El exvicepresidente Álvaro García Linera consideró que, si se reabre el caso denominado Terrorismo, también se debe investigar a los financiadores del grupo armado desarticulado en 2009. En su criterio, se trata de un grupo de empresarios que buscaban “un otro país” en Santa Cruz.

La exautoridad abordó el caso consultado sobre la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la intervención policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

“Lo que la CIDH está pidiendo es que se verifique y (se) averigüe si hubo excesos (o) ejecuciones en el operativo. Yo no veo problema que se haga la investigación, pero donde yo sí veo necesidad es, de una buena vez, concluir las investigaciones de los financiadores, de la gente que puso el dinero”, dijo en entrevista con la red DTV.

Caso Terrorismo

El caso Terrorismo investigó la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

García Linera dijo que entre los empresarios “financiadores” está Branko Marinkovic, exministro de Jeanine Áñez. Precisamente, el lunes éste denunció que fue retenido en un aeropuerto de Buenos Aires, Argentina; eso por una orden de búsqueda internacional emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo.

Financiadores

El exvicepresidente dijo que ese grupo de empresarios dotó de recursos a Rózsa y su entorno para la compra de armas; además de hospedaje, e incluso, señaló que propició “reuniones con autoridades”.

“Eso es lo que hay que averiguar, los nombres y sentenciarlos para que nadie más en la historia futura de Bolivia se anime a querer dividir el territorio boliviano”, agregó García Linera.

Consultado por una eventual convocatoria para que la exautoridad declare en ese caso, afirmó que “no corresponde”.

“Yo no fui un hombre operativo; yo no era el encargado de Seguridad ni el jefe de intervención. Ese es un tema que tiene que restringirse a la actividad estrictamente operativa”, complementó.

En una entrevista con Arpád Kepes, el 8 de septiembre de 2008, Rózsa admitió que fue llamado por dirigentes políticos de Santa Cruz para la eventual formación de una milicia para la defensa de ese departamento.

“Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente; pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos”, dijo el exsoldado de la Guerra de los Balcanes.

El exministro Branko Marinkovic denunció que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, por la activación de una orden internacional de búsqueda emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo.

“Vine a Buenos Aires a una cena con (el presidente Javier) Milei y otros líderes liberales. En el Aeropuerto Ezeiza fui retenido porque el gobierno boliviano mantiene la orden internacional de búsqueda contra los bolivianos que fuimos perseguidos en el caso Terrorismo, a pesar de haber sido absueltos en Bolivia”, escribió la tarde de este lunes en su cuenta de X.

La exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez calificó el hecho como un “abuso más contra los derechos humanos de los opositores”, agregó en su publicación. “Tomaré acciones legales”, advirtió.

Marinkovic

Marinkovic fue uno de los 39 imputados en el caso terrorismo. Fue acusado por la supuesta colaboración con el grupo armado de Eduardo Rozsa, que perdió la vida en un violento operativo policial en el hotel Las Américas, en 2009.

Con un proceso abierto en su contra, el además empresario salió del país y regresó cuando la Justicia cerró su caso, en 2020, en la administración de Áñez.

El operativo del 16 de abril de 2009, en el gobierno de Evo Morales, la Policía buscaba desarticular un grupo armado liderado por Rozsa. Esa acción derivó en la muerte del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, ambos sobrevivientes de la acción policial. Los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que pretendía un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El 13 de abril de este año, el caso terrorismo dio un giro. Tadic y Előd informaron que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo.

La audiencia en Santa Cruz para la resolución de un amparo constitucional que frenó el proceso de calificación de méritos para de postulantes de las elecciones judiciales fue suspendida hasta el viernes de esta semana.

Un reporte de Bolivisión informó de la suspensión del acto judicial por la tutela que concedió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

En la mañana, el presidente de la Comisión de Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas, negó que en el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales de haya vulnerado los derechos de algunos de ellos.

Amparo

“No ha habido ninguna vulneración (de derechos) a ningún postulante”, defendió ante los medios el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dicha sala constitucional dictó una medida cautelar que mandó a paralizar la preselección, que desde el martes de la semana pasada debió entrar a la fase de exámenes.

Son 405 profesionales habilitados para esa etapa.

Rejas atribuyó eso a una “mano negra que busca “boicoterar” las elecciones judiciales.

Miguel Rejas

Defendió, además, la independencia de los órganos del Estado y dijo que esa medida cautelar no puede frenar el trabajo de la Asamblea Legislativa.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana (martes), arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, anunció que el martes comenzarán los exámenes y entrevistas a los postulantes.

La batería de preguntas de esa fase fue elaborada por las facultades de Derecho de las universidades, colegios de abogados y otras instituciones y está en custodia a una Notaría de Fe Pública; determinó guardarlas en una oficina del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, bajo precinto.

Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó este lunes un antproyecto de ley para que organizaciones campesinas puedan participar en elecciones sin necesidad de un partido político.

“Es importante que el Estado reconozca el derecho político de las organizaciones indígena originario campesinas a participar en elecciones nacionales”, dijo a los periodistas en La Paz, luego de presentar su trámite en la ventanilla única de la ventanilla única de la Vicepresidencia.

Sin decir nombres, Tahuichi aseguró que varios líderes, a los que tildó de patrones políticos, usan a dichas organizaciones “como escaleras” y que su proyecto de ley busca eliminar ese “abuso”.

Tahuichi

“Las organizaciones indígena originaria campesinas no necesitan de un partido político (para participar en las elecciones). (Si) se aprueba esta ley y nuestros hermanos van a dejar de ser pongos políticos”, agregó Tahuichi.

Sin bien presentó su trámite este lunes, señaló que ese derecho “no es novedad” y que está incluido en la Constitución Política del Estado (CPE).

De hecho, el artículo 209 de la CPE señala: “Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, con excepción del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, serán postuladas(os) a través de organizaciones de pueblos originario campesinos, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, en igualdad de condiciones”.

Organizaciones campesinas

“Los diputados y senadores tienen un gran reto. Si no lo hicieren (aprobar el proyecto de ley), están desconociendo a las organizaciones indígena originario campesinas”, insistió.

Consultado por el candidato que debe representar a dichas organizaciones, explicó que es una decisión de su dirigencia y que “son libres de invitar a quien vean conveniente”.

La propuesta de Tahuichi coincide con la discusión sobre la “legitimidad” de las organizaciones del Pacto de Unidad, que respalda política y socialmente al Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya representación es indígena.

Dos facciones, ambas con militantes y simpatizantes de representación indígena, lanzaron duras críticas a líderes políticos, de los que cuestionan que “quieren adueñarse del MAS”.

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, decidió cambiar la fecha del congreso nacional de su partido para el 10 de julio de este año, aunque mantuvo la sede en Villa Tunari.

Observada una anterior convocatoria a congreso, que estaba previsto para el 10 de junio, este lunes se cumple el plazo que otorgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que el MAS llame a un encuentro nacional.

“Estamos convocando hoy día, cumpliendo las decisiones políticas del TSE. El congreso va a ser el 10 de julio en Villa Tunari. Lamento mucho comunicar (esto), no me gusta; (pero) estamos cumpliendo humildemente (con la conminatoria del TSE)”, dijo en una conferencia de prensa en Cochabamba.

Morales lanzó duras críticas al TSE por el rechazo, primero al congreso de Lauca Ñ —celebrado en octubre del año pasado— y, luego, a las reciente observaciones a su convocatoria.

“Estamos pidiendo que cualquier decisión de la Sala Plena del TSE sea transmitida en directo. La democracia boliviana depende del TSE y no queremos un TSE parcializado”, apuntó.

MAS

La dirigencia nacional del MAS evista se reunió la mañana de este lunes y una de sus determinaciones fue pedir una reunión con la Sala Plena del TSE. Incluso, Morales anunció que invitará a misiones internacionales para “que hagan seguimiento al comportamiento del TSE”.

“Algunos partidos hacen congreso virtual y eso vale para el TSE”, protestó.

Las dos facciones del MAS, evista y arcista, solicitaron al TSE supervisión al congreso nacional. Cada una, por su parte, reclama la “legitimidad” de su llamado.

El arcismo, pese a que también recibió observaciones a su convocatoria, llamó a su militancia al congreso previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Ambas alas se acusan de buscar la proscripción de la sigla del MAS.

Por su parte, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, en una entrevista con Piedra Papel y Tinta, de La Razón, defendió la atribución del Órgano Electoral de supervisar que los partidos cumplan con sus estatutos y la Ley de Organizaciones Electorales.

Explicó que existe un auto constitucional de un Tribunal de Garantías que concedió una tutela parcial a dirigentes de las tres organizaciones sociales del Pacto de Unidad que denunciaron la “exclusión” de la convocatoria evista.

“Hay un proceso en este caso específico que ya ha ido más allá de las atribuciones propias del TSE y que han ido a la vía constitucional”, explicó.

El reclamo de esas organizaciones fue que el evismo no consensuó con ellas el nuevo congreso. El MAS arcista fue cuestionado también de no contar con el aval de la dirección nacional, liderada por Morales.