Activistas cuestionan la ‘impunidad’ de ‘autores’ de la violencia en el paro de Santa Cruz
El programa Piedra, Papel y Tinta abordó la violencia hacia las mujeres y las agresiones a mujeres de pollera en el Plan 3000 y a las dueñas de negocios, que además fueron saqueados.
Los dos activistas de derechos humanos en entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Imagen: Captura PPyT
Los activistas de derechos humanos Kathryn Ledebur y Thomas Becker cuestionaron “la impunidad que gozan” los “autores” de la violencia en los 36 días de paro en Santa Cruz.
“Hay una impunidad corrosiva que contribuye a esta violencia y la violación recurrente de derechos humanos”, dijo Ledebur, miembro de la Red Andina de Información, en una entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Además de la impunidad
Aseguró que las mujeres fueron las principales afectadas por la violencia en Santa Cruz.
“Tenían matices de machismo, fascistas. Hay casos de mujeres de pollera golpeadas en el Plan 3000, hay saqueos a negocios, manejado por el Comité cívico”, agregó.
Por su parte, el también abogado defensor de las víctimas de octubre de 2003, Thomas Becker, aseguró que “la impunidad crea más impunidad”.
“Todavía hay impunidad para la gente que ha estado en violaciones de los derechos humanos extremos en 2019, son los mismos actores”, agregó el activista en la misma entrevista.
Luego de la Impunidad
El paro en Santa Cruz, que finalmente terminó pidiendo una ley por el Censo, comenzó el 22 de octubre y, desde las primeras horas, se supo de un fallecido en el municipio de Puerto Quijarro.
Luego de los 36 días que duró esa medida, se contaron tres fallecidos y varios heridos.
Aun así, el Comité pro Santa Cruz, dijo que el paro “fue pacífico”.
La violencia ocurrió, incluso, contra las personas que abrían sus negocios durante el paro regional; los comensales, por ejemplo, eran sacados de los negocios y los dueños eran amedrentados.
Los activistas apuntaron a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como autores de esos hechos.
“El gobierno de Luis Arce tiene la responsabilidad de desarticular este grupo, que es abiertamente racista”, recordó Becker.
Destacó que, “pese a las fuertes amenazas y la violencia que aún se vive” en Santa Cruz, existen personas “muy valientes” que denunciaron esos hechos.
Entre los derechos afectados durante el paro, los activistas identificaron un atentado a “la libre circulación, a la educación, a la salud y otros más”.
El paro en Santa Cruz se levantó el 26 de octubre, luego de que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley del Censo.
Finalmente, el Senado sancionó la norma que establece la entrega de resultados para la redistribución de recursos y la asignación de escaños parlamentarios para septiembre de 2024.