Sociedad

Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 05:25 AM

Salud reporta 376 casos en la décima semana de desescalada de casos de COVID-19

El titular de salud también destacó que en esta semana no se eporto ni un solo deceso por esa enfermedad.

Población lidia con la pandemia del COVID-19 en Bolivia. Foto: Archivo LR

Por Mauricio Diaz

/ 10 de octubre de 2022 / 09:47

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que en la última semana epidemiológica se reportaron 376 casos de COVID-19, en la décima semana de desescalada de la quinta ola de contagio de esa enfermedad.

“No se ha reportada ni un solo deceso (por COVID-19) en la última semana (…). Es la cantidad más baja (de contagios) en toda la pandemia”, destacó el titular de salud en una conferencia de prensa en Cobija, Pando.

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Atribuyó la baja letalidad de la enfermedad a los alcances de la vacunación, según el último reporte de esa cartera, alcanzó las 15.140.730 dosis aplicadas en todo el país.

Desde marzo de 2020, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en Bolivia, se reportaron 1.108.702; de los que 1.057.096 se recuperaron y 22.237 fallecieron, luego de alcanzar cuadros graves de la enfermedad.

“La vida está triunfando”, celebró Jeyson Auza.

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Arce dice que ‘hay que parar orejas’ con medidas de Milei

El presidente argentino aprobó medidas polémicas

El presidente Javier Milei comparece tras tomar posesión del cargo en Argentina

Por Mauricio Diaz

/ 15 de diciembre de 2023 / 06:48

El presidente Luis Arce advirtió ayer que “hay que parar las orejas” ante las medidas económicas dispuestas por el recientemente posesionado gobierno de Javier Milei en Argentina.

“Las medidas de la República Argentina, yo les digo, hay que parar las orejas, no es lo que uno hubiera esperado que se haga porque el discurso de la campaña era uno y ahora se están tomando otras medidas, adicionales a las que se había mencionado que no solamente pueden afectar a nuestro país, pueden afectar a todos los vecinos de Argentina”, alertó el Jefe de Estado, durante un encuentro con periodistas en la Casa Grande del Pueblo.

Arce agregó que el Gobierno tomará todas las medidas que sean necesarias para cuidar la estabilidad de precios y “cuidar que la economía siga creciendo, para cuidar que el boliviano y  la boliviana tenga un empleo y tenga más ingresos familiares para mejorar la calidad” de vida.

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Medidas de Milei

Milei aprobó una serie de medidas al ingresar al gobierno, en reemplazo del presidente saliente Alberto Fernández. El encargado de comunicar esa decisión fue el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las polémicas medidas está la devaluación de la moneda, la suspensión de la obra pública, reducción de los subsidios de energía y transporte, reducción de la planilla del Estado, suspensión de la publicidad oficial, reducción en el número de ministerios y secretarías, entre otras.

“Hay que estar atentos de lo que ocurra para tomar cualquier cosa que pueda pasar, para defendernos y defender nuestra economía”, complementó Arce.

A pesar de haber sido invitado al acto de posesión de Milei, el 10 de diciembre, el mandatario decidió enviar en su lugar a la canciller Celinda Sosa.

Argentina es un país que tiene una de las tasas más altas de inflación interanual de más de 140%, por encima de Venezuela. Además, en el último año, quedó tercera en el ranking de precios, solo superada por Venezuela y El Líbano, según Infobae.

Finanzas

La alta inflación ha sido un mal crónico en Argentina, que ya en 2022 había cerrado con un índice de precios al consumidor (IPC) al alza de 94,8%, de acuerdo con AFP.

Para combatir la inflación y sobre todo el déficit de las finanzas públicas, el mandatario argentino  anunció un programa de austeridad que incluye la reducción de subsidios a las tarifas de energía y de transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no comenzaron.

Además, decretó una devaluación de la moneda de más de 50%, a 800 pesos por dólar al tipo de cambio oficial, dentro de un régimen de control de divisas que contempla una decena de tipos de cambio diferentes.

Milei advirtió que los próximos meses serán “duros”, y que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Pero asegura que intenta evitar una “catástrofe” como sería la hiperinflación, que ya vivió Argentina en 1989 y en 1990.

Milei ha planteado un recorte del tamaño del Estado y un ajuste fiscal equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

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PGE 2023 aprobado: Sin escollos, el proyecto de ley es remitido al Senado

El monto destinado a inversión pública es de $us 4.274 millones.

El pleno de la Cámara de Diputados que aprobó ayer el Presupuesto General del Estado 2024.

Por Mauricio Diaz

/ 10 de diciembre de 2023 / 07:07

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de ayer el proyecto de Ley 030, Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, en una sesión que duró poco más de 16 horas, y lo remitió a Senadores para su sanción, en lo posible, en los próximos días.

La ley dispone un presupuesto consolidado de Bs 265.558.034.072 y un agregado de Bs 340.317.970.486. Esos recursos estarán destinados a diferentes sectores: salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales, y otros ítems de la administración pública del país.

La propuesta de ley prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71% y su ampliación en $us 3.000 millones con relación a la gestión que termina.

Además, dispone de $us 4.274 millones para la inversión pública, de los que el 56% estará destinado al sector productivo, 22% al área social, 16% a infraestructura y 6% para fines multisectoriales.

El debate tuvo una serie de reclamos y cuestionamientos, principalmente de diputados de la oposición, que exigían la presencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para que brinde detalles del proyecto.

Sin embargo, quien terminó explicando los 18 artículos del proyecto fue el presidente de la Comisión de Economía de ese órgano camaral, Omar Yujra.

“La aprobación de PGE es una buena noticia para el país; ha sido una sesión bastante debatida. Este presupuesto va a ir en beneficio para alcaldías, gobernaciones, universidades (públicas), nuestras políticas sociales y la subvención”, explicó Yujra en una rueda de prensa improvisada en la Asamblea Legislativa.

Varios diputados, principalmente de oposición, rechazaron el artículo 8 del mencionado proyecto, que establece un crédito con organismos internacionales por $us 700 millones.

En entrevista con La Razón, el diputado Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas calificó de “accidentada” la sesión de Diputados; además, afirmó que dicho proyecto responde a un “pacto” entre las facciones evista y arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos miembros del bloque de oposición al Gobierno.

“Cuando se trata de robar el queso, los ratones se juntan (…). En un sistema presidencialista, la posición de la Asamblea (Legislativa) en el PGE demuestra los acuerdos políticos”, criticó el legislador chuquisaqueño.

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—¿La aprobación del PGE 2024 tiene algo que ver con el conocido acuerdo de nueve puntos entre oficialismo y oposición?

—Creo que en la oposición ya hay acuerdos con el MAS. La composición política de la oposición y de CC, especialmente, tiene en sus filas una fuerza que representa al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y muchos colegas, en sus intervenciones, (develaron que) tienen afinidades con la izquierda. Esos acuerdos están materializados en este tipo de temas.

Ese cuestionado acuerdo fue pactado entre los representantes de bancada el 7 de noviembre, precisamente cuando el oficialista Andrónico Rodríguez postuló, nuevamente, a la presidencia de la Cámara de Senadores.

Se prevé que el PGE 2024 sea considerado la semana que entra en la Cámara de Senadores. Hasta ayer no había convocatoria para la discusión del asunto.

Antes, la Asamblea Legislativa se vio estancada en la aprobación de la Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado 2023. Siete artículos transitorios trababan su sanción, hasta que el Órgano Ejecutivo tuvo que ceder posición en dos de ellos, decisión que facilitó el trámite.

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De 737 OTB en La Paz, 506 están en zonas de riesgo

La Alcaldía de La Paz destina Bs 150 millones para prevención de riesgos en la ciudad

La Paz. Deslizamiento afectó viviendas en Auquisamaña

Por Mauricio Diaz

/ 20 de noviembre de 2023 / 06:51

El municipio de La Paz cuenta con 737 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) en todo su territorio. De ellas, 506 se encuentran en ocho zonas de riesgo “alto”, “muy alto” y “alto y muy alto”, según un reporte al que accedió La Razón.

La información fue proporcionada por el titular de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma.

El secretario municipal informó que 210 OTB se encuentran en las zonas consideradas con riesgo “alto”, una en “muy alto” y 295 en “alto y muy alto”.

Además, en cuanto a la organización del territorio paceño, Palma explicó que La Paz está dividida en nueve macrodistritos, siete de ellos urbanos y dos rurales, y que éstos, a su vez, están comprendidos en 23 distritos.

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Zonas de riesgo

Las zonas que están contempladas en riesgo por las autoridades municipales son ocho: Valle Metropolitano, Valle de las Flores “B” Amor de Dios, Ciudad del Niño, Antenas Entel, Said Cruz Pata, Valle de las Flores A, Urbanización Cervecería y Urbanización Cervecería.

Actualmente, esa unidad del gobierno local no cuenta con un detalle del número de viviendas apostadas en las ocho zonas de riesgo que tiene la sede de gobierno. Sin embargo, brindó a este diario el reporte de cuántos manzanos están comprendidos en esas áreas urbanas.

Manzanos

Son 4.004 manzanos con cierto grado de vulnerabilidad.  De ellos, 1.245 tienen “riesgo alto”; 43, “riesgo muy alto” y 2.716, “riesgo alto y muy alto”.

—¿Qué factores provocan los riesgos en esas zonas?

—El riesgo es el producto de la combinación de dos factores; la amenaza (un deslizamiento) y la condición de vulnerabilidad de un elemento expuesto (en este caso la vida de las personas, sus bienes y sus medios de vida).

En su explicación, Palma recordó “la construcción social del riesgo”, de Allan Lavell. Dijo que existe elementos relacionados a la pobreza, marginalidad o condición social, entre otros, “que incrementan las condiciones por las cuales un elemento se pone en condición de vulnerabilidad”.

“Es así que la ocupación del territorio en espacios no aptos o identificados como de alta amenaza ocurre, dando lugar a las condiciones propicias para generar e incrementar en el tiempo los niveles de riesgo que estos elementos expuestos van construyendo. A esto se le aumenta la infiltración de conexiones en mal estado y sobre carga de terrenos que incrementan el riesgo”, señaló Palma a este diario.

Alarma

Recientemente, una alerta de deslizamiento movilizó a los vecinos del macrodistrito San Antonio. La Alcaldía de La Paz admitió que la situación, principalmente en dos barrios, es “crítica”, mientras que dirigentes vecinales llamaron a la calma y anunciaron “acciones” para evitar ese evento.

“El nivel de peligrosidad de deslizamiento de esta zona es alto. Tenemos dos barrios —Cervecería y Metropolitano— que ya los hemos declarado en emergencia hace más de dos meses; pero que la situación es crítica. El nivel de deslizamiento hace dos meses era de dos centímetros por semana; hoy, cada dos semanas se están deslizando 18 centímetros”, in formó el alcalde de La Paz, Iván Arias, el 9 de noviembre.

Ante eso, la unidad de Palma anunció una serie de acciones para la prevención de problemas. “Entre ellas, la construcción de un tramo del embovedado del Río Kachuañajahuira, manejo de aguas superficiales en los ríos Kiswaras I y II, conformación de banquinas en la parte superior del talud para reducir la sobrecarga, construcción de cerca de 1 kilómetro de galerías filtrantes y la construcción de 132 pilotes antideslizantes a iniciarse próximamente. También acciones de fiscalización predial y territorial a cargo de la Subalcaldía; y medidas de preparación y alerta en coordinación con la sociedad civil”, dijo a este medio a través de un cuestionario enviado a sus redes.

Además, dijo que el gobierno municipal implementó una estrategia integral de identificación y monitoreo del riesgo en todas las zonas altamente vulnerables.

“Esa estrategia contempla también procesos de gestión territorial y legal sobre los predios construidos de manera ilegal. Sin embargo, el objetivo principal por sobre todo es el cuidado de la vida de los habitantes de estas áreas”, explicó a este medio.

Datos

Palma También identificó dos grupos de “factores que detonan el riesgo en las zonas con vulnerabilidades”. Se trata de cuatro causas “socioeconómicas” y de seis “físicas”. (Ver cuadro)

El secretario Palma también informó a La Razón que la unidad que lidera cuenta con un presupuesto anual de Bs 150 millones.

Esos recursos están destinados a diferentes obras de prevención y reducción de riesgos en zonas altamente vulnerables.

Además, dispone de un monto adicional “para el monitoreo continuo y alerta temprana con el fin de evitar o mitigar los impactos de los posibles deslizamientos”.

Palma advirtió de la “imperiosa” necesidad de implementar ciertas acciones para mejorar el trabajo del monitoreo de los riesgos. Entre ellas, la actualización del mapa de riesgos con el que actualmente trabaja la Alcaldía, dicho elemento data desde 2021 y está publicado en su página web institucional. Señaló que esa herramienta debe mostrar “la realidad actual del territorio y se constituya como instrumento clave para una mejor comprensión del riesgo de desastres”.

Esa tarea se encuentra en ejecución desde 2022, según apuntó el funcionario municipal, con base en un “análisis y evaluaciones exhaustivas, que abarcan el riesgo de manera más holística”.

La Alcaldía, a través de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR) y otras unidades desarrolla un conjunto de actividades tanto estructurales como no estructurales, es decir, la identificación y monitoreo de zonas en riesgo, concientización a la población y organización.

La Paz está asentada en muchas áreas de tierra deleznable.

Ocho zonas en riesgo por 1.091 edificaciones irregulares

Juan Pablo Palma, titular de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, informó que existen 1.091 edificaciones “irregulares” distribuidas en las ocho OTB (Organización Territorial de Base) declaradas en riesgo.

Las OTB que cuentan con más construcciones irregulares en el municipio son: Valle de las Flores “B” Amor de Dios, con 358; le sigue Valle Metropolitano con 222; Ciudad del Niño con 155; Valle de las Flores “A” con 144; Urbanización Cervecería con 98; Antenas Entel con 48; Said Cruz Pata con 41; y Santa Rosa de Callapa con 25.

Las construcciones irregulares, según dijo Palma, es una de las causas que deja en vulnerabilidad a esas zonas. Los predios, según Catastro, “que incluyen con certificado, observados y con deslinde”, son 320, mientras que las construcciones “sin ningún tipo de registro” suman 771.

Sin embargo, dichas edificaciones son solo uno de los 10 “elementos” que identificó la unidad de riesgos dirigida por Palma como “causantes” de la vulnerabilidad de esos sectores del área urbana del municipio.

Identificadas, las construcciones observadas están dispersas en 4.004 manzanos según el mismo informe, cuya clasificación de riesgo varía entre “alto”, “muy alto y “alto y muy alto”, según el peligro que presente el terreno en el que se encuentran.

Las amenazas de ese tipo de construcciones tienen que ver con posibles deslizamientos,  movimientos de tierras y la afectación a viviendas vecinas.

Sin embargo, la oficinas de gestión de riesgos también atribuyó ese tipo de edificaciones a situaciones como “pobreza, educación, migración campo-ciudad; además del uso de materiales inadecuados en la construcción, asentamientos, sobrecarga de tierras y redes de agua y alcantarillados en mal estado.

(20/11/2023)

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‘Caso Golpe II’, un libro para documentar la historia del país

El libro devela información de las reuniones extralegislativas en la UCB, en noviembre de 2019.

Susana Rivero, junto a la directora de La Razón, Claudia Benavente.

/ 11 de noviembre de 2023 / 03:44

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero presentó ayer su libro “Caso Golpe II: proceso penal y jurisprudencia de algo que nunca debió suceder”, y resaltó la importancia de su contenido como aporte a la historia del país.

“Hay que dejar la historia escrita, y este es un libro que contiene no solo los hechos, sino todas las pruebas que se judicializaron. Están no solo los testimonios como el de Jeanine Áñez al inicio y al final del juicio, sino de los testigos”, dijo la exasambleísta nacional en entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

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Rivero describió parte del texto y dijo que “pretende recoger todo lo que sucedió en el caso Golpe II; es el proceso en sí mismo”.

El texto tiene que ver con lo ocurrido el 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2019, es decir, desde el día que Evo Morales renunció a la Presidencia del país, en medio de una fuerte crisis social y política, que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el además líder cocalero dimita a su cargo.

Rivero señaló que la mayoría de los datos de su libro fue revisada en documentos del Ministerio Público, a los que pudo acceder.

Adelantó también que el lector podrá encontrar en las páginas del libro amplia información de lo ocurrido en las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica, encuentro convocado y liderado por la Iglesia Carólica, en las que se definió la sucesión que recayó en Áñez. En ese encuentro, participó Susana Riveros (primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados en 2019), Adriana Salvatierra (presidenta de la Cámara de Senadores, en 2019) y Teresa Morales, las tres de las filas políticas del MAS.

“Muchos decían: ‘son unas traidoras por reunirse con la oposición’. Pero fuimos, y esa es la prueba de que no hubo vacío de poder, porque nosotros estábamos ahí”.

Otro contenido que destacó  Rivero tiene que ver con el proceso que siguieron las autoridades judiciales, cuyo fallo derivó en la condena de 10 años de prisión para la exmandataria. “Es una sentencia vital y fundamental que sostiene el juicio del caso Golpe II”, señaló la exasambleísta.

El documento tiene tres partes y un anexo y, según consideró Rivero, es útil para entender la jurisprudencia del caso y lo recomendó para abogados y estudiantes de derecho, principalmente.

“No es un libro testimonial, es un libro de lo que sucedió en el proceso judicial en la etapa preparatoria, en el juicio oral, las apelaciones, lo que recurrieron a instancias internacionales y hasta la admisión del recurso de casación, el 31 de octubre (…). El libro no especula, te muestra el proceso judicial en el que Áñez ha tenido cinco abogados para defenderla”, aclaró la también exministra.

El caso Golpe de Estado II tuvo sentencia el 10 de junio. Además de la exmandataria, el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman, y el excomandante general de la Policía Vladimir Calderón recibieron una pena de 10 años. Mientras que los comandantes Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas recibieron una sentencia de cuatro años; y Pastor Mendieta y Flavio Arce, a tres y dos años respectivamente.

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Activista reclama falta de coordinación con víctimas en caso Golpe de Estado I

‘Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía’, dice David Inca.

El activista David Inca, en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Por Mauricio Diaz

/ 24 de octubre de 2023 / 18:42

El activista David Inca cuestionó ayer que los familiares y víctimas de Senkata no hayan sido considerados por la Fiscalía para acusar a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y otras 17 personas por supuesto “genocidio” en 2019.

En su justificación, el defensor de derechos humanos y representante de las víctimas caídas el 19 de noviembre evocó una de las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que señala que las investigaciones que realice la Fiscalía en torno a ese tema deben ser coordinadas con el grupo de familiares y víctimas de las jornadas de violencia.

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“Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía; es decir, la Fiscalía tiene que informar (a las víctimas sobre) qué está haciendo, qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Las víctimas no pueden estar aisladas de las decisiones”, reclamó Inca en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

La segunda observación del activista tiene que ver con la ausencia en la acusación de los ministros que dieron luz verde al Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas por el uso desmedido de la fuerza en los conflictos poselectorales de 2019.

“A las víctimas les interesa saber quién ordenó matar y quién mató; quién ordenó disparar y quién disparó; quién ordenó torturar y quién torturó”, añadió.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este proceso se ventilará en el ámbito ordinario y no en un juicio de responsabilidades, como exige la defensa de la exmandataria. “La vía ordinaria o de responsabilidades es debate político”, añadió.

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