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La Defensoría ve vulneración de derechos en la expulsión de 5 estudiantes de la UMSA

Los estudiantes expulsados planean impugnar la determinación. Foto: APG.

La Defensoría del Pueblo observó este miércoles la determinación de autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de expulsar a cinco estudiantes que participaron en una movilización en noviembre de 2021.

A dos de ellos se les impedirá terminar sus estudios universitarios, pues su expulsión es definitiva, mientras que los otros tres tendrán que paralizar sus carreras por tres años, por decisión de la Comisión de Procesos Universitarios UMSA-Sala Tercera, mediante la Resolución 03/2022 del 23 de septiembre de 2022.

“La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la expulsión de estos cinco estudiantes y agotará todos los mecanismos para la defensa del derecho fundamental a la educación”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, de acuerdo con una nota institucional.

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Entre las expulsadas se encuentra la universitaria Karen Apaza, quien denunció ante la Fiscalía al dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) Álvaro Quelali, por usar recursos del IDH universitario en beneficio de sus allegados, aprovechando su cargo.

La estudiante, ahora expulsada de manera definitiva, consideró que la decisión de impedirle terminar su carrera fue un amedrentamiento por denunciar a Quelali, quien cumple ya detención preventiva en la cárcel de San Pedro; autoridades de la UMSA la acusan de agredir al rector, Óscar Heredia.

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La Comisión de Procesos Universitarios afirmó que las presuntas agresiones vulneran el Reglamento de Procesos Universitarios, por lo cual corresponde la expulsión; la Defensoría informó que pedirá revisar las normas de la UMSA.

“Se hará un análisis normativo para establecer si el sistema jurídico universitario cumple los citados estándares internacionales y si estos se ajustan a los principios de los derechos humanos para, eventualmente, activar la jurisdicción constitucional para exigir el respeto y restitución del derecho a la educación superior”, informó la Defensoría.

La institución anunció, además, que, mediante la Delegación Defensorial de La Paz, ya se inició una investigación y se hará seguimiento a la impugnación que presentarán los estudiantes.