Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”. Son las palabras de Luis Fernando Camacho en relación a su acuerdo con un minero para “tumbar” a Morales, conocidas en un video grabado en diciembre de 2019 en una reunión con su fraternidad.

Es solo un pasaje de su papel en la crisis poselectoral de 2019. Resta decir que ese año invocó a las Fuerzas Armadas (que sugirieron luego la renuncia de Morales), acordó un pliego con la Policía Boliviana (que propició un motín) y hasta su padre “cerró” con ellos para sumarse a la conspiración (¿hay otra manera de llamar a sus acciones?), o propuso la “sucesión” presidencial de la decana del Tribunal Supremo de Justicia o la institución en el gobierno de una “junta de notables”. Y también irrumpió en el Palacio de Gobierno antes de la renuncia.

¿Quién era el minero? Días antes de la renuncia de Morales, Camacho se jactaba de decir que había cerrado un acuerdo con alguien clave. No se supo quién, pero la estocada final contra Morales la dio el propio aliado del entonces presidente, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, que también pidió la renuncia del mandatario.

Entonces, políticos de oposición y medios de comunicación romantizaron la actuación de Camacho, como quien lideraba la “recuperación de la democracia”. Hasta Carlos Mesa y Jorge Quiroga (acuérdense de su intento fallido de reunirse con él en el aeropuerto de El Alto), entre otros, hicieron del entonces presidente del Comité pro Santa Cruz el adalid de la democracia.

A Camacho se le permitió todo, desde la convocatoria a la toma de instituciones, los ataques a los oficialistas o la invocatoria a los militares. Sus acciones, socapadas de esa manera, violentaron la democracia, más allá de los cuestionamientos al gobierno derrocado.

Camacho no actuó dentro de los márgenes de la Constitución y la democracia. Su carácter autoritario y bravucón fue aplaudido por quienes querían verlo hundir a Morales y a su gobierno. Fue el principal factor de la ruptura constitucional de 2019.

Así como ocurrió con Hugo Banzer, del que su condición de dictador fue escondida por una elección democrática, Camacho lavó su rol antidemocrático con su elección como gobernador de Santa Cruz en marzo de 2021. Por eso, precisamente, se ha convertido en alguien intocable, que de ser el principal acusado del caso “Luis Fernando Camacho y otros”, como estuvo foliado el caso Golpe de Estado I, hasta ahora no es convocado a declarar, menos a explicar su papel en la crisis poselectoral de 2019.

Ahora gobernador, hasta burla la autoridad constituida y propicia acciones de desestabilización del gobierno de Luis Arce. No fue casual su inasistencia a más de un par de convocatorias a reuniones con el Gobierno para coordinar acciones durante la emergencia sanitaria. Ni tampoco su ausencia en el último Consejo Nacional de Autonomías, que sugirió la postergación del Censo de Población y Vivienda.

Se cree por encima de todo, de los ocho gobernadores, de los alcaldes de las nueve capitales y El Alto, y de los rectores de las universidades públicas, que abordaron con Arce los problemas de la organización del Censo y la necesidad de postergarlo. Solo él parece tener la razón de esto y por eso esgrime cualquier argumento para desahuciar los criterios de los actores directos del Censo. ¿Hay interlocutores más directos que los gobernadores, alcaldes o rectores? Quizás, pero tienen otros intereses.

Camacho no ha dejado su carácter al ser elegido gobernador. Está despilfarrando una oportunidad política enorme al pretender imponer su carácter autoritario y bravucón. Así, su proyección nacional es nula, en desmedro de quienes, desde Santa Cruz, habían logrado posicionarse en otros ámbitos de la geografía nacional; a no ser que quiera ser solo factor antidemocrático.

Tanto que habla de democracia, no es demócrata. El diálogo no está entre sus opciones, así lo ha demostrado con sus ausencias y el desconocimiento de las decisiones de sus colegas, al menos. Y eso está comenzando a socavar su gestión.

Rubén Atahuichi es periodista.

Como parte de sus actividades propias, el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, visitó La Razón y se reunión con su directora, Claudia Benavente.

En la oportunidad, el representante del presidente Gabriel Boric explicó sus tareas y expresó sus percepciones sobre La Paz, donde está instalado desde hace dos semanas.

Velasco es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática “Andrés Bello”. Además, es egresado del Magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Reemplaza en las funciones a Roberto Ubilla, quien, nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera, ejerció la representación de su país en Bolivia desde 2018.

Velasco, como el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, asistirá a los actos oficiales del aniversario de la independencia de Bolivia previstos para el 6 de agosto en Sucre.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó este lunes su visita a Bolivia, el jueves, en correspondencia a la invitación del presidente Luis Arce, antes de asistir al juramento del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

“La visita a Bolivia, que me ha hecho el favor el presidente Arce de invitarme hace tiempo, y ahora los voy a acompañar previo al recorrido que haré para estar en Colombia”, dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

Consideró que Bolivia es “un socio muy importante para México en el futuro sobre todo en materia del litio”. “(…) Estamos compartiendo mucho en ese terreno”, afirmó.

Ebrard, con quien Arce se reunió en marzo de 2021 durante la visita de éste a México, dijo que “hay una gran coincidencia (con el gobierno de Bolivia) sobre muchos temas políticos, principalmente los que tienen que ver con buscar un desarrollo cada vez más autónomo y proteger y defender a los pueblos originarios”.

Sobre Petro, Ebrard dijo que el futuro mandatario colombiano es el resultado de “una larga lucha para defender las ideas progresistas de avanzada que ahora llegan a Colombia con su gobierno”.

Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez jurarán al mando de Colombia el domingo 7 de agosto. “Es una ocasión especial para América Latina”, dijo Ebrard.

En un texto publicado en su blog este domingo, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció que una “caza de brujas” que busca “descabezar a la oposición” y lamentó que Evo Morales (2006-2019) sea beneficiado de la impunidad.

Consideró que las denuncias en el caso Golpe de Estado I contra 23 actores de oposición en la crisis política de 2019 “en realidad se trata de una caza de brujas, una persecución para descabezar todo vestigio de oposición, una forma más de revelar su cercanía a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela”.

Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y otros dirigentes políticos son acusados de una serie de delitos —que el exmandatario precisó— por su participación en el cabildeo político para la sucesión, el 12 de noviembre de 2019, de la senadora Jeanine Áñez en sustitución del dimisionario Morales.

“Este nuevo paso del masismo desbocado solo merecería ser considerado como un sainete cuyo destino es ir al canasto de la basura y quizá, un comentario piadoso para el ‘jurista’ acusador que carece de los más mínimos instrumentos éticos, académicos e intelectuales que le permitan un ejercicio respetable de su profesión”, escribió Mesa en su texto titulado La persecución política y la posverdad masista.

En 2019, Mesa tuvo un protagonismo desde su misma candidatura en las elecciones generales del 20 de octubre. Denunció “fraude monumental”, llamó a vigilias en los tribunales electorales, reclamó segunda vuelta, pidió la anulación de las elecciones, demandó la renuncia de Morales, fue parte de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica (UCB), sugirió una Asamblea Legislativa con quorum para la consideración de las renuncias y la eventual sucesión, y se opuso a la posibilidad de que alguien del oficialismo asuma la continuidad del proceso.

Al llegar Áñez al poder, en sendos actos legislativos sin quorum ni presencia de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mesa consideró la transición como una “sucesión impecable”.

En su texto, lamentó la condición actual de Morales, quien renunció la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019 luego de un paro cívico-político contra el “fraude” electoral, un motín policial, la “sugerencia” de dimisión de las Fuerzas Armadas y la petición similar de la Policía Boliviana.

Recordó una serie de hechos en los que presuntamente Morales incurrió en delitos constitucionales. “Fue habilitado inconstitucionalmente como candidato en 2014 violando la disposición transitoria primera de la Constitución; desconoció su derrota en el Referendo de 2016; el TCP, bajo sus órdenes, inventó un supuesto derecho humano violado en su contra y lo habilitó inconstitucionalmente como candidato en 2019”, dijo Mesa.

“Morales, que no se ha cansado de violar la Constitución sistemáticamente sigue impune”, sentenció.

“La razón obvia por la que Morales sigue impune es que, a pesar de los juicios abiertos en su contra (por ejemplo, el de ser autor intelectual del fraude electoral de 2019), goza de la abierta protección del Ministerio Público y los máximos jueces del Estado”, afirmó Mesa.

También apuntó al presidente Luis Arce, a quien señaló de usar “a sus obsecuentes abogados disfrazados de ‘defensores de derechos humanos y luchadores por el imperio de la justicia’ para armar acusaciones delirantes a diestra y siniestra, mezclando a justos y pecadores con intención de perpetuar la mentira”.

Mesa, además, lamentó la gestión del MAS desde 2006, cuando Morales llegó por primera vez al poder. “Quienes gobiernan desde hace tres lustros han promovido y promueven la degradación y el envilecimiento progresivo de nuestra sociedad, cercada por la corrupción, el narcotráfico (cada vez con mayores signos de violencia), el contrabando y las mafias organizadas en todos los niveles sociales, que medran del dislocamiento total de una institucionalidad que está desapareciendo”, dijo.

Mesa ya declaró en el caso Golpe de Estado I, que investiga delitos de sedición, terrorismo y conspiración a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty. Lo hizo en junio de 2021, y, según sus declaraciones, solo respondió tres de 50 preguntas. Entonces alegó que no quería incriminarse en el caso.

En las últimas horas ha estallado una polémica en torno a la tarifa que cobra la tiktoker Albertina Sacaca para la promoción de productos y servicios. Un hombre expuso una conversación con la joven y desató el bullying.

Con 5,1 millones de seguidores en TikTok, la chuquisaqueña se convirtió en los últimos años en la influencer con más impacto en las redes sociales. Había probado suerte durante la pandemia.

El hombre de la publicación de las últimas horas se identifica como alguien que llamó antes a Albertina para “una cotización de una publicación” para su negocio. La tiktoker responde que le va a pasar el número de su representante.

Aquel dice que ya habló con el representante y que le cotizó $us 1.000 por video en TikTok y $us 700 por otro en Facebook. Albertina replica con que no quiere arriesgar, dice que no trabaja solo y que tiene que pagar a otras personas.

“Por esa razón él cobra eso y eso cada vez se está incremento”, insiste la joven, quien dice que tiene “advertencias” y que por eso trata de cuidar su cuenta en TikTok.

Le ofrece publicidad “por intercambio de servicios y productos en Instagram, pero TikTok y Facebook es ése el precio”.

“Ohh, no pues! En mi negocio gano $us 1.000 en tres meses, con suerte”, regatea el hombre.

Publicada la conversación telefónica en Facebook, el video alcanzaba la mañana de este domingo 690.000 reproducciones y centenares de comentarios sobre la tarifa, muchos de ellos cuestionando el precio y una buena parte apoyando su emprendimiento y el valor de su esfuerzo

La joven respondió en otro video y dijo no saber nada de él y que fue irrespetuoso y grosero con ella, que hasta le hizo perder el chip de su número telefónico. Dijo que «cada vez que hace publicidad» por TikTok, la bloquean.

A mediados de junio, Albertina perdió su cuenta de TikTok, cuyos administradores y algoritmos la sancionaron con el cierre. Ella lamentaba que había perdido 4.3 millones de seguidores con su anterior cuenta.

En Instagram, Albertina tiene 201.000 seguidores.

Sus videos, sencillos, se caracterizan por historias de vida, desde cómo preparar comidas o bañarse, y prepara refresco de pito, hasta su mismo perfil. Su carisma le permitió incluso firmar un contrato con una importante operadora de internet y telefonía celular hace unos meses.