acompañado del expresidente Carlos Mesa. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 13:37

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I, sin embargo, al salir de esa oficina, informó que no respondió ninguna de las preguntas porque, según dijo, no se iba a prestar a los objetivos de un proceso “montado”.

“No he contestado ninguna de las preguntas porque ante un caso montado no voy a ser yo el funcional para abrir la compuerta y que después utilicen ilícitamente y tergiversen mis declaraciones para guillotinar a personas inocentes, o sea, jamás me iba a prestar a eso, no contesté ninguna de las preguntas”, dijo.

Agregó que casi el 90% de las preguntas formuladas se refería a las reuniones extralegislativas realizadas, durante la crisis de noviembre de 2019, en la Universidad Católica en La Paz a convocatoria de la Iglesia Católica y con la participación de diferentes actores, entre ellos, de la Unión Europea y hasta “tres representantes del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

Además, “es tan burdo y grosero este montaje del falso caso Golpe de Estado I que no había una sola pregunta referida al terrorismo, que es el único tipo penal que está subsistiendo en este proceso, (es decir no se preguntó nada, por ejemplo, sobre un posible) colocado de bombas, toma de rehenes o dirección de células armadas”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que el propósito de este proceso en realidad “es generar un escenario de amedrentamiento, de represalia y de intimidación a la sociedad civil disidente” para que, en su criterio, nunca más se atreva a protestar “cuando haya una vulneración o desconocimiento de un referendo o cuando haya un fraude electoral”.

“Es decir, quieren dar una lección a la sociedad civil para que se someta ante la tiranía, autocracia y abuso de poder, eso busca este proceso penal, y por supuesto no hemos sido funcionales a eso, porque sabemos que estas falsas convocatorias a testimonios lo que buscan es ilícitamente obtener declaraciones para incriminar a terceros inocentes en un proceso penal totalmente montado”, reiteró Alarcón, quien se presentó en la Fiscalía acompañado del líder de su organización política, Carlos Mesa.

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La Fiscalía acusa a Zamora y Soliz por caso YPFB Seguros y pide 10 años de cárcel

La acusación formal fue sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales.

Víctor Hugo Zamora y Herland Soliz. Fotos de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 12:25

La Fiscalía presentó ante una autoridad judicial la acusación formal en contra de cuatro personas, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Herland Soliz, por el caso denominado YPFB Seguros.

Las otras dos personas acusadas con la exgerente Legal de YPFB Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, informó este martes Aldrin Barrientos, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La acusación fue presentada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, agregó Barrientos.

El funcionario remarcó que la acusación formal fue fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.

Además, el director recordó que Zamora y Soliz se encuentran en este momento en calidad de rebeldes.

“Sin embargo, debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aclaró. Entretanto, García y Terrazas fueron sometidos a medidas cautelares y ahora están con arraigo.

Estas cuatro personas, según Barrientos, están implicadas en el “proceso irregular de contratación directa de seguros generales” que fue efectuado en abril de 2020 mediante el denominativo de “contrato de emergencia”.

Para ello “se habilitó deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 del 31 de marzo por parte del entonces Presidente de YPFB vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (…) evadiendo los procesos públicos de licitación”, explicó. 

“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, quien en ese momento tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, lamentó.

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Arce dice que le llena de orgullo la reducción de la tasa de letalidad en la quinta ola del COVID-19

La tasa de letalidad en la primera ola de la pandemia fue de 6,2%; en la segunda y tercera ola, 2,7%; en la cuarta ola, 0,7%; y en lo que va de la quinta ola, 0,1%.

Vacunación contra el COVID-19. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 11:40

El presidente Luis Arce afirmó este martes sentirse orgullo por lo logrado en materia de salud con la reducción “sustancial” de la tasa de letalidad del COVID-19 en la quinta ola de la pandemia.

Durante su visita al municipio de Carabuco, en la provincia Camacho de La Paz, para la entrega de un sistema de agua potable, el Presidente remarcó que el país avanzó en el cuidado de la salud de la población.

Pues, “hoy tenemos una vacunación gratuita para todo el país, hemos distribuido a todas la alcaldías medicamentos, pruebas antígeno nasales y todo para cuidar la salud del pueblo”, señaló.

Además, “estamos atravesando la quinta ola y la tasa de mortalidad (letalidad) ha bajado sustancialmente; en el gobierno de facto la tasa de mortalidad por la pandemia era del 6%; eso quiere decir que de cada 100 personas que se contagiaban, seis morían; hoy de cada 100 personas que se contagian, ni una persona está muriendo, (…) estamos cuidando la salud de los bolivianos y eso nos llena de orgullo”, continuó.

Asimismo, destacó que el país ha sido mencionado en varias oportunidades por los logros que alcanzó en la lucha contra la pandemia. “Pero hay que seguir, obviamente no estamos contentos, queremos más salud para nuestra población”, apuntó.

Bolivia atraviesa la quinta ola de la pandemia con un incremento constante de nuevos infectados desde hace varias semanas. 

Según información oficial del Ministerio de Salud, la tasa de letalidad en la primera ola fue de 6,2%; en la segunda y tercera ola, 2,7%; en la cuarta ola, 0,7%; y en lo que va de la quinta ola, 0,1%.

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El Gobierno apela a la ‘conciencia colectiva’ tras preocupación de jueces por Ley 179

El lunes, tras la promulgación de la Ley de Protección a las Víctimas, la asociación de magistrados informó que están en emergencia.

El acto de promulgación de la nueva ley que se realizó el lunes. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 10:56

Roxana Zaconeta, directora general de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, dependiente del Ministerio de Justicia, apeló este martes a la “conciencia colectiva” después de que los jueces mostraran su preocupación por el aumento de la pena de prevaricato en la nueva Ley 179 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente. 

“Yo considero que la tarea colectiva que debemos asumir como corresponsabilidad de todos va a ser una respuesta que esté ligada a nuestra conciencia, a nuestros principios y a nuestros valores, (aunque) me imagino (que los jueces) pueden tener elementos que seguramente van a ser fundamentados, pero el contexto internacional ha mostrado que en países donde se han aplicado este tipo de normas, que sí efectivamente son muy duras, (hubo) resultados (positivos)”, dijo Zaconeta en una entrevista con La Razón Radio.

El lunes, tras la promulgación de la nueva normativa, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Grenny Bolling, informó que los jueces y magistrados se declararon en estado de emergencia.

Pero, tenemos “que empezar a tomar conciencia para desnaturalizar la violencia en nuestras vidas y en nuestros actos, y eso pasa no solo por la tarea que nos toca independientemente del lugar en el que estemos, sino también desde nuestras propias casas, desde nuestra forma de relacionarnos; entonces, obviamente creo que las personas, las organizaciones en el ámbito de la justicia, en ese marco de una conciencia colectiva ciudadana, van a tomar las acciones y tareas en el marco de la normativa”, insistió la funcionaria del Ministerio de Justicia.

En el acto de promulgación de la nueva norma, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que “a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley y de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel”.

“Estas son decisiones políticas que se están asumiendo para evitar que (…) la Justicia favorezca a quienes cometen estos delitos”, enfatizó el ministro.

Lima agregó que el delito de consorcio –que es cuando fiscales, jueces, policías y la administración judicial actúan en contra de las víctimas– también subió su pena de cinco a 10 años de privación de libertad.

También puede leer: ¿Qué establece la Ley de Protección a las Víctimas promulgada por el Presidente?

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