El mercado denominado “paralelo” de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), presidida por Arnold Alanes, reabrió ayer sus puertas para comercializar ese producto.
Pasaron cuatro semanas de la toma y destrucción violenta de ese centro de abasto.
“Hemos podido ver la venta de la coca con normalidad en la calle, pero nuevamente mis hermanos cocaleros estaban expuestos ante las inclemencias del tiempo», dijo el dirigente Arnold Alanes a La Razón.
«Hemos reabierto (el mercado de Villa el Carmen) para dar comodidad a mis hermanos”, agregó
Ese edificio había sido tomado e incendiado por los cocaleros afines a Freddy Machicado, quien cumple una detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de liderar y provocar los daños a esa infraestructura.
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ÚNICO
Justamente, la facción de Machicado acusa de “ilegal” ese predio y defiende como “único y legítimo” al mercado de la calle Arapata, en Villa Fátima.
Alanes denunció que, durante la toma, aparte de las agresiones a dirigentes, mujeres, periodistas, e incluso niños, los afines a Machicado “se llevaron puertas, taques de coca y otros materiales” valuados en “Bs 3 millones”.
El conflicto cocalero alcanzó la cima de la tensión cuando el bloque de Machicado tomó por la fuerza ese edificio, ante duros cuestionamientos por las agresiones cometidas en la intervención.
Machicado y sus seguidores denuncian la “ilegalidad” del mercado de Villa El Carmen,
“Vamos a remodelar y refaccionar, pintar, hay ambientes muy dañados y vamos a exigir garantías”, complementó Alanes.
BLOQUES
Alanes y Machicado se arrogan la dirigencia legal y legítima de Adepcoca, lo que generó enfrentamientos entre los dos bloques yungueños.
Ante esa crisis, Alanes abrió su propio mercado de coca, en Villa El Carmen, con el argumento de que Ley General de la Coca.
Aunque dicha norma no especifica la zona dónde debe funcionar dicho centro comercial.
No obstante, Machicado sostiene que el único centro de abasto es el que está en Villa Fátima, por lo que propició una serie de movilizaciones por más de seis semanas en las que se destacó el uso de dinamita.
En consecuencia, se inició un proceso penal contra el dirigente y se dispuso su detención preventiva, por seis meses.
Desde el Gobierno central calificaron esas movilizaciones como “políticas” y varias autoridades aseguraron que se busca la desestabilización de Luis Arce Catacora y su administración.
Defendieron esa idea por la coincidencia con las protestas del movimiento cívico cruceño en contra del Censo en 2024.