Sociedad

Saturday 4 Feb 2023 | Actualizado a 23:22 PM

Francisco Vargas: ‘Existe mucha desinformación y se genera desconfianza’

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas explicó, entre otros temas, sobre la distribución de escaños, el padrón electoral y la ‘desinformación’ en algunos actores ‘que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral’.

/ 26 de noviembre de 2022 / 06:42

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas afirmó que la distribución de escaños legislativos está normada en la Ley 026, de Régimen Electoral, y en la propia Constitución Política del Estado (CPE).

Consultado ayer en LA RAZÓN Radio sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el juez electoral apeló a ambas normas para su respuesta.

También dejó en claro que no existe una relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico

Aseveró que el padrón electoral es “altamente confiable” y que “existe mucha desinformación” en algunos actores “que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos”.

A la pregunta de si hay diferencias entre los votos rural y urbano, Vargas reivindicó el principio de “un ciudadano, un voto”, lo que está inscrito en la Constitución Política del Estado (CPE).

—¿Valía la pena llegar a este clima de situación crítica en el país con la discusión sobre la fecha del Censo?

—La Constitución es clara, el artículo 146 establece que para la redistribución de escaños se utilizarán los datos del último Censo de Población y Vivienda.

Si el Censo se realiza de manera previa a la convocatoria a la realización de una elección general, todos los órganos del Estado deben hacer los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a esta disposición constitucional; además, llevar adelante el proceso de nueva distribución de escaños parlamentarios.

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Foto. TSE

—El senador Andrónico Rodríguez decía que no se necesita una ley específica para la redistribución de escaños porque la Ley 026, de Régimen Electoral, ya plantea ese trámite una vez conocidos los datos del Censo

—La Constitución y la Ley 026 establecen quiénes son las instancias que son parte de este proceso de elaboración de la ley, porque una ley de distribución de escaños debe tener un sustento técnico, salir del Tribunal Supremo, debe ser remitida a la Asamblea Legislativa y es esta instancia que deliberará su aprobación.

La distribución de escaños parlamentarios no se basa solamente en el criterio de población o de cierta cantidad de población para establecer una circunscripción o representación política.

Nuestra Constitución también habla del criterio de equidad basado en otorgar escaños a departamentos que tienen menor grado de desarrollo económico y menor población. Son dos criterios adicionales que deben ser considerados para la nueva distribución de escaños.

La distribución de escaños sí debe llevarse adelante con una ley debidamente aprobada y promulgada con carácter previo a la emisión de una convocatoria para un proceso electoral general.

—Si ya está todo definido, ustedes no necesitan una ley para comenzar a aplicar una redistribución con base en estos dos criterios

—El Órgano Electoral requiere los datos oficiales que se vayan a dar después del Censo, deben ser oficializados por el Órgano Ejecutivo, que es la instancia de la que depende el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que podamos realizar nuestro trabajo.

En cuanto a la ley que se está debatiendo, corresponde que los miembros del Órgano Legislativo puedan dar a conocer sus fundamentos y opiniones. Como Órgano Electoral, somos muy respetuosos de las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ya hizo un pronunciamiento en días pasados en el que hizo conocer que requiere tener datos oficiales en el mes de septiembre (2024) para llevar adelante el proceso de elaboración de una ley debidamente sustentada para la distribución de escaños, y, luego de aprobarse dicha ley, proceder a la delimitación de circunscripciones uninominales.

—Una discusión que se ha desatado es el saneamiento del padrón electoral, incluso autoridades electas con el padrón actual cuestionan su transparencia. ¿Hay un criterio previo en este sentido del Tribunal Supremo?

—Existe mucha desinformación y se genera desconfianza en torno al registro electoral.

No existe relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico; son dos cosas diferentes.

La única relación que pueda existir es de tipo estadística en el sentido de que el Censo puede arrojar datos de cierta cantidad de personas mayores de 18 años, que deberían estar en el padrón, versus los datos que cuenta el Órgano Electoral del padrón electoral, que solo registra a personas mayores de 18 años (…).

Al contrario, los datos de ciudadanos empadronados son inferiores a los datos de ciudadanos censados mayores de 18 años, porque en nuestro país aún existe un subregistro electoral de algunas personas que por diferentes cuestiones han decidido no empadronarse.

A pesar de los esfuerzos del Órgano Electoral, aún hay personas que no son parte del padrón electoral, como la comunidad de menonitas o personas en situación de calle o en comunidades alejadas.

No existe una relación jurídica y no ha permitido nunca los datos del Censo determinar que un padrón electoral sea invalidado; es más una cuestión de desinformación de algunos actores políticos que buscan forzar el tema de la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos.

Nuestro padrón es altamente confiable, en 2017 fue sometido a una auditoría integral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y confluye que es confiable para la realización de diferentes procesos electorales.

Se trabaja en las recomendaciones como mayor eficiencia en la depuración de fallecidos, llevar adelante mejores procesos de saneamiento o la actualización de la plataforma tecnológica y es lo que el Órgano Electoral lleva adelante.

—Otra de las observaciones de actores políticos es la diferenciación entre votos del campo y ciudad, ¿existe esto?

—Nuestro sistema electoral es mixto, no todos los diputados se eligen en circunscripciones uninominales, la mitad de los diputados se elige bajo el sistema proporcional en una circunscripción departamental.

60 de los 130 diputados se eligen en circunscripción departamental bajo el sistema proporcional. O sea, el partido que gana en el departamento, bajo este sistema proporcional, gana mayor cantidad de diputados plurinominales.

Otra cierta cantidad, que son 63 diputados, se elige por mayoría de votos en la circunscripción. Una circunscripción está conformada por ciudadanos que habitan en un determinado territorio.

En algunos casos, varias circunscripciones son parte de una ciudad y, en otros casos, una circunscripción tiene varios municipios que son las circunscripciones rurales. Otros siete diputados se eligen bajo el criterio de plurinacionalidad; son siete diputados de las circunscripciones especiales indígenas que representan el 4% del total de miembros de la Asamblea Legislativa.

Nuestra representación política no solamente está basada en el criterio de representación por circunscripciones uninominales; la mitad de los diputados, o poco menos de la mitad, se elige bajo el sistema proporcional.

Una organización política que gane en un departamento va a ganar más diputados que la otra organización política que hubiera tenido menos votos y 63 diputados se eligen en circunscripciones uninominales.

Hay circunscripciones que se diseñan en base a diferentes criterios; es el segundo trabajo que llevará adelante el Órgano Electoral una vez que cuente con la ley de distribución de escaños, y esto tiene que ver con delimitar las circunscripciones.

—El expresidente del TSE Salvador Romero decía en 2020 que el voto rural y urbano es lo mismo, sobre el mismo principio de ‘un boliviano un voto’. ¿Coincide con esa consideración?, ¿amerita una reconsideración de esas diferencias?

—Un ciudadano es un voto, eso está determinado en la Constitución. Para que existan cambios en el sistema electoral boliviano, deberían cambiarse y modificarse muchos aspectos de la Constitución.

Están también redefinidos y definidos en la Ley del Régimen Electoral. Lo que lleva adelante el Órgano Electoral es aplicar dichas disposiciones que no son de ahora, de esta Constitución.

El sistema de representación política viene desde los años 90 y es el mismo que se ha aplicado, a excepción de la incorporación de siete circunscripciones especiales indígenas.

Eso ha sido lo que ha incorporado la nueva Constitución, que ha respondido a una demanda histórica de participación política de los pueblos indígenas que constituyen minorías étnicas en el país y que bajo el sistema de representación de ‘un ciudadano un voto’ un miembro, un representante del pueblo ayoreo, no tuviera nunca la posibilidad de acceder a la representación política.

La Constitución sí ha incorporado las circunscripciones especiales indígenas que tienen que ver con las elecciones que tienen los pueblos indígenas en siete departamentos, de sus diputados que los representan.

Como Órgano Electoral, hemos abierto la posibilidad de que no solamente tengan el monopolio los partidos políticos para presentar candidatos y candidatas en estas circunscripciones. Sino también se ha abierto la posibilidad de que las organizaciones de los pueblos indígenas también puedan postular candidatos en las circunscripciones especiales indígenas. Es parte del reconocimiento a la diversidad cultural y a la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas.

—¿Considera que puede resultar un falso debate hablar de diferencias entre el voto rural y urbano?

—Nuestro sistema electoral es mixto, combina la representación proporcional con la territorial en las uninominales.

Cerca de la mitad de los diputados son elegidos bajo el sistema proporcional y la otra mitad, por circunscripciones uninominales.

—¿Considera que las divergencias sobre la fecha del Censo afectan a la democracia? ¿Ameritaba un paro, una ley o un conflicto tan divergente como el que vimos estos días?

—Todas las acciones que se enmarquen en la Constitución y la democracia le hacen bien a la democracia. Pero las acciones que se desmarquen de la democracia, de la Constitución y se traduzcan en medidas de hecho, no ayudan, no fortalecen nuestro sistema democrático. Ahí, los actores políticos tienen que ser muy responsables en las acciones, en lo que dicen y plantean.

Han sido elegidos por los ciudadanos para gobernar y deben garantizar una gobernanza debidamente responsable para todos y todas, no solo para aquellos que han votado a favor, sino también para toda la ciudadanía.

Es necesario mayor reflexión de los diferentes actores políticos en torno a los diferentes hechos, diferentes situaciones que de aquí en adelante se van a venir.

Son una serie de acontecimientos que en el futuro, con seguridad, van a ser objeto de debate y creo que es necesario que existan espacios abiertos de respeto para poder alcanzar consensos.

—¿Cómo va a responder el Tribunal Supremo a la demanda que, a propósito del conflicto por el Censo, surge en relación al saneamiento del padrón electoral?

—Se está llevando adelante todo un proceso de saneamiento desde que la actual Sala Plena asume funciones en diciembre de 2019, que tiene que ver con el saneamiento permanente, la participación de jóvenes, depuración de fallecidos.

Se han realizado diferentes acciones para que los ciudadanos puedan coadyuvar en las depuraciones de personas fallecidas en el padrón. Ese padrón se ha utilizado en 2020 y no ha sido objeto de mayor observación por las diferentes misiones de acompañamiento y observación electoral que han llegado al país.

También puede leer: Senador Torrez sugiere reglamento del decreto del Censo y no la ‘vía larga’ de la ley

El informe de auditoría integral a las elecciones que realizó la OEA en 2019 tampoco menciona o hace alguna observación al padrón electoral. En el informe no se encuentra observación alguna al padrón electoral.

En el informe de auditoría de 2019 y 2020 más bien las diferentes misiones han valorado la organización y administración del proceso electoral y el padrón ha servido para la elección y administración de la elección subnacional de 2021.

Entonces vemos un ramillete de autoridades electas de diferentes tiendas políticas con dicho padrón electoral y bajo las reglas del sistema democrático que tenemos actualmente vigente en el país.

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PERFIL

Nombre: Francisco Vargas Camacho.

Cargo: Vocal del Tribunal Supremo Electoral

Experto

Licenciado en Filología Hispánica. Es egresado de la Maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz.

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Asesor de Camacho denuncia que le prohibieron visitas al gobernador en Chonchocoro

“El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, lo amenazó y le dijo que le iban a quitar ciertos beneficios, es día de visitas, y se ha cumplido la amenaza”, afirmó Efraín Suárez.

El asesor principal del gobernador Luis Fernando Camacho, Efráin Suárez, en puertas de Chonchocoro.

/ 2 de febrero de 2023 / 13:50

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, denunció que al gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro, le prohibieron las visitas.

“El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, lo amenazó y le dijo que le iban a quitar ciertos beneficios, es día de visitas, y se ha cumplido la amenaza”, afirmó el funcionario.

A través de la cuenta Camacho, la Gobernación de Santa Cruz difundió las declaraciones de Suárez, en las puertas del penal ubicado en Viacha, en el departamento de Santa Cruz.´

«Cámara espía»

La semana pasada, uno de los abogados defensores del gobernador, Martín Camacho, presentó a los medios de información una cámara de video supuestamente instalada en la celda del líder regional.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó el extremo y afirmó, con base a un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que en la celda no había ni cámara ni cableado.

Sin embargo, consideró que una investigación establecerá si la denuncia de Camacho es veraz o no.

Mientras, la esposa de Camacho, Fátima Jordán, presentó el miércoles una denuncia por acoso sexual, a raíz del caso, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

«Amenazas»

Suárez consideró que la prohibición de visitas al gobernador es parte de las “amenazas”. “Le han violentado sus derechos, el gobernador no está pudieron recibir visitas”, insistió.

“No me han dejado ingresar hoy (al penal), siendo que es día de visitas”, lamentó.

Suárez consideró que “ésta es una nueva forma de amedrentar para que el gobernador se calle”. “Se equivocan, el gobernador no lo va a hacer, no se va a callar; lo conocemos perfectamente”.

“Mientras más le aprieten, él más va a hablar”, dijo el funcionario, quien consideró que, con esa actitud del Gobierno, el país sufre un “tinte dictatorial”.

El caso

La Razón intentó sin éxito comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para conocer su versión. Dicha oficina aún no expresó posición alguna sobre la denuncia.

Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, dos días después de su aprehensión en Santa Cruz.

Acusado en el caso Golpe de Estado I, referido a los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019, el gobernador es acusado por el delito de terrorismo en grado de autor.

Deberá guardar cuatro meses de prisión preventiva, esto mientras duren las investigaciones del caso.

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Responsables de masacres, no perseguidos

/ 1 de febrero de 2023 / 01:50

Van a disculpar que se me corte la voz”, decía la senadora Jeanine Áñez la tarde del 11 de noviembre de 2019, cuando en las gradas de la Asamblea Legislativa se quebraba en llanto al anunciar la lectura de las renuncias (del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García).

“No podemos estar maltratándonos; yo les pido, por el amor de Dios, que cese la violencia”, clamaba en su aparición pública como inminente sucesora de Morales, que había renunciado día antes en Chimoré.

Para entonces, la crisis poselectoral había dejado tres fallecidos en enfrentamientos entre ciudadanos civiles: uno en el puente Huayculi de Sacaba, Cochabamba (Limbert Guzmán), y dos en Montero (Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra).

Esa noche, a las 19.40, en un video publicado en varios medios televisivos, Áñez decía que la Policía Boliviana había sido rebasada por el conflicto y que ameritaba que las Fuerzas Armadas coordinen tareas de contención de las movilizaciones. “Si hay una persona que cae después de esta solicitud que he recibido (…), es de su entera responsabilidad”, conminaba al comandante de la institución, William Kaliman.

Más tarde, en un operativo conjunto de ambas fuerzas en Sacaba, Cochabamba, Miguel Ledezma moría con un impacto de bala. “La hora del óbito fue alrededor de las 21.00”, dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violación de derechos humanos y la violencia en 2019.

Al día siguiente, en Betanzos (Potosí), en otra represión militar, en coincidencia con la proclamación de Áñez en la Asamblea Legislativa, Miguel Jarata moría también con un impacto de bala.

Cada una de esas muertes debe ser investigada con los insumos ofrecidos por el GIEI, “del bando que sea”, como diría Áñez la tarde de ese lunes. Y, en el caso de las muertes de esa noche y de la siguiente, las fuerzas de seguridad tienen que responder por ellas, y la autoridad civil que los mandaba.

Instalada en el gobierno, Áñez tuvo que repeler las protestas en su contra y en reivindicación del depuesto Morales. Junto con su gabinete, apeló al Decreto Supremo 4078 para la intervención de las movilizaciones. La norma disponía que las Fuerzas Armadas “participe en los operativos de restablecimiento del orden”. Lo que es grave, definía que el personal militar “estará exento de responsabilidad penal”.

Con carta blanca para matar, los militares, en operativos conjuntos con la Policía Boliviana, comenzaron a reprimir las protestas al día siguiente de la promulgación del decreto. Una decena de campesinos fue asesinada a bala en el puente Huayllani, en Sacaba. El GIEI incluso estableció que en el caso de algunas muertes hubo ejecuciones judiciales, por más que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, haya intentado desviar la atención diciendo que los movilizados se mataron entre sí.

Cuatro días después, el 15 de noviembre, la matanza se repitió en Senkata, El Alto. Otra decena de asesinados a bala. Y el libreto del entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI calificaron a la matanza de masacres.

El asesinato es un delito que no prescribe, más de parte del Estado. Una eventual acción penal debe definir la sanción. Y un implicado en los hechos de esta naturaleza no puede considerarse perseguido político.

Áñez y su gabinete, además de los militares y policías, están implicados en las masacres; deben responder por ellas.

En atención a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, el Ministerio Público investigó los hechos y encontró responsabilidades. Así, el Tribunal Supremo de Justicia planteó una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, la principal implicada.

El trámite no prosperó —a pesar de la solicitud de Áñez a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición legislativa— debido a las objeciones políticas. Así, el juicio estaba en vilo.

Un juez dispuso el traslado del caso específico Senkata a la vía ordinaria. La cuestionada decisión genera debate político y hasta riesgo de nulidad del fallo.

Más allá de eso, la reparación judicial es necesaria; hay responsables visibles. Hay responsables de las masacres; uno a uno debe purgar por ellas en la cárcel, y no se trata de perseguidos políticos, sino de culpables de disponer la vida de inocentes.

Rubén Atahuichi es periodista.  

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Fuga un reo de Chonchocoro luego de una balacera en pleno Hospital de Clínicas

El incidente ocurrió este martes, aproximadamente a las 09.00, cuando el recluso, implicado en delitos de narcotráfico, se encontraba bajo “orden de salida judicial”.

La imagen de la cámara de seguridad muestra una motocicleta en la que aparenteme huyó el reo.

/ 31 de enero de 2023 / 12:36

Un reo de Chonchocoro, Andre Luis Xavier Da Rocha, logró fugar luego de una balacera en el Hospital de Clínicas de La Paz. La Policía ha montado un operativo para su recaptura.

El recluso, de nacionalidad brasileña, aparentemente fue ayudado por otros dos ciudadanos que lo esperaban en uno de los patios del nosocomio, cerca del Área de Traumatología.

Según el reporte que conoció La Razón, el sargento Domingo Chávez resultó herido en la cabeza y su camarada Nelson Choque Álvarez, en la parte abdominal; ambos por arma de fuego.

La fotografía difundida del reo brasileño Andre Luis Xavier Da Rocha.

El incidente ocurrió este martes, aproximadamente a las 09.00, cuando el recluso, implicado en delitos de narcotráfico, se encontraba bajo “orden de salida judicial”.

Aparentemente, el recluso huyó en una motocicleta, ayudado por uno de sus cómplices, según imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital de Clínicas.

Inmediatamente, la Policía Boliviana montó un operativo para lograr la recaptura de Andre Luis Xavier Da Rocha.

Los dos policías gravemente heridos son atendidos de emergencia en el mismo Hospital de Clínicas.

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Limpias: Áñez interactúa con otras reclusas y su salud tuvo una ‘mejora sustancial’

En junio de 2022, Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez es vista detrás de los muros de la cárcel de Miraflores. Foto: Álvaro Valero-archivo

/ 30 de enero de 2023 / 17:02

La salud de la expresidenta Jeanine Áñez tuvo una “mejora sustancial” y ayuda mucho a su estado su interacción con sus compañeras del penal de Miraflores, donde guarda detención preventiva y una sentencia.

La información fue develada en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien se limitó a señalar datos generales sobre la reclusa.

“Ella se encuentra estable, ha habido una mejora sustancial de cuando ingresó a ahora, por el trabajo de nuestra área médica”, destacó Limpias, que recordó que la mujer continúa con mismo trato diferenciado de antes.

Diferencia

Describió que todos los días come comida traída por su familia desde fuera del penal, recibe periódicamente visitas de sus abogados y familiares y su saluda es monitoreada las 24 horas por sus médicos.

“Hay un espacio de confianza” con ella, dijo Limpias.

La ayudó también “la interacción que hay con las demás privadas de libertad, es una forma también de integrarse a la población”.

Aprehendida el 13 de marzo de 2021 en las afueras de Trinidad, Áñez guarda detención en el penal paceño desde el 15 de marzo de ese año, acusada principalmente por los casos Golpe de Estado I y II.

Sentencia

El 10 de junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019.

Ese caso se llama Golpe de Estado II, referido a la sucesión de Áñez sobre el dimisionario presidente Evo Morales, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Puede leer: Áñez es condenada por decisión unánime a 10 años de prisión por su proclamación en 2019

En el caso Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, busca la sanción penal por los hechos ocurridos antes de la caída de Morales. Áñez ha sido imputada en este caso.

Foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, el principal implicado es el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz y el ahora gobernados de Santa Cruz. Por este caso, Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Es acusado por el delito de terrorismo en grado de autor, mientras que Áñez fue imputada por delitos de conspiración y terrorismo.

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Rodríguez alude a la crisis del MAS y llama a asumir los errores y defender los aciertos

“El rol del militante de este proceso es asumir con mucha responsabilidad los errores y defender con mucha vehemencia los aciertos”, escribió Andrónico Rodríguez en Twitter.

El senador Andrónico Rodríguez en San Lucas, Chuquisaca. Foto: Andrónico Rodriguez

/ 29 de enero de 2023 / 20:57

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aludió este domingo a la crisis de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y llamó a asumir los errores y defender los aciertos.

“El rol del militante de este proceso es asumir con mucha responsabilidad los errores y defender con mucha vehemencia los aciertos”, dijo en un hilo de cuatro tuits.

Ajeno al diferendo entre el gobierno de Luis Arce, el expresidente Evo Morales y la dirección nacional del MAS, Rodríguez no se involucró en la crisis interna del oficialismo y se mantuvo distante de los cruces altisonantes.

Asistencia

En sujeción a los protocolos, en los actos del aniversario del Estado Plurinacional, el 22 de enero, se lo vio junto al presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el titular de la Cámara de Senadores, Jerges Mercado.

https://mobile.twitter.com/AndronicoRod/status/1619837667331506176

Aunque Morales había cuestionado la indiferencia del Gobierno con él para los actos, como impulsor de la fecha festiva, participó de la celebración en Buenos Aires, Argentina, lejos de la agenda oficial.

Rodríguez, muy cercano a Morales, había estado ausente de la celebración del Día de la Revolución Democrática y Cultural, a mediados de diciembre del año pasado, en Sacaba. Morales había presidido los actos.

Ausencia

“Lamentablemente no pudimos llegar a la gran concentración por la responsabilidad que teníamos de estar presentes en el XIV Congreso de la Federación Mamoré Bulo Bulo”, se justificó Rodríguez el 19 de diciembre.

El senador llegó el sábado a San Lucas, en Nor Cinti, Chuquisaca, donde participó de “Taller de formación y Fortalecimiento de Liderazgo de la Juventud de la Región Cinteña”.

Puede leer: Evo en Argentina demanda cuidar la revolución y acompañar a ‘Lucho’

Su llegada a ese municipio causó algarabía. “Estamos muy sorprendidos y agradecidos por el cariño y aprecio con el que las hermanas y hermanos” me recibieron, dijo.

Debemos “tener presente y mucha conciencia cómo nuestros padres y abuelos han abierto el sendero de la revolución que ahora los jóvenes podemos transitar en plena estabilidad”, reflexionó.

Rodríguez, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico, presidente por segundo periodo consecutivo la presidencia de la Cámara de Senadores.

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