De manera recurrente hay vulneraciones a los derechos de usuarios y consumidores y, para el viceministro Jorge Silva, este hecho se debe a que los bolivianos “mantienen la cultura” de la falta de reclamo y exigencia.
“A ello se suma la falta de credibilidad en sus autoridades, lo que deriva en el maltrato de los proveedores a los consumidores y usuarios”, explicó a La Razón.
De acuerdo con el análisis del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, los proveedores se aprovechan de “esa condición de los bolivianos” porque saben que no va a reclamar ni denunciar si son víctimas de estafas o engaños.
Es por ello que aprovechan la situación sumada a una oferta en el marco de la publicidad engañosa, que para gran parte de la población “es normal”, según Silva.
Ese es el principal factor, sumado a la venta de productos de mala calidad, adulterados, manipulados, y a la falta de control de las autoridades municipales, para sorprender a la población.
La autoridad gubernamental detalló que estos engaños se manifiestan en dos ámbitos: en los productos y los servicios ofertados.
Constantemente, hay reclamos con relación a la mala calidad del producto (al menos 50 por día) respecto a falsificaciones, adulteraciones e incremento de precios, mientras que en lo concerniente a los servicios prestados a los usuarios, el rango de quejas es similar.
DENUNCIAS.
Una vez que el usuario o consumidor se ha visto vulnerado en sus derechos, hace conocer su denuncia y de inmediato se activan dos acciones.
Dentro de la restauración de los derechos vulnerados, los dos mecanismos tienen que ver con la devolución del dinero pagado o el cambio del producto adquirido.
Ambas formas son las establecidas para restaurar derechos vulnerados a través de una audiencia de conciliación o acción directa.
El consumidor presenta su factura o recibo por el producto adquirido, personal del Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor acude al lugar de la venta y se procede con la devolución del dinero o el cambio de producto.
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Eso sí, no ocurre lo mismo cuando se trata de garantizar el abastecimiento de productos en favor de los consumidores.
En estos casos se inician acciones penales por el delito de agio y especulación, una vez que se comprueba que el proveedor oculta el producto para justificar el incremento de los precios.
Al ser calificado este hecho como agio y especulación, no puede restaurarse derechos porque se trata de un delito, por ello, corresponde un proceso penal.
“Se inicia la acción penal, se abre un proceso y nos constituimos en parte denunciante para que se sancione a los proveedores que cometen agio o especulación”, declaró el viceministro.
Asimismo, al tratarse de una acción formal, para la activación de los mecanismos de control y fiscalización se solicita que las víctimas se apersonen al Ministerio de Justicia o a las oficinas del Centro de Atención al Usuario y Consumidor que atienden, principalmente, en las ciudades capitales de todo el territorio nacional.
Lo que hay que tomar en cuenta es que esta acción no es excluyente de hacer la queja a través de la línea gratuita 800100202.