Bolivia tiene 40 Centros de Custodia de Fauna Silvestre (CCFS), solo 18 funcionan con autorización, distribuidos en cinco departamentos, y otros 22 están en proceso de regularización de su funcionamiento por parte del Gobierno, para el cuidado de animales.
El listado fue proveído a La Razón por el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera. Los refugios que cuentan con aval estatal se encuentran en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Beni. (Para más datos revisar las infografías)
“Existen 18 centros de custodia legalmente establecidos; por otro lado, 22 centros se encuentran en proceso de legalización. Es delicado el tema, les hemos mandado notas directamente a ellos, a los municipios y las gobernaciones”, informó la autoridad.
Detalló que la línea jerárquica para tramitar la regulación de funcionamiento en esta área es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las gobernaciones y las alcaldías, en ese orden; pero los gobiernos subnacionales y los administradores de centros “arguyen una y otra cosa” que frenan el trámite.
La autoridad gubernamental explicó que los centros en trámite apuntan principalmente a su “recategorización”, porque existen cinco nominaciones; centro de rescate, refugio temporal, bioparque, centro de investigación y bioparque-centro zoológico.
En la nómina de los 18 refugios con autorización se puede apreciar que Santa Cruz es el líder con seis (cinco bioparques y un centro de rescate), seguido de Cochabamba con cinco (tres bioparques, un centro de rescate y un centro de investigación) y La Paz, con cuatro (dos centros de rescate, un refugio temporal y un bioparque). Los restantes tres se reparten en Beni (un centro de investigación y un refugio temporal) y Tarija, con el Bioparque Urbano.
El tema de estos centros que acogen a fauna silvestre volvió a la palestra pública por lo sucedido en el bioparque Vesty Pakos, de La Paz, donde la muerte de al menos 90 animales derivó en críticas a la administración de la Alcaldía dirigida por Iván Arias, con la activación de denuncias ante la Fiscalía.
Precisamente el Viceministerio de Medio Ambiente tomó cartas en el asunto. El lugar fue cerrado al público mientras se lleva una investigación interna sobre el fallecimiento de animales, entre los cuales se encontraban especies en peligro de extinción, y Arias inclusive anunció un relanzamiento.
Rescates
Según la lista entregada por Herrera, al igual que el Vesty Pakos en suelo paceño hay otros nueve bioparques repartidos en tres departamentos. En Santa Cruz están el Zoológico Municipal de Fauna Sudamericana, el Playland, el Ambue Ari (Guarayos), el Ara Macao (San Ignacio de Velasco) y Refugio de Fauna Silvestre “Jacha Inti”, situado en Samaipata.
Los otros cuatro están en Cochabamba (La Hormiga en Villa Tunari, el Bioparque CUPE en Ivirgarzama y el Parque de las Aves Agroflori de Quillacollo) y Tarija, con el Bioparque Urbano. Un caso llamativo es que no figura el Zoológico Andino Municipal de Oruro, que tramita su autorización y que, según el viceministro, no cuenta ni con derecho propietario sobre el terreno en que funciona.
Herrera aclaró que el Gobierno colabora con estos centros solo cuando se rescatan animales y se les encarga su tratamiento médico y alimentación hasta reinsertarlos a su hábitat natural. “El Estado no participa directamente, pero sí cuando hay necesidad participamos, especialmente cuando hay incendios, lluvias, para el rescate”.
Agregó que el funcionamiento de los CCFS está regulado por una resolución administrativa aprobada en 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el objetivo de “aprobar el reglamento para la custodia responsable de fauna silvestre”.
En su artículo segundo establece que las licencias de funcionamiento de los CCFS “mantendrán su vigencia, debiendo a su fenecimiento adecuarse a lo estipulado en el reglamento aprobado” por la cartera estatal.
Ratificó que para la operación de estos centros se debe contar con el apoyo de las gobernaciones y los municipios; sin embargo, en ocasiones el Estado no cuenta con ese respaldo. Por ejemplo, dijo que en 2021 se solicitó a la Gobernación de Santa Cruz un espacio como albergue temporal para el rescate de animales típicos de esa región que fueron víctimas de los incendios, pero no se recibió ninguna respuesta.
Adelantó que para evitar situaciones similares, este año el Ministerio de Medio Ambiente ya diseñó un plan para enfrentar los incendios, en el que se prevé el apoyo de los gobiernos subnacionales, para lo que ya se envían solicitudes, además del respaldo de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y voluntarios.
“Hemos preparado un plan de prevención, de combate y lucha contra incendios que tiene tres fases: preventiva, de combate y posincendio”.
Explicó que la fase preventiva consiste en educar a la población y realizar controles in situ; la segunda etapa establece el rescate de animales con apoyo de bomberos, grupos de rescate y algunos animalistas. La tercera fase prevé la reposición de casas y cultivos afectados.
Añadió que la etapa más importante es la primera, para lo que solicitó más apoyo de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), y las autoridades responsables.
De 220 animales rescatados en 2021, el 10% fue liberado
Según documentos a los que accedió La Razón, al menos 220 animales (entre aves, mamíferos y reptiles) fueron rescatados y entregados a los Centros de Custodia de Fauna Silvestres (CCFS) en 2021 y poco más del 10% se rehabilitó y fue liberado en su hábitat.
En total, “76 aves, 16 mamíferos y 128 reptiles fueron rescatados en varias circunstancias; incendios, denuncias por maltrato y tenencia ilegal, principalmente, y entregados a diferentes CCFS, según el ambiente de la región geográfica a la que pertenecen”.
Sin embargo, del total de estas especies, solo han sido liberadas 26. De acuerdo con el detalle proporcionado por el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, fueron readaptados y liberados “13 cóndores, cuatro alkamaris, cuatro halcones, un murciélago, un bato, un guajojó, una gaviota, un sapo y un murciélago”.
“Nosotros dotamos de alimento y recursos a los centros de custodia (de animales silvestres) cuando les entregamos algún animalito para que se rehabilite, hasta que sea liberado”, dijo Herrera.
Incluso, la autoridad remarcó que, antes de ser liberados, algunos cóndores son rastreados mediante un dispositivo instalado en su cuerpo. “Algunos están volando por aquí, cerquita; están dando vueltas por (la localidad paceña de) Palca. Pero también hemos visto que hay algunos que se han ido hasta Perú y Chile y, sin embargo, han vuelto a Bolivia”.
Por su parte, la directora de la Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), Tania Baltazar, que administra tres de los 18 CCFS legalmente establecidos y reconocidos por el Gobierno para cumplir con esa tarea, aseguró que “solamente el Parque Machia funciona con un presupuesto de entre Bs 40.000 y Bs 50.000 al mes”.
Ubicado en el municipio de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, dicho centro cuenta con una extensión de 38 hectáreas y alberga a poco más de 400 animales de diferentes especies, entre aves, mamíferos y reptiles.
“Los recursos con los que el centro (de custodia) sale adelante son generados por nuestros voluntarios, que realizan aportes, hacen campañas en redes sociales o por la venta de almanaques y otros souvenirs”, dijo Baltazar a LA RAZÓN, a quien la comunidad de voluntarios conoce cono Nena.
Asimismo, dijo que el Parque Machia, que fue abierto en 1996 en ese sector del valle cochabambino, tenía un convenio con el municipio de Villa Tunari por el que le cedía el espacio de 38 hectáreas para que el personal de 15 profesionales, entre veterinarios, zootecnistas, entre otros, cumpla con las tareas de alimentación, cuidados y rehabilitación de los animales que llegan a ese refugio de fauna, y se renovaba cada cinco años, “pero ya no se pudo”.
Los más de 400 animales de ese CCFS, contó Nena, serán trasladados a Jacjcuisi, otro de los centros de custodia que administra CIWY y que se encuentra en el norte de La Paz.
“Antes de las restricciones por la pandemia (del COVID-19, que irrumpió en el país en marzo de 2020) contábamos hasta con 40 voluntarios trabajando, pero, en una época realmente dura, hemos llegado a trabajar solamente ocho personas, pero ha ido mejorando”, lamentó Baltazar.
