Hay también varones que son víctimas de violencia familiar
La activista escucha cada uno de los casos de los privados de libertad en Oruro.
Imagen: melania torrico
“En Bolivia parecería que los derechos de una mujer pesan más que los derechos de un varón”, cuestionó la activista Melania Torrico. Por eso, decidió conformar un grupo de profesionales en defensa de varones de violencia familiar y “denuncias falsas”.
Cuando se menciona violencia familiar, el subconsciente automáticamente se inclina al sector de las mujeres. Sin lugar a dudas, este grupo es esencialmente vulnerable a la violencia, sobre todo la física, machista y patriarcal.
En el país, de enero a agosto, la Fiscalía registró 33.453 denuncias de casos de violencia, de los cuales 25.959 corresponden a violencia dentro de la familia, la mayoría hacia las mujeres.
Sin embargo, también hay un grupo afectado, el de los varones, dijo Torrico. “De la cantidad total de las denuncias registradas, solo el 5% corresponde a varones, que se atrevieron a denunciar las agresiones físicas por una mujer o que sufren de algún tipo de violencia ejercida por este grupo”.
Señaló que el bajo índice de las denuncias de los varones se debe a los estigmas sociales que “lastimosamente” invisibilizan los derechos de los hombres.
“Respiramos un problema latente e invisible porque el hombre no dice lo mal que se siente, se encierra dentro las cuatro paredes de su casa”, señaló.
Afirmó que el problema es invisibilzado. “El hecho de no hablar (del problema), incluso, en el entorno más cercano de la terrible situación de pareja que está sufriendo en ese momento, ha invisibilizado el problema en este grupo, naturalizando la violencia y el maltrato hacia ellos”, añadió.
La abogada aseguró que el problema radica en el sistema judicial y que, al parecer, está “parcializado” en favor de las mujeres.
Respaldó su premisa al detallar los procedimientos que los varones deben realizar para que sus denuncias sean admitidas en la vía ordinaria, y que éste es uno de los motivos por los que ellos no denuncian la violencia.
“¿Por qué no denuncian los varones? Porque desde el momento en que ponen el pie en una entidad receptora de denuncias, llámese FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), SLIM (Servicio Legal Integral de la Mujer) o Ministerio Público, ellos tienen un trato pero totalmente diferenciado al de las mujeres”, dijo.
Torrico indicó que para iniciar con el trámite de denuncia, el denunciante debe comprobar a través de una valoración médica las agresiones de la mujer, físicas o psicológicas, acción que también las mujeres presentan a la hora de denunciar, con la diferencia que “para ellas este tipo de valoraciones le ofrece el Estado, mientras que para ellos no”.
“¡Ah, no pues! Tendría que conseguir cualquier abogado y tendría que usted ir a hacerse un informe psicológico en el Sedeges o cualquier institución que sea avalada por ley”, explicó Torrico al referirse a la información que dan los funcionarios para llevar adelante la denuncia penal.
Calificó de increíble la sanción diferenciada. “¿Por qué una cachetada de una mujer tiene una sanción diferente a la cachetada de un varón contra una mujer?”. “Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero en Bolivia nosotros estamos viendo vulneraciones legales a los derechos de los varones”, resaltó.
La profesional afirmó que este tipo de acciones en el sistema judicial del país genera actitudes negativas en contra de los varones, de los que dijo que vulneran su integridad y que hasta a veces refuerzan la soberbia “y maldad de algunas mujeres”, que al no terminar en buenos términos una relación llegan a ensañase con ellos usando a sus hijos.
“Nos topamos con un problema muy grande en el país que está ocasionando la desintegración familiar en temas tan simples como la asistencia familiar, el régimen de visitas, los divorcios, las separaciones en buen término. Y los hombres en Bolivia tienen todas las de perder”, dijo.
A esto añadió que algunas mujeres llegan a manipular a los hijos en común poniéndoles en contra de sus padres.
“Todos los casos de los hombres que llegan al consultorio son porque son víctimas de violencia; del 100% de casos, el 100% son violencia ejercida por las mujeres; como física, psicológica, patrimonial, chantaje, la extorsión, la manipulación, la mentira”, detalló la abogada Torrico.
Aseguró que hay un sesgo legal en la interpretación de la Ley 348.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia; sin embargo, algunos operadores de la abogacía interpretan la norma a gusto y conveniencia de sus clientes mujeres para dañar la imagen de varones, dijo Torrico.
“Hay casos en que el hombre y la mujer no terminan en buenos términos, es cuando ella opta por acudir a las denuncias falsas o a complicar la separación”.
“Yo no voy a restar el problema real que tienen algunas mujeres en Bolivia respecto al tema de asistencia familiar, de que también hay hombres desentendidos, hay, pero existen mujeres que tampoco se ubican en el contexto económico de la expareja, piden montos exorbitantes de Bs 2.000 o Bs 3.000, hasta hay mujeres que piden asistencia para ellas”, denunció la jurista.
Incluso, dijo que algunos hombres terminan cediendo a las demandas por temor a ir presos a la cárcel por el tema de manutención de los hijos en común.
A esto se suma la recomendación de abogados y organizaciones no gubernamentales que califican a los hombres de agresores absolutos, sin siquiera conocer el argumento de ellos, “por lo que les recomiendan (a sus clientas) hacer uso de la Ley 348 para denunciarlos de violencia (a sus exparejas), y una vez que la causa está en proceso, ellas proceden a chantajearlos y luego a extorsionarlos”.
“Ellas quieren todos los beneficios económicos, no quieren el 50% de las gananciales, de los bienes, ellas quieren más. ¿Y qué hacen? Hay abogados que las aconsejan que denuncien por el tema de violencia”, dijo.
Torrico informó que, luego del proceso penal, la mayor parte de los hombres se enfrenta a procesos familiares.
Aseguró que en el país hay una población aproximada de 19.000 privados de libertad y que de esos, el 60% están recluidos en las cárceles por denuncia de violencia familiar, que no pudo ser corroborada por La Razón.
Resaltó que de este porcentaje al menos el 5% han sido víctimas de denuncias falsas por mujeres que terminaron la relación en malos términos con ellos.
Contó que en uno de sus recorridos y visitas a la cárcel de San Pedro de Oruro se le acercaron varones para ser escuchados en sus peticiones y para ver de qué manera la abogada podría ayudarlos en sus casos.
“Ahí estoy escuchando lo que ellos me cuentan sus historias y de lo injusto que es la Justicia boliviana”, dijo al referirse a una de las fotografías en la que se la ve sentada rodeada de varios privados de libertad.
“Muchos de ellos llevan meses aguardando la resolución de sus casos con detención preventiva; sin embargo, las mujeres no contenta con ellos esperan que se les pase las pensiones de sus hijos, estando ellos ahí adentro”, informó.
Ante esto, Torrico señaló que La Agencia fue creada para defender estos derechos que por años fueron vulnerados.
El equipo es multidisciplinario y está compuesto por 40 profesionales de derecho, psicólogos forenses y trabajadores sociales. Dijo que firmaron acuerdos con instituciones que apoyan a los varones, como La Casa del Hombre en Chuquisaca.
Torrico tiene como objetivo expandir la consultora en los nueve departamentos del país.
En La Paz lleva un mes desde su inauguración en el exhotel Radisson, piso 6, oficina 612.
Recibió más de 500 denuncias de solo varones que han sufrido algún tipo de violencia de sus esposas, enamoradas o exparejas.
La asistencia debe cubrir seis necesidades
Salud, educación, vivienda, diversión, alimentación y vestimenta son las seis necesidades que deben ser cubiertas por la asistencia familiar en beneficio de los hijos, informó la abogada familiar Nataly Zúñiga.
Ésta es una figura jurídica que además tiene que ser de importancia social, porque a través de ella se protege a un sector vulnerable, como los menores de edad.
“Es obligatoria hasta los 18 años de edad y de los 18 hasta los 25 años, siempre y cuando ellos estudien”, dijo la jurista.
El monto económico destinado a los hijos depende de la edad del beneficiario. “Por ejemplo, un bebé no tiene las seis necesidades anteriormente mencionadas, por lo que un juez analizará cuánto se le debe destinar”, explicó.
Respecto a los hijos en etapa escolar, el mismo juez determinará las necesidades del beneficiario y de acuerdo a ello se debe cumplir con la asistencia familiar, ya sea otorgado por el padre o la madre de familia.
GUARDA.
La abogada informó que cuando hay una guarda compartida la asistencia familiar es a 50% de ambas partes.
Señaló que la relación entre los progenitores debe ser bastante buena. “El niño debe tener un régimen de vida compartido, equilibrado y eso no lo determina un juez”, afirmó Zúñiga.
Explicó que este tipo de guarda compartida pasa por un acuerdo de partes, en este caso del papá y de la mamá.
“Puede ser que una semana el niño viva con el padre y la otra con la madre”, dijo al referirse que en guarda compartida cada progenitor asume su responsabilidad de manera voluntaria.Insólito. Una abogada crea La Agencia, para defender a los varones de las mujeres.
